año VII, n. 7
[noviembre 2021]

Militancia feminista para erradicar la pobreza, políticas públicas para la organización de los cuidados

Leandro Bleger* y Sofía Veliz**13

Resumen

El trabajo de cuidados sostiene los hogares y hace posible que todos los días millones de personas salgan de esos hogares a trabajar, estudiar, y otras tantas actividades. Esos cuidados son brindados históricamente por mujeres de forma gratuita. La militancia feminista en Argentina, la región y el mundo viene advirtiendo acerca de cómo el trabajo menos prescindible de todos es hecho por la mitad de la población a cambio de ninguna remuneración. El reclamo por organizar socialmente los cuidados de manera tal que equilibre la balanza entre lo que cada género aporta a la economía y lo que recibe por ello está presente hace décadas en las calles, las organizaciones y los sindicatos. ¿Dónde comenzó el recorrido de esa agenda que hoy el primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de nuestro país tomó y transformó en políticas?, ¿qué están haciendo los países de la región? y por último, ¿por qué necesitamos un sistema integral con perspectiva de género para reconocer, redistribuir y remunerar ese trabajo?

Genealogía de la institucionalización de una agenda de la militancia

El 10 de diciembre de 2019 Alberto Fernández oficializó frente al Congreso de la Nación en su asunción como Presidente que su gobierno contaría entre otros con un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La estructura administrativa de este nuevo ministerio incluyó una Dirección Nacional de Políticas de Cuidado que fue celebrada por la militancia feminista que escrutaba el diseño de esta nueva apuesta institucional. Pero ¿por qué era importante que existiera un espacio así dentro del Estado Nacional?, ¿desde cuándo los cuidados son un tema para la gestión de un gobierno?, ¿por qué es importante que la agenda que rodea la problemática de los cuidados sea parte del planteo institucional de un ministerio pensado para abordar la desigualdad de género?, ¿con qué objetivos planificaron esta Dirección? y por último ¿qué se hizo hasta ahora?

Para trazar una genealogía que nos permita entender de dónde viene la preocupación por la organización de los cuidados, y quiénes fueron las que empujaron para que fuera un tema a abordar desde la administración pública haremos un recorte que, por supuesto no le hace justicia a la larga historia del feminismo en nuestro país, pero será útil para comprender quiénes son las que hoy llevan adelante la política pública para redistribuir, reconocer, remunerar las tareas de cuidado.

El 3 de junio de 2015 es el hito donde situaremos el comienzo de esta etapa. Ese día cientos de miles de mujeres, lesbianas, travestis y trans se volcaron a la calle en una consigna única: Ni una menos. El reclamo era simple y condensaba el enojo y el dolor provocado por los femicidios cada vez más recurrentes. La llama prendió como prende una chispa en un montoncito de ramas secas. Las juventudes que acumulaban años de organización política durante los gobiernos kirchneristas y la creciente sensibilidad por la igualdad de género que ya era catalogada de tercera ola, sumado a cierto aire de resistencia al gobierno neoliberal de Cambiemos, fueron el suelo fértil sobre el que cayó una siembra de exigencias en defensa de vidas vivibles para las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries (aunque como sabemos estás últimas siempre a la cola de las consignas).

El primer manifiesto de lo que se conoció como el colectivo “Ni Una Menos” no tenía ni una sola mención a las palabras “cuidado” o “trabajo doméstico”. Ese documento breve pedía por la supervivencia, y por medidas concretas de gobierno que pusieran freno a la violencia desquiciada de los varones sobre las mujeres (las lesbianas, travestis, trans y no binaries tampoco eran mencionadas en esta primera proclama). El pedido desesperado era: “paren de matarnos”. En esa primera aparición la idea de vida o muerte totalizó la discusión. Prácticamente nadie estaba en desacuerdo. El consenso con la idea de que no debía matarse a las mujeres era unánime. Sin embargo ese grupo inmenso de personas, diversas, heterogéneas que salieron a la calle no era una sumatoria de individualidades y gracias a la cultura política democrática de Argentina ese día fue el día uno también para muchos colectivos que se organizaron y para otros que se obligaron a ir al mazo y repartir de nuevo.

Al año siguiente, el colectivo Ni Una Menos publicó su segundo manifiesto titulado “El grito común” que en el primer párrafo planteaba la idea de que matar no es la única forma de morir bajo el régimen patriarcal. En cambio, presentaban una lista de situaciones que forman parte de la constelación de violencias machistas entre las que figuraba “cuando nos impone las tareas domésticas y de cuidado como si fueran un deber exclusivo y natural, mata el libre uso de nuestro tiempo”. Y más adelante afirmaban que

el ajuste, el tarifazo, los despidos masivos, el fin de la moratoria previsional que desprotege sobre todo a las mujeres que dedicamos nuestras vidas al cuidado de los otros y las otras sin que nuestra tarea fuera rentada, el escandaloso achique del Estado, golpean sobre todo a las mujeres, recortan nuestra autonomía, nos dejan más inermes frente a la violencia. Cuando la pobreza aumenta, las primeras perjudicadas somos las mujeres.14

Ese colectivo de personas “autoconvocadas” según los medios del 2015 tardó poco en develarse como lo que realmente era, un actor político con fuerza de movilización y una voluntad inmensa de poner en discusión la desigualdad.

Poco a poco el reclamo de que parasen de matarnos fue mutando. Las consignas cada vez eran más largas para las banderas y los carteles que difícilmente podían contenerlas. Las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries no solamente querían sobrevivir. De esa forma todas las demás demandas históricas del feminismo reaparecieron. A la proclama de “vivas nos queremos” se sumó “vivas y libres nos queremos”, luego “vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, y un sin número de banderas que reclamaban no sólo el derecho a existir sino también a existir con potencia. Cerca del fin del mandato de Mauricio Macri en los comunicados de Ni Una Menos empezó a aparecer la consigna: “vivas y gobernando nos queremos”. Esa voluntad de poder había sido macerada en las asambleas que empezaron a funcionar en 2015 y adquirieron un ritmo vertiginoso. Las reuniones eran cada vez más, y periódicas. La lógica fue parecida a las asambleas barriales del 2001. Los testimonios eran variados y conjugaban la ira por la muerte, y las ganas de cambiarlo todo. En esos espacios referentas históricas como Nelly Miñersky, Nina Brugo o Dora Barrancos volvían a levantar la bandera de los derechos de las mujeres en las familias, el valor del trabajo doméstico, y llamaban la atención sobre algo que seguía sin cambiar: la desigual distribución del trabajo de cuidados. La palabra era habitada por trabajadoras de la economía popular, trabajadoras sexuales, universitarias, referentes políticas, travestis, trans, migrantes, entre tantas otras.

En 2017 estuvo tan claro que la llamada tercera ola venía a discutir no solo la posibilidad de existir, sino las condiciones materiales de esa existencia que se llamó al primer paro internacional de mujeres. Miles y miles de trabajadoras dejaron sus lugares en los establecimientos de trabajo y en las casas vacantes. Las sindicalistas de todas las centrales reunidas en asamblea firmaron un comunicado donde exigieron a la dirigencia la convocatoria al paro y la protección de todas aquellas que adhirieran. Este también fue un hito para el feminismo y para la clase trabajadora, que para las tradiciones políticas que mayormente se congregaron en las asambleas (peronistas y de izquierda) son componentes indisolubles.

En las movilizaciones que se sucedían las lupas estaban puestas en la desigualdad estructural que mostraba la cara feminizada de la pobreza. En 2018, en ese contexto hubo una perlita. La visita de Silvia Federici a la Argentina, feminista marxista y autora de El patriarcado del salario, no fue casual. En su estadía recorrió villas, barrios populares y sindicatos. Su cara aparecía en las redes sociales rodeada de militantes y a continuación la foto de un mural que se viralizó que traduce una de sus ideas más fuertes y rezaba “eso que llaman amor es trabajo no pago”.

En 2018 una de las afluentes de la marea feminista, la pelea por el aborto legal tuvo su clímax con el tratamiento en el Congreso por primera vez. Ese año el partido se perdió por poco y en el último minuto. Hasta acá teníamos una militancia cada vez más organizada en torno a la idea de que las mujeres, las lesbianas, travestis, trans y no binaries merecíamos vivir, vivir libres, vivir bien, vivir con potencia, decidir sobre el curso de esa vida, y participar de las decisiones que se toman en la comunidad que habitamos.

En 2019 la condena al proyecto político neoliberal del macrismo fue masiva. La apuesta de unidad para enfrentarlo triunfó. Muchas vemos en esas elecciones y en esa unidad la consecuencia lógica de tanta fuerza de organización gestada en las asambleas y espacios de encuentro donde se forjaron alianzas que perduraron. La militancia de base no se ve en las fotos de campaña pero los lazos que tejieron las militantes feministas entre 2015 y 2019 fueron cruciales para la unidad al interior del campo nacional y popular, y también para los consensos democráticos con otras fuerzas políticas que permitieron destrabar discusiones históricas.

Cuando Alberto Fernández anunció su gabinete nombró como la primera ministra de ese primer ministerio conquistado por el feminismo a la abogada de Milagro Sala. Una referente política asociada a la pelea por los derechos humanos y a la defensa de una mujer, india y pobre, brutalmente perseguida políticamente. Con ese perfil entró en la escena un espacio de gestión de la política pública dirigida a sumar esfuerzos para terminar con la desigualdad de género.

Pero no fue solo la creación de un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad la ganancia de esa militancia feminista. En todos los ministerios vimos como referentes de ese movimiento eran nombradas como funcionarias, y puestas al frente de agendas que respondían a los insistentes reclamos de los años anteriores. Asistimos entonces a una etapa de marcada institucionalización de ese activismo que se había acelerado previamente.

Así aparecieron también en el nuevo organigrama del Estado, la Dirección de Economía y Género en el Ministerio de Economía o la Dirección de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, entre tantas otras.

En su discurso de asunción, Alberto Fernández prometió que en los cuatro años de su mandato haría “todos los esfuerzos necesarios para que estén en un primer plano los derechos de las mujeres”. Y agregó: “Quiero ponerme al frente de sus demandas, buscaremos reducir a través de diversos instrumentos las desigualdades de género, económicas, políticas y culturales. Pondremos especial énfasis en todas las cuestiones vinculadas al cuidado frente a muchas desigualdades, ya que la mayor parte del trabajo doméstico recae sobre las mujeres en la Argentina”.

Meses después, durante enero del 2020, la Argentina participó con un equipo de funcionarias del nuevo Ministerio de la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (organizada por CEPAL). Allí se consensuó el Compromiso de Santiago,15 en el que Argentina al igual que los otros países que participaron se comprometió a

diseñar sistemas integrales de cuidado desde una perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad y de derechos humanos que promuevan la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, Estado, mercado, familias y comunidad, e incluyan políticas articuladas sobre el tiempo, los recursos, las prestaciones y los servicios públicos universales y de calidad, para satisfacer las distintas necesidades de cuidado de la población, como parte de los sistemas de protección social.

De allí además, la delegación argentina consiguió el apoyo de CEPAL para desarrollar un Mapa Federal de los Cuidados.

La aparición del COVID-19 no hizo más que acelerar las discusiones que el Ministerio y la Dirección empezaban a plantear, y las políticas que se propusieron a un mes de iniciar la gestión. La pandemia, además de reducir los ingresos familiares, implicó el cierre de servicios y espacios educativos y de cuidado y las restricciones de aislamiento, lo cual generó efectos desestabilizadores en las estrategias de las familias para mantener los niveles de bienestar y desarrollo de niños, niñas y adolescentes y en la conciliación entre trabajo remunerado y reproductivo. La imposibilidad de concurrir presencialmente a las escuelas profundizó las brechas de aprendizajes y el bienestar, la protección y salud mental, acrecentó la pérdida de espacios de juego, educativos, de convivencia entre pares y otras situaciones de sociabilidad. Además, como correlato de la situación descrita, se vio una sobrecarga de las tareas de cuidado y acompañamiento en la educación no presencial para las mujeres (MECON y UNICEF, 2021).

En ese contexto la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado planteó para su gestión un esquema de cuatro apoyos: el mapa federal mencionado, que sistematice los datos de la oferta y demanda de cuidados en todo el territorio, una campaña nacional de divulgación, discusión y sensibilización que recoja la experiencia de todo el país sobre la organización de los cuidados (“Cuidar en Igualdad”), la conformación de una mesa interministerial de políticas de cuidado y una Comisión Redactora, formada por expertas, de un anteproyecto de ley para un sistema integral de cuidados con perspectiva de género.

En julio de 2020, la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado que coordina la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado publicó su primer documento, firmado por los 15 organismos que la componen: “Hablemos de Cuidados”.16 Allí, por primera vez de forma sistematizada y con carácter oficial, el Estado Nacional brindó un diagnóstico sobre la situación de la organización de los cuidados y un recuento de la política pública que llevan adelante los diferentes ministerios y organismos sobre la materia. Allí la Mesa Interministerial asume una definición amplia del concepto de cuidados presentándolos como aquellas

actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la reproducción de las personas, brindándoles los elementos físicos y simbólicos que les permiten vivir en sociedad (Rodríguez Enríquez y Marzoneto 2016) [que representan, por lo tanto] una dimensión central del bienestar social [e] incluye el autocuidado, el cuidado directo de otras personas (la actividad interpersonal de cuidado), la provisión de las precondiciones en que se realiza el cuidado (la limpieza, compra y preparación de alimentos) y la gestión del cuidado (Rodríguez Enríquez y Marzoneto 2016).

El valor de este primer manifiesto publicado desde el Poder Ejecutivo se encuentra también en el énfasis puesto en mostrar a los cuidados como una actividad que se desarrolla en el marco de una organización social conformada por diversos actores como los hogares o familias, el mercado o sector privado, la comunidad y el Estado. Esta idea es clave para entender el diseño de las políticas públicas en torno a dicha organización porque del paradigma que presenta a los cuidados como inmersos en una organización se deriva la idea fundamental de corresponsabilidad.

En este sentido los organismos firmantes plantan una bandera que condensa a la vez una respuesta a las demandas de esa historia militante por los derechos asociados al cuidado al afirmar:

El objetivo de la intervención integral del Estado en esta organización social del cuidado es entonces el de reconocer el cuidado como una necesidad y por lo tanto como un derecho, que debe ser cubierta, como un trabajo que debe ser revalorizado, retribuido y remunerado cuando así corresponda, mientras que, al mismo tiempo, el Estado debe velar por una mejor redistribución de esos cuidados tanto en términos de género como de clase. Es tarea del Estado nacional reconocer, valorizar y profesionalizar el trabajo de cuidados hoy en cabeza de las mujeres manteniendo presente que la feminización de este tipo de trabajo es producto de una construcción histórica signada por la segregación que las ha dejado por fuera de sus capacidades electivas y de su deseo. Para ello será necesario mantener como horizonte, a la par del proceso de jerarquización de los sectores de actividad relacionados con la economía del cuidado, la desidentificación de estos puestos de ocupación con identidades feminizadas y la apertura de este mundo de trabajo a todas las personas, promoviendo taxativamente el involucramiento y la participación activa de los varones en esta esfera.

Asimismo, la Mesa publicó en julio su primer informe anual “100 acciones en materia de cuidado” donde se enumeran y recuentan todas las medidas que se diseñaron y ejecutaron a partir de este espacio interministerial. El informe permite rendir cuentas a la población sobre lo hecho hasta el momento y de esta forma mejora el debate posible sobre lo que deba venir.17

El reconocimiento, redistribución y reducción de las tareas de cuidados es el norte que se plantean los organismos que conforman la Mesa, a la vez que parten de la idea de que el cuidado es una necesidad, un derecho y un trabajo.

En septiembre de 2020 la Dirección de Economía y Género (también creada por la actual gestión) publicó un informe donde se medía por primera vez desde el Ministerio de Economía el aporte del trabajo de cuidados al PBI, donde afirmaron que este trabajo representa un 16% del producto bruto interno, y que en la pandemia ese porcentaje creció hasta llegar a un 21%.18 En julio de 2021 la Comisión Redactora de un anteproyecto de ley para un sistema integral de cuidados entregó a la Ministra de las Mujeres Géneros y Diversidad el texto final. El proceso de redacción del anteproyecto incluyó instancias consultivas participativas con los distintos sectores involucrados en la organización social de los cuidados (sindicatos, organizaciones feministas, organizaciones de personas con discapacidad, personas mayores, cámaras empresariales y el sector de la economía popular).

La voluntad de diseñar un sistema integral de cuidados con perspectiva de género avanza a la vez que otras iniciativas de la política pública se desarrollan. Luego de eso la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad presentó el Mapa Federal de los cuidados, una plataforma web interactiva que sistematiza y muestra de manera georreferenciada la oferta de espacios de cuidado y de formación en todo el país. Al momento el Mapa lleva relevados 32.000 espacios.19

Por último, en agosto de 2021 el Ministerio de Obras Públicas junto al Ministerio de Economía y el de Mujeres, Géneros y Diversidades, publicó un documento en el que se desarrolla una noción central vinculada al rol del Estado en la promoción de los cuidados, la infraestructura de los cuidados.20 Resulta interesante el abordaje integral y la perspectiva de géneros y diversidad que lo atraviesa y lo que esto implica en tanto política pública.

La Infraestructura de cuidados comprende a toda infraestructura orientada a garantizar el bienestar y el ejercicio efectivo de los derechos, no solo de quienes reciben cuidados (infancias, adolescencias, personas mayores, personas con discapacidad, etc.), sino también de quienes brindan cuidados, trabajadoras/es que, en su gran mayoría, son mujeres. Contribuye a la promoción y protección integral de los derechos de la primera infancia y otros grupos que requiere cuidados y apoyos, ya que reduce la carga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en los hogares, facilita la igualación de oportunidades entre los géneros y apunta a la protección integral de poblaciones específicas en situación de mayor vulnerabilidad.

En consonancia con esta definición el Ministerio de Obras Públicas lanzó el Programa de Infraestructura del Cuidado,21 cuyos componentes se dirigen al cuidado en la primera infancia, las personas con discapacidad y las personas mayores. A saber, construcción de: Centros de Desarrollo Infantil; Infraestructura Sanitaria; Centros Territoriales para el abordaje integral de las mujeres y géneros; Espacios para las juventudes y Espacios de cuidados para las personas mayores.

La línea común que une y conduce los hitos que relatamos aquí (que responden a un recorte no exhaustivo de todo lo realizado) en materia de política pública es la de coordinar las acciones desde el Estado Nacional para armonizar y aportar a una mejor organización social de los cuidados asumiendo la responsabilidad del Estado en garantizar los derechos de todas y todos a recibir y brindar cuidados en igualdad de condiciones. Esta mirada responde al consenso en torno a la idea de que optimizar el rol del Estado y efectivizar los derechos de los que es garante es una tarea que debe incluir la construcción de una forma sistémica, integral y con perspectiva de género de abordar este tema. Al mismo tiempo la región y el mundo avanzan hacia la idea de que cuidar y ser cuidado es un derecho humano y por tanto los Estados deben dirigir sus esfuerzos a garantizarlos. La experiencia de otros países en la creación de sistemas es valiosa y dialoga con la política que se lleva adelante en nuestro país.

¿Qué nos enseña la experiencia de la región en materia de cuidados?

Durante los últimos años los cuidados han entrado en la agenda pública de los países de la región con fuerza. Si bien los procesos son muy heterogéneos, hay algunas coincidencias que permiten entender los motivos. En primer lugar podría argumentarse la necesidad de incorporar a los cuidados como componente central del bienestar social ante las profundas desigualdades que existen en nuestra región cuyas consecuencias se ven potenciadas en las poblaciones más vulnerables. Sin embargo con esto no alcanza, otro factor fundamental ha sido como los distintos intereses sectoriales (organizaciones feministas, organizaciones de la primera infancia, de las personas con discapacidad, de las personas mayores, de trabajadorxs de la economía popular, etc.) han comenzado a confluir en una agenda en común y la coincidencia en la necesidad de un abordaje integral y sistémico. En este sentido no resulta casual la similitud en la definición de las poblaciones prioritarias, primera infancia, personas con discapacidad, personas mayores y quienes desempeñan tareas de cuidado.

Uno de los ejemplos que resulta paradigmático es el de Uruguay. En palabras de quien fue el responsable del Sistema, Julio Bango,

es el único sistema como tal consolidado en la región y se crea luego de un largo proceso impulsado por la sociedad civil y la academia. Tiene como objetivo impulsar un modelo corresponsable que involucre a familias, Estado, comunidad y mercado en la provisión de cuidados a quienes lo requieran. La ley que crea el sistema consagra al cuidado como un derecho universal, y la política tiene la igualdad de género como eje transversal. El enfoque sistémico se sustenta por una parte en la definición de las poblaciones objetivo de la política (niños y niñas de hasta doce años, personas mayores y con discapacidad en situación de dependencia, y personas que cuidan) –de forma remunerada y no remunerada–; y por otra, en la articulación de cinco componentes: servicios de cuidado propiamente dichos, formación de personas cuidadoras, regulación (de servicios y laboral), generación de información y conocimiento, y comunicación.22 Al igual que otros casos, tales como Costa Rica y Chile la definición de las poblaciones está atravesada por la noción de dependencia, la cual abre un debate que retomaremos más adelante con respecto al tipo de políticas y servicios que se derivan. Otro eje que nos interesa retomar refiere al concepto de corresponsabilidad. Qué implicancias tiene, de qué manera en cada territorio se distribuyen las responsabilidades entre los distintos actores que intervienen y qué políticas se piensan hacia el interior de los hogares. Retomaremos más adelante algunas de estas preguntas pero nos parece importante remarcar que detrás de las mismas hay debates que interpelan cuestiones que tienen una profunda raigambre en las matrices de pensamiento patriarcales como así también otras de índole económica política de los países.

En el caso de Chile, durante la presidencia de Bachelet en el año 2009, se crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la infancia “Chile Crece Contigo”, cuyo eje es la primera infancia y que se constituye en una referencia para toda la región. Este se articula con los otros dos subsistemas Chile Cuida (a partir del 2015) y Chile: oportunidades y seguridades (orientado a familias en situación de pobreza extrema). De la experiencia del Chile Crece Contigo resulta sumamente interesante el carácter integral, que incluye distintos actores y el modo en que se articulan políticas y servicios de distintos Ministerios. Otro aspecto a rescatar refiere a la continuidad que tuvo el Chile Crece Contigo en los sucesivos cambios políticos. En cuanto al Chile Cuida, cuya misión es brindar apoyo a las personas en situación de dependencia, sus cuidadores y cuidadoras, sus hogares y su red de apoyo, un aspecto que resulta interesante es su implementación a través de las municipalidades. Nos interesa destacar este aspecto no como modelo a replicar, sino porque introduce un interrogante que en el caso de nuestro país aún permanece lejos de ser saldado. De qué manera se garantiza el derecho a cuidar y recibir cuidados en los distintos territorios, con criterios de calidad compartidos y respetando la autonomía y principios básicos de federalismo. No se trata de una cuestión abstracta sino más bien de las múltiples estrategias y procesos de negociación necesarios para articular y coordinar bajo una lógica sistémica los servicios, políticas y normativas en los distintos niveles y sectores de gobierno. En este sentido, la experiencia de Chile implica el acceso vía la red de apoyos y cuidados locales.

Por último merece un mención Costa Rica, al igual que en Chile y República Dominicana se dio primero la experiencia cuyo eje es la primera infancia, con la Red Nacional de Cuido y desarrollo Infantil, y ahora están en pleno proceso de discusión sobre un plan nacional referido a los cuidados. Al respecto resulta interesante que el debate se da luego de haber aplicado en el año 2018, una encuesta nacional sobre los cuidados y los apoyos. Al respecto se desprenden dos cuestiones. En primer lugar, la importancia de contar con evidencia empírica actualizada y compartida entre los distintos organismos intervinientes como insumo en el diseño e implementación de políticas. En el caso de nuestro país, en esa línea merece ser destacado que se incorporará a la próxima encuesta de uso del tiempo una sección referida a los cuidados. A la vez el Mapa en su doble función hacia la población en general pero también como una herramienta compartida entre los distintos organismos. En segundo lugar, poder dimensionar las expectativas que se generan en este tipo de relevamientos y más aún en aquellos que tal como se han mencionado, se realizaron de carácter más participativo, como las instancias consultivas o los distintos parlamentos.

¿Por qué es necesario un Sistema de Cuidados?

El concepto de cuidado ha ido variando dependiendo del contexto histórico y a su vez cobra distintas significaciones según el ámbito social, área de gobierno y población involucrada. Incluso en algunos ámbitos aún implica debates y tensiones no resueltas. En el caso de la primera infancia por ejemplo pese a los avances todavía persiste la tensión existente desde los inicios del sistema educativo argentino, entre cuidar y educar. Desde el ámbito educativo formal es frecuente encontrar una asociación del cuidado asociado a cierto tipo de acciones que en serían distintas de lo pedagógico e incluso hasta se podría decir de menor calidad. De igual modo es interesante cómo desde las diversas experiencias comunitarias resultó un proceso (aún lo es) complejo que las trabajadoras se reconozcan como educadoras. Tal como explica Llovet:

En un comienzo el cuidado infantil estuvo más ligado a la asistencia, a la provisión de alimentos y a la protección frente a la precariedad de los espacios domésticos y de supuestas incompetencias o dificultades de las familias. Con el paso del tiempo, cuidar a las niñas y niños comenzó a implicar brindar y planificar una propuesta educativa, ofrecer una alimentación nutritiva y variada, tanto como incorporar a las familias, para así acompañar y fortalecer los procesos de crianza.

Si bien esta concepción de los cuidados como inseparable de lo educativo está presente en distintas en experiencias comunitarias e incluso en el marco normativo como la ley 27064 o distintos programas y políticas públicas aún resta mucho camino para que sea incorporada por los distintos sectores. Otro ejemplo lo constituye la noción de los cuidados asociada al concepto de dependencia. Tal como figura en las leyes que fundan los sistemas de cuidado de Uruguay o Costa Rica por ejemplo. Se trata de evitar el riesgo de reproducir una lógica más del tipo asistencial que no repare en la autonomía y capacidad de decisión de los sujetos. Al incorporar esta mirada, desde la perspectiva del derecho surgió tanto en el caso de las personas con discapacidad como en el de las personas mayores la importancia de pensar políticas enfocadas en brindar apoyos que garantizaran su derecho a ejercer tareas de cuidado.

Poder planificar y ejecutar políticas desde enfoque integral requiere previamente poder articular las distintas visiones no solo en territorio sino desde la concepción misma de las políticas. Es por eso que la definición consensuada en el contexto de la Mesa Interministerial establece un claro punto de partida y una condición imprescindible para poder abordar la temática con una perspectiva sistémica. Se reconoce al cuidado

como una necesidad y por lo tanto como un derecho, que debe ser cubierto y como un trabajo que debe ser revalorizado, retribuido y remunerado cuando así corresponda, asumiendo el compromiso del Estado de velar por una mejor redistribución de esos cuidados tanto en términos de género como de clase.

Partir de esta noción y reconocimiento del derecho a cuidar y ser cuidado implica también asumir la intención de reparar profundas desigualdades históricas. Las mismas refieren tanto a la falta de acceso de servicios de cuidado, como así también a la fragmentación de los mismos. Lo cual implica, en palabras de Rozengardt,

múltiples responsables, superposición de políticas y programas, lagunas normativas y leyes contradictorias entre sí; falta de precisión en las intervenciones territoriales, y debilidad en la eficacia y eficiencia de las políticas públicas.

Como consecuencia de esto por un lado la calidad y el acceso a servicios de cuidado resulta insuficiente afectando de manera directa a aquellos sectores que más lo requieren y a la vez esto produce efectos en quienes desarrollan esas tareas. Tal como lo describe Faur, esta fragmentación

se (re)producen desde la perspectiva de las trabajadoras de estos ámbitos, quienes, en sus relatos, dejan entrever fuertes tensiones entre los distintos espacios.

Para poder revertir este panorama es necesario robustecer la infraestructura y distintas políticas pero no alcanza con eso. Esto debe ser acompañado con la adopción de un enfoque sistémico que permita articular en todo el país las prestaciones, servicios y políticas públicas en materia de cuidados. A la vez que incorpore los debates y especificidades de cada una de las poblaciones; respetando la heterogeneidad de formatos y experiencias locales y comunitarias y construya criterios comunes que garanticen la calidad.

Desde ya que no resulta un proceso sencillo, en palabras de Bango “requiere establecer según la realidad de partida de cada país, una “hoja de ruta” que permita ir construyendo jalones progresivos teniendo como horizonte el Sistema (...) desarrollando un nuevo modelo de gestión que pase desde la “lógica de los servicios a la lógica de las personas”. Es decir que pueda dar cuenta de la multiplicidad y heterogeneidad de situaciones y demandas comunitarias, familiares y personales tanto de las personas que reciben cuidados como quienes cuidan.

Si bien el posicionamiento de los derechos es punto de partida ineludible es necesario revisar en qué modo se materializan y llevan a cabo políticas que sean respetuosas de la diversidad y que rompan con los estereotipos y mandatos de género. En ese sentido no es casual el rol central que ocupa el MMGyD, en tanto tal como lo plantea Llovet, “el debate feminista sobre el Estado de Bienestar permitió problematizar y mostrar que muchas veces detrás de una supuesta formulación universal se esconde una idea androcéntrica, adultocéntrica, blanca, heterosexual.” En este sentido es interesante ver en qué modo al pensar y llevar a cabo políticas desde este enfoque se rompe con falsas dicotomías que de manera más o menos explícita suelen aparecer alrededor de estos debates. Por ejemplo, pensar como dos polos en tensión la necesidad de redistribuir las responsabilidades de cuidado entre los géneros y el interés superior del niño. No es poco frecuente escuchar argumentos que ante algunos de los planteos que interpelan los modos establecidos de resolver los cuidados mencionan el riesgo que esto podría conllevar para las familias o incluso lxs niñxs. Un claro ejemplo representa la dificultad en avanzar con la cobertura en espacios de educación y cuidado en los primeros años, lo cual no puede explicarse únicamente por la limitación presupuestaria. Desde un enfoque integral, el desafío de mejorar estos espacios, se puede justificar a partir de los efectos positivos que implica para lxs niñxs, como así también en términos de mejores oportunidades de conciliación entre los cuidados y el trabajo para las mujeres que son quienes mayoritariamente se ocupan de estas tareas al interior de los hogares.

Es necesario insistir en que bajo la noción de sistema, no se trata de borrar las características propias que portan las distintas experiencias y formatos sino acompañar y dotar de recursos para garantizar criterios compartidos. Tal como dice Llovet: “Es imposible garantizar los derechos de la infancia con estrategias que no incorporen la perspectiva de géneros”. Mejorar las condiciones de empleo de quienes desarrollan las tareas de cuidados impacta de manera directa sobre los sujetos con los que se trabaja. Valorizar y jerarquizar las tareas de cuidado no sólo constituye un acto de justicia sino también una apuesta a ampliar el abanico de posibilidades que cada familia debería tener para organizar los cuidados. En este sentido es necesario insistir que se trata también de romper con matrices de pensamiento muy anquilosadas y que por lo tanto no siempre aparecen como una clara demanda. Tener más y distintas posibilidades para resolver los cuidados entonces también tiene un potencial efecto de interpelar los modos de organizar los cuidados naturalizados.

Cuidados para la justicia social

Las tareas de cuidados han estado históricamente asociadas al rol de las mujeres al interior de las familias y hogares. Las lesbianas, travestis, trans y no binaries, por su parte, dan cuenta de otras prácticas de cuidados que escapan a la norma patriarcal y se fugan del mandato violento que en ocasiones las expulsa de esas familias tradicionales cisgénericas. Por su parte los varones asumen en una proporción mínima la responsabilidad de este trabajo.

Esta desigual distribución de las tareas domésticas y de cuidados está en el centro del espiral que produce las brechas económicas de género. Pero además está en el centro de las causantes de la desigualdad social en general y la pobreza (que como vimos y conocemos está altamente feminizada).

Las mujeres dedican tres horas diarias más que los varones a estas tareas (MECON, 2021), lo que impacta notablemente en su capacidad de inserción en el mercado laboral, y reduce su posibilidad de desarrollarse. A este dato debemos sumar el hecho de que un 85.6% de los hogares monoparentales son en realidad “monomarentales” (MECON, 2021). Por lo que el círculo del empobrecimiento multiplica sus efectos irradiando esa desigualdad a los niños y niñas a cargo de mujeres empobrecidas.

Redistribuir, reconocer, jerarquizar, remunerar el trabajo de cuidados no es solo una política feminista para revertir la desigualdad de género sino que es una política clave en la pelea por erradicar la pobreza, por generar oportunidades igualitarias de acceso a servicios y educación para niños y niñas, en un país donde la pobreza infantil alcanza a 8.3 millones de niños y niñas.

A su vez, los trabajos de cuidados se perfilan como una de las actividades laborales del futuro en un mundo que ve cómo su población envejece y por tanto requiere de más servicios, infraestructura y recursos humanos para apoyar ese envejecimiento y conservar la autonomía.

Invertir en políticas para fortalecer una organización social de los cuidados justa, corresponsable y con perspectiva de género es fundamental para encauzar una estrategia de desarrollo económico y social a nivel nacional.

Referencias

Bango, Julio. Programa EUROsociAL+, Asesoría especializada en apoyo al desarrollo e instalación de un Sistema Integral de Cuidados en Argentina. “Las políticas de cuidados en la región y los desafíos para la construcción de un Sistema Integrado de Cuidados en Argentina”, febrero 2021.

CEPAL, XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe “Compromiso de Santiago”. Santiago de Chile, Enero de 2020. Recuperado de:

https://conferenciamujer.cepal.org/14/es/documentos/compromiso-santiago

Colangelo, M. A., García, A. P., Hernández, M. C., & Visintín, M. I. (2021). “Los pibes son de todos. Infancias, cuidados y educación en los centros comunitarios de la Red Andando”, Revista Del IICE, vol. 49, pp. 25-42. Recuperado de:

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/iice/article/view/10446

Colectivo Ni Una Menos (2019). El grito común. Buenos Aires. Recuperado de: http://niunamenos.org.ar/manifiestos/el-grito-en-comun/

Faur, Eleonor (s. a.). “¿Cuidar o educar? Hacia una pedagogía del cuidado”. En: Encrucijadas entre cuidar y educar. Debates y experiencias. (pp. 87-114). Buenos Aires: Homo Sapiens editorial. https://www.researchgate.net/publication/328031630_Cuidar_o_educar_Haci a_una_pedagogia_del_cuidado

Ministerio de Economía (2020). “Los cuidados, un sector económico estratégico Medición del aporte del Trabajo Doméstico y de Cuidados no Remunerado al Producto Interno Bruto”. Buenos Aires, septiembre. Recuperado de: https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/los_cuidados_-_un_sector_ec onomico_estrategico_0.pdf

Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Economía, Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad (2021). “10 motivos para invertir en Infraestructura del Cuidado Ministerio de Obras Públicas Ministerio de Economía Guía para la acción, la visibilización y la sensibilización”. Buenos Aires. Recuperado de:

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/08/10_motivos_para_inv ertir_en_infraestructura_del_cuidado.pdf

Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado (2020). “Hablemos de cuidados. Nociones básicas hacia una política de cuidados integral con perspectiva de géneros”. Buenos Aires, julio. Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mesa-interministerial-de-politic as-de-cuidado.pdf

Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado (2021). “100 acciones en materia de cuidados”. Buenos Aires, julio. Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/07/informe_100_acciones_ en_materia_de_cuidados_de_la_mesa_interministerial_de_politicas_de_cuidad o.pdf

LLobet Valeria (2010). ¿Fábricas de niños? Las instituciones en la era de los derechos. Buenos Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico. https://www.aacademica.org/valeria.llobet/47.pdf

LLobet Valeria (2020). “Infancia(s) y género(s): desafíos a quince años de la 26061”. En Miradas diversas sobre los derechos de las infancias. Análisis y reflexiones a 15 años de la ley 26.061. Compilado por Jefatura de Gabinete SENAF e ilustrado por María Balestrini. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Libro digital. Disponible en [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/15adeproteccion-libro-senaf20 20.pdf?fbclid=IwAR1GEkV39f_2w_bk2LyUi4oLlDN4jBoNr4VCUtU32O69pS OifCL2DEgt0j0].

Rozengardt, Adrián (2020). Lo no formal en la atención y educación de la primera infancia. UNESCO IIEP Buenos Aires. Oficina para América Latina. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376926.locale=es


13* Es antropólogo y recreólogo, especialista en infancias. Trabaja actualmente en la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad.

** Es abogada feminista, especialista en gobernanza y derechos humanos. Trabaja actualmente en la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad.

14 Disponible en http://niunamenos.org.ar/manifiestos/el-grito-en-comun/

15 Disponible en https://conferenciamujer.cepal.org/14/es/documentos/compromiso-santiago.

16 Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mesa-interministerial-de-politicas-de-cuidado.pdf

17 Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/07/informe_100_acciones_en_materia_de_cuida dos_de_la_mesa_interministerial_de_politicas_de_cuidado.pdf

18 Disponible en https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/los_cuidados_-_un_sector_economico_estrategico_0.pdf

19 Disponible en https://mapafederaldelcuidado.mingeneros.gob.ar/

20 Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/08/10_motivos_para_invertir_en_infraestructura_ del_cuidado.pdf

21 Disponible en https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/247896/20210810

22 Documento elaborado en el marco de Asesoría especializada de Eurosocial en apoyo al desarrollo e instalación de un Sistema Integral de Cuidados en Argentina.