“Pero si yo trabajo”
La economía popular organizada en la encrucijada
Paula Abal Medina*
RESUMEN: Este artículo analiza la economía popular organizada en la Argentina a partir de la experiencia de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y de su doble inscripción como movimiento social y forma sindical. Desde una investigación de larga duración e implicada, apoyada en registros de campo, entrevistas, observación participante, materiales audiovisuales y documentos organizativos y normativos, reconstruye cinco escenas: recuperadores urbanos, espacios comunitarios de cuidado y educación, integración socio-urbana, formación gremial y elección sindical. A través de ellas, interroga el modo en que distintas mediaciones institucionales, comunitarias y organizativas intentaron desplazar actividades de subsistencia, cuidado, producción barrial y reproducción de la vida desde el registro de la asistencia hacia el reconocimiento como trabajo. El artículo propone la noción de productividad comunitaria para nombrar la producción situada de bienes, infraestructura, saberes, vínculos y reconocimiento allí donde mercado y Estado resultan insuficientes. Finalmente, examina la ofensiva de desarticulación abierta desde diciembre de 2023 y su inscripción en una estigmatización social previa condensada en las figuras de “planeros” y “vagos”.
Palabras clave: economía popular, UTEP, productividad comunitaria, trabajo, reconocimiento.
“But I do work”
The organised popular economy at a crossroads
ABSTRACT: This article analyzes the organized popular economy in Argentina, drawing on the experience of the Union of Workers of the Popular Economy (UTEP) and its dual nature as both a social movement and a trade union. Based on long-term, engaged research–utilizing field records, interviews, participant observation, audiovisual materials, and organizational and regulatory documents–it reconstructs five scenarios: urban waste reclaimers, community-based care and education spaces, socio-urban integration, union training, and union elections. Through these cases, it examines how different institutional, community, and organizational mediations sought to shift activities related to subsistence, care, neighborhood-level production, and the reproduction of life from the realm of social assistance to recognition as work. The article proposes the concept of “community productivity” to describe the situated production of goods, infrastructure, knowledge, social ties, and recognition in contexts where the market and the State prove insufficient. Finally, it examines the campaign to dismantle these structures, launched in December 2023, and its connection to pre-existing social stigmatization, epitomized by the derogatory labels of planeros (welfare recipients) and vagos (idlers).
Keywords: popular economy, UTEP, community productivity, labour, recognition.
1. Introducción
En diciembre de 2023 la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) eligió autoridades mediante voto directo, con una comisión directiva en paridad de género. Los centros de votación se montaron en los propios espacios donde se trabaja y se sostiene la vida: comedores comunitarios, plantas de reciclaje, polos textiles, cooperativas de construcción, panaderías y otras unidades productivas. En barrios y conurbanos empobrecidos de distintas ciudades del país, una porción decisiva de los sufragantes emitió su primer voto –y, en muchos casos, el primero en varias generaciones– como trabajadores afiliados a un sindicato. Esta escena fue precedida por una apuesta de extensa y múltiple construcción: reconstruir identidad laboral, enunciar derechos y crear mediaciones institucionales desde el mundo del trabajo precarizado y territorial.
En poco más de una década desde su fundación en 2011, la UTEP extendió su presencia a escala nacional, se organizó por ramas de actividad, creó una Escuela de Formación como herramienta de recomposición identitaria, y concibió –plasmándolas en proyectos de envergadura– piezas centrales de una institucionalidad del trabajo de nuevo tipo: registros de barrios, de trabajadores y de organizaciones; el Salario Social Complementario y el proyecto de integración socio-urbana. Estas dos últimas creaciones (SSC e integración socio-urbana) se concretaron a través de iniciativas legislativas respaldadas por mayorías políticas, gracias a masivas movilizaciones sociales que alcanzaron visibilidad e impacto durante el gobierno de Mauricio Macri. Como analizamos con profundidad en otro trabajo (Abal Medina, 2025), estas concreciones no pueden explicarse sin involucrar el rol desempeñado por el Papa Francisco, un conjunto de “curas villeros” –tal como se los conoce localmente– y los Encuentros Mundiales de Movimientos Populares organizados desde el Vaticano. Llamamos a este período de negociación confrontativa. Dejó un único saldo favorable: marcos legales para la economía popular organizada. En simultáneo, se degradaron las condiciones de vida de los trabajadores: aumentaron la pobreza y la indigencia, se redujo el peso del empleo asalariado registrado y crecieron formas no asalariadas y precarias de inserción laboral, en particular el cuentapropismo.1 En el período siguiente, ya con un gobierno peronista, y manteniéndose la visibilidad y legitimidad del sector como actor relevante –en especial durante la pandemia–, se adjudicaron financiamientos y se integraron referentes de la UTEP en espacios de gestión estatal, lo que permitió realizar y desarrollar las protecciones y políticas previstas en las iniciativas legislativas.
Pero esos avances convivieron con una fragilidad persistente: la organización no pudo “sacarse la soga del cuello”, ni terminar de resolver límites internos y externos para desbordar su representatividad, aun cuando el universo social que dio origen a la UTEP continuaba expandiéndose. Esa fragilidad, sin embargo, no puede comprenderse solo como un problema organizativo o coyuntural: remite también a la dificultad histórica para reconocer como trabajo un conjunto de prácticas populares nacidas en los márgenes del empleo asalariado y de la protección estatal.
La experiencia de la UTEP contiene, de manera viva, la historia de movimientos populares que surgen en la dictadura y durante las expulsiones neoliberales: un sindicalismo callejero y de peregrinación; un movimiento de pobladores capaz de “hacer barrio” en baldíos mediante tomas colectivas de tierra; y el movimiento de desocupados-piqueteros que, desde la ruta y el territorio, peleó planes, produjo organización comunitaria y ensayó su reconfiguración como trabajo.
A más de dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, la cuestión adquiere un filo especial. Asistimos al cierre de áreas sensibles y al desfinanciamiento casi total del sistema de protecciones para la economía popular. ¿Cómo fue posible tal retroceso? Un desplazamiento moral de larga data operó como telón de fondo: un lente que fue reduciendo esa trama a “planeros y vagos”, aplanando una experiencia valiosa, volviéndola ilegible y habilitando la descalificación y el arrasamiento de mediaciones comunitarias, organizativas e institucionales. Frente a esa obturación, este trabajo propone un movimiento inverso: entrar por escenas cotidianas, concretas y “virtuosas” para reponer qué se produce allí, qué valores se sostienen y qué instituciones –por parciales o frágiles que sean– lograron anudar. Para avanzar en esa dirección, es necesario detenerse primero en la forma organizativa que hizo posible esas mediaciones.
La UTEP puede pensarse desde su centro móvil: una capacidad de redespliegue y desplazamiento entre la forma movimiento social y la forma sindical. A lo largo de su trayectoria, fue territorial y comunitaria; trabajadora y sindical. Alternó predominios: a veces se refugió en el movimiento o se protegió en el sindicato; otras, en coyunturas adversas, quedó expuesto el límite de “ser solo una coordinadora de movimientos”. Este vaivén no es un detalle: expresa que la organización no puede constituirse plenamente como sindicato sin reconocimiento institucional fuerte, pero tampoco puede soltar la malla comunitaria. Esa malla funciona como tabla de salvación en las crisis y como memoria de la experiencia piquetera y de otras figuras colectivas capaces de cuestionar el orden de desigualdad.
Por eso, contar qué es la UTEP exige nombrar simultáneamente movimientos y ramas de actividad, y comprender que esa doble arquitectura sostiene un entretejido cotidiano de cuidado, alimentación, trabajo, mejoramiento del hábitat y protección en territorios atravesados por precariedad y violencia, donde “lo creado por necesidad” se vuelve también virtud y experiencia común.
En ese recorrido se abrieron mediaciones institucionales que buscaron desplazar la economía popular del registro de la asistencia hacia un estatuto de trabajo. Una pieza clave fue la Ley 27.345 de Emergencia Social, sancionada en diciembre de 2016, que creó el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (SSC) e incorporó por primera vez en una norma nacional a la economía popular como universo de trabajo. La disputa que allí se condensó no fue solo presupuestaria, sino también semántica y política: buscó correr la palabra “plan” del vocabulario estatal y reconocer a sus destinatarios como trabajadores y trabajadoras, con anclajes explícitos en el “trabajo en sus diversas formas” del artículo 14 bis y en el horizonte de justicia social del artículo 75. Reglamentaciones posteriores establecieron el SSC como una prestación equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil e incorporaron registros y dispositivos de coordinación que, no exentos de problemas, marcaron una dirección. En paralelo, se desplegaron programas de fortalecimiento de unidades de gestión que, en casos concretos, ampliaron la escala de lo posible: cooperativas que pudieron proveerse de maquinaria, insumos, uniformes, formación y métodos de organización.
Del mismo modo, la integración socio-urbana de los barrios populares se apoyó en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), creado a partir del relevamiento nacional de villas y asentamientos realizado entre 2016 y 2017 por organizaciones sociales, Cáritas y Techo, y luego institucionalizado como base para identificar barrios, acreditar domicilios y orientar políticas de integración urbana. Sobre ese andamiaje, buscó dotar de infraestructura y garantizar servicios fundamentales a territorios históricamente postergados. La Ley 27.453, sancionada con un respaldo parlamentario prácticamente unánime, establecía: “Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los Barrios Populares relevados en el RENABAP”, al tiempo que prohibía durante varios años cualquier acción de desalojo. Vistas desde la actual desarticulación de esas políticas, el recorte de fondos y el conjunto de medidas orientadas a habilitar desalojos “exprés” en nombre de la defensa de la inviolabilidad de la propiedad privada, estas mediaciones pueden parecer frágiles; sin embargo, en el territorio resultaron decisivas.
También en el plano sindical, aunque allí los límites fueron mayores, se produjeron algunos avances. Una resolución ministerial buscó “diseñar un sistema que torne operativo el derecho de estos sectores, no comprendidos en la Ley 23.551, a constituir asociaciones…”, y definió un conjunto de atribuciones, obligaciones y formas de garantizar la representación. Bajo ese paraguas se concretó la elección de autoridades mencionada al comienzo de este artículo, precedida por la aprobación de un estatuto y por una campaña de afiliación masiva.
En los últimos años, la economía popular organizada se consolidó también como un campo de reflexión académica y político-intelectual. Desde las propias organizaciones y sus espacios de formación, textos de Emilio Pérsico y Juan Grabois produjeron una elaboración decisiva para nombrar a los trabajadores sin patrón, reconstruir una identidad común y fundamentar la creación de una herramienta gremial; a esa elaboración se sumaron retratos narrativos de la “Argentina oculta” que buscaron volver visibles vidas, trabajos y territorios habitualmente estigmatizados o fuera de foco (Pérsico y Grabois, 2015; Grabois, 2018). En esa misma trama, las intervenciones públicas de referentas como Norma Morales y Dina Sánchez aportaron formulaciones sobre feminismo popular, cuidados, trabajo comunitario, derechos y producción de valor elaboradas desde la propia experiencia organizativa. En el campo académico, distintas investigaciones analizaron la emergencia de la CTEP/UTEP, sus estrategias de institucionalización, sus relaciones con el Estado, el sindicalismo y los movimientos sociales, así como las tramas territoriales, comunitarias y religiosas que sostuvieron su expansión (Maldovan Bonelli y otros, 2017; Muñoz y Villar, 2017; Forni, 2019; Longa, 2019; Natalucci y Mate, 2020; Reartes y Lazarte, 2020). Otros trabajos propusieron pensar las economías populares en plural, atendiendo a la producción de valor más allá de las formas salariales clásicas, a la organización colectiva de vendedores ambulantes, a los vínculos entre reproducción, cuidados y trabajo comunitario, y a las formas cotidianas de sostén de la vida en barrios, ferias, espacios de cuidado y unidades productivas (Fernández Álvarez, 2018; Pérsico y otros, 2017; Cielo, Gago y Tassi, 2023; Roig, A., 2025). Este artículo dialoga con esa acumulación y con trabajos previos sobre la construcción gremial de la economía popular, sus vínculos con el sindicalismo tradicional y las disputas por ampliar la condición trabajadora más allá del empleo asalariado registrado (Abal Medina, 2012, 2016, 2017, 2025). A partir de allí, desplaza el foco hacia una pregunta específica: cómo la economía popular organizada produjo mediaciones capaces de volver reconocibles como trabajo actividades situadas en la subsistencia, el cuidado, la reproducción de la vida y la producción barrial, y qué se desarma cuando esas mediaciones son desfinanciadas, deslegitimadas o interrumpidas.
Sobre esta base, el artículo se apoya en una investigación de larga duración realizada desde una posición de investigadora implicada, en diálogo sostenido con actores y espacios territoriales. Ese vínculo sostenido permitió acceder a escenas, documentos y conversaciones que difícilmente hubieran estado disponibles desde una posición académica externa a esas tramas organizativas. El núcleo empírico principal abarca el ciclo de conformación, expansión e institucionalización parcial de la UTEP entre 2011 y 2024, y se proyecta hacia la coyuntura abierta desde diciembre de 2023, cuando esas mediaciones comenzaron a ser objeto de una ofensiva de desarticulación material, institucional y simbólica. En términos espaciales, el análisis se concentra en experiencias situadas en territorios populares urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires y en una localidad del interior bonaerense –Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lomas de Zamora, Ituzaingó, San Justo/La Matanza y San Pedro–, junto con una escena de formación gremial de alcance nacional vinculada a distintas sedes de la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular (ENOCEP). La reconstrucción empírica extensa de esa trayectoria, con una periodización más amplia, fue desarrollada en un trabajo previo (Abal Medina, 2025), que aquí funciona como soporte y permite concentrar el argumento en un recorte analítico. El corpus se compone de documentos públicos y organizativos, normativa y políticas estatales relevantes, registros de campo en espacios territoriales y productivos, y conversaciones y entrevistas con referentes y trabajadores/as; cuando corresponde, se resguardan identidades y detalles sensibles.
En las páginas que siguen, el argumento se despliega en tres movimientos. En primer lugar, un álbum de cinco escenas reúne fragmentos de trabajo y de vida que permiten reponer aquello que el lente estigmatizante vuelve invisible y que ninguna letra reglamentaria alcanza a transmitir: saberes, ritmos laborales, cooperación cotidiana, producción de valor, orgullo y búsqueda de reconocimiento. En segundo lugar, a partir de esas escenas, el texto propone la noción de productividad comunitaria para nombrar una capacidad productiva y reproductiva que no surge de la mera sumatoria de individualidades, sino del entramado entre cooperación, organización territorial, reconstrucción de la identidad trabajadora y mediaciones institucionales todavía parciales –salario, barrio, formación, obra pública, forma sindical–. Por último, el artículo vuelve sobre la coyuntura abierta desde diciembre de 2023 para analizar la interrupción de esa institucionalización incipiente y preguntarse qué se habilita políticamente cuando el discurso de “planeros y vagos” sustituye la descripción de una experiencia organizada de trabajo, reproducción de la vida y producción comunitaria.
2. Álbum de escenas de la economía popular
El álbum que sigue reúne cinco escenas reconstruidas a partir de registros de campo, conversaciones, entrevistas y materiales organizativos. No busca representar “todo” el universo de la economía popular, sino operar como una serie de escenas-lupa: situaciones concretas en las que se vuelven visibles los ritmos del trabajo, la cooperación cotidiana, los valores producidos y los esfuerzos por ser reconocidos como trabajadores y trabajadoras. Por eso la narración conserva voces, objetos y detalles del territorio que ninguna fórmula normativa alcanza a transmitir.
2.1 Recuperadores2
“Cuenten, por favor, cómo trabajamos y que acá ninguno es vago.” El pedido era un ruego. Lo formuló una mujer de alrededor de 45 años en un basural de San Pedro. La vi durante dos jornadas completas agachada, abriendo bolsas, separando y clasificando montañas de residuos, y trasladando bolsones sobre la espalda. Algunas escenas del trabajo que ella y cerca de un centenar de personas realizan allí quedaron registradas en el audiovisual Un gigante de cartón3, dedicado a quienes recuperan residuos urbanos.
Los cartoneros no trabajan solo en basurales: también lo hacen en la calle, en plantas de separación, en puntos verdes y en tareas de promoción ambiental para comercios e industrias. La actividad estalló como estrategia de subsistencia en la crisis social de comienzos de siglo4, y en esos años nació el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Cuando la crisis laboral se explicaba, sobre todo, a partir de la desindustrialización y el desempleo –y muchos movimientos inscribían en su sigla la “D” de desocupados–, el MTE recortó otra condición: la de trabajadores excluidos. En esa definición incidió también una experiencia organizativa singular, que articuló militancia universitaria y trabajo cartonero. La calle y los basurales fueron, y siguen siendo, una puerta de entrada persistente a la actividad, el lugar de la caída social. Cada crisis suma nuevas personas a ese circuito: las vemos revolver basura en las calles, pero no cuando llegan a los basurales cercanos a los lugares donde viven. La reiteración del ajuste y la pauperización social impone así un ritmo incesante y una dinámica de desborde.
Entre esas escenas, la Ciudad de Buenos Aires ofrece una de las experiencias de mayor densidad organizativa, articulada en torno de plantas de reciclado gestionadas por cooperativas. Una de ellas es la planta de reciclado del gobierno de la ciudad, cuya gestión está a cargo de Amanecer de los Cartoneros, la cooperativa más grande del MTE, con 3800 socios. La planta tiene tal envergadura que la apodan “la nasa cartonera”. La organización de los cartoneros allí fue el laboratorio de una nueva aritmética. A medida que se autorreconocían como trabajadores, los recuperadores iban identificando el valor –o mejor, los valores –que producían con su actividad: cuánto dinero se ahorra en enterramiento gracias a la actividad cartonera; cuántos residuos se reutilizan en la industria; cuánta cantidad de trabajo podría ser remunerada al redireccionar una parte de los contratos millonarios del Estado con las empresas de recolección hacia los recuperadores urbanos; cuál es el impacto ambiental de esta actividad. “Logramos que se separen los contratos: el contrato de limpieza para las empresas y el contrato de reciclado para los cartoneros. Ese fue el primer contrato formal entre el Estado y los cartoneros. El 10 % del servicio de higiene se destinó al reciclado de materiales que pueden reutilizarse en industrias y que además producen un ahorro porque no requieren enterramiento”, dice Juan Grabois, líder y fundador de este movimiento.
En la nasa cartonera escuché y grabé muchos testimonios. Por ejemplo, el de Amanda, que trabaja en un puesto de la cinta mecánica; separa envases tipo tetrabrik y los arroja en troneras. Muestra con orgullo la leyenda “Recuperadores” que lleva su uniforme: “Desde que entré acá no tengo ni una falta. Si me quedo en mi casa me enfermo. Cuando llega el lunes me pongo recontenta porque vengo y trabajo. Tenemos un micro de la cooperativa que nos trae”. Su vida tuvo trabajo infantil en Santiago del Estero, migración y desarraigo, hambre y represión policial; sobrevivió a una prolongada y brutal violencia familiar. Quedó viuda joven. Tiene cuatro hijos ya grandes que viven en el mismo barrio: Villa Fiorito. Su frase final: “al fin llegó un tiempo feliz a mi vida”.
En Lomas de Zamora recorrí la planta de separación gestionada por otra cooperativa del MTE: Jóvenes en Progreso. “De nuestro lado está la excelencia cartonera, pero a veces falta todo lo demás”, dice María Castillo. Conjuga dos palabras que nadie pone juntas: excelencia cartonera. Si bien el municipio tenía empapelado el espacio público con leyendas como “Recicla, Reutiliza, EcoLomas”, no aseguraba agua corriente en el predio. La llevaba con un camión cisterna, en cantidad insuficiente y por eso los recuperadores debían trabajar con baños intermitentes. Una ingeniería de proyectos les permitió acceder a maquinaria para agregar valor al proceso de separación: agrumadora, pelletizadora, cortadora selladora, filmera. Las ganas de ponerlas a trabajar chocan de frente con la promesa incumplida por el municipio de brindar un suministro eléctrico adecuado.
Este conjunto de escenas tuvo también proyecciones institucionales. María Castillo, dos años después, fue nombrada responsable del Programa Argentina Recicla en el Ministerio de Desarrollo Social, función que ejerció hasta diciembre de 2023. Muchos funcionarios decían, con sorpresa –porque su nombramiento había sido polémico por faltarle credenciales de educación formal–, que nadie sabía tanto sobre el modelo inclusivo de reciclaje y la economía circular como María Castillo5. La experiencia del MTE habilitó también que Natalia Zaracho, vecina de Villa Fiorito, cartonera desde los 13 años, asumiera como diputada de la Nación en diciembre de 2021. Zaracho presentó proyectos fundamentales como la propuesta de la Ley de Envases y el Salario Básico Universal, entre otros. 6
Imagen 1. Actividad cartonera. Fuente: Archivo UTEP.
Imagen 2. Actividad cartonera. Fuente: Archivo UTEP.
2.2. Hora Libre7
“Nos dicen planeras, choriplaneras. La verdad que eso a mí me duele. El que lo dice es porque no sabe la tarea que nosotros hacemos. Una vez fui al ANSES y me dijeron: ‘¿salió a buscar trabajo este mes?’. ¡Pero si yo trabajo! Este es nuestro trabajo y nuestro sueldo. No sé por qué no lo entienden así”. Quien habla es una educadora popular; cocina y enseña inglés en un espacio de cuidado integral de infancias que tiene varias sedes en Ituzaingó, una localidad de la provincia de Buenos Aires. Dictan apoyo escolar y talleres de música, inglés, danzas, ajedrez, pintura, organizan jornadas de lectura y teatro. Esta experiencia busca ser retenida en un corto audiovisual que lleva el mismo nombre: Hora Libre (Abal Medina y Barbenza, 2022).
Lili comparte su historia laboral en una entrevista en profundidad. Fue administrativa durante 15 años en una fábrica electrónica, la despidieron, la fábrica cerró y nunca recibió indemnización. “El trabajo en fábricas no va a volver”. Dice varias veces que no se siente una “choriplanera”. Durante la entrevista se define como educadora popular y otras veces como trabajadora de la economía popular. Cuenta que tiene obra social otra vez8 y que recibe un salario (el salario social complementario). Que sabe que tiene un sindicato. Y que está aportando a través del monotributo social, que le faltan seis años para cumplir 60 y que espera poder jubilarse.
La entrevista coincide con el acto de cierre del año lectivo. Hora Libre es un muestrario de la malla comunitaria del Movimiento Evita en el territorio. La merienda llegó preparada desde la panadería: tortas y masitas, facturas, panes. Los regalitos de despedida vinieron de la recicladora: reglas, lapiceros, cuadernos y llaveros. Desde la constructora, con la cuadrilla, pintaron las paredes, hicieron arreglos y en esa sede mejoraron el baño. Los jóvenes del lavadero de autos ayudaron con la limpieza y el corte del pasto del fondo.
Lili se explaya sobre cómo fue aprendiendo la diferencia entre ser mamá y ser educadora popular. Varias veces suma indicios para el reconocimiento de su actividad como un trabajo: “cumplo un horario y hago cursos de capacitación”; “esto no es un merendero, es un espacio integral para las infancias”. Habla con admiración de sus compañeros: “Lo que necesitábamos era justo la gente que vino y así se fue armando todo, y cocinamos para los chicos, somos todos del grupo de la economía popular. Hay algunos que saben música, otros que tocan la guitarra, hay gente que estudió para chef. Hay distintas capacidades que se fueron juntando”; “trato siempre de cumplir y de estar porque para mí esto es mi trabajo y yo lo priorizo más allá de que me encanta hacerlo”; “yo doy clases de inglés, eso es lo que estudié y esa es mi tarea, doy los talleres de inglés”. Es como un imán con los niños y niñas que se le pegan mientras conversamos.
Me cuenta que muchas profes van a los encuentros de mujeres. “Personalmente me voy adaptando a la época. Yo soy católica y doy catequesis, tenemos encuentros con Jesús. Pero no por eso nos vamos a separar, aprendemos a convivir. Me voy adaptando a medida que vamos viendo realidades, familias ensambladas que antes no se veían, una se casaba para toda la vida y aguantaba todo, no había otra forma. Ahora hay otras realidades y hay otra forma de dejar de sufrir y de vivir mejor”.
Las palabras formuladas por esta educadora popular tenían “escenas de confirmación” en esa y otras jornadas que presencié en distintas sedes de Hora Libre. Un ejemplo: una de las profes disfrazada de payasa, actuando un guión desopilante, su vestimenta colorinche, escotada y sin depilarse, contagiando carcajadas. Junto al público infantil implicada y risueña se encontraba Lili, con uniforme y botón de la camisa abrochado hasta el cuello; la complicidad entre ambas se corroboraba tanto como sus diferencias.
Natalia Peluso es responsable nacional de educación del Movimiento Evita y vecina de Ituzaingó. Imaginó Hora Libre, impulsó su materialización y se mantuvo ligada a la experiencia: “cuando abrimos los merenderos, nos pusimos a discutir con un grupito que venimos de la educación, para que estos espacios no sean lugares para dar de comer y estigmatizar a los niños por su situación de pobreza. Cómo hacíamos para pensar en algunos espacios, en los que estuviera presente la cuestión alimenticia, pero que no sea eso lo principal, que esté garantizado pero que pueda venir cualquier chico. Lo que pasa acá ahora es que está mezclado el cartonero con el pibe que va a una escuela privada. Nosotros pensamos en un espacio donde nos gustaría llevar a nuestros hijos. Entonces hablamos con Lidia Rodríguez, que es una docente especialista en educación popular, hicimos un convenio para dar capacitación a nuestras compañeras de merenderos y comedores. Ahí empezamos una serie de encuentros sobre detección de problemáticas de los pibes, puesta en valor de los saberes socialmente productivos, que no están reconocidos en las mujeres y en las tareas del cuidado. Cómo laburar algo con una perspectiva pedagógica, que acompañe lo más posible a los chicos. Hicimos esa serie de encuentros y nos propusimos en 2018 ver qué merenderos se reconvertían a Hora Libre. El primero fue el de San Alberto que funciona en una sociedad de fomento”.
Esta reflexión se amplía en muchas voces con múltiples orígenes y trayectorias en el libro Vigencia de la educación popular. Encuentros de educación con trabajadoras/es de la economía popular9.
Hora Libre fue pensado como un espacio de infancias involucrado en una malla comunitaria-territorial. Por eso está estrechamente vinculado a la panadería, la recicladora, las cuadrillas de obra, la carpintería y el lavadero de autos. Conocer sus sedes me fue llevando al recorrido de conjunto. Entre la primera y la segunda visita a la panadería transcurrieron casi dos años.
La panadería, que al principio abastecía parcialmente los espacios comunitarios, con un equipamiento precario donado por vecinos (recuerdo una penosa batidora doméstica con un solo mezclador funcionando), pudo más tarde fortalecer su equipamiento con un horno, bandejas de leudado, batidora industrial, utensilios diversos de repostería, un método de organización de pedidos, la estandarización de recetas, la formación en seguridad alimentaria y alimentación saludable, la compra de uniformes de trabajo y la implementación de medidas de seguridad, como la contratación de una alarma para evitar robos y la colocación de matafuegos, entre otras. De este modo, sumó trabajadoras, casi todas mujeres, y fue incrementando la producción hasta abastecer a toda la red comunitaria del territorio, además de organizar la comercialización al público general. Este ejemplo puntual se replicaba con sus especificidades en la recicladora, en la cooperativa de construcción, en la carpintería y en el lavadero de autos atendido por jóvenes varones, ubicado justo al lado de la panadería. El lector podrá imaginar cómo fueron fortalecidos los procesos de trabajo y cómo enriquecieron sus oficios los trabajadores involucrados.
Imagen 3. Hora Libre, Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Fotografía: Belén Grosso.
Imagen 4. Hora Libre, Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Fotografía: Belén Grosso.
2.3. San José10
“La fe transforma basural en pileta”. Leyenda de gran tamaño en una pared del Natatorio San José ubicado en el partido bonaerense de La Matanza. El natatorio fue construido por iniciativa de la Parroquia San José, a cargo del Padre Tano. Es una de las 1651 obras enmarcadas en la gestión de la Secretaría de Integración Sociourbana (SISU).
La pileta es semiolímpica y tiene otra más chica, al lado. Acaba de concluir su horario el Centro de Jubilados San Cayetano, vemos personas mayores subiendo a un colectivo. Adentro aún están secándose dos mujeres. En una grilla aparecen, con distribución de días y horarios, varias decenas de organizaciones comunitarias que utilizan el natatorio que ya tenía 4000 socios. El lugar es luminoso, de construcción sólida, tiene equipamiento colorido. El sonido de los equipos de las piletas combinado con los reflejos de luces y el movimiento rítmico de las extensísimas superficies de agua rodeadas por murales y leyendas distribuidas en las cuatro paredes de gran altura, producen una atmósfera de paz esencial.
Hay salvavidas colgados en las paredes y también un guardavida. Estas palabras quieren decir más en el lugar donde está emplazado el natatorio: un barrio de La Matanza donde la vida se desarrollaba entre un basural y circuitos descontrolados y peligrosos de la droga.
“Una imagen común que teníamos todos era Av. Crovara, la estación Villegas, las vías del tren. De hecho le decían el tren del paco. Cruzabas la vía y tenías la hilera de jóvenes en consumo. Pasabas por los pasillos de los barrios y estaban los chicos de 8 años ya con la pipa de pasta base, una imagen terrible.” “Logramos este manantial de justicia social: la pileta. Hecha como Dios manda. Financiada por la SISU”, así nombra al natatorio Lalo, un laico que trabaja vida completa en esta comunidad. En un mural está retratado el Papa Francisco sonriendo, tiene una paloma sobre sus manos y la leyenda “Fe y Justicia Social”. “Una iglesia pobre y para los pobres”.
Hay varias inscripciones más, dispuestas de forma tal que es posible detenerse a mirarlas: “San José, por las Casas de Puerta de Hierro y San Petersburgo”; “San José, por las Escrituras de 17 de marzo y 17 de marzo bis”. Estas dos nombran asentamientos y barrios populares creados tras la erradicación violenta de villas miseria de la Ciudad y el empobrecimiento generalizado del país. Puerta de Hierro y San Petersburgo surgieron como núcleos habitacionales transitorios durante la dictadura de Onganía. Según la propaganda oficial, su objetivo era reeducar a la población de las villas. Por su estrechez y precariedad, estaba previsto que en un plazo no mayor a dos años estuvieran construidas viviendas para las familias expulsadas de la ciudad. Sin embargo ese espacio transitorio fue eterno: las generaciones mayores se fueron sin paz: ‘sin un lugar donde caerse muertas’, como dice el refrán popular. La respuesta vino desde abajo, desde el impulso vital: los barrios del 17 de marzo nacieron de tomas colectivas de tierra en 1986, una experiencia de enorme riqueza que tuvo el respaldo de comunidades eclesiales de base. Desde entonces siguen luchando por la titularidad de las tierras.11
Con las comunidades de los barrios populares mencionados, conocidas como Ciudad Evita popular, fueron creados desde la llegada del Padre Tano, a comienzos de 2017:
• 6 jardines de infantes.
• 2 escuelas primarias.
• 2 secundarios.
• Una primaria y una secundaria para adultos.
• Una escuela primaria especial de niños.
• Una escuela para adultos con problemas de salud mental.
• Un centro de formación profesional (peluquería, manicuría, electricidad, gastronomía, herramientas digitales, entre otros).
• Un terciario con profesorados en educación inicial, educación primaria, educación especial, enfermería y educación física.
• El Instituto Papa Francisco de la Universidad Latinoamericana de las Periferias (orientación en comunicación, economía ambiental y economía social).
• 2 casas para personas adultas con problemas de salud mental.
• 6 granjas de recuperación para jóvenes que sufren adicciones.
• 10 comedores que brindan alimento a 18.000 personas por día.
• Un polo de trabajo conformado por panificadora, casa de comidas, casa de pastas y un frigorífico.
• Una radio comunitaria.
• 8 casas de la niñez para apoyo escolar, talleres y comunidad.
• 7 casas de la juventud y otras 7 de abuelas y abuelos.
• La Casa Social: un espacio donde lograron reunir oficinas estatales dispersas e inaccesibles (consultorios médicos y odontológicos, vacunatorio).
• 9 sedes del Club Deportivo San José.
• Una escuela de Música con 3 Orquestas.
• 8 capillas.
Lalo habla bajo, dice mil palabras por minuto, parece haber repetido todo lo que me cuenta mil veces. Reitera algunas frases como un estribillo: “cuatro barrios, una familia”; “colegio, capilla, club, las tres C”; “acompañar cuerpo a cuerpo”. Finalmente agrega, como buscando suspenso: “y esta última para tatuarse y hacer un hashtag: recibir la vida como viene y no como pretendo que venga”. Lalo es un predicador, de los consecuentes.
No quise ahorrar al lector la enumeración porque, al escucharla yo misma, en más de un testimonio, pensé que tenía que tratarse de una exageración burda: no podía ser posible semejante caudal de realizaciones. Sin embargo, tras recorridos y entrevistas, perdí cualquier duda sobre la realidad fáctica de los espacios. Lo más destacable fue identificar lo contagiosa que puede ser la adrenalina de la transformación de un estado de cosas. En estas realizaciones se despliega, además, como un acordeón, una historia ya larga de movimientos históricos de nuestro país organizados en torno a las consignas por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.
El RENABAP produjo este mismo temblor: “llegamos a ser trece mil relevadores, vecinos y militantes de la UTEP, encuestando los barrios populares de todo el país, de punta a punta, en tiempo récord; nadie creyó que podríamos hacerlo”, cuenta Fernanda García Monticelli. Otro libro, titulado La experiencia del Registro Nacional de Barrios Populares, resume esta acción múltiple, condición de posibilidad para crear una secretaría, ocuparla desde abajo y realizar miles de obras. Ignacio Rico, entonces referente de la juventud del Movimiento Evita, fue uno de los responsables del operativo. Sostiene que fue la creación de la UTEP la que permitió que las luchas artesanales, casi insularizadas, pudieran adquirir fuerza exponencial y escala nacional.
Imagen 5. Natatorio San José, Puerta de Hierro, La Matanza. Fotografía: Medio de Comunidad La Voz de San José.
Imagen 6. Natatorio San José, Puerta de Hierro, La Matanza. Fotografía: Medio de Comunidad La Voz de San José.
2.4. Viaje ENOCEP12
Romina está sentada sobre una montaña frente a un lago entrecortado por una lomada verde y en el horizonte la cordillera gris casi no se distingue del cielo nublado. Es su foto de perfil, tomada durante un viaje. Salió desde la sede nacional del sindicato en el barrio de Constitución y llegó a San Martín de los Andes, en Neuquén.
En 2014 se crea la primera sede de la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular (ENOCEP), dedicada a la formación de referentes y trabajadores de las distintas ramas de actividad de la UTEP. La ENOCEP logró abrir cinco sedes13. Están emplazadas en geografías muy hermosas del país con montañas, lagos, ríos, bosque, selva o cataratas. Paisajes inalcanzables para los trabajadores de la economía popular. Algunas conectadas con comunidades originarias y en terrenos recuperados tras procesos de mucha pelea social; construcciones nuevas o reconstrucciones de edificaciones en ruinas a través del trabajo de cuadrillas y casi todas próximas a países limítrofes (Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay). La historia de cada sede parece una declaración poética: el derecho a ver paisajes y vivir una experiencia inmensificante (Bachelard, 2000), a estudiar la propia historia como parte de la historia del país, en proximidad con “la patria grande”.
¿Qué es la economía popular, por qué tuvieron que organizarse y crear un sindicato? ¿Qué derechos y obligaciones tienen sus trabajadores, cuáles son las ramas de actividad, cómo se gestiona una cooperativa? ¿Cuál es la historia reciente del trabajo en nuestro país? ¿Qué significa la informalidad, la precarización y el desempleo? Un conjunto de contenidos dictados por docentes de organizaciones y de universidades con instancias de elaboración colectiva en talleres.
Por las sedes de este proyecto que inició en 2014 pasaron 5000 trabajadores de la economía popular que regresaron a sus pueblos y barrios con un diploma que es mucho más que un papel y las resonancias de la contemplación de la inmensidad. El dispositivo pedagógico establece que la formación concluye con una actividad en el lugar de trabajo de cada diplomado, al regreso, en el que transmiten en sus términos lo aprehendido. Por eso Romina, cuando hablamos por videollamada, estaba estudiando, rodeada de papeles y de los Cuadernos –Nuestra realidad, Nuestra Organización, Nuestros objetivos, Nuestra Lucha –que Juan Grabois y Emilio Pérsico escribieron durante el mismo año de creación de la Escuela, en 2014.
“Éramos 20. Había trabajadores de todas las ramas y de diferentes distritos. Me tocó un grupo re especial. No te sentís solo hay más como vos”. “Ahora estoy leyendo libros porque lo tengo que transmitir a todos mis compañeros, por eso estoy estudiando”.
Rosa Gruñeiro organiza los viajes: arma los grupos, confecciona instructivos con fotos, mapas, consejos para el equipaje, algunas normas de convivencia y conversa con cada trabajador/referente elegido (en general por sus compañeros) para viajar a realizar la Diplomatura. “Te dicen: para qué voy a ir si no terminé la primaria. No voy a entender nada”. “No es un impedimento, podés viajar, es animarlos. Insistir”. “En ciertos momentos de la vida se hace muy difícil volver a creer”. Rosa es trabajadora social: “Yo amo la ENOCEP. Es algo mágico”. Me comparte generosamente sus anotaciones, folletos, ejercitaciones, recrea momentos y anécdotas, me da acceso a mil fotos, pequeños videos. Tengo la oportunidad de ver los chalecos de cartoneros, textiles, cocineras, albañiles, campesinos, los logos de la UTEP lanzando bolas de nieve y posando delante de la Garganta del Diablo. “Ver un paisaje así, nosotros decimos que en un momento se abre algo en el pecho”. “También nos pasa que hay gente que nos ve ahí y nos dice algo feo. Pero que se acostumbren a vernos! ¿Siempre tienen problemas con nosotros? Si estamos en una protesta en la 9 de julio también. Donde estemos. Siempre tenés que ser el negro de alguien. Nosotros no somos el problema.”
De hecho un momento importante de la formación está dedicado a “cómo responder a los ataques”. Se organizan pequeñas teatralizaciones. “La idea es poder explicar sin ponerse mal ni nerviosos, con mucho respeto, qué es la economía popular y cuál es el trabajo que cada uno realiza”, agrega Rosa. Y en general tratar de explicar en todas partes qué significa la remera de la rama a la que pertenecen: “al carnicero, al verdulero del barrio, a todo el mundo que esté dispuesto a escuchar”.
A las 20 hs inicio el zoom con Romina, cuando arriba a su pieza del conurbano, anexada a la casa de su mamá. Vive en Los Cachorros en el Partido de Pilar a los costados de muchos countries en los que ella no trabajó nunca pero su madre sí, hasta hoy. “La quiero sacar de eso, que no viva más maltratos”. Además espera pronto conseguir un lote para construir su casa propia. Vive con sus hijos de 5 y 7 años que le preguntan varias veces con quién habla mientras charlamos por videollamada.
Romina tiene 33 y estuvo presa entre los 18 y los 28. Fue mamá en la cárcel y salió cuando estaba embarazada de su segundo hijo. Por un tiempo tuvo la pulsera electrónica. Cumplió todo el tiempo de condena. Dice que era rebelde porque le daban comida en mal estado y ella no lo toleraba ya que tenía que alimentar a su hija. Los primeros en ayudarla fueron los pastores: “me orientaron un montón porque era terrible, o sea no quería a la policía porque me llegaba mercadería podrida y como yo estaba con mi chiquita se las tiraba por la cabeza. Por eso me fui cumplida porque me sacaban malos informes. Por pedir algo justo. Nos trataban como perros”. “Los pastores me ayudaron a controlar mis emociones: si sos débil ahí la pasas mal. Ellos me ayudaron en cosas como volver a reír”. Luego integrantes de la Rama de Liberados del MTE comenzaron a visitarla en la cárcel y al salir la ayudaron con bolsas de alimentos, pudo aprender el oficio de pastelera para después ingresar en la panadería de la organización. “Yo hice un clic, me merezco una vida mejor igual que mis hijos”.
“Como a mí me cuesta hablar mis compañeros me eligieron para que termine de integrarme a la sociedad. Yo tengo el secundario completo pero estoy bloqueada por todo lo que pasé. Tengo que aceitar mi cabeza otra vez. Fui a San Martín de los Andes. Nada… un sueño, viste cuando decís ¿es real? Fuimos en combi nos quedamos en una cabaña, compartimos habitación con las mujeres. Cocinamos todo nosotros, limpiábamos juntos, una onda gran hermano así (se ríe). Relindo porque compartíamos ideas con compañeros de otros distritos y aprendimos muchas cosas. Íbamos a la facultad todos los días, arrancábamos a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Después conocimos un par de lugares que nos llevaba la combi de la ENOCEP. Los profesores una masa como explicaban. Aprendí sobre por qué pasan las cosas en el país, la historia y por qué nos tocó a nosotros vivir así. La parte que más me sirvió es entender por qué el sistema nos quiere incapaces y cómo en realidad nosotros estamos para mucho más”.
“Mucha gente tanto de la calle como de la cárcel ve mi cambio y quiere sumarse”.
Romina además de trabajar en Dulces y Antojos integra la Rama de Liberadxs. “Primero dolía una banda volver a la cárcel, medio la mariconeaba cuando iba a ver a mi hermano que está preso. Después te vas construyendo”. Ahora visita regularmente, organizada en el MTE, a otras presas para ayudarlas como hicieron con ella.
Romina me dijo también “yo siempre digo que de la cárcel se sale maldito por toda la oscuridad vivida en el encierro”. En el proceso de formación gremial tiene lugar una reinterpretación de la historia de vida propia, a la luz de la historia de vida de otro puñado de habitantes de distintas ciudades y barriadas que participan de la diplomatura para reconocer entre todos la historia de un país minado por la injusticia social.
Le pregunto por la foto de su WhatsApp: “vida pura (se sonríe y respira profundo), volver a la vida”.
Imagen 7. Visita a las Cataratas del Iguazú. Formación de la Diplomatura realizada en la sede Puerto Libertad. Fuente: Archivo UTEP.
2.5. Elección sindical14
El 29 de noviembre de 2023, con Javier Milei ya elegido pero aún sin haber asumido la presidencia, se realizaron las primeras Elecciones Generales de la UTEP. Los centros de votación se organizaron en espacios comunitarios y unidades productivas de la economía popular. Fueron 500 mesas distribuidas por todo el país. La Junta Nacional Electoral supervisó la elección. Se conformaron 24 delegaciones para llevar a cabo el escrutinio en cada una de las provincias. Luego se presentó formalmente el acta de escrutinio final y la documentación respaldatoria en el MTEySS.
El día de la elección estuve en uno de los lugares de votación: una planta de reciclaje en San Justo. Conversé con muchos votantes; los vi fotografiarse mientras depositaban el voto en la urna y también los vi emocionarse.
Batará, así se presenta. Tiene 35 años. Trabaja en la Rama de Construcción de la UTEP y se dispone a charlar conmigo después de votar: “Venimos de las changas, de golpear las manos en las casas para hacer bajaditas de cordón. Con la economía popular fuimos logrando una mejora y una proyección. Tengo una hija que, por trabajar en una obra, pudo acceder a una obra social. Faltan muchos derechos, pero fue un salto cualitativo en nuestras vidas. Tener un sindicato hoy, estamos muy contentos. Vinimos temprano y nos pusimos a disposición. Podemos ser uno de los sindicatos más grandes de la Argentina. Todos vinieron a votar y se fueron a las unidades productivas”. Le pregunto cuáles fueron las últimas obras que hicieron con la cooperativa: “Nosotros hicimos una reubicación de familias que estaban en lugares inundables; terminamos el polideportivo de Virrey del Pino. Estamos haciendo otro en Villa Celina. También conexiones de agua, cloacas, electricidad, veredas y núcleos húmedos en Barrio del Bajo de Aldo Bonzi. También conexiones de agua en González Catán y Virrey del Pino. Nosotros decimos que la nuestra es una lucha de doble entrada de derechos: para quien trabaja y para quien habita los territorios. Nosotros conquistamos derechos y mejoramos las condiciones de vida en forma organizada en los territorios. Hacemos las cosas que las empresas no hacen”. “Este día se lo dedico a mi hija y es en honor a mi mamá, que me crió sola, estuvo en todos los cortes de la Ruta 3. Mi mamá fue piquetera. Me emociono, perdón. Venga un nazi o quien venga, nosotros no vamos a retroceder: somos muy conscientes de lo que hacemos”.
Aquel día votaron 265.350 afiliados en todo el país. El siguiente mensaje llegó a los celulares de los afiliados al sindicato el mismo 29 de noviembre de 2023:
“Con una participación histórica de más del 60% de las y los afiliados, avanzamos en la consolidación de nuestra herramienta gremial para la organización, la lucha y la defensa de todas y todos los trabajadores de la economía popular en la Argentina. Felicitaciones y sigamos luchando por una patria sin esclavos ni excluidos, con tierra, techo y trabajo para todo nuestro pueblo”.
Imagen 8. Lugar de votación de la UTEP en un centro de reciclado de La Matanza, Buenos Aires. Fuente: registro de campo.
3. La productividad comunitaria
Los fragmentos empíricos previos condensan múltiples significados: son historias y espacios de trabajo elegidos para compartir una experiencia vivida. Las cinco escenas permiten ver, con distintas intensidades y combinaciones, los procesos mediante los cuales esas experiencias se vuelven legibles y políticamente reconocibles como trabajo. Ninguna resolución administrativa ni texto legal alcanza a transmitir cómo la economía popular organizada –y el andamiaje institucional que la acompañó– se plasma en la realidad: en los cuerpos, en los semblantes, en la reconfiguración de lazos sociales en el territorio y en el orgullo de quien trabaja cuando ve su labor hecha obra barrial. En esas experiencias, recursos muy escasos producen resultados significativos y generan formas de sostén de la vida que ni el mercado ni el Estado garantizan. Por supuesto, la economía popular no siempre logra esta suerte de “multiplicación de panes”.
La selección de escenas “virtuosas” fue una decisión de investigación, pero no porque remitan a experiencias excepcionales. Son construcciones metódicas, arraigadas, creativas frente a la escasez, que logran articulaciones entre actores y ensamblan mundos y saberes. No son, sin embargo, “de excepción”: no se explican por circunstancias únicas o irrealizables en otros barrios o actividades. Sus significados sustantivos tonalizan, con distintas intensidades, el conjunto de la economía popular organizada.
Este círculo virtuoso de lo comunitario sucede muchas más veces de lo que permite registrar un lente que reduce esa trama a “planeros y vagos”. La propagación de estas clasificaciones fue volviendo ilegible esa realidad y provocó una irremediable dilapidación de experiencia.
La UTEP, como surge de uno de los testimonios, creó un espacio común que tiene una materialidad: una sede nacional, un estatuto, autoridades, una organización por ramas de actividad. Pero también significó la creación de un espacio de inteligibilidad: una oportunidad para nombrar de otro modo la propia realidad y hacerla narrable, en primer término, para un nosotros.
Las escenas reconstruidas permiten reponer algo de lo que se produce cotidianamente cuando nos adentramos en esa trama: valores materiales, expresados en bienes, obras y productos concretos; valores socio-reproductivos, ligados al cuidado, la enseñanza, la recreación y la producción de mundos culturales; valores de subjetivación, vinculados a la adquisición de destrezas, la autoestima y la estima social; y valores relacionales, asociados a la cooperación, la confianza, la pertenencia y el sentido de comunidad. Permiten advertir también la devolución de una idea de futuro, por ejemplo a los jóvenes que pudieron apartarse de la hilera de consumo de paco para gestionar el lavadero de autos o la panadería de Ituzaingó, o para integrarse a las Casas de Juventud de la comunidad de San José. Esa potencia no remite solo a resultados, sino también a modos de hacer y de convivir.
Sennett (2012) problematiza la cooperación y las formas de estar juntos, y advierte sobre sus zonas grises: la solidaridad fingida, la connivencia que descarga consecuencias negativas sobre otros. Cómo vivimos cotidianamente juntos es un problema de primer orden. Precisamente porque nace de la insuficiencia de los recursos propios, la cooperación involucra un proceso espinoso, lleno de ambigüedades y dificultades. Sennett propone comprenderla como una habilidad y una actividad práctica: “requiere la capacidad de comprenderse mutuamente y de responder a las necesidades de los demás con el fin de actuar en conjunto” (Sennett, 2012, pp. 37-38). Una buena cooperación puede desarrollar la capacidad de gestionar conflictos y ayudar a los grupos a comprender las consecuencias de sus acciones. La conversación, la escucha, la mirada y la aplicación práctica de esa sensibilidad al trabajo son tareas cotidianas con profundas implicancias éticas. Allí se configura una cadena de cooperación entre integrantes visibles y cercanos, con resultados también constatables; allí se va gestando una conciencia material de las metamorfosis –ínfimas pero determinantes– que produce la cooperación comunitaria.
En las escenas recreadas, la cooperación no es solo una actividad práctica orientada a un objetivo común. El relato de Lili en Hora Libre –cuando dice que las profes jóvenes asisten a los encuentros de mujeres y ella, en cambio, organiza encuentros con Jesús– resulta esclarecedor de una oportunidad latente en experiencias de trabajo comunitario: crear una conversación dialógica, en el sentido que Sennett retoma de Bajtín, es decir, una conversación que no necesariamente se resuelve en el hallazgo de un fundamento común, pero que permite a los interlocutores tomar mayor conciencia de sus propios puntos de vista y aumentar su comprensión mutua (Sennett, 2012, pp. 37-38). Esa ampliación de la comprensión aparece cuando Lili sostiene: “te casabas para toda la vida, una aguantaba todo…”. Otra idea fuerza que organiza la forma de estar juntos en las comunidades de San José –“recibir la vida como viene”–, reiterada por distintas personas, funciona como frase guía del accionar y deja ver otro elemento del tejido comunitario. También en el viaje de la ENOCEP se pone en juego una convivencia hecha de escucha: la comprensión de aquello que los asemeja –la historia del desempleo masivo impactando en sus vidas familiares– a partir de sus diferencias de actividad y lugar de residencia.
Construir cotidianamente una cooperación comunitaria –en terrenos minados por la violencia y las carencias– es indefectiblemente una acción en el borde del abismo. A la vez, en un tiempo en que la centralidad del debate sobre el mundo del trabajo gira en torno a la digitalización, la soledad hipervigilada, el retraimiento y la virtualidad, la economía popular aparece como un amarre a un destino común: un mundo de cuerpos presentes y de lazos recreándose cara a cara. En este plano, no solo está en juego el sostén de la vida, sino también una experiencia de trabajo capaz de producir reconocimiento, dignidad y, en ocasiones, formas parciales y situadas de bienestar.
Simone Weil, una pensadora que trabajó en fábricas para conocer desde dentro la experiencia obrera, formuló este ideal: “una organización del trabajo resuelta de manera que logre cada tarde en las fábricas a la vez el mayor número posible de productos bien hechos y de trabajadores felices”.15 Para Weil era difícil que producción y felicidad coincidieran; sin embargo, su corta vida estuvo dedicada a pensar ese vínculo y a fundamentar la búsqueda de una aproximación a ese objetivo.
Resulta contraintuitivo hablar de felicidad en muchos espacios de trabajo de la economía popular. En un extremo se encuentra el basural de San Pedro, pero el conjunto de estas experiencias está acechado por la penuria y la escasez, por los efectos de la pobreza estructural e intergeneracional, circunstancias insoslayables que estallan a la vista de cualquier observador. Sin embargo, es habitual que las jornadas de trabajo se acompañen con risas fuertes y bromas de complicidad. También que en los testimonios aparezcan palabras asociadas a la felicidad: “por fin llegó un tiempo feliz a mi vida”, decía Amanda. Esa experiencia de bienestar puede surgir de una forma de estar juntos, pero también de “hacer bien” el trabajo y sentir reconocimiento por ello. María Castillo hablaba de “la excelencia cartonera”, por ejemplo. Tener una vestimenta de trabajo, llevar un nombre inscripto –Recuperador–, crear una rutina, una organización cotidiana. “Me encanta venir a trabajar”. Romina evocando el viaje a la ENOCEP: “vida pura, volver a la vida”.
La decisión de construir un sindicato de la economía popular tropezó desde el inicio con un gran obstáculo: reconstruir una identidad trabajadora, reconocer que las actividades de subsistencia y de reproducción son trabajo, rechazar el etiquetamiento como vagos o planeros. En esa disputa se juega una misma operación material y simbólica: hacer legible como trabajo aquello que durante décadas fue clasificado como resto, asistencia o vagancia. Vuelve entonces el ruego en el basural de San Pedro: ¿cómo es posible que semejante caudal de actividad, en condiciones de máxima adversidad, sea nombrado –a la distancia– como vagancia?
Como lo expresa el Colectivo Rosa Bonheur (Delfini y Colectivo Rosa Bonheur, 2019), mucho de este problema se origina en la universalidad del “trabajador asalariado” como figura de la normalidad obrera: quedaron negados “los espacios de la economía doméstica y urbana de subsistencia, el trabajo reproductivo y la autoproducción”. La Campaña Internacional de Salario para el Trabajo Doméstico abrió una brecha decisiva al politizar la reproducción de la vida; en palabras de Louise Toupin, “exigir un salario significaba, ante todo, descubrirse como trabajador”. En esa misma dirección, el Salario Social Complementario ocupó un lugar central como signo de reconocimiento: para muchas trabajadoras, entre ellas las de Hora Libre y Amanecer de los Cartoneros, funcionó como una prueba irrefutable de que “esto es un trabajo”. La ENOCEP y los Cuadernos, a su vez, operaron como dispositivos de reparación frente a la agresión subjetiva del estigma: “aprendí por qué nos tocó a nosotros vivir así, estamos para más”; “no somos planeros, nosotros trabajamos”. Formar un sindicato, querer pertenecer a la CGT, contar con vestimentas, credenciales, registros de trabajadores, inscripciones en las banderas y el acto mismo de votar forman parte de esa misma operación de reconocimiento.
Las escenas reconstruidas permiten mostrar las realidades y las formas de organización económica de la economía popular, los fundamentos de una nueva aritmética y lo que hacen concretamente sus trabajadores con leyes, resoluciones, programas y financiamientos. Permiten mostrar, también, cómo se transforman las historias personales, cómo se abren nuevas perspectivas, cómo se desarrollan habilidades laborales individuales y colectivas, y qué tipo de productividad produce la cooperación comunitaria. Los casos elegidos nos acercan a una centralidad popular que se despliega tanto en los espacios económicos creados en los trayectos de recuperación de residuos como en los territorios empobrecidos y en los espacios sindicales que reunieron fragmentos para que, como decía un referente citado más arriba, luchas relegadas, casi insularizadas, adquirieran una fuerza exponencial. También permiten captar el sentido de la doble entrada de derechos que enuncia el obrero de la construcción –la del barrio y la del trabajo– el día en que votó en su sindicato, por primera vez en su vida como trabajador, dedicando ese acto a la memoria de su madre piquetera. Tres décadas de lucha ya visibles en la superficie, si acaso el lector autoriza a establecer una fecha simbólica de nacimiento para esta historia: Cutral Có, 1996.
4. La interrupción de una institucionalización incipiente
El 10 de diciembre de 2023 asumió la presidencia Javier Milei, otro exponente de las nuevas derechas que llevan más de una década creciendo en términos electorales y que ya alcanzaron la presidencia en distintos países del mundo. Su llegada al gobierno abrió en la Argentina un avance gubernamental particularmente intenso contra las mediaciones institucionales, políticas y simbólicas que habían permitido construir reconocimiento, organización y protección para la economía popular.
Durante la campaña instaló el grito “Viva la libertad, carajo”. Manifestó que la justicia social es una idea “siniestra, injusta y aberrante”; que “la redistribución de la riqueza se basa en el resentimiento y en la envidia”; y que el Estado es nuestro verdadero enemigo. En distintas oportunidades encendió una motosierra para graficar el ajuste que proponía llevar adelante. El gesto se convirtió en una suerte de ritual: Milei levanta en alto la motosierra y sus seguidores gritan “motosierra, motosierra”. Al cumplirse un año de gobierno anunció: “ahora se viene la motosierra profunda”. En estos dos años, esos discursos fueron acompañados por la fulminante eliminación de dependencias, programas y fondos de financiamiento, así como por reformas legislativas regresivas que derogaron derechos consagrados de los trabajadores asalariados y también las incipientes conquistas de los trabajadores de la economía popular.
Sus políticas tienen puntos de conexión con las representaciones de “vagos y planeros” largamente aludidas en este trabajo. Se trata de representaciones preexistentes a este gobierno, que circulan en espacios políticos y sindicales heterogéneos y que, además, arraigaron en distintos sectores de la sociedad argentina. En ese sentido, la política libertaria no irrumpe sobre un vacío: radicaliza, condensa y vuelve programa de gobierno una serie de clasificaciones sociales ya disponibles.
Pero además de las múltiples capas de enfrentamiento y desacuerdo interno, resulta fundamental referir al debate internacional abierto por la reestructuración del capitalismo desde la crisis de la década de 1970. Vale la pena dejar planteada una de las tesis de Michel Feher en Productores y parásitos acerca de cómo se fue construyendo y agitando la figura del contribuyente exasperado junto con la de una nueva clase “improductiva”. Sostiene el autor francés que allí nace “el pueblo neoliberal” (Feher, 2024, p. 109).
En una dirección convergente, Quinn Slobodian estudia los idearios del libertarismo tecnológico. Conviene recortar una idea que identifica ya en el libro de Davidson y Rees-Mogg de 1997, El individuo soberano: la nueva elite global tendería a considerar al Estado nación como una forma disgénica y a entender que sus compatriotas son, en realidad, “sus parásitos y depredadores principales”, “contaminados por la idea de que se les debe una parte de los ingresos que a otros tanto les ha costado ganar” (Slobodian, 2023, p. 262-3). Sin forzar equivalencias lineales, esta constelación ideológica ilumina un rasgo decisivo del mileísmo: la manera en que la redistribución, la solidaridad social y los derechos pasan a ser presentados como formas de saqueo.
En la Argentina, esa política libertaria encontró un terreno fértil no solo en la circulación extendida de esas representaciones estigmatizantes, sino también en la fragilidad relativa de los avances conquistados por el universo UTEP. Esos avances fueron menos la expresión de un acuerdo programático sustantivo entre fuerzas políticas que el resultado inestable de luchas, concesiones y necesidades de gobernabilidad. A ello se suma un desacuerdo persistente –incluso dentro del campo peronista y del sindicalismo tradicional– acerca de qué debe ser reconocido como trabajo: las actividades de la economía popular suelen ser toleradas como emergencia social, pero no asumidas plenamente como trabajo. En ese marco, el gobierno libertario no se limitó a impugnar políticas públicas específicas: buscó revertir las condiciones materiales, institucionales y simbólicas que habían permitido volver visible, nombrable y parcialmente reconocible esa condición.
Federico Sturzenegger, figura emblemática del neoliberalismo en la Argentina y actual ministro de Milei, expresó con crudeza el objetivo de mayor alcance desde el cual debe leerse esta política: hay que empobrecer a los grupos de interés, drenarlos de recursos16. La formulación es especialmente elocuente porque no alude solo a una reducción del gasto ni a una reorganización administrativa del Estado, sino a una estrategia de debilitamiento deliberado de las capacidades de acción, organización y conflicto de aquellos sectores que, en los años previos, habían logrado construir una fuerza colectiva visible, organizada y con capacidad de presión.
Esa orientación se tradujo rápidamente en una secuencia de decisiones precisas: la suspensión de la entrega de alimentos y de las transferencias para comedores; la disolución del Potenciar Trabajo y su fragmentación en otros programas –el PAS y el VAT17–; el congelamiento del ingreso en $78.000, ya desligado de la referencia al salario mínimo; y la eliminación de las partidas presupuestarias destinadas al fortalecimiento de las unidades de gestión. En conjunto, estas decisiones supusieron la desnaturalización del fundamento restitutivo del salario social complementario como política orientada a compensar ingresos laborales sistemáticamente subremunerados y a sostener formas de organización comunitaria del trabajo.
A ello se sumaron otras disposiciones regresivas: la eliminación del subsidio estatal al Monotributo Social, que garantizaba costo cero para trabajadores del Potenciar Trabajo y otros programas dirigidos a población vulnerable; la reducción y reformulación del programa Remediar, que afectó la provisión de medicamentos en centros de salud; y, en la Ciudad de Buenos Aires, la quita del transporte sin costo para miles de recuperadores urbanos que se trasladan diariamente desde el conurbano.
También se produjo un desfinanciamiento casi total de las políticas de integración socio-urbana de los barrios populares. En este trabajo aludimos al natatorio de Puerta de Hierro y, a través de Batará como sufragante, a polideportivos y conexiones de servicios; pero se trató de miles de obras en todo el país. Desde la asunción de Milei se paralizaron las obras en ejecución, se eliminaron los fondos destinados a continuarlas, se desfinanció el FISU y se degradó la estructura estatal encargada de la integración socio-urbana, con despidos de trabajadores vinculados con esa política, tanto en la administración central como en el territorio.
Al momento de cierre de este trabajo, la economía de los sectores más empobrecidos se aproxima a un nuevo umbral de vulnerabilidad, que parece devolver la discusión a un punto cero, anterior incluso al ciclo abierto por Cutral Có. Ese umbral no se expresa solo en decisiones ya ejecutadas, sino también en iniciativas legislativas orientadas a debilitar protecciones territoriales previamente conquistadas. El proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, impulsado por Federico Sturzenegger desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, reabrió la ofensiva sobre los marcos de protección de los barrios populares. La movilización social y la disputa parlamentaria contribuyeron a preservar, al menos en ese trámite, los alcances vigentes de la Ley 27.453 sobre los barrios relevados en el RENABAP; sin embargo, la orientación general de la iniciativa mantuvo una impronta regresiva, dirigida a restringir las expropiaciones estatales y acelerar procesos de desalojo. A ello se sumó el cierre del Programa Volver al Trabajo, sucesor del Potenciar Trabajo: tras una primera judicialización, la revocación de la cautelar que sostenía el pago mensual de $78.000 habilitó su discontinuidad para más de 900.000 titulares. Se trataba de un ingreso ya desvinculado del Salario Mínimo Vital y Móvil y devaluado hasta volverse irrisorio; aun así, su eliminación supone la caída de casi un millón de ingresos mínimos en los territorios populares. En conjunto, estas medidas profundizan la erosión de un tejido económico barrial que sostiene consumos elementales, actividades comunitarias y circuitos de subsistencia en los territorios más empobrecidos.
La relectura de las cinco escenas reconstruidas a lo largo de este trabajo permite dimensionar el alcance concreto de esta interrupción. La discontinuidad de programas, el desfinanciamiento de políticas y el debilitamiento de mediaciones institucionales no recaen sobre dispositivos abstractos, sino sobre las condiciones de vida, de trabajo y de reproducción social de millones de personas.
Volver sobre estas escenas permite entonces discutir algo más que una política pública desfinanciada. Lo que se interrumpe es una trama de reconocimiento, organización y productividad comunitaria: una producción de mundo que había empezado a desplazar la frontera entre asistencia y trabajo. Frente a la eficacia política de la injuria –“planeros”, “vagos”–, la pregunta que recorre este artículo permanece abierta como una disputa del presente: qué formas de vida, de valor y de institucionalidad se vuelven impensables cuando una sociedad deja de escuchar la frase elemental de quienes sostienen esos mundos: “pero si yo trabajo”.
Recibido el 22 de diciembre de 2025. Aceptado el 2 de febrero de 2026.
* Paula Abal Medina es investigadora del CONICET y docente del EIDAES-UNSAM. Es Magíster en Ciencias Sociales del Trabajo (UBA) y Doctora en Ciencias Sociales del Programa de Posgrados (UNGS-IDES). Sus áreas de especialización son la relación capital-trabajo, el sindicalismo, los dispositivos de control empresarios, las resistencias laborales y los modos de politización de organizaciones de trabajadores, temas sobre los que ha publicado diversos artículos y libros, como Ser sólo un número más: Trabajadores jóvenes, grandes empresas, activismos sindicales en la Argentina actual (Biblos, 2014).
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1. Según INDEC, entre el segundo semestre de 2016 y el segundo semestre de 2019 la pobreza en personas pasó de 30,3% a 35,5%, mientras que la indigencia pasó de 6,1% a 8,0% (INDEC, 2017a, 2020a). En relación con el mercado de trabajo, la comparación entre los cuartos trimestres de 2016 y 2019 muestra que, sobre el total de ocupados, los asalariados pasaron de 75,4% a 72,4%, mientras que los no asalariados pasaron de 24,6% a 27,6%; a la vez, el peso estimado de asalariados con descuento jubilatorio sobre el total de ocupados descendió de 50,1% a 46,8% (INDEC, 2017b, 2020b). Para una reconstrucción de más largo plazo, que contemple la discontinuidad de las estadísticas oficiales de pobreza hasta 2016, pueden consultarse también las series del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA: entre 2015 y 2019, la pobreza urbana en personas pasó de 30,0% a 40,8% y la indigencia de 4,5% a 8,9% (ODSA-UCA, 2020).
2. Referencia metodológica: Esta escena se apoya en trabajo de campo realizado entre 2018 y 2020 en espacios de trabajo y organización de recuperadores urbanos en CABA, Lomas de Zamora y San Pedro. Incluye visitas a plantas de reciclado, espacios de trabajo cartonero y al basural a cielo abierto de San Pedro; observación de jornadas de trabajo, conversaciones in situ, entrevistas a trabajadores/as y referentes del MTE, participación en talleres sectoriales y registros audiovisuales producidos en el marco del cortometraje Un gigante de cartón (2020). La reconstrucción se inscribe, además, en un seguimiento más amplio de reuniones, actos, movilizaciones y conversaciones con referentes del sector desde 2015.
3. Un gigante de cartón (Céspedes y Abal Medina, 2020).
4. Para reconstruir la cotidianeidad de la actividad cartonera a comienzos de siglo, puede consultarse el libro de Débora Gorbán (2014).
5. Sobre la formulación estatal del enfoque de gestión integral e inclusiva de residuos (GIIRSU) y el programa Argentina Recicla –incluyendo el rol de la Dirección Nacional de Economía Popular durante la gestión en la que se desempeñó María Inés Castillo–, ver Guía para la Implementación de la Gestión Integral e Inclusiva de Residuos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Desarrollo Social, 2023). Para una discusión específica sobre financiamiento del “reciclado inclusivo”, condiciones de trabajo y “trabajo decente”, ver Cappa y otros (2023). Para profundizar sobre la historia del MTE, ver Liaudat, Tóffoli y Fontana (2023).
6. Sobre los proyectos impulsados/presentados por Natalia Zaracho, ver: “Presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo” (Proyecto de ley, Expte. 1413-D-2025, 07/04/2025) y “Ampliación del sistema de seguridad social mediante el ‘salario básico universal’ (SBU)” (Proyecto de ley, Expte. 2083-D-2022, 04/05/2022). Ambos disponibles en el sitio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
7. Referencia metodológica: Esta escena se apoya en trabajo de campo realizado en Hora Libre, Ituzaingó, en dos etapas: 2019–2020 y 2022. Incluye visitas a distintas sedes y a unidades productivo-comunitarias vinculadas al espacio –panadería, recicladora y lavadero de autos–, observación de actividades, conversaciones in situ, registros de cuaderno de campo y entrevistas en profundidad a educadoras y trabajadoras. También se utilizaron registros audiovisuales producidos para el cortometraje documental Hora Libre (2022). Cuando corresponde, se resguardan identidades y detalles sensibles.
8. La UTEP garantizaba la atención médica a través de la Mutual Senderos y de convenios entre esta y algunas obras sociales.
9. Para una reconstrucción de las experiencias de educación popular con trabajadoras/es de la economía popular en Ituzaingó, véase Aceituno y otros (2019).
10. Referencia metodológica: Esta escena se apoya en una salida de campo de jornada completa realizada en febrero de 2025 en La Matanza; aquí se reconstruyen únicamente escenas de Puerta de Hierro, en San Justo. La preparación incluyó entrevistas a referentes vinculados con el RENABAP y la integración socio-urbana, y se complementó con conversaciones realizadas durante la visita, participación previa en plenarios y asambleas del MTE, entrevistas a militantes, trabajadores/as y referentes, y documentos de diagnóstico, gestión y rendición de cuentas producidos por la SISU.
11. Sobre las expulsiones de las villas miseria y la política de erradicación, ver Bellardi y De Paula (1986). Para Puerta de Hierro y San Petersburgo como núcleos habitacionales transitorios y su genealogía político-urbana, ver García (2015) y Gomes (2018). Sobre las tomas de tierras de 1986 y el papel de las comunidades eclesiales de base en los barrios del 17 de marzo, ver Merklen (1991).
12. Referencia metodológica: Esta escena se apoya en entrevistas realizadas durante el primer semestre de 2024 a responsables de la UTEP y de la ENOCEP, docentes, coordinadoras de viajes, fundadores/as de sedes y trabajadoras que realizaron la diplomatura. La reconstrucción se complementó con la sistematización de fotos, videos y materiales pedagógicos producidos en el marco de la experiencia formativa.
13. San Martín de los Andes (Neuquén), Isla Silvia (Tigre), Tilcara (Jujuy), Puerto Libertad (Misiones), Refugio Libertad (Córdoba).
14. Referencia metodológica: Esta escena se basa en observación directa realizada el 29 de noviembre de 2023 en un espacio de votación de la UTEP que funcionó en una planta de reciclado del MTE en San Justo. Durante la jornada se realizaron entrevistas breves a sufragantes. La reconstrucción se nutre también de instancias previas de participación y trabajo vinculadas con la conformación de la UTEP, el diseño del régimen de asociaciones de trabajadores/as de la economía popular y la elaboración del sistema de empadronamiento.
15. Esta formulación es parte de una charla dictada a un grupo de obreros y versa centralmente sobre “la racionalización”. Cuestiona, en especial, la forma taylorista de organización del trabajo; pero la crítica llega hasta el régimen soviético, porque incurre en el mismo olvido: la felicidad durante el proceso de trabajo.
16. Conferencia virtual para la Universidad de Harvard, dictada en febrero de 2024.
17. El Programa de Acompañamiento Social (PAS) y el Programa Volver al Trabajo (VAT).