Los “muchachos economistas”. Ideas y trayectorias de los principales referentes de la economía en el primer peronismo

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Marcelo Rougier y Juan Odisio1

Introducción

Hasta hace pocos años deslumbraba la escasez de análisis económicos sobre el peronismo “clásico”, dada su significación para el conjunto de los argentinos. Pero ese vacío comenzó a cubrirse con estudios específicos, con nuevas revisiones de las políticas económicas, industriales y agrarias, con el análisis de instituciones gubernamentales o corporaciones (empresariales, sindicales y otras) y también de la propia burocracia y de los instrumentos ligados a las decisiones económicas.2 No obstante, en el plano de las ideas, de los fundamentos subyacentes en las definiciones de política económica, los avances han sido mucho menos alentadores, si no magros. Tampoco se han estudiado en profundidad a aquellos referentes que asumieron las tareas de conducir los designios económicos de la nación o estuvieron encargados de diseñar las propuestas e instrumentos, o incluso a aquellos que asumieron la tarea de fundamentarlas y darles legitimidad frente a la sociedad.3

Esa intersección, entre las ideas y los comisionados de llevarlas a la práctica, es el punto de partida de nuestra indagación (cuyo propósito ulterior es identificar una “concepción económica peronista”, si la hubiere; y, si no, trazar las posiciones en pugna por definir esa concepción dentro del movimiento). Ello supone considerar, en primer lugar, la circulación de ideas del momento (ajustándonos en mayor medida al orden cronológico) y sus vínculos con las que tenían difusión en otras latitudes, en otras experiencias nacionales y regionales, con el fin de precisar los consensos y también las ideas disruptivas o propias (ajustadas a las necesidades específicas de la dinámica social y económica local). En segundo lugar, rastrear la formación y experiencia de los principales referentes económicos (como Miguel Miranda, Alfredo Gómez Morales o Ramón Cereijo, por ejemplo) y su incorporación a distintas esferas de la administración entre 1944 y 1952 (esto es, cómo fueron haciendo carrera dentro de los cambiantes órganos burocráticos de decisión económica).4 En tercer lugar, nuestro proyecto mayor pretende confrontar esas ideas y trayectorias con las alternativas de la macroeconomía y de los problemas estructurales que se presentaron, particularmente a partir de 1949 y hasta 1952, con el propósito de identificar los cambios y ajustes de las decisiones de política económica (y eventualmente la apropiación de nuevas ideas y discursos para su instrumentación y legitimación), aunque, por razones de espacio, este aspecto no se desplegará con detalle en este artículo.5

Antecedentes: ideas y referentes del “protoperonismo económico”

Hacia 1944, el peronismo no existía, y aun es difícil afirmar que algo como tal tuviera presencia a mediados de 1946, cuando Juan Perón ganó las elecciones sobre la base de una coalición de partidos. No obstante, muchos de los hombres que se incorporaron al nuevo gobierno venían de ocupar cargos y lugares de expectación en el gobierno militar asumido en junio de 1943. En el área económica ello fue evidente, y muchas medidas e instrumentos que se aplicaron durante el gobierno peronista tuvieron origen en esos años. Las ideas nacionalistas eran una de las fuentes principales de los militares que realizaron el golpe de Estado en 1943. En el plano económico, el nacionalismo se traducía en “nacionalismo económico” y en “dirigismo”, expresiones que remitían a la intervención estatal destinada a paliar los efectos negativos del libre juego de la oferta y la demanda, tal como lo proponía en términos generales el liberalismo. Estas ideas habían cobrado fuerza luego de la crisis económica de 1930 a nivel internacional y se habían difundido en el país a través de diferentes intelectuales y usinas de pensamiento (Rougier y Odisio, 2023). De ese modo, las ideas intervencionistas, que hacían de la protección industrial un elemento central para garantizar el crecimiento frente a un mercado internacional complejo, se acoplaron a un difuso keynesianismo como encuadre teórico principal, muchas veces reconocido posteriormente (Arana, 2021). Más difícil resultaba asociar a esa teoría las críticas a la presencia del capital extranjero y a la relación comercial subordinada con las metrópolis, eje que blandían desde diferentes agrupaciones (incluidos los militares) el conjunto de los nacionalistas.

Probablemente, las ideas de Mihail Manoilescu –difundidas y criticadas localmente por Adolfo Dorfman y el italiano Mario Pugliese–, las provenientes del grupo de ingenieros economistas franceses (X-crise) o las de economistas españoles que proponían la intervención del Estado y la planificación económica tuviesen mayor circulación entre los grupos locales. Entre los que se sumaron al gobierno militar destaca el denominado “grupo Bunge”, nucleado en torno a la Revista de Economía Argentina (REA) y a su mentor, Alejandro Bunge (fallecido tan solo unos días antes del golpe). Los bungistas, de importante influencia en los primeros años del gobierno peronista y en alianza con la UIA, compartían la idea de las dificultades existentes en el comercio internacional para continuar con un modelo basado en la agroexportación si el sistema comercial internacional no se restauraba. Señalaban las posibilidades de avanzar en la sustitución de importaciones de alimentos, textiles y metales, es decir, en aquellos productos más simples; en otros rubros, como papel, caucho o en algún sector de maquinaria también, estimaban que podía reducirse la dependencia del exterior. No obstante, el grupo rechazaba las posiciones más autárquicas que esbozaban algunos militares y empresarios. La apuesta por la industrialización serviría para hacer menos vulnerable la economía argentina frente a los ciclos externos, pero no debía cerrarla.

Cuando se produjo el golpe de junio, el grupo se acercó al gobierno e incorporó a algunos hombres con perfil técnico (como José Figuerola o el coronel Mariano Abarca) al equipo editorial de la REA, al tiempo que antiguos miembros se encumbraron en cargos de relevancia en la administración (Campione, 2003). La idea de promover el sector industrial o garantizar su subsistencia luego de la guerra implicaba un dilema de financiamiento. El problema se remitía a fines de los años treinta y en particular al contexto de la guerra; el Plan Pinedo primero y luego una serie de proyectos e incluso leyes estuvieron centrados en la insuficiencia de crédito para los proyectos de inversión del sector manufacturero en esos años. Esos distintos intentos, que combinaban la acción del BCRA con la banca privada, terminaron por colisionar con las posiciones más nacionalistas e industrialistas que se fueron consolidando a partir del golpe militar de 1943. La idea cobró forma, finalmente, con la creación del Banco de Crédito Industrial Argentino (BCIA) en abril de 1944, una entidad oficial específica que otorgaría préstamos a largo y mediano plazo a las empresas industriales para financiar sus inversiones. En su directorio, junto con militares e industriales, fue incorporado Emilio Llorens, del grupo Bunge (como representante del Ministerio de Agricultura) (Rougier, 2001). En junio de 1944, el gobierno organizó la Secretaría de Industria y Comercio con el propósito de atender los problemas que, se suponía, recordando la experiencia de la anterior guerra, iba a enfrentar el sector a la salida del conflicto bélico mundial. Desde esa dependencia se impulsó el primer régimen de promoción de industrias consideradas de “interés nacional”, aquellas que producían para el mercado interno y que utilizaban materias primas nacionales, o que eran “estratégicas” para la defensa militar. Pocos meses después, la preocupación sobre el derrotero económico de posguerra condujo a la creación del Consejo Nacional de Posguerra (CNP) bajo la égida del coronel Juan Perón. El organismo tenía a su cargo amplias facultades, una relación estrecha con distintos órganos y dependencias de gobierno y vínculos con representantes de los empresarios y los trabajadores. A su cargo quedaba la dirección de los estudios sobre el “ordenamiento económico y social” y las propuestas para sostener el crecimiento económico en un más largo plazo (para lo que se estimaba serían tiempos sombríos), en línea con las ideas que sobre planificación circulaban desde tiempo atrás (Berrotarán, 2004).

José Figuerola tuvo una participación destacada en el nuevo organismo como secretario técnico (había conocido a Perón en el Departamento Nacional de Trabajo). En el CNP se expresarían varias ideas vinculadas a la planificación, el papel de la industria y la infraestructura, la inflación, etcétera, que se entroncaban con los argumentos contenidos en las teorías del subconsumo presentes en el discurso de los bungistas. En las nuevas circunstancias, esas ideas brindarían a Perón un adecuado argumento político para sostener su proyecto (le permitía a la vez ser crítico respecto al curso de la economía capitalista y, por lo tanto, diferenciarse de ese sistema). Así lo reseñaba Perón desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión en noviembre de 1944:

Cuando ya no sea posible exportar, si consumimos solo el 50%, ¿cuál será la situación de nuestra industria, de nuestra producción? Habrá una paralización del 50% y veremos a un millón de argentinos desocupados que no tendrán en qué trabajar ni con qué vivir. No habrá otro remedio que aumentar el consumo. Y el consumo, en una circunstancia tan extraordinaria como la que se nos va a presentar, solamente podrá aumentarse elevando los sueldos y salarios para que cada uno pueda consumir mucho más de lo que consume actualmente y permitiendo que cada industrial, cada fabricante, cada comerciante pueda a su vez producir lo mismo que hoy sin verse obligado a parar las máquinas y a despedir a los obreros (cit. en Berrotarán y Villarruel, 1995: 359).

Sobre la base de esta concepción, el nuevo gobierno peronista se abocaría, a partir de 1946, a incrementar los salarios y el consumo como objetivo principal, con nuevos instrumentos, pero en su mayor parte con la redefinición de los creados previamente. Según el propio Alfredo Gómez Morales, uno de los grandes referentes económicos del peronismo, el gobierno, en 1946, no hizo más que mantener los organismos de intervención existentes o creados durante el gobierno militar: “Todo el aparato dirigista el peronismo lo encontró organizado; en vez de cubrir exclusivamente el interés de sectores de producción, buscó atender el interés general y, sobre todo, el sector de consumo” (1972).

Los “economistas” del primer peronismo (entre zares autodidactas y técnicos doctores)

Varios de los discípulos de Bunge que habían ingresado al gobierno tras el golpe de 1943 continuaron en funciones gubernamentales durante el peronismo y otros se sumaron al nuevo proyecto. Ellos ejercieron una influencia destacada, particularmente, en las definiciones de la política industrial en los años inmediatos a la posguerra (Campione, 2003; Belini, 2009), aunque en este plano también fueron críticos de muchas medidas que se fueron perfilando impulsadas por otros sectores (como los militares) o funcionarios, por ejemplo, en lo que atañe al desarrollo de la industria de base o al avance del Estado empresario (particularmente industrial). En rigor, muchos de los bungistas que acompañaban al gobierno desconfiaban de la intervención amplia del Estado, como era su tradición, y solo acordaban en la propiedad estatal de las empresas de transporte y energía. Se trataba del tradicional pensamiento “armonista” que el peronismo recogía sin ambages y que tenía raíces en el krausismo manifestado en décadas anteriores. Este grupo tuvo además presencia clara en los lineamientos de planificación. De hecho, el CNP fue convertido en la Secretaría Técnica de la Presidencia, bajo la dirección de José Figuerola, dependencia que junto con otros organismos públicos delineó el Plan Quinquenal para el período 1947-1951, también pensado para continuar la senda de crecimiento y aislar las consecuencias negativas derivadas de la finalización de la guerra. El plan incluyó varias medidas que ya se estaban implementando en distintas áreas y contenía una serie de objetivos tan ambiciosos como vagos relacionados con la transformación de la estructura económica y social (la mejora en el nivel de vida de la población y un plan de obras de infraestructura en salud, educación y vivienda) y la “independencia económica” (rescate de la deuda externa y nacionalización de los servicios públicos), por ejemplo.

También hombres provenientes del grupo FORJA y otros nacionalistas ocuparon cargos destacados en esos primeros años. Arturo Jauretche en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el historiador económico (y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas) Diego Molinari en el Senado, etc. En una conferencia dictada en la ciudad de La Plata, Raúl Scalabrini Ortiz reconocía que el peronismo se construía más en oposición al liberalismo que en función de sus propuestas originales:

No debemos olvidar en ningún momento –cualesquiera sean las diferencias de apreciación– que las opciones que nos ofrece la vida política argentina son limitadas. No se trata de optar entre el general Perón y el arcángel San Miguel. Se trata de optar entre el general Perón y Federico Pinedo. Todo lo que socava a Perón fortifica a Pinedo, en cuanto él simboliza un régimen político y económico de oprobio y un modo de pensar ajeno y opuesto al pensamiento vivo del país (cit. en Galasso, 2008: 387).

No obstante estas presencias, fundamentales a la hora de dar forma a las ideas económicas del peronismo y en la instrumentación y diseños concretos de políticas públicas, las primeras y más grandes definiciones quedaron en manos de los industriales y, en forma casi excluyente, de Miguel Miranda. Miranda había nacido en Buenos Aires en 1891. Desde niño había trabajado en un taller de hojalatería, luego había sido capataz, ayudante de contador y más tarde corredor. En 1925 abrió una pequeña fábrica de hojalatería que llegó a ocupar a 300 trabajadores en los primeros años treinta. Por ese entonces despuntó como dirigente empresario. Fue presidente de la sección de Cromo-Hojalatería Mecánica y miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial. Para 1943, poseía intereses en compañías pesqueras, de conserva y líneas aéreas, y era también secretario de la Sección Gremial de la Unión de Fabricantes de Conservas de Pescados y vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Dulces, Conservas y Afines. Al año siguiente, el gobierno militar lo designó director del BCIA en representación de la UIA y miembro del CNP. Allí estableció una relación cercana a Perón, mientras se diferenciaba de otros líderes industriales que cuestionaban la política salarial de la Secretaría de Trabajo y Previsión. En noviembre de 1945 asumió como presidente del Directorio del BCIA. Desde ese lugar criticó a los directivos del Banco Central (BCRA) por no impulsar la promoción económica mediante una mayor afluencia de crédito para las actividades manufactureras. Junto con Orlando Maroglio, un experimentado funcionario del Banco de la Nación Argentina y gerente general del BCIA, fue el encargado de llevar adelante la “reforma financiera” que impulsó el gobierno de Edelmiro Farrell en los primeros meses de 1946, una vez que Perón resultó electo presidente de la Nación. En marzo fue nacionalizado el BCRA con el objetivo de dirigir el sistema financiero hacia el apoyo de la industrialización y el logro de un alto grado de ocupación, y Miranda quedó al frente de la institución (Rougier, 2018). El decreto de nacionalización destacó que la política monetaria no podía confiarse a un organismo mixto como era el BCRA hasta ese momento, en cuya determinación podía influir el interés privado de los bancos que participaban del capital de la institución. Luego se nacionalizaron los depósitos y se creó un “Sistema del Banco Central” al cual se incorporaron los bancos oficiales existentes y los privados. De acuerdo con su óptica, estas medidas permitirían la movilización de los depósitos bancarios no utilizados para destinarlos al crecimiento económico. A la vez, como la liquidez bancaria perdía relación con el plazo al que se colocaba el total de los depósitos, desaparecían las razones para que el crédito se orientara al corto plazo. Con el régimen iniciado en 1946, el crédito podía orientarse al mediano y largo plazo, dado que los bancos no tenían depósitos a la vista en su pasivo, sino una deuda prácticamente sin término con el BCRA. Finalmente, dentro de la “reforma financiera” fue creado el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), también a instancias de Miranda, quien asumió su presidencia y se encargó de su justificación. Entre sus atribuciones fundamentales se encontraban el derecho de manejar las exportaciones e importaciones del país, tramitar convenios internacionales y asesorar al BCRA en la fijación del tipo de cambio.

El conjunto de disposiciones de la reforma financiera pretendía constituir el punto de apoyo del amplio programa de fomento económico trazado por el gobierno nacional. Las justificaciones teóricas de estas medidas nunca fueron arriesgadas de manera explícita. La experiencia previa de los funcionarios que quedaron a cargo del BCRA y el despliegue de la industrialización determinaron, al parecer de manera importante, esa normativa, sin antecedentes en el plano internacional.6 Ello explicaría también la gran improvisación existente a la hora de fundamentar las decisiones: el encargado de informar al Congreso sobre la acción del BCRA era John Cooke, un abogado a quien sus colegas de la bancada peronista lo llamaban “especialista” en materia económica.7 Cooke destacó las dificultades para hacer política de fomento con el anterior sistema y las potencialidades de la planificación para “evitar fluctuaciones”. Desde ese punto de vista, las medidas contempladas en la “reforma” constituían “un arma equilibradamente calculada para proteger la economía de los contragolpes de eventuales crisis”.8 No obstante, también se aprecian ciertas referencias al sistema de garantía del 100% desarrollado por economistas vinculados a la Escuela de Chicago con el propósito de evitar la inestabilidad del sistema bancario comercial y su secuela de crisis financieras, aunque, claro está, con un fin muy diferente.9

A partir de 1946, el máximo poder de decisión económica del gobierno quedó en manos de Miranda (al frente del Ministerio de Hacienda fue designado Antonio Cereijo).10 No solo era presidente del BCRA, sino también del Consejo Económico y Social, un cuerpo consultivo de la Secretaría Técnica que, como señalamos, definió los lineamientos del Primer Plan Quinquenal. A mediados de 1947, Miranda quedó al frente de un nuevo organismo ubicado por encima de los ministerios y secretarías vinculadas a los aspectos económicos y financieros, el Consejo Económico Nacional (CEN), mientras que Maroglio, su mano derecha, pasó a conducir el BCRA. Desde el CEN, Miranda continuó coordinando la política financiera y crediticia y las nacionalizaciones de los servicios públicos, y suscribió numerosos acuerdos comerciales con distintos países. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra la nacionalización de los ferrocarriles, que suponía también la resolución de otros problemas vinculados al intercambio comercial con Gran Bretaña, como los saldos de libras bloqueadas y precios de exportación de carnes (tratados conocidos como Miranda-Eady y Pacto de Andes).11 Por estas iniciativas, Perón lo nombraba “mago” o “zar” de las finanzas, y posteriormente lo reconoció como “un verdadero genio” (Perón, 1958).

Dado su gran protagonismo, Miranda acaparó numerosas críticas por las políticas económicas desplegadas, y también fue blanco de varias denuncias de corrupción, especialmente por algunas intervenciones del IAPI y en el manejo y otorgamiento de permisos de importación y usos de divisas a determinadas empresas. Un problema que fue adquiriendo cada vez más visibilidad fue la inflación. Se había desplegado una expansión deliberada de los medios de pago con el fin de mantener una fluidez monetaria acorde con el financiamiento del sector industrial y de las obras del gobierno. En un primer momento, el gobierno juzgó la inflación como un problema transitorio, derivado de la falta de bienes para cubrir la demanda (dados los efectos de la guerra y del bloqueo económico) (Berrotarán et al., 2006). En la óptica oficial, el creciente proceso inflacionario se solucionaría con la maduración de la política económica implementada. En agosto de 1947, Miguel Miranda lo señalaba así:

Lo que estamos haciendo frenéticamente en estos momentos es la primera fase; estamos construyendo e instalando bienes de capital que dan ocupación y trabajo, pero que todavía no producen bienes ni dan renta. Se crea, como es natural, una capacidad de compra en la población, que momentáneamente no puede satisfacerse porque siguen faltando bienes de consumo. Pero tan pronto nuestra industria empiece a producir, se originará una corriente de nuevos bienes de consumo en el mercado y desaparecerá la causa principal del alza actual de los precios (1947: 74).

El proceso se agravó al año siguiente, entre otras causas, por la presión del pleno empleo alcanzado, el que “excedía los límites técnicamente aceptables”. Frente a ello, las primeras medidas buscaron reducir el déficit fiscal, lo que se logró en parte mediante la reducción de gastos de capital, la disminución de los subsidios a las empresas del Estado y de las compras de bienes y servicios, aunque el empleo público continuó en aumento. Además, se aplicaron mayores restricciones a las importaciones. Existía consenso en torno a que “la primera etapa de la revolución económica ha sido ya cubierta [...] cabe proceder al reajuste” encareciendo el dinero y “dejando a salvo aquellas actividades productivas de reconocida importancia social a las que se puede fomentar mediante préstamos especiales” (Rivera, 1948: 450). En la perspectiva oficial, continuar con la política expansiva hubiese sido generar únicamente inflación; además, también aconsejaban la contracción de ese proceso las perspectivas desfavorables de la coyuntura internacional y las consecuencias que se derivaban de los causes bilaterales impuestos al desarrollo de nuestro comercio exterior (BCRA, 1952). En efecto, la situación se combinó con los problemas en el sector externo, con una fuerte caída de las reservas del BCRA. A fines de octubre de 1948, el Banco Central emitió la Circular 1040 con medidas tendientes a detener la inflación. La circular estableció, entre otras cosas, que los bancos debían suspender los préstamos de carácter especulativo y se disminuían los límites de redescuento, al tiempo que se aumentaba en un 1% los tipos mínimos de interés (Rougier, 2001). La primera de estas medidas estaba destinada a “combatir uno de los más importantes focos del proceso inflacionario”, y la segunda disminuía el circulante al quitar poder de compra a las masas consumidoras, y aliviaba la presión sobre la demanda de bienes de consumo.12

A fines de enero de 1949, frente a nuevas denuncias y una fuerte caída de las cotizaciones en la Bolsa de Valores, Miranda fue desplazado de sus cargos y reemplazado por Gómez Morales, hasta entonces subsecretario de Comercio.13 Los tiempos de préstamos generosos de Miranda habían pasado y era necesario tomar un nuevo camino con criterios de mayor racionalización, aunque Perón no dejaba de reconocer la labor clave del “zar de las finanzas” en el diseño de la política económica de los primeros años. Gómez Morales señaló tiempo después que el presidente quería

… rectificar una cantidad de cosas que había hecho Miranda, propias del período inicial de él, pero que resultaban difíciles de mantener en un período posterior, Perón creyó entender que estaba haciendo, implícitamente, una crítica a Miranda. Él me dijo: sí, ya sé que Miranda en algunas cosas chapuceaba bastante, pero, dígame, si yo lo hubiera llamado a usted en 1946 y le hubiera dicho que había que hacer esto, que había que nacionalizar el Banco Central, que había que nacionalizar los depósitos, etc., usted, funcionario de carrera, ¿qué hubiera contestado? Y manifesté: probablemente que no se podía hacer. ¡Ah! Eso me pasó con muchos, Miranda dijo que sí, que se podía hacer, y ese es el mérito de Miranda (cit. en Rougier, 2012).

Gómez Morales presentaba un perfil técnico más acorde para resolver los dilemas que se le presentaban a la economía argentina. De hecho, señaló que “Miranda se fue porque era un improvisado. Un ejecutivo metido a cosas que evidentemente requerían otra formalidad”.14 Había nacido en 1908 en el seno de una familia de inmigrantes españoles en el barrio porteño de Villa Crespo. Estudió en el Colegio Carlos Pellegrini y luego ingresó a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió de contador público nacional en 1932 (paralelamente realizó algunos cursos del Doctorado en Economía, pero no presentó su tesis). Poco después de terminar sus estudios ingresó a la recién creada Dirección General de Impuestos a los Réditos (DGIR), donde pasó por distintas dependencias, y luego, en Capital Federal, se desenvolvió como Inspector de Exportadores y de Empresas Financieras. En 1937 participó en la organización de la Superintendencia de Seguros. Dada su ya extensa experiencia, el gobierno militar lo convocó para distintas tareas en el Ministerio de Hacienda (organizó, por ejemplo, la Dirección de Abastecimientos). En 1944 fue designado gerente de la DGIR y mantuvo ese cargo hasta 1947, ya durante el primer gobierno peronista, cuando fue designado director de Capital Federal de la ahora nombrada Dirección General Impositiva. En 1946 fue presentado a Perón por Cereijo en una reunión con Miranda, en la que se discutía el rescate de títulos nacionales, para que hiciera una investigación sobre posibles negociados en la bolsa. Entre 1947 y 1948 se desempeñó como subsecretario de Comercio por influencia también de Diego Molinari (a quien consideraría después como un “ultranacionalista”, un “francotirador”). En enero de 1949, Gómez Morales fue designado presidente del BCRA y secretario –con rango de ministro– de la nueva Secretaría de Finanzas. A mediados de año, con motivo de la creación del Ministerio de Finanzas, Gómez Morales avanzó en la modificación del sistema financiero poniendo al BCRA bajo su coordinación, mientras el Consejo Económico Nacional (CEN), del cual era su presidente, elaboró un Plan de Acción en Materia Económica que proponía una devaluación para alentar la producción agropecuaria y políticas restrictivas en materia crediticia. Según Gómez Morales, se trataba de una corrección menor a diferencia de la que había propuesto Miranda al final de su gestión: “Había decidido hacer una gran devaluación, pero se le quemaron los papeles y debió irse […] una formidable devaluación que el equipo económico que asumió en ese momento, Cereijo, Roberto Ares, el ministro de Industria, Barro, y yo no aceptamos”.15

Gómez Morales agrupó las nuevas ideas y propuestas en su libro Política económica peronista (1951), donde procuraba adecuar los lineamientos más generales de la “filosofía peronista” condensados en las políticas llevadas a cabo hasta 1949 con las nuevas circunstancias. Para el principal conductor de la economía argentina, la aplicación de teorías desarrolladas en los grandes centros industriales había conducido a políticas contrarias a los intereses del país; en cambio, la teoría fundada en la “Doctrina Justicialista”, “profundamente cristiana y profundamente humanista”, se identificaba con el desarrollo económico argentino posterior a 1944, al que le correspondían dos etapas: “la expansión industrial y la recuperación del manejo de los resortes vitales de la economía”, y la etapa de la “estabilización económica y el crecimiento ordenado de las diversas actividades productivas del país”, dejando en claro que la expansión industrial tenía límites precisos y que las “repercusiones de carácter externo presionan a las puertas de nuestra economía”. Resultaba que, en la nueva etapa, la plena ocupación (que había promovido el impulso industrial en la posguerra) ya era un problema “definitivamente” superado, y pasado el período de “máxima industrialización” se debía avanzar hacia la “estabilización económica”, alentando la producción agropecuaria para resolver el problema de insuficiencia de divisas.

La leve mejora de las variables económicas en 1950 y la recuperación de las exportaciones inhibieron mayores medidas de ajuste que podían tornarse antipopulares. Pero el avance de la inflación, la pésima cosecha a fines de 1951 y la reaparición del déficit comercial revelaron la imposibilidad de seguir “manejando la crisis”. El ministro de Finanzas y sus colaboradores (agrupados en un autodenominado “Grupo Económico”) decidieron encarar un nuevo y más drástico plan de ajuste (para lo cual se adelantaron las elecciones que permitieron la reelección de Juan Perón). “Se le explicó a Perón –señaló Gómez Morales– que era absolutamente indispensable ordenar las cosas porque estábamos en un proceso inflacionario alimentado por un déficit muy grande de balanza de pagos y, por supuesto, indirectamente también del presupuesto”.16 El Plan de Emergencia Económica fue estructurado con el objetivo de resolver los dos factores de desequilibrio económico identificados: el aumento sostenido del consumo y el lento ritmo en el aumento de la producción. Para eso debían incrementarse los saldos exportables, reducir las importaciones a la medida de lo imprescindible y encarar una lucha más decidida contra la inflación (congelando los salarios y estimulando el ahorro).17

La consigna del momento pasó a ser el incremento de la productividad, la austeridad en el consumo y el fomento del ahorro.18 Esta concepción encontraba sustento en las teorías monetarias de la supercapitalización, cuyos modelos del ciclo económico ofrecían un marco de análisis más apropiado para explicar la crisis que las teorías del subconsumo, otrora preciadas por los funcionarios e ideólogos del peronismo económico (Rougier y Fiszbein, 2004). La introducción de esas teorías como hipótesis marco para la interpretación de la situación argentina fue realizada contemporáneamente por Pedro Bonanni (1953), un abogado y contador público nacional que había hecho carrera en la Caja Nacional de Ahorro Postal. A partir de 1948 había estado al frente de esa institución y como director del BCRA, y en 1952 pasó a ser ministro de Hacienda (en reemplazo de Cereijo), cuando el equipo que había hecho el plan fue casi totalmente desplazado.19 De acuerdo con las teorías de la supercapitalización, el ciclo económico se encontraba vinculado a las fluctuaciones generadas por el desequilibrio entre la producción de bienes de consumo y de bienes de capital en la fase ascendente. Se consideraba que la capitalización y la acumulación de bienes de capital, por encima de las posibilidades reales de financiación (dadas por el ahorro), eran un fenómeno típico del sistema capitalista, que devenía necesariamente en situaciones de crisis, explicadas por la insuficiencia de ahorro. Estas teorías monetarias asignaban una relevancia fundamental al papel del sistema bancario.20 Así, el movimiento ascendente se ligaba a una política crediticia expansiva: el dinero barato favorecía la inversión al inducir el aumento de la producción, la ocupación, el salario y el consumo. En la medida en que las nuevas inversiones no eran acompañadas por la formación de ahorro, el proceso de capitalización era endeble y tendía a revertirse: el dinero barato se transformaba en dinero inflacionario, los salarios no podían seguirles el paso a los precios, y entonces aparecían el aumento de la tasa de interés y la restricción del crédito como únicas salidas a la espiral inflacionaria. En esta perspectiva, el alza general de precios implicaba un ahorro compulsivo realizado por los consumidores, un ahorro forzado que financiaba la formación del capital durante el auge. La base teórica de esta interpretación se podía encontrar en Prices and Production, el influyente libro de 1931 escrito por Friedrich Hayek, y que había sido ampliamente difundido en el país tras la publicación de Haberler (1942).21

Aunque la crisis de 1949-1952 estuvo regulada por la dinámica del sector externo y la sobreinversión en bienes de capital no parecía ser un rasgo de la evolución económica durante el primer gobierno peronista, las tesis sobre la escasez de bienes de consumo y los efectos contraproducentes de la excesiva expansión monetaria sí parecían tener asidero para explicar la crisis, al menos en su manifestación interna. Esas tesis resultaron propicias para la nueva conducción económica peronista. En mayo de 1952, el gobierno dispuso la creación de un nuevo Ministerio Secretaría de Estado, denominado de Asuntos Económicos, encabezado por Gómez Morales, quien junto con Bonanni y Miguel Revestido, al frente de los ministerios de Hacienda y de Finanzas –respectivamente–, desecharon aquellas teorías del subconsumo que habían dado fundamento a los lineamientos económicos iniciales y llevaron adelante la política de ajuste y “racionalización”.22 Como está acreditado, el plan de estabilización fue exitoso y la economía inició una nueva senda de crecimiento hacia 1953, aunque, según Ares, Perón reconoció que “se le fue la mano” con el ajuste sobre el consumo popular.23 También la nueva concepción propiciaría argumentos fuertes para avanzar en lineamientos de más largo plazo que tuvieron concreción en los años siguientes hasta la caída del gobierno de Juan Perón en septiembre de 1955 (ley de inversiones extranjeras, fomento del ahorro, Plan de Acción para el Equilibrio Económico Nacional, llamamiento al Congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social, etc.) (Rougier, 2012).24

Reflexiones finales

Muchas de las ideas del peronismo en materia económica se identifican con el pensamiento nacionalista, intervencionista, industrialista o incluso con posiciones cercanas al catolicismo social y el armonismo. Si bien estas perspectivas fueron parte del sustrato de ideas que terminó de conformar la concepción filosófica-política de la que se jactaba Perón, su impacto sobre las definiciones de política económica debe reconsiderarse. Claro está que muchas de las medidas iniciales (fomento de la industria, nacionalizaciones, IAPI, Plan Quinquenal) surgieron o fueron justificadas en línea con esos postulados, aunque también primaron situaciones concretas de la dinámica social y económica local y los particulares condicionantes del comercio y la economía internacionales. Aun así, las definiciones encaradas a partir de 1949, primordialmente, no remiten a ese palimpsesto de ideas y concepciones económicas; más bien, las políticas económicas implementadas tuvieron tras de sí ideas monetarias que pueden rastrearse en el marginalismo y la escuela austríaca, aplicadas en el marco de un sostenido y difuso nacionalismo pretendidamente ubicado en una tercera posición frente al capitalismo y el socialismo colectivista.

Desde una perspectiva que indague en la legitimación y guía de acción teórica, las ideas provenientes de los desarrollos conceptuales del subconsumo se constituyeron en el trasfondo teórico de la política inicial del peronismo, encaminada a incentivar el consumo popular y a fomentar el mercado interno. Con el advenimiento de la crisis, el peronismo buscó continuar el desarrollo sobre un modelo de crecimiento diferente, que se anclaba en el incremento de la producción agropecuaria y el impulso de las industrias de base, esto es, en la profundización del modelo sustitutivo para evitar los estrangulamientos del sector externo. Este “cambio de rumbo” estuvo acompañado por un cambio en la concepción económica de la conducción peronista. La teoría monetaria de la supercapitalización constituyó a partir de ese momento el marco teórico más apropiado para un diseño de política que buscaba garantizar fuentes de recursos genuinas para la inversión. Esta es la razón por la que las medidas se orientaron a estimular y buscar la mejor manera de canalizar el ahorro interno (y luego el externo) e incrementar la productividad.

Esas ideas no fueron llevadas adelante por hombres vinculados al grupo Bunge, nacionalistas, militares industrialistas o católicos militantes que tuvieron mayor preponderancia y participación durante la gestión de Miranda (aunque este, cuando se precipitó la crisis, recurrió a medidas ortodoxas de ajuste), sino por un grupo de funcionarios de carrera, partícipe de las ideas nacionalistas en general, pero sobre todo con un claro perfil técnico, formado y cobijado en diversas dependencias de la administración pública que terminó por encumbrarse en el poder una vez que sobrevino la crisis del sector externo (y adquirió relevancia el fenómeno inflacionario), una vez que fue necesario “racionalizar” la economía peronista.

Bibliografía

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