CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO: Sterling Plazas, S. M. y Rosa, P. C. (2025). Conceptualizar y denominar el campo de la economía social: enfoques, debates y procesos con diversidad territorial. Otra Economía, 18(33), 5-25.
Sandra Sterling Plazas
ssterlingp@gmail.com
CEUR/CONICET
Buenos Aires, Argentina
ORCID: https://orcid.org/0009-0007-3335-0727
Paula Cecilia Rosa
paula_rosa00@yahoo.com.ar
CEUR/CONICET
Buenos Aires, Argentina
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7529-5232
Recibido: 29/03/2025 - Aceptado: 14/05/2025
Resumen: Este artículo pretende brindar un acercamiento a las principales corrientes y debates en torno a las denominaciones y conceptualizaciones del “campo” de la economía social atendiendo a las particularidades que adoptan territorios heterogéneos, como es el caso de los países centrales y los periféricos. Aborda, particularmente, el modo singular que asumen en relación con sus características estructurales y procesos sociales e históricos principales. Como guía para el análisis bibliográfico se plantea una hipótesis dual que sostiene que la estructura social, económica y política de cada territorio, es la que “habilita” el surgimiento de diversas formas y experiencias que constituyen el citado campo y que, a la vez, tal estructura “da forma” a las perspectivas analíticas y denominaciones que actúan sobre las políticas públicas, las prácticas sociales y los actores sociales, políticos y económicos que conforman el campo de la economía social.
Palabras claves: Conceptualización, Economía social, Países centrales y periféricos
Resumo: Este artigo pretende oferecer uma abordagem das principais correntes e debates em torno das denominações e conceitualizações do “campo” da economia social, considerando as particularidades assumidas por territórios heterogêneos, como é o caso dos países centrais e periféricos. Aborda, em particular, a forma singular que essas correntes assumem em relação às suas características estruturais e aos principais processos sociais e históricos. Como guia para a análise bibliográfica, propõe-se uma hipótese dual que sustenta que a estrutura social, econômica e política de cada território é o que “possibilita” o surgimento de diversas formas e experiências que constituem esse campo e que, ao mesmo tempo, essa estrutura “molda” as perspectivas analíticas e denominações que influenciam as políticas públicas, as práticas sociais e os atores sociais, políticos e econômicos que compõem o campo da economia social.
Palavras-chave: Conceituação, Economia social, Países centrais e periféricos
Abstract: This article aims to provide an approach to the main currents and debates surrounding the denominations and conceptualizations of the “field” of social economy, taking into account the particularities adopted by heterogeneous territories, such as central and peripheral countries. It specifically addresses the unique way in which these currents take shape in relation to their structural characteristics and main social and historical processes. As a guide for bibliographic analysis, a dual hypothesis is proposed, arguing that the social, economic, and political structure of each territory is what “enables” the emergence of various forms and experiences that constitute this field and that, at the same time, this structure “shapes” the analytical perspectives and denominations that influence public policies, social practices, and the social, political, and economic actors that make up the field of social economy.
Keywords: Conceptualization, Social economy, Central and peripheral countries
El campo de estudio de la economía social suele implicar múltiples lecturas, autores/as y definiciones enmarcadas en diversas perspectivas que implican abordajes políticos, económicos y sociales diferentes y que, a la vez, comparten principios o puntos de partida similares. Al ahondar sobre las lecturas se encuentra que además este campo posee diversas acepciones según su inscripción territorial. Se habla de economía social, solidaria, de la solidaridad, popular, social y solidaria, del trabajo, comunitaria, entre otras. Cada una de estas denominaciones posee características, objetivos particulares y actores representativos que la conforman. La discusión sobre su conceptualización, objetivos y actores ha dado lugar a un extenso debate en el ámbito académico, político y social, que alude a componentes “conceptuales, ideológicos y valorativos, e incluso de procedencia geográfica” (Hintze, 2010:17). Es decir, que se encuentran diferencias también dependiendo de los países o regiones.
En el eje del debate se encuentran aspectos vinculados con: i) conceptualizar y denominar de la mejor manera posible las experiencias y movimientos inspirados por valores solidarios y articulados alrededor del trabajo asociativo, ii) determinar el rol del Estado y las políticas estatales en la institucionalización de las diversas denominaciones y iii) delimitar los vínculos de dichas experiencias con el Estado, la sociedad civil y la economía (Coraggio, 2004a, 2004c, 2007a, 2013; Gaiger, 2007; Hintze, 2010; Hopp, 2021; Singer, 2007).
Aunque el debate es amplio y continúa vigente, múltiples investigaciones (Abramovich y Vázquez, 2007; Chaves Ávila, 1999; Chaves Ávila y Monzón, 2018; Defourny, 1992, 2003; García y Rofman, 2013; Hintze, 2010; Mutuberría Lanzarini, 2010; Rofman, 2010; Sabaté y Hintze, 2004; Vuotto, 2007) coinciden en reconocer que las primeras referencias aluden a la denominación “economía social” y datan de principios del siglo XIX, cuando en medio de un contexto general de emergencia y expansión del capitalismo en Europa, surge un movimiento que reivindica valores solidarios1 y cuestiona los principios de la economía clásica.
De esta manera, en el origen de la economía social subyace una intención de reformulación de la economía de mercado en la que se propone una visión sustantiva de la economía (Polanyi, 1992). Es decir, comprender los procesos económicos como una construcción socio-histórica de la sociedad en su conjunto en la que se observa una constante y dinámica imbricación entre lo económico, lo político y lo social (Coraggio, 2012; Polanyi, 2012). Esto implica aceptar que los actos económicos no suceden en el vacío, ni se afirman en supuestos universales y ahistóricos como el homo economicus, sino que, por el contrario, se enmarcan en la matriz política, social y cultural en la cual se producen (Polanyi, 1992; 2012). Estas premisas ponen en tensión la condición estática y de unicidad atribuible a la racionalidad económica (Godelier, 1974 en Landaburu y Presta, 2009), al cuestionar los postulados centrales de la economía de mercado: su operatividad de acuerdo con leyes inmutables independientemente del lugar donde se desarrollen (Brenner, Peck y Theodore, 2011) y la acción racional de los actores al momento de elegir entre los usos alternativos de medios supuestamente insuficientes –naturaleza, dinero, trabajo– (Polanyi, 2012)2.
Los cuestionamientos a las lógicas de la economía de mercado –racionalidad única del homo economicus y sentido utilitarista de las relaciones entre los diferentes actores de la economía– enriquecen y complejizan el concepto de modo de producción, al dotarlo de carácter histórico y político y admitir una pluralidad de formas de propiedad, de organización del trabajo y de apropiación y distribución del excedente centradas en las relaciones sociales que vinculan a los actores (individuos y colectivos) al proceso de producción, distribución y consumo de bienes y servicios (Coraggio, 2012; Gaiger, 2007; Singer, 2007).
Desde esta misma línea analítica, diversas investigaciones (Coraggio, 2004a, 2004c, 2007a; Hintze, 2010; Laville, 2004; Mutuberría Lazarini, 2010; Rosa, 2016; Sabaté y Hintze, 2004) argumentan que la comprensión y desarrollo de las denominaciones se inscriben en una particular matriz política, social y cultural en la cual se producen, generando que los procesos socio-históricos se identifiquen como marcas de su génesis y de sus particularidades. Así, las diversas denominaciones y los componentes que las constituyen (conceptos, objetivos, actores, entre otros) se encuentran “en construcción” tanto a nivel teórico, político y empírico, cuyo devenir debe observarse a la luz de contextos sociales particulares que conforman la estructura de cada sociedad en un momento y lugar determinado. De este modo, siguiendo a Long (1989), la estructura hace referencia al marco institucional (social, político, económico y cultural) y al conjunto de fuerzas que median en los repertorios de acción y estrategias de los diferentes actores que dan origen a una heterogeneidad de formas y experiencias constitutivas de las diversas denominaciones. Así, la estructura es el resultado del sistema de valores, intereses, matrices de conocimientos y dinámicas de poder de cada sociedad, en un momento determinado de su historia y es, simultáneamente, fuente de restricciones y oportunidades institucionales (Arce y Long, 1992; Long, 2007).
Desde este marco, este artículo pretende brindar un acercamiento a las principales corrientes y debates en torno a las denominaciones del campo de la economía social desde las particularidades que adoptan territorios heterogéneos como es el caso de los países centrales (focalizado en el caso europeo) y los periféricos3 (centrado en el caso latinoamericano) dando cuenta del modo singular que asume en relación a sus características y procesos sociales e históricos principales. Como punto de partida, y como hipótesis de trabajo dual, se plantea que cada contexto social, económico y político “habilita” el surgimiento de formas organizativas que nacen de acciones de luchas y resistencias propias de cada territorio en cuestión, a la vez que en este proceso se “da forma” a las conceptualizaciones, es decir, a las formas de denominación y a la configuración de objetivos, principios y metas que posee el propio campo en cada momento y lugar. Así, los diferentes enfoques se ven atravesados por las transformaciones en la estructura social según sus inscripciones territoriales.
Lo propuesto en este trabajo -que está basado en reflexiones realizadas en el marco de una tesis doctoral4 y un proyecto de Investigación PIP-CONICET5- retoma la expresión de “campo” para hacer referencia a un
área de integración […] entendida como una rama del conocimiento específico y de investigación que posee su propio objeto de estudio, su corpus teórico y una metodología de investigación particular, pero también es concebida como una realidad social y política compleja que está constituida por experiencias, prácticas y actores de diferente tipo (Estado, organizaciones, productores, cooperativas, entre otros) que cada día se manifiestan, cambian y se superponen en los diferentes territorios (Rosa, 2016:149-150)
De este modo, se sostiene que las perspectivas analíticas son resultados de procesos socio-históricos –más amplios y complejos– que actúan sobre las políticas estatales, las prácticas sociales y los actores sociales, políticos y económicos que conforman el campo de la economía social. Esta postura posibilita la reflexión sobre la imbricada relación entre lo político, lo social y económico, destacando el rol del Estado y las políticas estatales en la institucionalización de las diversas denominaciones y los actores que las constituyen. De este modo, las políticas estatales reflejan las visiones divergentes sobre los significados y alcances de las denominaciones y perspectivas adoptadas en cada región y momento histórico.
En este artículo se presentan las principales corrientes, enfoques y debates de los países centrales y los países periféricos a partir de la revisión de diferentes investigaciones, estudios y artículos académicos de autores/as de referencia en este campo, a fin de organizar la información disponible. Específicamente, se llevó a cabo un análisis bibliográfico que implicó la recopilación, selección, evaluación y organización del material con el objetivo de identificar contribuciones significativas que permitieran la comparación territorial. Previamente a la sistematización del material se realizó una primera etapa de selección de autores/as considerados como referentes en sus áreas temáticas, se consideraron tanto libros, como artículos en revistas y capítulos de libros para identificar sus enfoques, área de conocimiento, los empíricos analizados y las principales perspectivas conceptuales desarrolladas.
Por otra parte, la selección de la dicotomía centro-periferia se asocia con la hipótesis planteada, en tanto se utiliza para problematizar sobre las diferencias estructurales y los términos de intercambio entre ambos conjuntos de países, así como su impacto sobre la absorción de la fuerza de trabajo y la distribución del ingreso. De acuerdo con Bielschowsky (1998),
los procesos de crecimiento, empleo y distribución del ingreso en la periferia serían distintos de los que ocurren en los países centrales. Las diferencias deben hallarse en el hecho de que las economías periféricas poseen una estructura poco diversificada y tecnológicamente heterogénea, que contrasta con el cuadro observado en los países centrales (p. 26)
La focalización en los países europeos se sustenta en el origen de la denominación de economía social, la cual se inscribe en esta región (García y Rofman, 2013; Hintze, 2010; Mutuberría Lazarini, 2010). Y, además, en la influencia de la experiencia y práctica política traída por los inmigrantes europeos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX a Latinoamérica (García y Rofman, 2013).
Desde la “puesta en diálogo” de las perspectivas y análisis de diferentes referentes nacionales e internacionales se establecen un conjunto de enfoques de carácter analítico y conceptual en relación con el devenir de las diversas denominaciones y se avanza en un abordaje relacional que permita identificar puntos en común y diferenciales entre ambas regiones, a fin de generar una contribución en las discusiones más actuales y aportar en propuestas pedagógicas. En este sentido, el documento se organiza en cinco capítulos. El primero corresponde a esta introducción. En los tres siguientes se presenta: 1) la perspectiva de los países centrales, 2) de los países periféricos, y 3) un análisis relacional a través de una tabla comparativa de ambas perspectivas, construida a partir de cinco grandes dimensiones: contexto estructural, origen, conceptualización y enfoque, actores principales y orientación de las políticas estatales. Por último, se presentan las reflexiones finales en torno a la identificación de similitudes y diferencias.
A principios del siglo XXI, en los países centrales se observan tres perspectivas predominantes: los enfoques norteamericanos del Tercer Sector, que se inscriben en el marco de la economía neoclásica y la teoría de la elección racional, la tradición europea caracterizada por prestar atención a la articulación entre las dimensiones sociopolítica y socioeconómica a través de un enfoque dinámico e histórico (Chaves Ávila y Monzón, 2001; Laville, 2004) y el enfoque quebecense que comparte características con la tradición europea. Por cuestiones de espacio, y teniendo en cuenta la influencia en la perspectiva de los países periféricos, en este apartado se hace referencia al enfoque europeo.
En términos de estructura y su relación con la economía social, es posible destacar al menos dos grandes momentos que permiten explicar el devenir del campo de la economía social en Europa. El primero refiere al surgimiento de la economía social como un movimiento de respuesta-resistencia a los costos sociales y humanos generados por la revolución industrial e ignorados por la teoría económica clásica (Defourny, 1992). El segundo alude a un reverdecer de la economía social como consecuencia de nuevas cuestiones sociales derivadas del declive del Estado de Bienestar.
1.1 Surgimiento de la economía social
Autoras como Vuotto (2007), Hintze (2010) y Mutuberría Lazarini (2010) coinciden en afirmar que la economía social es un movimiento que surge en Europa en el siglo XIX, en medio de un contexto general de emergencia y expansión del capitalismo. En la misma línea, Defourny (1992) señala que la economía social emerge como “reacción” a los costos sociales y humanos generados por la revolución industrial e ignorados por la teoría económica clásica. Así, su surgimiento reviste un pensamiento crítico al capitalismo, por lo que en sus antecedentes conceptuales se observan exponentes del socialismo utópico como Henri de Saint-Simon, Robert Owen, Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon e influencias del asociacionismo obrero y de las escuelas liberal, solidarista, socialista y del cristianismo social (Defourny, 1992; García y Rofman, 2013; Hintze, 2010; Mutuberría Lazarini, 2010). Esta característica dota de pluralismo político cultural a la definición de la economía social (Defourny, 1992; 2003).
El concepto de economía social propiamente dicho se ubica al final del primer tercio del siglo XIX, cuando en 1830, Charles Dunoyer publica en París el Nuevo Tratado de Economía Social y, en esa misma década, se imparte un Curso de Economía Social en la Universidad de Lovaina (Defourny, 1992). Este trabajo se complementa con la publicación en 1833 del Nuevo Cristianismo de Saint Simon y el Tratado de Economía Social, ambos textos editados por los socialistas Pecqueuer, Vidal y Malon (García y Rofman, 2013).
Desde la década de 1830 y hasta finales del siglo XIX, la economía social fue concebida como “otra forma de hacer política económica” (Gueslin, 1987:3 en Defourny, 1992:82). En esta concepción concurrían dos grandes grupos: i) una porción de la población que desarrollaba diversas acciones de tipo colectivo a fin de resolver directa y voluntariamente los problemas generados por el capitalismo, y cuya organización deviene en la conformación de asociaciones, cooperativas y mutuales y ii) la de los académicos que conformaban la Escuela de Economía Social y que reflexionaban e intentaban comprender el conjunto organizacional creado por el grupo anterior –las asociaciones, mutuales y cooperativas- (Bastidas Delgado, 2004).
Con el tiempo, la economía social trasciende de un “movimiento de resistencia” que proponía un proyecto de sociedad alternativo al modelo económico hegemónico, sustentado en comunidades de vida y de producción enmarcado en las ideas de Owen y Fourier, a una especialización sectorial –cooperativas, sindicatos, mutuales– que se mantiene hasta el siglo XXI (Girard, 2001 en Bastidas Delgado, 2004). Esta circunstancia hace que el análisis de la economía social se centre en dos dimensiones: una terminológica, focalizada en las formas de denominación, y otra operativa o material, centrada en el plano organizacional estatutario de las cooperativas, mutuales y asociaciones (Chaves Ávila y Monzón, 2018; Defourny, 2014; Laville, 2004). En su carácter terminológico, la economía social se define como un espacio intermedio “entre la economía pública y la economía capitalista” (Chaves Ávila y Monzón, 2018); y en términos operativos, la economía social se comprende a partir de los compromisos estatutarios que establecen limitaciones a la apropiación privada de los resultados (Defourny, 2014; Laville, 2004). Ahora bien, el devenir de la economía social –tanto terminológica como operativamente– gira en torno a la estructura, nivel de desarrollo y funcionalidad en el sistema social y económico de cada país, observándose, en ambos casos, avances y conceptualizaciones múltiples y heterogéneas (Chaves Ávila y Monzón, 2018). En dicha heterogeneidad, la discusión por la ciudadanía y el fomento a la democracia emergen como ejes articuladores que guían el desarrollo de la economía social (Laville, 2004).
1.2 Nueva economía social: la perspectiva de la solidaridad
Hacia 1930 y después de la II Guerra Mundial, Europa experimenta transformaciones en su estructura: avanza el modelo fordista-keynesiano, se consolidan los sindicatos y se instala el Estado de Bienestar, cuyo principio básico es brindar seguridad ante los riesgos derivados de las circunstancias y condiciones laborales de las personas, a través de una sinergia colaborativa entre la iniciativa pública, privada y social (Esping Andersen, 1993). Así, se busca alcanzar una “sociedad de bienestar” sustentada en el logro de tres objetivos: “el pleno empleo, la seguridad económica (entendida como garantía de cierto nivel de condiciones de vida) y la reducción de las desigualdades” (Gómez Serrano y Buendía García, 2014:6).
Entre 1945 y 1975, sucede una etapa de consolidación del Estado de Bienestar, conocida como la Edad Dorada o los treinta gloriosos (Golden Age o trentes glorieuses). Durante este periodo, los países europeos destinan partidas presupuestarias diferenciadas en gastos sociales, y se observan mayores niveles de bienestar. En este contexto, la economía social ve disminuido su desarrollo, tanto a nivel teórico-terminológico como empírico (Forni y Dzembrowski, 2010; Mutuberría Lazarini, 2010). Posteriormente, al finalizar el periodo de los treinta gloriosos, se asiste a una transformación estructural de la sociedad europea: el modelo fordista-keynesiano experimenta una crisis que deviene en un declive del Estado de Bienestar. En este marco, la población atraviesa, simultáneamente, procesos de exclusión social (Tezanos, 2004), de desafiliación social y económica (Castel, 1997) y de fragilidad vincular (Paugman, 2012). De acuerdo con Monzón (2006), se trata de cuestiones sociales que no pueden resolverse satisfactoriamente a partir de la sinergia entre sector público, privado y sociedad civil que había caracterizado a la Edad Dorada.
En este escenario se presenta una “nueva economía social” que retoma los “viejos problemas” sociales y económicos derivados de la revolución industrial e instala las nuevas cuestiones sociales asociadas a las transformaciones del mundo del trabajo y del declive del Estado de Bienestar (Forni y Dzembrowski, 2010; Monzón, 2006; Mutuberría Lazarini, 2010). La “nueva economía social” incorpora la perspectiva de la solidaridad vinculada a la economía y a la democracia contemporánea (Forni y Dzembrowski, 2010; Defourny, 2014). Así, se cuestiona sobre las relaciones entre economía y democracia y se avanza en la caracterización de las nuevas relaciones entre sociedad civil y Estado (Laville, 1994; 2001).
De esta manera, la nueva economía social, también llamada economía solidaria, implica al menos dos cuestiones relevantes. Por un lado, supone un “reverdercer de la asociatividad”, en tanto las experiencias recuperan tradiciones asociativas “constitutivas de la clase obrera como tal, como espacio de recreación del trabajo como sustrato de producción de bienes, pero también de sociabilidades construidas desde valores alternativos al mero lucro capitalista” (Forni y Dzembrowski, 2010:337). Dicha asociatividad se afirma sobre principios solidarios y democráticos y detenta la característica de ser una fuente de producción del lazo social que implica “la elaboración de reglas que rigen las relaciones entre los miembros” (Laville 1997:70 en Forni y Dzembrowski, 2010) y la recuperación de los vínculos constitutivos del reconocimiento (Paugman, 2012). Por otro lado, en el resurgimiento de la economía social subyace la necesidad de unión de una diversidad de realidades, experiencias y actividades con objetivos comunes referidos a la financiación y capacidad de representación ante el Estado (Laville, 2004). Por ello, se asume una gestión de las cooperativas, mutuales o asociaciones basada en la hibridación de recursos6 que a la vez genera una pluralidad de lógicas económicas presentes en las asociaciones (lógica mercantil, lógica no-mercantil y lógica no-monetaria) (Laville, 2004).
Un autor representativo de la economía solidaria es Laville, quien utiliza el concepto para designar a las organizaciones de la “nueva economía social”. Tales organizaciones reciben diversas denominaciones: servicios de proximidad, cooperativas sociales, empresas sociales y de inserción, corporaciones de desarrollo económico comunitario, etc. (Bastidas Delgado y Richer, 2001). El enfoque de Laville está basado en la perspectiva de la economía sustantiva de Karl Polanyi7 y define la economía solidaria “como el conjunto de actividades que contribuyen a la democratización de la economía a partir de compromisos ciudadanos” (Laville, 2001:9). La dimensión solidaria de la nueva economía social se afirma sobre el desarrollo de acciones colectivas que, a través de los principios de reciprocidad y redistribución, buscan instaurarse como actores productivos que participan en la creación de riqueza (Laville, 2001).
La nueva economía social adquiere relevancia social, académica y política al instalarse como otra forma “de hacer economía, más social y humana” (Monzón, 1992:12). De acuerdo con Forni y Dzembrowski (2010), se observa un reconocimiento de la sociedad en su conjunto al constituir a la economía social como “realidad que nuclea a una diversidad de asociaciones que se agrupan para la realización de múltiples actividades de carácter económico, con fuerte contenido social” (2010:340). En este marco, se dan dos procesos paralelos, por un lado, en el campo académico surge la preocupación por conceptualizar la emergencia de dicha realidad y, desde el ámbito político, se busca “contener y acompañar este reverdecer” (2010:340).
La relevancia social, académica y política se expresa en diferentes avances institucionales, que resultan significativos en países como Francia y Bélgica, y que favorecen la consolidación de la noción contemporánea de economía social. Como ejemplo significativo se destaca el Comité Nacional de Coordinación de las Actividades Mutualistas, Cooperativas y Asociativas (CNLAMCA), creado en 1975 por los movimientos asociativos, mutualistas y cooperativos de Francia (Chaves Ávila y Monzón, 2012; Defourny, 1992). Por otro lado, como resultado de un amplio debate académico y de movimientos sociales iniciado en 1978, se conforma en Bélgica, en el año 1989, el Conselil Wallon de l’Economie Sociale –Consejo Valón de la Economía Social– (Chaves Ávila y Monzón, 2012; Defourny, 1992). A través del Consejo se incorpora una referencia a la tipología jurídica de las entidades que integran la economía social, incluyendo a cooperativas, mutuales y asociaciones y aquellas entidades basadas en los siguientes principios: i) brindar servicio a los socios y a la colectividad antes que privilegiar el fin de lucro, ii) gestión democrática, iii) distribución de los beneficios y excedentes de acuerdo a criterios que privilegian el trabajo sobre el capital y iv) autonomía de gestión respecto del sector público y del sector privado tradicional (Chaves Ávila y Monzón, 2012; Defourny, 1992). De esta manera, la noción contemporánea de economía social europea se comprende como un sector de actividades económicas autónomas basadas en los valores de la solidaridad y la democracia, que nuclea a cooperativas, mutuales y asociaciones, pudiendo formar parte algunas sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada de acuerdo con el principio de apropiación de los resultados (Defourny, 2003; 2014; Laville, 2004). Así, a través de las políticas estatales se promueve la creación de marcos legales específicos que orienten –y regulen- el accionar de las estructuras jurídicas de las organizaciones que conforman la economía social (asociaciones, cooperativas, mutuales) y sus compromisos estatutarios.
Para autores como Monzón (1992) y Coraggio (2004a), la noción contemporánea, devenida de la “nueva economía social”, se instala como una propuesta de “transición que va decantando y acumulando alternativas, a través de experiencias innovadoras de acción colectiva” (Coraggio, 2004a:9) antes que como un proyecto de transformación radical de la sociedad o de sustitución del sistema capitalista. De manera específica, Monzón (1992) señala que la “nueva economía social” emerge “como una institución más del sistema económico, diferente del sector público y del sector capitalista y tan estructural como ellos” (1992:3); pese a ello, advierte que resulta necesaria para mejorar la asignación de recursos y la redistribución de la renta y para lograr un crecimiento equilibrado y sostenido que respete el medio ambiente.
Los antecedentes de experiencias productivas de naturaleza cooperativa y solidaria en Latinoamérica pueden rastrearse hasta las formas de organización social y económica desarrollada por los Aztecas, los Incas y los Guaraníes (García y Rofman, 2013). Sin embargo, para comprender el desarrollo y devenir de las diversas denominaciones (economía social, solidaria, popular, entre otras) es preciso observar: i) la estructura social y los campos de fuerzas sociales, políticas e ideológicas presentes en cada país, ii) las transformaciones culturales asociadas al aprendizaje colectivo con base a las experiencias de cada realidad concreta y iii) el contexto socio-histórico en el que surge el proyecto inicial, considerando las razones detonantes del mismo y la transformaciones de los repertorios de acción (Coraggio, 2004a; 2004c; 2007a). Se entiende que estos tres elementos se entrecruzan y dotan de contenido y significado a cada una de las denominaciones y determinan los actores representativos en cada caso.
En términos de estructura social, el pasado colonial del continente ha configurado relaciones de dominación y explotación insertas en un patrón global de poder8 (Quijano, 2007). De acuerdo con Quijano (2007), en el mismo momento de la constitución de América Latina, el capitalismo se hace mundial y eurocentrado; y la colonialidad y la modernidad se instalan como ejes constitutivos de ese específico patrón de poder. Este patrón de poder devino en una división global del trabajo que estableció a los países latinoamericanos como proveedores de materias primas favoreciendo la industrialización de los países centrales y generando diferencias en términos de productividad, ingreso y condiciones de vida de la población trabajadora. En este marco, se sostiene que los países periféricos se caracterizan por un contexto de heterogeneidad estructural (Prebisch, 1949; Pinto, 1970); esto es, la presencia de profundas grietas al interior de la estructura productiva, en la que se observa la existencia de sectores tradicionales (de baja productividad) y modernos (de alta productividad) que profundizan las desigualdades sectoriales.
De esta manera, el desarrollo de las experiencias constitutivas de la economía social, solidaria y popular son consecuencia de la propia dinámica de acumulación. Por ello, para autores como Coraggio (2004a), la ESS en Latinoamérica supone cuestionar la “sumisión a las relaciones del capital” (2004a:14) e implica “tocar intereses de reproducción del capital y del poder global, nacional y local” (2004a:15), por lo que hace necesario promover “otra economía, otra política y otra justicia” (2004a:12). Conviene aquí hacer una diferenciación en los conceptos de economía social y solidaria y economía popular. Si bien se enmarcan en la heterogeneidad estructural de los países periféricos, los recorridos, los campos de fuerzas sociales y referentes empíricos presentan algunas diferencias. En virtud de esta característica y, a modo de facilitar el análisis, se presentan los análisis de manera diferenciada.
2.1 Economía social y solidaria
La Economía Social y Solidaria (en adelante ESS) se refiere a experiencias diversas y heterogéneas de “interacción y organización humana en torno a la reproducción de la vida” (Pastore y Altschuler, 2015:2). Se trata de pensar en términos de sistema, de diversas formas de organizar la producción, la distribución y el consumo centradas en la reproducción del trabajo y no en la acumulación de capital. En este marco, la ESS se define como “el sistema plural de instituciones, normas, valores morales, prácticas y relaciones sociales de producción por los que las sociedades organizan históricamente el proceso económico, para generar las bases materiales de la realización de las necesidades y deseos legítimos de todes” (Coraggio, 2020:10). De esta manera, se aprecia que la definición encierra una propuesta política, una declaración de intenciones, enfrentada al modo de producción capitalista, basada en “el principio ético de reproducción y desarrollo de la vida y su correspondiente concepto de racionalidad reproductiva, opuesto al principio absoluto de libertad de empresa y acumulación individual” (Corragio, 2020:10).
Ahora bien, en términos de comprensión de la ESS y de las prácticas que la constituyen, Coraggio (2007b; 2013; 2014) y Gaiger (2007) reconocen tres corrientes de pensamiento y acción en el contexto latinoamericano. Coraggio las identifica en virtud de sus objetivos: inserción o re-inserción laboral, creación de un sector orgánico o subsistema de ESS, y construcción de otra economía. Por su parte, Gaiger las identifica en términos analíticos: como objetivo de políticas públicas de contención de la pobreza, como campo de trabajo institucional, y como nuevo frente de luchas de carácter estratégico. Las tres visiones del pensamiento latinoamericano identificadas por Gaiger (2007) y Coraggio (2007b; 2013; 2014) guardan relación: la comprensión de la ESS como objeto de políticas públicas se vincula a la perspectiva que procura la reinserción del trabajo, el sector orgánico del que habla Coraggio puede asimilarse al campo institucional de Gaiger9 y, por último, el frente de luchas de carácter estratégico se refiere a la construcción de otra economía.
Desde las perspectivas de Coraggio y Gaiger, los conceptos y prácticas propuestos por las tres corrientes son parte integral de un proceso escalonado en el que se entrecruzan, articulan, interpelan y, “en cierto sentido se necesitan mutuamente” (Coraggio, 2013:23) para poder institucionalizar la ESS. En tal sentido, la ESS se entiende como un proceso en el que se trasciende de la implementación de políticas estatales para la contención de la pobreza, la inserción y re-inserción laboral a la consolidación de un sector orgánico de la ESS, y por último a la construcción de “otra economía”. Para Coraggio (2014), dicha transición “depende del apoyo activo y sostenido de los actores colectivos en diálogo permanente con el gobierno” (p. 1), por lo que se pone en juego el rol de las políticas estatales y los repertorios de acción e interacción de los actores colectivos con el Estado.
Así, de acuerdo con Coraggio (2013; 2014) y Gaiger (2007), la primera corriente latinoamericana de la ESS se vincula con la solución del empleo y la pobreza como cuestión social, por lo que se compone tanto de las prácticas de supervivencia de los sectores empobrecidos y excluidos, como de los programas estatales focalizados en atender la emergencia. En línea con este planteamiento, Hintze (2010) señala que en la mayoría de los países de América Latina se desarrollan políticas estatales que promueven acciones de autoempleo como apoyo a sectores “excluidos” o “marginados” del mercado de trabajo formal. Agrega la autora que dichas iniciativas estatales se encuadran en las denominadas políticas sociales asistenciales, y se caracterizan por una escasa asignación de recursos estatales -financieros y humanos-, por lo que suelen criticarse a partir de la expresión “políticas pobres para pobres”.
La segunda corriente latinoamericana se vincula con la conformación de un “sector orgánico de Economía Social y Solidaria” (Coraggio, 2007a: 24), que trascienda de las prácticas de alivio de la pobreza e inserción laboral a la formalización e institucionalización de una heterogeneidad de experiencias constitutivas de la ESS, y a la configuración de “un sujeto colectivo con capacidad de responder al contexto, como subsistema” (Coraggio, 2013:15) y con la potencia para “disputar al capital el uso de los recursos públicos” (Coraggio, 2007b:190).
Esta corriente observa “el proceso económico en su conjunto: producción, distribución, circulación y consumo, generando asociaciones de productores, de comerciantes, de financiadores, de consumidores, pero además articulaciones conscientes entre todos ellos como actores [del proceso económico]” (Coraggio, 2013:15). Al pensarlo como sector, las experiencias de la ESS trascienden de microemprendimientos a formas que admiten mayor formalización e institucionalización: cooperativas de trabajo, empresas autogestionadas por sus trabajadores, clubes de trueque que emiten su propia moneda social y construyen un mercado protegido, asociaciones de consumidores, usuarios de crédito, de servicios públicos (salud, educación), de vivienda, entre otros (Coraggio, 2007a, 2007b; Cunca Bocayuva, 2007; Singer, 2007). Asimismo, permite ampliar la base social de la ESS, pasando de “excluidos empobrecidos” a la incorporación de técnicos y profesionales que diseñan y producen las políticas estatales (Coraggio, 2007b:24).
A su vez, la creación de un sector orgánico de la ESS apunta al desarrollo local, por lo que se espera del Estado la promoción de políticas que favorezcan las relaciones de reciprocidad y redistribución (ingreso ciudadano, asignaciones monetarias, tasas e impuestos, configuración de redes de información e intercambio, dispositivos de compras estatales, etc.), en acción conjunta con las experiencias formales de la ESS (Coraggio, 2007a; 2013), y transformaciones en la estructura y el diseño institucional de la burocracia estatal (Cunca Bocayuva, 2007). Se trata de la promoción de políticas estatales que favorezcan el desarrollo y consolidación de un nuevo sector que pueda “funcionar de manera relativamente autónoma de la organización del capital y cuyo sentido sea el buen vivir y no el lucro” (Hopp, 2017:24).
La tercera corriente procura la construcción de otro sistema económico, de uno alternativo al sistema capitalista. En sus investigaciones, Abramovich y Vázquez (2007); García y Rofman (2013) y Hintze (2010) señalan que el término economía social y solidaria como propuesta de “economía alternativa” u “otra economía” ha sido construida en las economías periféricas desde la década de 1970, en el marco de un amplio debate asociado a su denominación, concepción, contenidos y componentes. Hintze (2010) identifica al menos dos aspectos comunes en el debate: los planteamientos de Polanyi sobre la concepción de los sistemas económicos como construcciones socio-políticas que implican una imbricada relación entre economía y sociedad, y la comprensión, de manera general, de la economía social y solidaria como “[…] una estrategia que disputa espacios con el capitalismo, o que se convierte, a largo plazo, en una alternativa superadora de éste” (2010:18).
En línea con esta reflexión, Coraggio (2013) y Gaiger (2007) señalan que se trata de buscar formas y modos de producción que “superen” las prácticas propias del sistema capitalista, y que establezcan una “relación de contradicción y conflicto continuo con la economía del capital y la estatal” (Coraggio, 2013: 21). Para contraponerse a la fuerza de la acumulación sin límites del capital se requiere “teórica y prácticamente […] que surja otro sentido alternativo para la sociedad humana, con una fuerza comparable y capaz de encarnarse de manera masiva en imaginarios y estructuras económicas” (Coraggio, 2007b:165-166). Se trata de pensar en términos de sistema, de diversas formas de organizar la producción, la distribución y el consumo centradas en la reproducción del trabajo y no en la acumulación de capital.
En este marco, para Coraggio (2011), la “otra economía” se refiere a una propuesta que entrecruza diferentes recursos, actores y relaciones y que avanza hacia la institucionalización de lógicas de regulación del trabajo y de la distribución de sus resultados al interior de los emprendimientos y la conformación de redes de intercambio y cooperación. Esta premisa implica una continua imbricación entre el Estado y los actores de la economía social. En efecto, Coraggio (2011) afirma que el desarrollo de la propuesta de “otra economía” considera la incorporación de “recursos públicos por la vía de la gestión participativa y la democratización general del Estado desde lo local hacia lo regional y nacional” (2011:25). Para el autor, los emprendimientos de la ESS son aquellas organizaciones que presentan “varios rasgos no capitalistas, que también son probablemente compartidos por la mayoría de los autores [latinoamericanos]” (Coraggio, 2007a:19).
2.2 Economía popular
Como una particularidad de los países periféricos se encuentra el debate en torno a la incorporación de la economía popular como parte del campo de la economía social, en tanto su surgimiento se enmarca dentro de las particularidades de la estructura social de la región. Las primeras apariciones del término Economía Popular (en adelante EP) surgen en la década de 1980, en el seno de la reivindicación de la economía social y solidaria por parte de autores latinoamericanos que encontraron su fundamento en las corrientes europeas de economía social, surgidas a lo largo del siglo XIX en Europa (Maldovan Bonelli, 2018; 2020). En este marco, la noción de EP emerge como una categoría teórico-analítica que permitía conceptualizar las estrategias laborales, organizativas y de obtención de ingresos desarrollada por los sectores populares que enfrentaban situaciones de exclusión y/o marginalidad, derivadas de la implementación del modelo neoliberal en Latinoamérica (Maldovan Bonelli, 2018).
Por otro lado, Sterling Plazas y Cappa (2025) señalan que las aproximaciones conceptuales contemporáneas encuentran sus cimientos en los debates en torno a la marginalidad y la informalidad surgidos en la década de 1960 y 1970, de tal manera que la EP se identifica como un segmento productivo denominado “sector informal” que surge como resultado de una estructura productiva y ocupacional heterogénea en países periféricos. Así, las condiciones estructurales de los países periféricos y las transformaciones del mundo del trabajo, en el que el desempleo y la precarización se instalan como factores inmanentes de la propia dinámica del sistema de acumulación, dan paso al desarrollo de estrategias de laborales de autogeneración de ingresos desarrollada por las clases populares. Por ello, en la definición y delimitación de la EP las discusiones giran en torno a la población que la desarrolla, el tipo de actividad que llevan a cabo y la unidad productiva en la que están insertas (Sterling Plazas y Cappa, 2025). En términos de la población que desarrolla actividades de la EP, esta se caracteriza por ser trabajadores excluidos del mercado laboral, carentes de derechos laborales, que se insertan al proceso productivo a través de formas distintas a la relación asalariada, en el que se destaca el carácter cuentapropista del trabajo como elementos constitutivos de la EP (Fernández Álvarez et al, 2021; Pissaco, 2019). De manera similar, Maldovan Bonelli (2018) se refiere a la EP como a aquellas actividades desarrolladas por los sectores excluidos del mundo del trabajo asalariado, abarcando también casos en que el cuentapropismo se realiza de forma complementaria a un trabajo asalariado.
Un aspecto relevante que destaca la investigación de Sterling Plazas y Cappa (2025), refiere a considerar a la EP como una noción emergente de los propios actores que la conforman. En especial señalan a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en tanto organización gremial del sector en Argentina y al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Para la UTEP, la EP es entendida como:
La economía de los excluidos […] está conformada por todas las actividades que surgieron como consecuencia de la incapacidad del mercado capitalista para ofrecernos a todos un trabajo digno y bien remunerado como obreros en una fábrica o trabajadores de una empresa. La economía popular es el conjunto de actividades laborales que el pueblo se inventó para sobrevivir afuera del mercado formal (Pérsico y Grabois, 2014:31)
De manera similar, Pastoriza y Chuffardi (2023), referentes del MTE, advierten que el desarrollo de actividades constitutivas de la EP no resulta de una elección voluntaria, por el contrario, surgen como respuesta de las clases populares a la imposibilidad de acceder al empleo formal y a la necesidad de generar ingresos. Para las autoras, esta característica marca una diferencia con el grueso de las experiencias de la economía social y solidaria, por al menos dos razones; por un lado, el desarrollo de cooperativas, que surgen de iniciativas voluntarias, invisibiliza el carácter involuntario y la cuestión de clase propia de la EP. Por el otro, la economía social y solidaria se sustenta sobre principios solidarios y de oposición al capitalismo que no suelen estar presentes como ejes rectores en las propuestas de la EP. Las autoras señalan que las cooperativas que integran la EP son procesos complejos, resultantes de esfuerzos militantes antes que el desarrollo “natural” del sector (Pastoriza y Chuffardi, 2023).
A continuación, y a fin de facilitar la lectura e interpretación de las perspectivas arriba analizadas, se presenta la siguiente tabla comparativa construida a partir de cinco grandes dimensiones: contexto estructural, origen, conceptualización y enfoque, actores principales y orientación de las políticas estatales.
Tabla 1. Análisis relacional de las perspectivas de los países centrales y periféricos.
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Dimensiones |
Perspectiva de los países centrales |
Perspectiva de los países periféricos |
|---|---|---|
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Contexto estructural |
Transformaciones del mundo del trabajo y declive del Estado de Bienestar |
Heterogeneidad estructural: sectores productivos diferenciados |
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Origen |
Con raíces en el mutualismo del siglo XIX, cooperativismo, movimientos obreros |
Ligada a luchas sociales, resistencia a modelos económicos impuestos |
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Conceptualización y enfoque |
Especialización sectorial a partir de las estructuras jurídicas de las organizaciones que conforman la ESS: cooperativas, asociaciones y mutuales. Relevancia del plano organizacional, en términos de los compromisos estatutarios que limita la apropiación privada de los resultados. |
Tres corrientes de pensamiento y acción: i) la ESS como solución del empleo y la pobreza como cuestión social; ii) la conformación de un sector orgánico de ESS y iii) construcción de otro sistema económico “otra economía”. Debate sobre la incorporación de la economía popular como parte del campo de la economía social. |
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Actores principales |
Cooperativas (agrarias, de crédito, de vivienda, de servicios), mutuales, asociaciones, fundaciones y empresas sociales enfocados en el servicio a la comunidad. |
Organizaciones de base comunitaria, cooperativas de producción y consumo, asociaciones de pequeños productores, emprendimientos populares, redes de comercio justo, empresas recuperadas por trabajadores. |
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Orientación de las políticas estatales |
Políticas orientadas a la conformación de marcos legales específicos que promuevan y regulen las estructuras jurídicas de las organizaciones que conforman la ESS y sus compromisos estatutarios. |
Según corriente de pensamiento puede tratarse de políticas de inclusión socio-laboral y alivio a la pobreza, o políticas que favorezcan las relaciones de reciprocidad y redistribución (ingreso ciudadano, asignaciones monetarias, tasas e impuestos, configuración de redes de información e intercambio, dispositivos de compras estatales, etc.), o políticas que transformen el proyecto político, social y económico. Imbricada relación entre lo político, lo social y económico, con presencia destacada del Estado. |
Fuente: elaboración propia.
Como guía para el análisis bibliográfico, en este trabajo se planteó una hipótesis dual en torno al abordaje del campo de la economía social. Se señaló que la estructura social, económica y política “habilita” el surgimiento de diversas formas y experiencias que constituyen el citado campo, y a la vez, “da forma” a las denominaciones y conceptualizaciones de cada sociedad en un momento y lugar determinado. Para problematizar al respecto se tomaron los enfoques y debates más característicos presentes en los países centrales (centrado en el caso europeo) y los países periféricos (focalizado en el caso latinoamericano).
En los países centrales, la economía social surge como reacción a los costos sociales y económicos de la revolución industrial, por su parte, la “nueva economía social” retoma los “viejos problemas que afectan a la sociedad” e instala nuevas cuestiones sociales asociadas a las transformaciones en el mundo del trabajo y del declive del Estado de Bienestar. Como se pudo observar, las transformaciones en la estructura social europea impactaron en el devenir de las experiencias y orientaciones del campo de la economía social. Esto queda evidenciado, por citar un ejemplo, en que hacia 1930, producto del avance del fordismo, el auge de los sindicatos y la aparición del Estado de Bienestar, la economía social ve disminuido su desarrollo, tanto a nivel teórico como empírico pues, puede comprenderse que esto tenía relación con que el Estado de Bienestar garantizaba protecciones sociales a los trabajadores. Por otra parte, las transformaciones de la estructura social europea devinieron en la comprensión del campo de la economía social a partir de las organizaciones que la conforman (cooperativas, mutuales y asociaciones), posibilitando la inclusión de organizaciones privadas que incluyan en sus compromisos estatutarios la ausencia de fin lucrativo. Así, se trata de experiencias y enfoques que identifican, y reivindican la existencia de un sector diferente del público y el privado lucrativo que posee una inscripción jurídico-institucional y normativa particular.
Por su parte, en los países periféricos, el campo de la economía social se inscribe en un contexto de heterogeneidad estructural y de relaciones sociales establecidas por el patrón global del capitalismo. Estas circunstancias originarias marcaron el devenir de las experiencias y de las perspectivas analíticas del campo de la economía social. Así, se observa la coexistencia de políticas estatales para la reinserción laboral y la solución de la pobreza caracterizadas por la promoción de microemprendimientos y estrategias de supervivencia; políticas que favorecen la conformación de un sector orgánico de la ESS orientado al desarrollo local, en el cual se privilegia la formalización e institucionalización de experiencias asociativas; e iniciativas que proponen un modelo económico alternativo opuesto a los principios del modelo capitalista.
La estructura de los países periféricos ha permitido también el desarrollo de estrategias laborales y de obtención de ingresos que se caracterizan porque son llevadas a cabo por los sectores populares que enfrentan situaciones de exclusión y/o marginalidad y que, dada su configuración, han sido autodenominadas por tales sectores como economía popular. En este sentido, en el caso de los países periféricos, actualmente se presentan debates académicos, políticos y de los movimientos sociales que dan lugar a tensiones e intercambios dentro del propio campo de la economía social sobre la incorporación –o no– de la economía popular, identificándola como las acciones económicas que desarrollan los sectores populares en el marco de la estructura social de la región y en particular de la Argentina. Esta cuestión da cuenta de la condición de flexibilidad que posee este campo “en construcción” en el que se discute la posibilidad de ampliar la denominación de economía social y solidaria a economía social, solidaria y popular.
A modo de cierre, y sin pretender exhaustividad, se identifican “puntos de contacto” entre las realidades de países centrales y periféricos, que posibilitarían continuar ampliando y profundizando tanto el debate y como la revisión bibliográfica; para ello, de manera similar se detecta que se trata de un campo “en construcción” caracterizado por tensiones en torno a su conceptualización y denominación, es decir, la discusión se encuentra abierta y no responde de manera monolítica a una conceptualización cerrada, sino que su adaptabilidad lo dota de posibilidades de crecimiento y retroalimentación con otros sectores sociales y realidades cada vez más complejas. Asimismo, en ambas realidades, se identifica el contenido de acción político de las experiencias que son parte de este campo. Por ello, la economía social da cuenta de luchas y resistencias en torno a la “cuestión social” y está atravesada por tensiones político-institucionales, movilizaciones y activismos que asumen diferentes formatos según los contextos sociales e históricos.
Una de las particularidades que asumen las experiencias organizativas/iniciativas constitutivas del campo de la economía social, en ambos casos, consiste en que, las entidades que las conforman, explícitamente asignan un significado económico y político a su práctica; sin embargo, su accionar no se reduce a esto únicamente, por el contrario, exceden la generación de ingresos como única opción incorporando dentro de sus preceptos, principios y accionar la búsqueda de la reproducción social ampliada, la solidaridad y el apoyo mutuo como ejes de su trabajo. Son experiencias que poseen, de este modo, un énfasis en su carácter social y solidario. En este sentido, se distingue en ambas latitudes, en términos generales, el pretender al desarrollo de acciones con carácter democrático y con componentes participativos que potencien la generación de procesos colectivos y asociativos más amplios. También, en ambos casos, las experiencias y propuestas dentro de este campo, permiten repensar en términos estructurales el rol del mercado como asignación de recursos escasos y el rol del Estado y sus políticas públicas; por ello, se entiende que es un campo que tensiona lo existente, generando espacios de debate, confrontación, de denominaciones múltiples, de nuevos referentes, etc.
Lo desarrollado en este artículo intenta aportar a la generación de nuevos interrogantes, análisis sobre la coyuntura actual y al intercambio en torno a la conceptualización y denominación del campo de la economía social. A la vez, pretende contribuir a la realización de posibles acciones/proyectos colaborativos entre iniciativas presentes en ambas regiones, a partir de la identificación de lineamientos comunes y “formas del hacer” complementarias que se basan en acciones solidarias, democráticas y colectivas que, se entiende, requieren ser potenciadas y reforzadas especialmente en el presente.
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2 De acuerdo con Polanyi (2012), los medios consisten en aquello que resulta apropiado para servir a un fin, sea en virtud de las leyes de la naturaleza o en virtud de las leyes del juego. Por consiguiente, lo “racional no refiere ni a los medios ni a los fines, sino, más bien, a la relación de los medios con los fines” (2012:89).
3 Las expresiones “países centrales” y “países periféricos” se asocian a la escuela de pensamiento de la CEPAL y, específicamente, al autor latinoamericano Raúl Prebisch. En esta institución, la dicotomía “periferia” y “centro” desempeñó un papel central en el análisis del desarrollo económico y la necesidad de impulsar políticas de industrialización para revertir el deterioro de los términos de intercambio de la periferia.
4 Tesis doctoral: Información de autor/a
5 Proyecto: Información de autor/a
6 El concepto de hibridación de recursos, planteado por Laville (1994), consiste en la combinación de recursos provenientes del mercado (venta de productos, venta de la fuerza de trabajo, donaciones privadas, etc.), del Estado (subvenciones de los poderes públicos, compras estatales, etc.) y recursos no monetarios (trabajo voluntario o recursos en especie).
7 Este enfoque diferencia cuatro grandes principios económicos: i) principio de administración doméstica, ii) principio de reciprocidad, iii) principio de mercado, y iv) principio de redistribución.
8 Al respecto se sugieren los estudios de Aníbal Quijano sobre la colonialidad del poder (1992, 2000, 2007). Para el autor, la colonialidad del poder constituye uno de los elementos sustanciales del patrón global de poder capitalista. Se fundamenta en la imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder, y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas de la existencia cotidiana y a escala social.
9 Aunque Gaiger (2007) no establece específicamente a qué se refiere con campo institucional, se puede inferir su similitud con la propuesta de Coraggio (2007b).