CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO: Coraggio, J. L. (2026). Hacia Otra Economía social y solidaria: su construcción material y subjetiva ante las nuevas derechas. Otra Economía, 19(35), 5-30. https://doi.org/10.67215
/otraeconomia.1521
José Luis Coraggio
Profesor emérito de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina
www.coraggioeconomia.org
Recibido: 13/05/2026 - Aceptado: 13/05/2026
Este ensayo analiza la crisis estructural del trabajo formal en América Latina como eje de integración social y propone a la Economía Social Solidaria (ESS) como alternativa frente a la actual hegemonía neoliberal y el surgimiento de las “nuevas derechas”. Mediante una perspectiva histórica que recorre desde el liberalismo clásico hasta el anarcocapitalismo contemporáneo, se examinan los impactos de la revolución tecnológica y la psicopolítica en las subjetividades populares. Se utiliza el marco de la economía sustantiva para fundamentar la necesidad de un sistema económico orientado por el principio ético de la reproducción de la vida digna. Se propone fortalecer la Economía Popular Solidaria (EPS) a través de tres niveles de acción –micro, meso y sistémico–, fomentando la construcción de territorios autónomos y sujetos colectivos democráticos. El texto concluye que la construcción de otra economía requiere una lucha política y cultural que contrarreste el sentido común naturalizador del mercado total, apostando por una transición basada en la solidaridad, la autogestión y el reconocimiento de la pluralidad de formas de vida en la región.
Palabras clave: Nuevas derechas, Economía Social Solidaria, Economía popular.
Este ensaio analisa a crise estrutural do trabalho formal na América Latina como eixo de integração social e propõe a Economia Social Solidária (ESS) como alternativa frente à atual hegemonia neoliberal e ao surgimento das “novas direitas”. Por meio de uma perspectiva histórica que percorre desde o liberalismo clássico até o anarcocapitalismo contemporâneo, examinam-se os impactos da revolução tecnológica e da psicopolítica nas subjetividades populares. Utiliza-se o marco da economia substantiva para fundamentar a necessidade de um sistema econômico orientado pelo princípio ético da reprodução da vida digna. Propõe-se fortalecer a Economia Popular Solidária (EPS) por meio de três níveis de ação –micro, meso e sistêmico–, fomentando a construção de territórios autónomos e sujeitos coletivos democráticos. O texto conclui que a construção de outra economia requer uma batalha cultural que desarticule o senso comum naturalizador do mercado total, apostando em uma transição baseada na solidariedade, na autogestão e no reconhecimento da pluralidade de formas de vida na região.
Palavras-chave: Nova direita, Economia Solidária, Economia popular.
This essay analyzes the structural crisis of formal labor in Latin America as a pillar of social integration and proposes Social and Solidarity Economy (SSE) as an alternative to current neoliberal hegemony and the rise of the “New Right”. Through a historical perspective ranging from classical liberalism to contemporary anarcho-capitalism, the paper examines the impacts of the technological revolution and psychopolitics on popular subjectivities. The substantive economy framework is utilized to support the need for an economic system guided by the ethical principle of the reproduction of a dignified life. Strengthening the Popular Solidarity Economy (PSE) is proposed through three levels of action –micro, meso, and systemic–, fostering the construction of autonomous territories and democratic collective subjects. The text concludes that building another economy requires a cultural battle to dismantle the naturalizing common sense of the total market, committing to a transition based on solidarity, self-management, and the recognition of life forms’ plurality in the region.
Keywords: New Right, Social and Solidarity Economy, Popular economy.
La cuestión que motiva este ensayo es que en América Latina enfrentamos una crisis estructural del trabajo formal y los correspondientes derechos laborales como principio económico de integración social. Para comprender su alcance y su carácter irreversible se requiere una perspectiva histórica de la coyuntura actual, por lo que haremos una breve referencia a los cambios experimentados desde el liberalismo económico de inicios del siglo XX y la gran depresión del 30, pasando por el Estado de Bienestar y el Desarrollismo hasta la actual hegemonía del programa neoliberal. Para pensar qué hacer, esquematizaremos ideas centrales de la propuesta de construcción de Otra Economía (OE) una Economía Social Solidaria (ESS)1 tal como la entendemos, en particular de la Economía Popular Solidaria (EPS), y concluiremos con algunas consideraciones sobre lo político de esta propuesta.2, 3
En 1944, hacia el final de la II Guerra Mundial, Karl Polanyi (2001) publica La gran transformación, donde analiza, por un lado, el proceso que dio origen al capitalismo, en particular al sistema de mercados y, por otro, cómo la hegemonía en Europa del pensamiento económico liberal, con su utopía del mercado autorregulado, condujo a la gran crisis de 1930 y al posterior abandono del patrón oro (1931-1934). Esto generó pugnas proteccionistas que contribuyeron a romper el equilibrio de poder entre los Estados, provocando hiperinflaciones y crisis sociales que desembocaron en el fascismo y en la guerra mundial.
Una de sus tesis fundamentales fue que las sociedades amenazadas por el proyecto liberal tenderían a defenderse mediante lo que denominó un “segundo movimiento”. Es decir, surgirían fuerzas sociales y políticas orientadas al control –o “encastramiento”– del mercado caotizante. Estas respuestas podían asumir formas regresivas y antidemocráticas, como la experiencia del corporativismo fascista (1933-1945), que terminó con el laissez faire, pero también con la democracia; o formas progresivas, como el socialismo (desde 1917) y el Estado de Bienestar socialdemócrata keynesiano (desde 1933). Polanyi valoró estas dos últimas experiencias, aunque perdió entusiasmo por la opción socialista debido al estalinismo de la URSS. En particular, debatió con Von Mises sosteniendo la viabilidad de una economía socialista racional que, aunque no contara con un sistema de precios determinados por la oferta y la demanda, tampoco derivara en una planificación estatal centralizada (Maucourant, 2006).
A esto podemos agregar otra experiencia de defensa de las sociedades que Polanyi –escribiendo tempranamente y desde el centro– no llegó a considerar: el desarrollismo, que en América Latina asumió también variantes populistas. Los casos más notorios fueron los gobiernos de Lázaro Cárdenas (1934-1940), Juan Domingo Perón (1946-1955) y Getulio Vargas (1951-1954).
El Desarrollismo implicaba, sintéticamente, abandonar el modelo primario-exportador dependiente, sostenido por gobiernos conservadores con ideología económica liberal y basado en una estructura social extremadamente desigual. En su lugar, proponía una economía mixta compuesta por dos grandes sectores. Por un lado, un sector de Economía Pública, con un fuerte Estado nacional inversor en industrias básicas y bienes públicos, impulsor del mercado interno y rector del proceso de industrialización. Por otro lado, un sector de Economía de Mercado, integrado por un empresariado capitalista orientado principalmente hacia ese mercado interno.
En ambos sectores participaban trabajadores asalariados sindicalizados que luchaban por una mejor distribución del ingreso y por condiciones laborales dignas, contribuyendo a reducir la pobreza y a consolidar una cultura de derechos sociales. Se postulaba que este proceso conduciría al crecimiento económico y a la modernización social, favoreciendo el surgimiento de una clase media y de una burguesía nacional que, eventualmente, asumirían una posición favorable a un proyecto de desarrollo nacional relativamente autocentrado.
Ahora bien, durante los años setenta se produjo una nueva crisis del capitalismo mundial. En el plano del pensamiento, la comunidad internacional comenzó a tomar conciencia de los límites del crecimiento económico que habían caracterizado a los treinta años dorados de la posguerra. Entre esos límites se destacaban, por ejemplo, las restricciones energéticas derivadas de la industrialización y la urbanización aceleradas.
En el plano material, esta crisis se expresó en el shock petrolero impulsado por la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), el agotamiento de las políticas keynesianas, el incremento del desempleo y la estanflación, así como en una caída global de la tasa de ganancia del capital, vinculada también a los avances obtenidos por el sindicalismo.
Todo ello venía alimentando la reacción de la Sociedad Mont Pelerin, fundada en 1947 y comprometida con una lucha cultural libertarianista. Esta corriente defendía una concepción irrestricta de la libertad individual y, en el plano económico, promovía posiciones anti intervencionistas y promercado. Entre sus integrantes más influyentes se encontraban Von Hayek (1985), Von Mises y Milton Friedman.
Al mismo tiempo, en América Latina comenzaron a evidenciarse los límites del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), lo que desembocó en la crisis de la deuda de 1980 y en el inicio de la denominada “década perdida”.
La respuesta del capitalismo a esta nueva crisis ya no fue el liberalismo clásico sino el neoliberalismo que, aunque suele asociarse a los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, tuvo en América Latina ensayos tempranos particularmente violentos. Entre ellos se destacan las dictaduras de Chile desde 1973 –asesorada por los Chicago Boys vinculados a Milton Friedman– y de Argentina desde 1976. Muchos de esos lineamientos continuarían operando, de manera más o menos explícita, durante el posterior retorno a la democracia.
La posterior caída del “socialismo real” (1989) y el fin del ciclo histórico de los proyectos revolucionarios –siendo la Revolución Sandinista (1979) uno de los últimos intentos de toma del poder estatal para transformar la economía y la sociedad– contribuyeron a consolidar la eficacia hegemónica del neoliberalismo. Este predominio persistió durante la transición latinoamericana ya no hacia el socialismo, sino hacia la democracia formal (Coraggio, 2014).
¿Qué proponía el neoliberalismo? (Williamson, 1990). En primer lugar, confrontar con las estructuras institucionales y los esquemas mentales construidos desde la posguerra, especialmente con el estatismo. En segundo lugar, restaurar los principios de la teoría económica neoclásica y su crítica al keynesianismo y al desarrollismo. Ello implicaba liberar al mercado, desmantelar el Estado mediante privatizaciones de empresas y servicios públicos, construir una economía mixta con predominio del capital privado, concentrar la riqueza en manos privadas y debilitar a los sindicatos. Todo esto fue acompañado por un endeudamiento externo creciente e impagable y por el sometimiento de las economías periféricas a la lógica del capital financiero.
En el trasfondo comenzaban además a modificarse las condiciones tecnológicas y organizativas de la acumulación del capital. Entre otros procesos, se profundizaron la concentración y globalización de las corporaciones, la financierización de la economía y la proliferación de paraísos fiscales que desafían la capacidad regulatoria de los Estados. Paralelamente, se consolidaron instituciones internacionales orientadas a proteger a las corporaciones frente a los Estados nacionales, como el FMI, el Banco Mundial, la OMC y el CIADI.
A ello se sumaron la revolución en las tecnologías del transporte y la comunicación, el redespliegue industrial desde el centro hacia la periferia en busca de recursos naturales y trabajo barato, y la creciente robotización e informatización de la producción. Todo ello desembocó en la actual revolución de los algoritmos y de la inteligencia artificial, con impactos sociales y ecológicos inéditos y con el riesgo de convertirse en un instrumento de dominación si su control permanece concentrado en las grandes corporaciones tecnológicas.
Ahora bien, a comienzos del siglo XXI se abrió en América Latina un interregno marcado por rebeliones populares frente a las consecuencias sociales del neoliberalismo. Ese proceso posibilitó el surgimiento de gobiernos de orientación nacional-popular en Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Aunque los tres primeros se autodefinían como experiencias de “Socialismo del siglo XXI”, en términos generales se trató de proyectos de reformas progresistas impulsadas desde el Estado dentro de sistemas democráticos representativos.
En particular, esos gobiernos asumieron el mandato popular de convocar a Asambleas Constituyentes, que explicitaron algunos rasgos de la nueva economía que se buscaba institucionalizar, especialmente en relación con el papel de la economía popular (EP).
En términos generales, estos procesos procuraron construir economías nacionales con mayor centralidad estatal y lograron cierto crecimiento económico apoyado en la captación pública de las rentas extraordinarias derivadas del boom de las commodities, especialmente mineras y agropecuarias. Existía la expectativa de que ese crecimiento permitiera ampliar la integración social mediante la expansión del trabajo formal, el consumo y políticas redistributivas progresivas, junto con un mayor acceso a bienes públicos.
Sin embargo, hacia mediados de la segunda década del siglo XXI comenzaron a evidenciarse los límites de esa estrategia. El agotamiento del ciclo favorable de renta internacional, el agravamiento de la dependencia financiera y el retorno de gobiernos neoliberales –como el de Mauricio Macri en Argentina desde 2015 y el de Jair Bolsonaro en Brasil desde 2019– marcaron un nuevo giro político regional.
Como consecuencia del fracaso económico y social de esos gobiernos neoliberales, reaparecieron posteriormente gobiernos que retomaron proyectos nacional-populares, como el peronismo en Argentina y el Partido de los Trabajadores en Brasil, a los que se sumaron Chile, Colombia y México.
Sin embargo, este movimiento pendular no parece haber concluido. En Argentina regresó a fines de 2023 un proyecto explícitamente promercado, con consecuencias sociales catastróficas y difíciles de revertir. En Chile ocurrió algo semejante con la asunción de José Antonio Katz en marzo de 2026.
En la actualidad, una defensa sostenida de las sociedades frente a las consecuencias destructivas del neoliberalismo requiere la formación de sujetos colectivos democráticos portadores de un proyecto de transformación de la sociedad y de su base económica, que aquí caracterizamos como Economía Social Solidaria (ESS). Hasta el momento, el neodesarrollismo ha mostrado su insuficiencia para asumir plenamente esa tarea.4
En el momento actual resurgen en América Latina y Europa propuestas regresivas extremas impulsadas por gobiernos formalmente democráticos que, más que por el neoliberalismo clásico, se orientan por elementos utópicos propios del minarquismo, del anarcocapitalismo y de otras corrientes identificadas como “nuevas derechas” (Stefanoni, 2021; AA. VV., 2023). La Argentina actual constituye un ejemplo particularmente significativo de esta tendencia, aunque se trata de un fenómeno de alcance global.
En el plano teórico-ideológico se observa una incipiente reaparición de las doctrinas de la Escuela Austríaca, con autores como Von Mises y Von Hayek, a los que se suma Murray Rothbard, considerado el padre del anarcocapitalismo. Esto vuelve insuficiente la crítica a los fundamentos teóricos neoclásicos del neoliberalismo, que al menos admiten la existencia de fallos del mercado y, en consecuencia, cierta intervención correctiva del Estado.5 En el límite, el proyecto declarado del anarcocapitalismo ya no es una economía mixta con predominio capitalista, sino una economía organizada según el principio del mercado total.6
En el plano interno de cada país, esto implica la destrucción –desde el propio Estado– del Estado garante de derechos humanos y regulador del mercado, la desindustrialización y reprimarización de la estructura económica y, en el plano ideológico, la instalación del mito del mercado autorregulado perfecto junto con una guerra cultural contra el progresismo, los movimientos sociales y los derechos humanos institucionalizados.
Se postula que la desigualdad social es inevitable. Desde la perspectiva del derecho irrestricto a la propiedad privada, los derechos humanos, la redistribución de la riqueza y la justicia social son presentados como “aberraciones” injustas, como formas de despojo hacia quienes más tienen.
En cuanto a las motivaciones de los individuos y grupos, se exaltan la meritocracia y el emprendedorismo competitivo de sujetos orientados a triunfar en competencia con los demás. La pobreza y la exclusión son interpretadas como responsabilidades individuales, grupales o de clase, y no como consecuencias estructurales del sistema vigente.
En el plano mundial emerge un nuevo escenario geopolítico marcado por la confrontación entre Estados Unidos –que procura retomar a América Latina como su área de influencia privilegiada– y China, potencia emergente que abre la posibilidad de un orden internacional más cercano al multilateralismo.7
Como ocurriera a comienzos del siglo XX, esta confrontación incluye una disputa por el estatus de la moneda mundial. En este caso, el conflicto involucra al dólar, el euro, el yuan y los sistemas alternativos de pagos promovidos por un grupo creciente de economías emergentes, los BRICS.
Estados Unidos impulsa una estrategia agresiva de protección de su mercado y de su industria. Al mismo tiempo, la disputa por los recursos naturales y las tensiones geopolíticas están conduciendo a una creciente militarización de los conflictos en América Latina y en el mundo, con Estados Unidos y la OTAN a la cabeza.
Estos y otros fenómenos evocan las dinámicas que marcaron el inicio del siglo XX, la crisis del orden internacional y las dos guerras mundiales.
Las tendencias actuales del proceso de acumulación del capital globalizado incluyen una marcha atrás del redespliegue industrial y el retorno de actividades manufactureras desde la periferia hacia los países centrales, junto con la aceleración de la revolución tecnológica, el vertiginoso avance de la inteligencia artificial y la revolución de los algoritmos. A ello se suma un desplazamiento progresivo de la categoría de ganancia hacia la de renta, fenómeno que se agrega a la ya consolidada centralidad de las rentas financieras (Varoufakis, 2024).
Estas tendencias producen efectos irreversibles: catástrofes ecológicas, exclusión estructural y niveles extremos de desigualdad, tanto dentro de los países centrales y periféricos como entre el Centro y la Periferia.
En relación con esto último, se impulsa para las economías periféricas una política económica de doble estándar: por un lado, la apertura de sus mercados internos, con el resultado previsible de reforzar estructuras primario-exportadoras y, por otro, el proteccionismo para los países centrales, acompañado de tratados de “libre comercio” profundamente asimétricos.
Al mismo tiempo, mientras el capital goza de una movilidad prácticamente irrestricta, se despliega una represión brutal contra las migraciones masivas de trabajadores provenientes de América Latina y África hacia Estados Unidos y Europa, buscando fijar a las poblaciones en sus lugares de origen.
En este contexto global se profundizan, por un lado, la exclusión de amplios sectores del mercado de trabajo formal, la precarización laboral y el desempleo abierto y, por otro, la pobreza estructural.
Como consecuencia, se transforma la estructura de clases: la riqueza se concentra en élites transnacionales; las clases medias se segmentan y una parte de ellas queda amenazada por la posibilidad de convertirse en nuevos pobres; la clase trabajadora se fragmenta y polariza; y los sindicatos se debilitan. En paralelo, la reivindicación histórica del empleo asalariado formal comienza a ser desplazada por distintas propuestas de ingreso básico universal.
Llegamos así a un aspecto fundamental de nuestro punto de partida: la crisis estructural del trabajo formal como principio económico de integración social. Esta crisis desorganiza la vida cotidiana y se combina con la erosión de derechos ciudadanos vinculados al acceso a servicios públicos básicos, como la salud y la educación.8
Además, la protesta social y las luchas reivindicativas se debilitan cuando el pensamiento hegemónico logra deslegitimar la política.
El consecuente malestar social –marcado por la incertidumbre, la pérdida de expectativas de progreso personal, el deterioro de la cultura de derechos sociales universales y la erosión de los vínculos solidarios– constituye un terreno fértil para el surgimiento de las nuevas derechas, no necesariamente fascistas, que retroalimentan las tendencias regresivas para el campo popular.9
4.1. Ética y economía
Para comenzar, postulamos que el sentido de la economía no es el crecimiento de la producción mercantil y la acumulación sin límites, sino que se deriva del sentido de la vida en sociedad. Esto nos lleva, necesariamente, a la cuestión de qué sociedad y qué vida social deseamos construir.
Desde la perspectiva de la Economía Social Solidaria (ESS), la respuesta es la construcción de una sociedad concebida como un ecosistema sinérgico de relaciones humanas solidarias entre individuos, grupos, clases y culturas, con una democracia y una economía sustantivas –y no meramente formales– orientadas por el principio ético de la reproducción y el desarrollo de una vida digna para todos, en una relación de reciprocidad y equilibrio con la naturaleza.10
Aplicado a las instituciones económicas, este principio ético no constituye solamente un imperativo moral sino, como señalara Franz Hinkelammert, una condición fáctica para que la sociedad pueda sostenerse y perdurar en equilibrio con la naturaleza (Hinkelammert y Mora, 2009). Si dicho principio no logra realizarse, la sociedad tiende a degradarse y a perder cohesión.
En consecuencia, la base económica de la sociedad deseada debería organizarse como un sistema coordinado de relaciones solidarias de producción, distribución, intercambio y consumo institucionalizadas, capaz de asegurar las condiciones materiales e inmateriales necesarias para satisfacer las necesidades y deseos legítimos de todos los miembros de la sociedad.11, 12
Esto guarda afinidad con lo que los pueblos originarios de Nuestra América denominan –con diferentes nombres– “Buen Vivir”. Esta noción no se limita al acceso universal a bienes y servicios, sino que incorpora dimensiones culturales y relacionales vinculadas con la calidad de los vínculos entre personas, comunidades y naturaleza.13
4.2. La noción de vida
Para la ESS, la noción de vida ocupa un lugar central. A diferencia del concepto aparentemente universal de “nivel de vida”, asociado principalmente a la capacidad individual de adquirir mercancías mediante el ingreso monetario, la ESS entiende que la vida no constituye una magnitud directamente cuantificable y comparable.
Se trata, más bien, de una noción cualitativa, históricamente situada y culturalmente diversa. De hecho, la propia idea de “nivel de vida” responde a una cultura centrada en el mercado.
Lo que para algunos constituye una buena vida puede no serlo para otros, y tampoco permanece invariable a lo largo del tiempo. Por ello, para las políticas públicas orientadas a la economía solidaria resulta fundamental la noción de “proyecto de vida”, tanto individual como colectivo.
En este sentido, las concepciones andinas del Vivir Bien o Buen Vivir reabrieron una cuestión que el colonialismo pretendía clausurar mediante su idea de modernidad. Estas perspectivas no admiten respuestas simplistas como las propuestas por la economía ortodoxa.
Sin duda, las concepciones mercantiles de la vida tienen presencia y eficacia en nuestras sociedades y no se trata de negarlas, sino de resistir su absolutización.
Ante las dificultades para cuantificar de manera homogénea aquello que entendemos por vida digna –como sí ocurre con indicadores como el ingreso o el PIB per cápita–, se han desarrollado enfoques multidimensionales. Entre ellos se destacan los inspirados en la noción de capacidades, como el Índice de Desarrollo Humano asociado a Amartya Sen, o los vinculados a la felicidad, como el Índice de Felicidad Bruta desarrollado en Bután.
Este último incluye dimensiones como el bienestar psicológico, la salud, la educación, el uso del tiempo, la diversidad cultural, el buen gobierno, la vitalidad comunitaria, la diversidad ecológica y el nivel de vida.
Desde una perspectiva de modernidad progresista podrían agregarse otros criterios, como la integración legítima al sistema de división social del trabajo y la participación en contextos de igualdad y equidad.
La noción de Buen Vivir incorpora, además, diversos equilibrios: consigo mismo y con los demás; entre comunidades; y entre la sociedad y la naturaleza. Una perspectiva crítica de la acumulación ilimitada de riqueza agregaría asimismo la ausencia de relaciones de explotación del trabajo ajeno.
La cuestión que entonces se plantea es cómo una sociedad, una comunidad o un conjunto de comunidades institucionaliza una determinada concepción de la vida deseable, o bien la coexistencia de diversas concepciones.
Desde la modernidad democrática puede sostenerse que ello requiere deliberación libre y búsqueda de acuerdos conforme a reglas colectivamente aceptadas.14
4.3. La economía sustantiva
Aquí, nuevamente, tenemos un antecedente significativo en el pensamiento de Karl Polanyi, que tiene como sustrato, a su vez, elementos relevantes del pensamiento de Karl Marx (Polanyi, 1934).
En La gran transformación y en numerosos escritos producidos durante las décadas del treinta y del cincuenta, Karl Polanyi ([1944] 2003 y 2012) mostró que no podía pensarse una práctica superadora de esa crisis de alcance mundial sin transformar los esquemas mentales utilizados para comprender la economía, a los que denominaba “la obsoleta mentalidad del mercado”. Propuso así reemplazar la teoría económica liberal –en particular la neoclásica, a la que calificó como “formal” debido a su método abstracto matemático de construcción– por un sistema conceptual posteriormente caracterizado como “teoría económica sustantiva”.
Con base en investigaciones históricas y antropológicas, Polanyi sostuvo que el sentido de las economías empíricas duraderas no había sido –ni era– la asignación eficiente de recursos escasos a fines ilimitados, como postulaba la teoría económica neoclásica. Entre otras razones, porque la escasez no constituía un fenómeno universal y, en muchos casos, era producida por una sociedad irracional.
Tampoco el sentido de la economía consistía en imponer y generalizar, por medio del mercado, comportamientos egoístas, calculadores y competitivos orientados a maximizar ventajas individuales, comportamientos que dicha teoría consideraba “racionales”.
Por el contrario, a partir de esas investigaciones, Polanyi interpretó inductivamente –y no sobre la base de modelos hipotéticos sustentados en postulados como los del homo economicus o, por oposición, un homo reciprocans– que el sentido de las economías consiste en asegurar la subsistencia de los seres humanos y de la naturaleza mediante el intercambio entre las personas y su entorno natural y social, produciendo así los medios necesarios para satisfacer sus necesidades materiales.
Polanyi concluye que esto no se logra mediante la absolutización del mercado, sino a través de la combinación de tres principios o formas de integración social del proceso económico y de sus actores: el principio de reciprocidad, el principio de redistribución y el principio de intercambio, que puede asumir formas administradas o de mercado.15, 16
Por ejemplo:
– El principio de reciprocidad puede observarse en relaciones simétricas de ayuda mutua entre personas o grupos, como las formas comunitarias de cooperación presentes en numerosos pueblos originarios o en prácticas de solidaridad barrial y familiar.
– El principio de redistribución supone la existencia de una autoridad central que concentra recursos y luego los redistribuye. Un ejemplo contemporáneo serían los sistemas fiscales y de políticas sociales implementados por los Estados.17
– El principio de intercambio remite a relaciones mediadas por equivalencias y precios, impuestas por oferta y demanda en los mercados18 aunque también puede asumir formas reguladas o administradas políticamente.
Las economías investigadas por Polanyi podían tener mercado, o tenerlo en diverso grado, pero ninguna había llegado a organizarse e integrarse exclusivamente a través del mercado.
Más aún, Polanyi mostró que el sistema de mercados no constituía una institución universal, como pretendía el liberalismo, sino una construcción histórica iniciada en Inglaterra con los cercamientos del siglo XV. Estos separaron violentamente de la tierra a los trabajadores campesinos comuneros que pasaron a constituir la clase obrera, frente a quienes pasaron a ser propietarios privados de la tierra, convirtiendo las capacidades humanas en fuerza de trabajo y a la naturaleza en tierra: ambas transformadas en mercancías ficticias, con sus correspondientes precios –salario y renta– determinados por sus respectivos mercados.
Polanyi agregó una tercera mercancía ficticia: la moneda. A ello hoy podríamos sumar el conocimiento científico y sus mecanismos de patentamiento.
Asimismo, analizó las políticas paternalistas de redistribución destinadas a contener a los excluidos e indigentes –las Leyes de Pobres– y el debate sobre sus efectos en el mercado de trabajo. Concluyó que, si se permitiera al mercado totalizarse como sistema de intercambio libremente autorregulado por la oferta y la demanda, anulando los demás principios de integración social de la economía, ello conduciría a situaciones caóticas y a conflictos catastróficos.
En síntesis, planteó que una economía de mercado perfecto era una utopía y que el intento de realizarla –tal como proponía el liberalismo– resultaría destructivo para la sociedad y para la vida en general, porque no garantizaría el sustento de los seres humanos.
Polanyi anticipaba que, frente a esa amenaza, surgiría una reacción: un “segundo movimiento” de la sociedad orientado a restablecer mecanismos de protección de la vida.
Hoy la obra de Karl Polanyi ha adquirido actualidad porque sus ideas parecen haber sido escritas para responder al neoliberalismo. A la vez, esas ideas deben ser actualizadas y situadas concretamente en nuestro contexto latinoamericano (Coraggio, 2012).19 Para ello, es necesario considerar las transformaciones experimentadas por nuestras economías y sociedades desde la Segunda Guerra Mundial, que condujeron a un desarrollo capitalista truncado y dependiente, en el cual ciertos bienes –como las industrias básicas, los insumos difundidos y los servicios públicos– y determinadas relaciones económicas –particularmente entre capital y fuerza de trabajo– pasaron a ser regulados conflictivamente por el Estado y la sociedad organizada, mientras otros ámbitos quedaron librados al juego del mercado.
Asimismo, deben tenerse en cuenta las variaciones históricas en la capacidad y orientación de intervención estatal. Así, aun siendo un componente necesario de cualquier proyecto antineoliberal, la experiencia muestra el carácter ambivalente del principio de redistribución. Este puede implementarse de manera clientelar o incluso invertirse en su orientación social, aplicándose de forma jerárquico-autoritaria y brutalmente regresiva en favor de los sectores privilegiados, bajo el argumento de que ello redundará finalmente en un mayor bienestar para todos. Esto puede ocurrir incluso en Estados elegidos conforme a las reglas de la democracia formal, lo que vuelve indispensable considerar los mecanismos hegemónicos mediante los cuales se legitima uno u otro sentido de la redistribución (Birchfield, 2013).
Asimismo, es necesario ampliar el análisis de su funcionalidad incorporando las redistribuciones intersectoriales, por ejemplo, del sector agropecuario al industrial, del campo a la ciudad o de la producción a las finanzas.
Nos corresponde entonces, en primer lugar, sacar a la luz los esquemas mentales hoy vigentes del neoliberalismo que, en buena medida y ya más allá del campo académico, han devenido sentido común naturalizador de la realidad existente. Y, en segundo lugar, construir un esquema conceptual lógicamente consistente y empíricamente fundado, de carácter contrahegemónico, que permita pensar que otra economía es posible.20
Para completar esta agenda de actualización, y más allá de un neoliberalismo que ya lleva cinco décadas de desarrollo, deberíamos comenzar también la crítica de las propuestas extremas de las nuevas derechas. Ya sea de aquellas que proponen, engañosamente, la destrucción universal del Estado social y regulador, o de las que sostienen dobles estándares, como ocurre con el trumpismo, que plantea proteccionismo para EE. UU. y libre mercado para la periferia (CEPAL, 2025).21 Debe tenerse en cuenta, además, que se trata de un fenómeno global: las nuevas derechas son hoy candidatas a gobernar en países como España, Italia, Francia, Austria, Bélgica, Hungría y otros países europeos. En cualquier caso, una hegemonía de estas fuerzas marcaría el fin de la propuesta de capitalismo democrático propia del liberalismo político y abriría paso al intento de instaurar una plutocracia: un gobierno de los ricos.
Aquí cabe preguntarse si no debemos reconocer también la obsolescencia parcial de los esquemas mentales de la democracia representativa formal, corrupta en el sentido planteado por Enrique Dussel (2006): una democracia en la que los representantes se autonomizan de los representados, dejan de escucharlos y “mandan mandando y no obedeciendo”, como dicen los zapatistas.
Algo similar ocurre con los esquemas mentales propios del neodesarrollismo latinoamericano, particularmente con la hipótesis de que, en un contexto de globalización del capital, puede confiarse en la formación de una burguesía nacional orientada al mercado interno y en la redistribución por derrame y el consumo como principales mecanismos de integración social.
Otro tanto sucede con los esquemas mentales de una modernidad homogeneizante, hoy cuestionados por los movimientos feministas y las corrientes decoloniales, que interpelan el propio paradigma del desarrollo y proponen pensar no tanto una Otra Economía en singular como un pluriverso de otras economías (Escobar, 2014; López-Córdoba y Marañón-Pimentel, 2023).
El concepto más abarcativo de Economía Social se inscribe en la ya mencionada corriente de economía sustantiva originada en Karl Polanyi, explicitando y ampliando diversos principios de integración social del proceso económico y de sus actores presentes en toda sociedad. Entre ellos cabe destacar:22
» el principio de producción social, basado en la participación de todas y todos los trabajadores en la división social del trabajo de transformación de la naturaleza (DST), produciendo bienes útiles para resolver necesidades. El trabajo constituye la principal vía de integración social de las personas y el gran organizador de la vida social, hoy puesto en jaque por el neoliberalismo;23
» el principio de distribución primaria –es decir, la apropiación inmediata de lo producido por los distintos agentes del proceso económico–, articulado con el principio de redistribución progresiva de la riqueza, indispensable para asegurar mayores niveles de igualdad y enfrentar la pobreza.24 Una forma fundamental de institucionalización de este principio es el compromiso estatal con la garantía efectiva de los derechos humanos;
» el principio de economía de la casa (Oikos),25 por el cual los miembros de una unidad doméstica –familia o comunidad– comparten bienes y servicios adquiridos mediante un fondo común o producidos para el autoconsumo. Aquí se incluyen especialmente las actividades que el feminismo ha conceptualizado como “economía del cuidado”. En la actualidad, el Oikos se extiende también a “la casa común” y a los Comunes, desde los espacios públicos urbanos hasta la Amazonia;
» el principio de consumo, tanto privado como colectivo, entendido no solo como uso de bienes y servicios, sino también como definición social de necesidades y deseos legítimos;26
» y el principio de coordinación del proceso económico mediante una combinación de mercado, Estado y sociedad organizada.
Cuando hablamos de Economía Social no nos referimos, entonces, a la definición tradicional de origen europeo que la reduce al conjunto de cooperativas, mutuales y asociaciones, ni tampoco a la concepción según la cual sería simplemente la economía “de y para los pobres”. Más bien, calificamos toda la economía como “social” para subrayar que la concebimos como un hecho multidimensional siempre arraigado –en mayor o menor medida– en la sociedad.
Esta perspectiva se diferencia radicalmente de la teoría neoliberal de la economía de mercado, que presupone la fragmentación de la vida social en esferas separadas y sostiene que la esfera económica debe regirse por leyes propias, autonomizadas respecto de lo social, lo político y lo multicultural. Frente a la propuesta neoliberal de promover la competencia de todos contra todos, se trata, en cambio, de ampliar las relaciones solidarias e inclusivas: las formas de trabajo autogestionado, cooperación, complementariedad, reciprocidad, redistribución progresiva, comercio justo, cuidado mutuo y consumo social y ecológicamente responsable.
En síntesis, se trata de avanzar hacia una Economía Social y Solidaria (ESS) entendida como un sistema institucional orientado a sostener y desarrollar la vida de la sociedad en su conjunto y, en particular –aunque no exclusivamente–, a defender a los sectores empobrecidos y excluidos por la economía de mercado libre.
Entendemos, por otra parte, que para analizar las economías empíricas desde el enfoque de economía mixta ya no resulta suficiente limitarnos a una visión de dos sectores. Por el contrario, sostenemos que es necesario partir de la evidencia de una economía compuesta por tres sectores:
» un sector de economía empresarial capitalista, cuya forma básica de organización son las empresas privadas y cuya lógica dominante es la maximización de la ganancia y la acumulación individual y sistémica de valor de mercado;
» un sector de economía estatal o pública, organizado en torno a unidades político-administrativas y fiscales y sus respectivos presupuestos, cuya lógica ideal consiste en procurar el bien común mediante la redistribución, el impulso a la reciprocidad y la regulación del mercado. Sin embargo, este sector también puede ser utilizado para proteger y subsidiar al capital privado27 –nacional o extranjero– y para otorgar gobernabilidad a un sistema socialmente insostenible, asistiendo a los excluidos mediante políticas de mera supervivencia. Política y economía aparecen aquí claramente imbricadas. A ello debe agregarse el uso de recursos públicos para el enriquecimiento de ciertos funcionarios;
» y, finalmente, un sector de economía popular (EP), es decir, la economía de las mayorías trabajadoras, de quienes viven o aspiran a vivir de su trabajo. Su célula básica de organización es la unidad doméstica familiar o comunitaria (UD), cuyo sentido inmediato es la reproducción ampliada de la vida de sus miembros. Incluye trabajadores asalariados –formales e informales– que procuran un salario; trabajadores autogestionados rurales y urbanos que producen para el mercado y obtienen ingresos netos, ya sea en emprendimientos individuales, familiares, comunitarios o asociativos; y también el trabajo doméstico orientado al autoconsumo mediante el acceso directo a valores de uso. Aunque el trabajo constituye su principal recurso, las UDs pueden disponer asimismo de medios de producción, bienes de consumo durables –como la vivienda o el transporte– y ciertos ahorros.28
No se trata, entonces, del llamado “sector informal”, compuesto por trabajadores sin patrón o por relaciones de producción no capitalistas caracterizadas habitualmente como premodernas, atrasadas o ilegales, noción que con frecuencia se confunde erróneamente con la economía popular (Coraggio, 1994).
Ahora bien, construir una economía orientada a la reproducción de la vida implica expandir la solidaridad en las relaciones económicas. Por solidaridad económica entendemos tanto el imperativo moral –incluso religioso– de reconocer al otro y contribuir a resolver sus necesidades, sea de manera unilateral, filantrópica o simétrica, como una solidaridad orgánica entre actores que cooperan y se complementan por conveniencia mutua, articulando trabajos, producciones, redes de ayuda recíproca y reivindicaciones compartidas.29
Una economía solidaria comprende acciones y relaciones solidarias presentes en los tres sectores de la economía mixta. Por ejemplo, la solidaridad democrática mediante la cual el Estado redistribuye recursos hacia los sectores más necesitados, o la solidaridad filantrópica empresarial a través de fundaciones (Laville, 2004).
Sin embargo, queremos destacar especialmente que la construcción de una ESS supone, en particular, el tránsito desde la economía popular realmente existente –generalmente poco solidaria, en tanto economía popular propia del capitalismo– hacia una economía popular solidaria (EPS).30
Esta propuesta resulta disruptiva para el sentido común dominante y adquiere creciente relevancia frente a las tendencias irreversibles del mercado de trabajo contemporáneo. La EPS no reduce la economía popular a actividades residuales o intersticiales de trabajadores excluidos o empobrecidos, condenados a la mera sobrevivencia o a la asistencia. Por el contrario, busca reconocer y potenciar su aporte al conjunto de la economía. Se trata, además, de una dimensión insuficientemente valorada por el neodesarrollismo.
Al intentar potenciarse, la EPS enfrenta un contexto hostil, hegemonizado por el proyecto neoliberal de una sociedad profundamente desigual, la despolitización, la mercantilización y la homogeneización de todas las esferas de la vida.
Cuando hablamos de “vida”, además, no nos referimos solamente a la vida biológica, sino a una vida digna en sociedad, al buen vivir. No se trata de una existencia impulsada por un consumismo cuantitativista e irresponsable, movilizado compulsivamente por el deseo ilimitado de poseer más y más bienes de consumo –lo que metafóricamente suele llamarse “nivel de vida”–, sino de una vida basada en un consumo ético, responsable de sus efectos sociales y ambientales, abierto a satisfactores de calidad comunitaria y social, compatible con la austeridad y, al mismo tiempo, con la igualación del acceso de todas y todos a los bienes y servicios necesarios para una vida digna.
Ello implica superar la exclusión del mercado de trabajo, avanzar hacia una redistribución progresiva del ingreso y de los medios de producción, y garantizar el acceso subsidiado o gratuito a bienes públicos fundamentales como la salud y la educación. Supone también extender este principio ético al conjunto de las relaciones humanas y, particularmente, a la calidad social del trabajo, que constituye por sí mismo un satisfactor fundamental de las necesidades.31
Cuando hablamos de “satisfactores”, finalmente, no aludimos simplemente al acceso a bienes y servicios, sino a modos sinérgicos de satisfacer necesidades múltiples, produciendo simultáneamente relaciones de proximidad32 y lazos comunitarios y societales orientados por una racionalidad reproductiva (Hinkelammert y Mora, 2009; Max-Neef et al., 1986).
Actualmente partimos de una economía mixta propia del capitalismo periférico, estructuralmente heterogénea. En ella, la justicia social y la institucionalidad estatal solidaria que nuestras sociedades lograron construir se encuentran hoy amenazadas –cuando no directamente arrasadas– por las nuevas derechas. Se trata de economías integradas de manera subordinada al mercado global, orientadas hacia la recomposición de modelos primario-exportadores, procesos de desindustrialización y situaciones de endeudamiento estructuralmente impagables. A ello se suma un sector de economía popular inflado por una crisis prolongada y caracterizado, en muchos casos, por relaciones poco solidarias, e incluso salvajemente competitivas, atravesadas por la lucha por la supervivencia.
Desde la perspectiva de ampliar la EPS, particularmente en lo referido a la actividad económica autogestionada por las y los trabajadores, esta construcción exige pensar y actuar colectivamente en tres niveles de complejidad creciente.
En primer lugar, el nivel microsocioeconómico, referido a la definición de estrategias de desarrollo e inserción del fondo de trabajo de las unidades domésticas (UDs). Esto puede realizarse mediante la venta de fuerza de trabajo a cambio de salario y derechos laborales, mediante la organización de emprendimientos mercantiles autogestionados –individuales o asociativos, pequeños, medianos o en algunos casos grandes–, o bien a través de formas comunitarias orientadas a resolver necesidades compartidas. Asimismo en este nivel se van definiendo las formas de consumo individual o colectivo.
Este nivel resulta imprescindible para enfrentar la exclusión, la pobreza y la desesperanza, actuando directamente sobre la vida cotidiana de las y los trabajadores y arraigando valores de solidaridad. Sin alcanzar al menos una seguridad existencial básica, difícilmente las personas puedan dedicar energías a pensar y actuar colectivamente para transformar su contexto.
En segundo lugar, el nivel mesosocioeconómico de contexto, correspondiente a las articulaciones y cooperaciones sectoriales y territoriales entre UDs, emprendimientos y bases naturales compartidas. Se trata de un nivel fundamental para construir organización horizontal de base, reconocimiento mutuo y comunidad en la diversidad; para defender salarios; para articular dando mayor viabilidad a la masa de emprendimientos autogestionados; para desarrollar redes interdomésticas de cuidado; y, en general, para potenciar la eficacia de la economía popular mostrando las ventajas materiales y subjetivas de la solidaridad.
Es también el espacio en el que emergen liderazgos vinculados a la EPS, orientados por valores de democracia, cooperación y reciprocidad. En este plano, se vuelve necesario participar en el mercado como productores y consumidores asociados, compitiendo con el capital allí donde ello resulte posible –ya sea por menores costos o por calidad diferencial– y disputando términos justos de intercambio comercial.
Asimismo, este nivel incluye la organización solidaria de trabajadores asalariados mediante sindicatos locales, regionales y nacionales, tanto de quienes se desplazan diariamente fuera del territorio como de quienes trabajan para empresarios locales. Supone también ampliar la autarquía de los territorios de la economía popular, promoviendo el “compre local”, la seguridad alimentaria y energética, las monedas sociales y las finanzas solidarias locales.
Al mismo tiempo, implica avanzar hacia formas participativas de gobierno local con capacidad para reivindicar y gestionar políticas públicas orientadas a regular el mercado, garantizar bienes públicos de calidad –como salud y educación– y asegurar el acceso a condiciones fundamentales de producción, como la tierra rural, el suelo urbano y el conocimiento científico.33
En tercer lugar, el nivel sistémico, correspondiente a la economía mixta en su conjunto y a su inserción en el contexto global. Aquí participan actores colectivos de la ESS con capacidad de incidir en decisiones regionales y sectoriales tomadas en el espacio público estatal y social: desde debates legislativos, políticas salariales, impositivas o previsionales, hasta la articulación en redes internacionales de ESS en espacios como UNASUR, CELAC o BRICS.
En este nivel se trasciende el proceso de consolidación de un sector de economía popular incluyendo propuestas de transformación en el sistema de distribución de la riqueza material y la viabilidad de las estructuras productivas y reproductivas de la sociedad en su conjunto.
Se incluye también la confrontación con políticas macroeconómicas como la de importación de mercancías baratas y la búsqueda de un desarrollo nacional endógeno con mayores márgenes de autarquía y desconexión respecto de las dinámicas globales dominantes (Amin, 1998). Desconexión que, conviene aclarar, no implica aislamiento ni dualización.
Como trabajadores y trabajadoras de la economía popular, podemos participar colectivamente en proyectos de EPS en esos tres niveles. No se trata tanto de replicar modelos organizativos preexistentes como de promover procesos democráticos abiertos de búsqueda, invención, experimentación y consolidación de relaciones económicas solidarias orientadas a la sustentación de la vida en cada contexto concreto.
En este punto resulta fundamental reconocer que no puede construirse otra economía sin construir también otra subjetividad. De allí la importancia del control colectivo de los procesos por parte de quienes participan activamente en ellos, fortaleciendo convicciones y seguridades compartidas frente a un mundo crecientemente organizado sobre la base del miedo, la impotencia y la incertidumbre.
La respuesta a esta pregunta es que no se trata de una mera utopía ilusoria sino una utopía real (Wright, 2009).34 Para fundamentarlo empíricamente basta armar una heterotopía, reconociendo las innumerables experiencias ya existentes y sostenidas de economía popular solidaria, pequeñas, medianas y también de gran escala.
Basta mencionar algunos ejemplos: la urbanización autoconstruida de Villa El Salvador, en el desierto de Lima, que llegó a albergar alrededor de 800.000 habitantes y constituyó su propio municipio; la red global de programadores que, sobre la base de relaciones de reciprocidad, desarrolló y difundió gratuitamente el sistema operativo Linux, compitiendo con Microsoft; Wikipedia, como bien común global construido mediante trabajo voluntario cooperativo; cooperativas y mutuales complejas con decenas de miles de asociados, como CECOSESOLA; o las queseras de Bolívar, en Ecuador. También pueden mencionarse enormes ferias y redes comerciales de alcance latinoamericano e incluso global, como las articuladas en El Alto, La Salada o São Paulo, en las que predominan relaciones de producción basadas menos en vínculos objetivados de mercado que en relaciones de parentesco, afinidad y confianza.
Hemos identificado innumerables experiencias (Coraggio y Loritz, 2022; Coraggio, 2018)35 que muestran la diversidad de actividades orientadas a resolver las necesidades de las mayorías y evidencian el potencial económico y social de las y los trabajadores. Entre ellas pueden señalarse:
» la recuperación de empresas quebradas en diversas ramas productivas;
» la producción de vivienda, infraestructura y hábitat;
» la producción de alimentos, textiles, calzado, herramientas y energías limpias;
» la prestación de servicios de finanzas solidarias, educación, salud, transporte, turismo y comunicación;
» la participación en el diseño y gestión de políticas públicas;
» y la constitución de movimientos de alcance mundial, como RIPESS LAC, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra o La Vía Campesina, promotor de la soberanía alimentaria.
Sería deseable que en aquellos países donde hoy gobiernan –o eventualmente vuelvan a hacerlo– proyectos nacionales y populares, se supere, a diferencia de lo ocurrido a comienzos de siglo, el enfoque Estado-céntrico asociado al neodesarrollismo modernizante. Más allá de expandir las formas tradicionales de cooperativas, mutuales y asociaciones, se trataría de inventar nuevas formas sociocéntricas de organización de la EPS, ni mercado-céntricas ni Estado-céntricas.
En cualquier coyuntura, lo central es que Estado y sociedad, articulados democráticamente, asuman explícitamente como objetivo la construcción de una EPS, reconociendo la autogestión de las y los trabajadores como fuerza productiva y transformadora de la sociedad.36
Para quienes consideran esta propuesta como meramente utópica, cabe responder que, por un lado, estamos desplazando la frontera de lo posible en el plano del pensamiento y que, por otro, dado que no se trata de una evolución espontánea, dicho desplazamiento sólo podrá realizarse mediante la acción colectiva y la generación de condiciones concretas de factibilidad para innovaciones y procesos institucionales orientados por el principio ético de reproducción y desarrollo de la vida. Ello supone asumir, además, que no existe un modelo alternativo predeterminado.
Desplazar esa frontera implica derribar obstáculos teóricos, ideológicos y materiales impuestos por el sistema de dominación, aprender reflexivamente de las dificultades y demostrar, en la práctica, la viabilidad de avanzar hacia una ESS. No se propone aquí una revolución destinada a eliminar todas las formas económicas de capital privado, sino revertir el dominio de su lógica sobre la economía y la sociedad en su conjunto.
Esto supone un proceso de transición basado en reformas fuertes y acumulativas que permitan institucionalizar progresivamente el principio de reproducción y desarrollo de la vida humana y de la naturaleza, teniendo como base social a las y los trabajadores en sus múltiples identidades.
Como comunidad en busca de otra economía, enfrentamos entonces el desafío planteado por la nueva fase del capitalismo. Ello requiere claridad conceptual para imaginar lo posible y lo deseable, así como capacidad para reconocer y aprender de las experiencias históricas sustentables de ESS.
Se trata de acompañar a las fuerzas populares en la tarea de proponer alternativas económicas realistas y creíbles para los actores de base, pensando y actuando no solo en el plano microeconómico, sino también en los niveles meso y sistémico. Todo ello sabiendo que no existen cartillas infalibles y que el aprendizaje colectivo, la experimentación y el intercambio entre pares pueden resultar tan valiosos como el conocimiento experto.
Aquí resultan fundamentales tanto la plausibilidad teórica como la demostración práctica de la eficacia de las propuestas, así como su validación moral –por ejemplo, el reconocimiento de la dignidad del trabajo por cuenta propia, sin patrón–, tanto para los actores de la economía popular como para la sociedad en su conjunto.
Esto adquiere especial relevancia en un contexto en el que, en nombre de la libertad irrestricta de mercado, emociones como el miedo, el odio, la inseguridad y la desconfianza son instrumentalizadas políticamente por las derechas, hoy además mediante la manipulación de las redes sociales. También resulta decisivo para evitar que el asistencialismo clientelar aparezca como única respuesta posible frente a la pobreza y la exclusión y para contrarrestar la estigmatización de los trabajadores excluidos (que “no quieren trabajar”) por parte de los formalizados.
En el plano territorial y local, se trata de trabajar desde las bases de la economía popular construyendo un archipiélago de territorios libres de neoliberalismo, cavando trincheras en lo que probablemente será una confrontación prolongada. Así como llevó décadas industrializar nuestros países, llevará también décadas –esperemos que menos– construir una ESS desde el interior mismo del capitalismo, avanzando y retrocediendo, aprendiendo en el camino.
Cuando hablamos de “territorio”, no nos referimos simplemente a una porción geográfica de base natural o construida, sino a un entramado de relaciones económicas, culturales, políticas y afectivas de proximidad entre las personas y entre éstas y la naturaleza (Acosta y Viale, 2024), ya sea en ámbitos rurales, urbanos o rururbanos.
Un salto cualitativo de la economía popular ocurre cuando esta no solo se organiza para fortalecer sus propias actividades solidarias, sino cuando asume como objetivo la organización democrática del territorio mismo, articulando producción mercantil, trabajo reproductivo y provisión pública de bienes y servicios.
Ahora bien, dependiendo de cada situación concreta, los avances logrados en la expansión de la solidaridad económica –desde la sociedad organizada, mediada o no por el Estado– y, particularmente, en el desarrollo de la EPS, podrían no ser suficientes en lo inmediato para transformar la economía en su conjunto. Sobre todo si se tiene en cuenta que atravesamos un punto de inflexión epocal de un sistema-mundo complejo e inestable (Wallerstein, 2003), lo que vuelve extremadamente difícil prever trayectorias históricas precisas para cualquier proyecto transformador de totalidades sociales.
Sin embargo, aun en el peor de los casos, esos avances contribuirán a generar una cultura de la cooperación y la solidaridad, asegurando mejores bases socioeconómicas para sostener procesos de transformación y condiciones de vida más dignas para las y los trabajadores.
Esa Otra Economía (OE) resultará de una sucesión de construcciones políticas voluntarias impulsadas por fuerzas sociales organizadas en combinaciones siempre contingentes, particularmente por aquellas cuya existencia misma se ve amenazada por el proyecto neoliberal y anarcocapitalista. En este proceso se articulan la confrontación discursiva y la indispensable práctica de producción y reproducción ampliada de las bases materiales de vida de las y los trabajadores que luchan contra la exclusión y la pauperización. En ese marco, impulsar la economía popular solidaria, dentro de una ESS, constituye un eje fundamental de tales prácticas.37
Esto requiere pensar y actuar la conformación de sujetos colectivos enfrentados al neoliberalismo y a sus representantes, articulando una diversidad de intereses bajo la forma política de pueblo (Laclau, 2005). Supone impulsar transversalmente la orientación solidaria de las reivindicaciones económicas de movimientos y sectores populares, democratizar el sistema de representación política y social y el propio Estado, y fortalecer la presencia activa y relativamente autónoma de viejos y nuevos movimientos socioculturales. A lo largo de su historia, estos movimientos han elaborado y experimentado diversas propuestas que alimentan la convicción de que otra economía, donde quepan todos, es posible.
La conformación de ese pueblo incluye también alianzas políticas con sectores capitalistas perjudicados por las políticas neoliberales, como ocurre con muchas micro y pequeñas empresas condenadas por la liberalización irrestricta de los mercados. Del mismo modo, supone la articulación, en sistemas productivos mixtos, entre tales empresas y formas no subordinadas de autogestión de las y los trabajadores.
Las propuestas de acción económica orientadas –implícita o explícitamente– por el principio ético de reproducción y desarrollo de la vida son múltiples y aparecen hoy fragmentadas. Entre ellas pueden mencionarse asociaciones de clubes de barrio, mutuales de servicios, cooperativas, movimientos de trabajadores sin tierra, sin techo y sin trabajo, organizaciones de personas con discapacidad, movimientos juveniles y estudiantiles, organizaciones ecologistas que defienden los derechos de la naturaleza, colectivos que luchan contra el agronegocio y la expoliación del suelo y el agua, movimientos que se oponen a la minería a cielo abierto, redes de consumidores responsables, experiencias de trueque, monedas sociales, finanzas solidarias, banca ética, bancos de tiempo, redes de comercio justo, radios y teatros comunitarios, bibliotecas populares, organizaciones de pueblos originarios y afrodescendientes, movimientos en favor de la medicina natural y de la regulación del negocio farmacéutico, así como articulaciones entre organizaciones de la economía popular, institutos técnicos y universidades, entre muchas otras experiencias.
No hay que inventar la pólvora: contamos con una larga historia de críticas a la economía de mercado y de formulaciones alternativas. Nos referimos a los movimientos sociales que, a comienzos de siglo, convergieron en el Foro Social Mundial: el feminismo, el comunitarismo indígena decolonial en defensa de los territorios ancestrales, el campesinismo, el ecologismo y el movimiento estudiantil. A ellos deben sumarse las tradiciones históricas del socialismo, el anarquismo, el cooperativismo, el mutualismo y el sindicalismo, de las que cabría esperar que reconozcan su afinidad de clase con la heterogénea masa de trabajadores autogestionados.
A esto se agrega el desafío de reconocer la dimensión religiosa de la cultura popular latinoamericana, incluyendo los aportes de la doctrina social de la Iglesia, la teología de la liberación y la teología del pueblo impulsada por el Papa Francisco, en diálogo también con corrientes del protestantismo que disputan el avance del neo pentecostalismo alineado con el individualismo neoliberal.
Todos estos movimientos contribuyen potencialmente a una agenda de desarrollo de la ESS y, en particular, de la EPS. La política emerge precisamente cuando se trabaja por la convergencia de esas fuerzas en tanto pueblo enfrentado al sistema capitalista y a sus representantes, ya sea bajo formas de antagonismo o de agonismo democrático (Mouffe, 2007). En ese marco, la propuesta de transición hacia un sistema económico social y solidario puede explicitar la dimensión económica de esos movimientos y ocupar un lugar relevante en su articulación. Cabe esperar, en consecuencia, que el desarrollo de los sujetos colectivos de la EPS impulse la elaboración de un proyecto alternativo de poder frente a la hegemonía actual.
Esto supone una batalla cultural situada, enfrentada a las nuevas técnicas de la psicopolítica destacadas por Byung-Chul Han (2014)38 que buscan producir el consentimiento pasivo de individuos aislados actuando directamente sobre sentimientos y emociones, fomentando el odio y profundizando las fracturas dentro del propio campo popular: entre trabajadores formales y excluidos asistidos; entre sectores medios y pobres; entre mujeres y varones; entre indígenas, mestizos, negros y blancos.
Esa lucha exige confrontar el sentido común que naturaliza el capitalismo y clausura la imaginación histórica bajo la premisa de que “no hay alternativa”. Un sentido común que desalienta la comprensión crítica de la historia y reemplaza la idea de una sociedad basada en responsabilidades mutuas por la imagen de individuos aislados compitiendo entre sí. Las prácticas políticas contrahegemónicas deben, por el contrario, desmontar ese sentido común y construir consensos activos y reflexivos.
Esto se potencia cuando los actores de base y sus organizaciones problematizan, debaten y participan directamente en la producción del pensamiento crítico.39 Aunque la elaboración teórica resulta indispensable para imaginar otras realidades posibles, dicho pensamiento se nutre también de los aprendizajes construidos cotidianamente mediante la secuencia acción-reflexión-acción, particularmente en las prácticas públicas de construcción de una economía solidaria que contribuya efectivamente a la reproducción y desarrollo de la vida digna.
Aquí adquiere especial importancia comprender que las tendencias estructurales actualmente en curso impedirán probablemente la generalización de aquello que históricamente fue considerado el paradigma del trabajo digno: el empleo asalariado formal. Tales tendencias alimentarán asimismo el escepticismo respecto del futuro de las instituciones democráticas, profundamente erosionadas por la mercantilización de la política. Por ello, será necesario reconocer esos límites históricos y, al mismo tiempo, ampliar o inventar nuevas formas de integración social por el trabajo y de participación democrática.40
En una sociedad marcada por la exclusión, la política se convierte así en una lucha contra la hegemonía de la ideología neoliberal y, actualmente, también contra la utopía anarcocapitalista. Esto exige superar hipótesis paralizantes, como la creencia en una evolución automática y superadora de las sociedades –ya sea bajo la forma de una supuesta caída inevitable del capitalismo o de una erosión espontánea de las derechas debido a sus propias contradicciones–, así como la idea de una predeterminación histórica del sujeto transformador, como ocurrió en su momento con la concepción canónica de la clase obrera.41
Al mismo tiempo, resulta necesario revisar críticamente las hipótesis sobre el determinismo “en última instancia” de lo material. Tal vez solo así podamos comprender por qué amplios sectores oprimidos, empobrecidos, excluidos y sumidos en la desesperanza terminan, muchas veces, votando a quienes actúan objetivamente como sus verdugos.
América Latina atraviesa una crisis estructural del trabajo formal como principal mecanismo de integración social. La globalización del capital, la financierización de la economía y la revolución tecnológica han profundizado la exclusión, la precarización laboral y la desigualdad, debilitando tanto los derechos sociales como las formas tradicionales de organización colectiva.
Sostenemos que el neoliberalismo y las nuevas derechas no representan solamente un cambio de política económica, sino un proyecto de reorganización integral de la sociedad orientado a mercantilizar todas las dimensiones de la vida, desmantelar la capacidad reguladora del Estado y naturalizar la desigualdad social como resultado inevitable de la competencia entre individuos.
Frente a ello, afirmamos la necesidad de construir una Economía Social y Solidaria orientada por el principio ético de la reproducción y el desarrollo de una vida digna para todas y todos, en equilibrio con la naturaleza. La economía no debe organizarse en función de la acumulación ilimitada del capital, sino de la satisfacción de las necesidades legítimas de la sociedad y del fortalecimiento de vínculos solidarios y democráticos.
En este marco, la Economía Popular Solidaria constituye una base estratégica para la construcción de otra economía y otra sociedad. Su fortalecimiento requiere impulsar formas asociativas, territoriales y autogestionadas de producción, distribución, consumo y cuidado, articuladas en distintos niveles –micro, meso y sistémico– capaces de ampliar la autonomía popular y democratizar la economía.
Finalmente, sostenemos que la construcción de una alternativa histórica al neoliberalismo exige una disputa política, cultural y ética de largo plazo orientada por una utopía real. No alcanza con resistir las consecuencias más destructivas del mercado total: es necesario transformar el sentido común dominante y construir sujetos colectivos capaces de impulsar una transición hacia una sociedad más justa, democrática, solidaria y orientada al Buen Vivir.
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1 Por brevedad y para seguir las siglas más utilizadas, cuando decimos construir Otra Economía (OE), una Economía Social Solidaria (ESS), significamos otro sistema económico social solidario, como lo designa la Constitución del Ecuador (Coraggio, 2011).
2 Aunque resultará obvio, este breve ensayo no tiene la pretensión de dar cuenta del proceso histórico ni de toda la complejidad de la coyuntura actual del sistema mundo. Es apenas la propuesta de un acuerdo básico, en un diálogo con los impulsores de la Economía Popular Solidaria.
3 Hemos decidido ubicar como notas al pie aclaraciones y ejemplos que harían pesada la lectura. Este ensayo puede leerse de corrido sin ver las notas.
4 Esto no se debe solo a su ineficaz manejo de los mecanismos macroeconómicos o a su productivismo, que confiaba en que el crecimiento mercantil (el tamaño de la torta) y su redistribución (equidad) iban a resolver la cuestión social sin superar el extractivismo ni transformar las estructuras del poder real y sus bases económicas. Desde nuestra perspectiva, tal insuficiencia se evidencia cuando dirigentes políticos se proponen como objetivo lograr un “capitalismo serio” o alguna variante de ello. Por ejemplo, Cristina Kirchner, la expresidenta de la Argentina, ha dicho que “El capitalismo se ha demostrado como el sistema más eficiente y eficaz para la producción de bienes y servicios que necesita la humanidad” (citado en https://www.laizquierdadiario.com/Cristina-Kirchner-El-capitalismo-es-el-sistema-mas-eficiente) y aboga por una economía mixta capitalista con fuerte presencia del Estado regulador. Decir que una economía es “capitalista” implica que está dominada por la lógica de la acumulación ilimitada del capital con todas sus dimensiones sociales, políticas, ecológicas y culturales, en particular el extractivismo y el consumismo. Aunque tiene componentes que caben en la propuesta de la ESS, ni en el discurso ni en la práctica se consideró la economía opular como fuerza productiva, ni tampoco a la radicalización de una democracia superadora del estatismo como eje de acción social y política. En buena medida, los trabajadores quedaron como masa de la que se esperaba un consenso pasivo. Y el boom de las commodities acentuó el extractivismo. Si nos preguntamos sobre las causas del inesperado apoyo electoral a las nuevas derechas, en gran medida se debe a la erosión de su sentido y la decadencia del proyecto progresista/populista. Ver Semán (coord.), 2023.
5 La Economía Social no arroja “el bebé neoclásico con el agua del baño”. La teoría neoclásica es, por un lado, la expresión científica de la utopía de que el mercado libre conduciría, a través de la generalización de comportamientos utilitaristas, al equilibrio general y al máximo de bienestar. Lo cual, si se asume como proyecto realizable, es autodestructivo. Pero, por otro lado, tiene componentes analíticos que contribuyen a explicar y anticipar los fenómenos de mercado, como la teoría de la “competencia imperfecta”. Despojada de su función normativa, puede ayudar a anticipar, por ejemplo, las tendencias a la concentración de la riqueza y la formación de monopolios, a la manipulación sistemática de las preferencias de los consumidores por medio de la propaganda, a la selección de técnicas de producción contaminantes del medio ambiente, a la destrucción de otros modos y relaciones de producción, o excluyentes de trabajadores del sistema de división social del trabajo. A la vez permite anticipar qué políticas públicas pueden contribuir a contrarrestar esos efectos. Otro tanto con la teoría macroeconómica keynesiana. Una deficiencia compartida de esos sistemas teóricos es su supuesto del homo economicus, no registrando otros principios de acción constitutivos del sistema económico, como la reciprocidad.
6 Aquí es necesario diferenciar entre el discurso filosófico de los libertarios, y las prácticas del anarcocapitalismo realmente existente, así como sus resultados y tendencias previsibles. La libertad individual irrestricta (negativa) anula la posibilidad de una libertad construida por asociación (positiva) y en democracia. El mercado libre conduce a la concentración de la riqueza en grandes corporaciones financieras cuyos propietarios son valorados como “los héroes” de la sociedad, acentuando a la vez las relaciones desiguales centro-periferia. Un Estado totalitario, represor del descontento social, se vuelve indispensable para sustentar el desarrollo y sustentabilidad social de la sociedad resultante, extremadamente desigual, sin política, sin justicia social ni soberanía.
7 Algo a lo que no es indiferente el proyecto estratégico de avanzar en la construcción de economías populares solidarias a nivel local, nacional, regional y global, base para el desarrollo de sistemas económicos solidarios. Consideramos que no debe caerse en la simplificación de que China es apenas una nueva forma de imperialismo. La economía popular solidaria debe surfear en las contradicciones de los poderes económicos globales.
8 En esto podemos anticipar que el proyecto antipopular de la derecha, a la vez que destruye puestos de trabajo asalariado formal, puede vanagloriarse de promover la “formalización mercantil” de parte del trabajo precario: un trabajo cuyo valor sea determinado por el juego de la oferta y la demanda en el mercado, que sea legalmente reconocido, con derechos anulados o reducidos respecto al paradigma liberal del trabajo formal (derechos a vacaciones, licencias, extensión de la jornada de trabajo, salario mínimo, salario familiar, indemnizaciones por despido sin causa, discriminación positiva a las trabajadoras, jubilaciones y pensiones, etc.). Estadísticamente esto sería interpretado como un incremento del empleo formal.
9 Se viene dando un debate acerca de si estas propuestas antiprogresistas son fascistas. Aquí es posible recuperar el análisis que hacía Polanyi sobre la esencia del fascismo. Mientras el fascismo quiere desaparecer a los individuos-ciudadanos y la política, concentrando el poder en la fusión entre Estado y corporaciones capitalistas, el libertarianismo parece afirmar a los individuos como única realidad, ya que, como decía Thatcher, “la sociedad no existe”. Pero lo hace caracterizando a los individuos como homo economicus, emprendedores que buscan maximizar sus resultados en competencia con los otros, sin solidaridad, no como personas que sólo existen estando en relación positiva con otros. La justicia social, la política, la democracia y el Estado, donde se pueden hacer valer las mayorías desposeídas y pueden surgir solidaridades entre las personas y grupos, deben ser erradicadas o minimizadas. La economía de mercado debe ser liberada, desarraigada de la sociedad y la política. Sin embargo, en la práctica es posible una deriva fascista, donde las corporaciones capitalistas y el Estado que les es funcional se fusionen en detrimento de la democracia y los derechos humanos y desaten una ola de pugnas proteccionistas (¿Trump?). Como veremos, para la Economía Social, la sociedad existe y la política puede democratizar la economía, regulando los intercambios y, por ejemplo, limitando la concentración de la propiedad en manos privadas.
10 Cuando decimos “sociedad” no nos referimos solamente a una sociedad de clases (más o menos igualitaria, más o menos basada en relaciones de explotación), sino que incluimos las diversas contraposiciones conflictivas, como las de género, étnicas, etarias, ideológicas, culturales, etc., que se entrecruzan e integran (o no) contradictoriamente ese todo societal. Esto atraviesa tanto una conceptualización completa (que aquí no intentaremos) como la empiria de la “economía popular”.
11 Por su propia dinámica, el sistema capitalista de mercado expande los deseos al infinito. Respecto a las necesidades, ¿cuáles deben satisfacerse? El neoliberalismo dice que serán aquellas que puedan manifestarse como demandas solventes a los precios de mercado, por lo que, como consecuencia, sería lógico que una parte de las personas no pueda satisfacerlas.
La ESS postula que los satisfactores deseados de las necesidades deben legitimarse en una sociedad solidaria y que una parte de ellas, que suelen calificarse de básicas, debe ser satisfecha para todas y todos (ver Arancibia, 2020). Así, la deliberación democrática puede decidir que no es legítimo que unos pocos importen automóviles de alta gama mientras hay mayorías que padecen hambre. Esto supone la sobriedad como un valor cultural difundido en la sociedad, máxime cuando el ecosistema tierra viene señalando la irracionalidad del consumo ilimitado. Cuáles son las reglas que avalan la decisión (voto unipersonal por mayoría, parlamento, consejo consultivo de organizaciones de la sociedad civil, consenso al modo de las comunidades indígenas…) es previamente decidido por la sociedad y puede ser cambiante a lo largo de la historia, por cambios en la cultura y en las condiciones materiales. En un sistema con disputa por la hegemonía y manipulación simbólica requiere plena información sobre las consecuencias de la acción en debate. A la vez, no implica un rígido sistema de racionamiento, impuesto sin pluralidad de preferencias ni libertad individual de elección sobre qué consumir, aun dentro de los márgenes establecidos de legitimidad, que tampoco son universales. Por otro lado, admite la diversidad que, en este caso, supone que las necesidades puedan ser priorizadas en un primer momento dentro de grupos diferenciados cultural o socialmente, para luego avanzar en espacios más amplios de deliberación.
Nada de lo cual presume la ausencia de conflictos que, para ser coherentes con la propuesta de una economía solidaria, deberán resolverse democráticamente. En todo caso queda claro que la política no es algo externo a la economía.
12 Siendo un punto de referencia no negociable, el principio ético enunciado resulta abstracto si no se acompaña de la institucionalización de una democracia radical, en la que tanto la libertad como la igualdad sean valoradas, y la ciudadanía pueda participar en determinar qué se considera el bien común en cada coyuntura.
En cuanto a la paz, no implica un mundo utópico sin conflictos, sino llegar a un sistema dialógico, no violento, de resolución de estos entre adversarios antes que enemigos (ver Mouffe, 2007).
13 Una definición más completa de economía sería la siguiente: es el sistema de instituciones, valores morales, prácticas y relaciones sociales que se da en una sociedad en cada época histórica, para que sus miembros y la sociedad toda se ubiquen en la división social del trabajo global, organizando la producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios, y realizando el metabolismo socionatural (intercambio de energía entre los hombres en sociedad y el resto de la naturaleza), de modo de satisfacer, de la mejor manera posible, las necesidades y deseos legítimos de todas y todos los miembros de esa sociedad, incluyendo las generaciones futuras. Se trata de una reproducción ampliada de la vida en cada momento histórico: una vida con dignidad, con libertad responsable de opciones, en democracia y en equilibrio con la naturaleza. Se destacan así las dimensiones culturales, políticas y ecológicas de la economía.
Un aspecto crucial de ese sistema de instituciones es cómo define la riqueza y cómo pauta las formas de definir, movilizar, distribuir/apropiar y organizar los recursos y capacidades humanas como medios para lograr las finalidades de la economía. Contraponemos el concepto de reproducción ampliada de la vida al de reproducción ampliada del capital para significar que la vida no es una vida básica, estática, en condiciones dinámicas desiguales con respecto al capital, que tiene un horizonte ilimitado. Pero no nos referimos a una posesión de cantidades siempre mayores de bienes, sino a una calidad siempre mejorable de goce de la vida. Tampoco se trata de más educación, más servicios de salud, más viviendas, sino de otra educación, otra salud, otro hábitat, etc.
14 Existen ejemplos ilustrativos. Hace algunas décadas se debatían intensamente las consecuencias del tabaquismo para la salud tanto de los fumadores como de quienes convivían con ellos. Intervinieron evidencias científicas contrapuestas, intereses corporativos y disputas mediáticas por el sentido común. Finalmente, en buena parte del mundo occidental se institucionalizaron nuevas regulaciones sobre los derechos de fumadores y no fumadores, reorganizando no solo los espacios públicos sino también los ámbitos familiares. Hoy continúan abiertos debates similares acerca de las consecuencias de la contaminación ambiental, el consumo de drogas, la polarización social o la criminalidad, nuevamente atravesados por disputas científicas, intereses económicos y luchas por la construcción del sentido común.
15 Cada uno de esos principios o formas de integración social toman cuerpo a través de una diversidad de instituciones básicas que pautan los comportamientos (más o menos armónicos o conflictivos) de los miembros de la sociedad que participan en unas u otras relaciones (la familia, el régimen de propiedad, la comunidad étnica, la escuela, la cooperativa, el Estado, los mercados, el dinero, el sindicato, la iglesia, el sistema de transporte, el hospital, el trabajo asalariado, la fábrica, la cárcel, el vecindario, el acto electoral, la asistencia social, el ingreso mínimo universal, la moda, etc.). Al participar de esas instituciones siguiendo sus reglas, los individuos se integran socialmente, o pueden ser excluidos de algunas de ellas. Aquí nos preocupa, en particular, la exclusión del trabajo asalariado.
16 Polanyi menciona en otra parte el Oikos o principio de la casa, de la economía doméstica, pero no lo incluye entre los otros principios que podríamos decir son relativos a la circulación de lo producido. Lo retomaremos más adelante.
17 El papel del Estado y de la estructura de poder que permite la redistribución puede llevar a afirmar que hay una autonomía relativa entre política y economía y que la política interviene en la economía externamente. Esto reduce la economía a mercado, mientras que desde nuestra perspectiva proponemos que la economía (social) es un entramado de relaciones que también incluyen (internamente) la dimensión del poder asimétrico, tal como la que se da, por ejemplo, entre patrón capitalista y trabajador asalariado o la posible pugna de poder entre Estado (Economía Pública) y corporaciones capitalistas. Para un debate sobre esto puede verse Alain Caillé (2009) y otros trabajos incluidos en la misma publicación.
18 En este caso, para Polanyi, siguiendo a Marx y su concepto del fetichismo de la mercancía, la integración entre los seres humanos se da a través de un efecto de cosificación, pues las relaciones de intercambio no ocurren entre personas sino entre las mercancías según su valor de mercado.
19 Hay otras líneas significativas de actualización, como la propuesta de Nancy Frazer, de pensar en un triple movimiento, donde a la defensa de la protección se agrega la de la emancipación, que cualifica la anterior. Esta línea está inspirada en los nuevos movimientos sociales críticos del estatismo y la posibilidad de superar la dominación desarrollando una esfera pública de la sociedad civil. No alcanzamos a incorporar tal propuesta en este ensayo (Frazer, 2013).
20 Al mismo tiempo, hay tareas políticas más allá de lo discursivo racional, a las cuales nos referiremos más adelante.
21 El informe de CEPAL propone medidas para contrarrestar las nuevas políticas proteccionistas de EE. UU., propuestas que van en dirección opuesta a las que propugna el neoliberalismo.
22 Los tres principios de integración que enumera Polanyi (ver acápite 4) se refieren a las formas de circulación de las mercancías, pero esto no implica que no considerara el proceso complejo de producción y reproducción del capital, de lo cual su concepto de mercancías ficticias es una clara muestra. Para una explicación más amplia de los principios ver Coraggio (2011). Cabe aclarar que en esta presentación de los principios de integración estamos asumiendo el principio ético de reproducción y desarrollo de la vida que, en uno u otro grado, está presente en las economías empíricas pugnando por su hegemonía en contraposición con las fuerzas que afirman una economía de mercado total..
23 Esa puesta en jaque tiene como mecanismo de creciente importancia la acelerada revolución tecnológica que conduce el capital, y que afecta tanto las relaciones entre las personas humanas como las de estas con la naturaleza. A la vez que la integración en una sociedad compleja requiere participar en el sistema de DST, para la economía sustantiva y su tributaria economía social resulta necesario contrarrestar el efecto alienante de tal sistema cuando está regulado por el mercado.
La ESS cualifica al trabajo como una relación social que, más allá de su instrumentación utilitaria, debe desarrollar las capacidades humanas individuales y colectivas tanto como los afectos interpersonales, al interior de las organizaciones micro y mesosocioeconómicas y en relación con su contexto político y natural. En tal sentido, la propuesta no es la mera (re) inserción en el sistema de trabajo hoy en crisis sino la construcción de otro trabajo, donde la “productividad “del trabajo no se limita a la producción de valores de uso ni a la generación de valores de cambio como exige la lógica del capital, sino que incluye la producción de relaciones propias de una buena sociedad. Por un lado, relaciones entre personas antes que entre individuos resultantes del imperio del mercado y, por otro, la organización en órganos colectivos que definan prioridades deliberando y encarando democráticamente los inevitables conflictos, conjugando los intereses con respecto al qué producir (qué necesidades satisfacer) y cómo producirlo y consumirlo (con qué satisfactores). Esto no se resuelve con un sistema de planificación centralizada por el Estado, como mostró la experiencia del “socialismo realmente existente” (ver Maucourant, 2006).
24 Una diferencia fundamental entre la concepción liberal de la economía como economía de mercado y la nuestra, de la economía social, es que la primera reduce el concepto de riqueza al valor de mercado de la masa de mercancías producidas, de lo cual el PIB es el indicador cuantitativo destacado y la maximización del “bienestar” su objetivo. En cambio, la Economía Social refiere a las condiciones materiales e inmateriales para la reproducción y el desarrollo de la vida humana con dignidad, de todas y todos, y de la naturaleza. Esto incluye satisfactores de necesidades mercantiles y no mercantiles, como la soberanía, la educación, la salud, el ambiente saludable, la participación en la política democrática y en la división social del trabajo, la seguridad, la paz, la igualdad, la justicia, en suma, el Buen Vivir.
En lo que resta de este texto vamos a significar “riqueza” en este sentido amplio, con componentes cuantitativos y cualitativos, sin explicitarlo reiteradamente. Ver Manfred Max-Neef et al. (1986).
Méda (1999) explica cómo en el siglo XIX, Malthus contribuyó a definir la economía reduciéndola a lo material, justificándolo en que lo inmaterial no podía ser cuantificado. Hoy han surgido aproximaciones parciales como el Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2010).
25 Karl Polanyi menciona este principio, aunque finalmente no lo incluye entre los principios de circulación que destaca.
26 En particular, para algunas concepciones progresistas, la integración por el consumo sin vinculación al trabajo (es decir, por el acceso directo a valores de uso, ya sea por transferencias o subsidios monetarios o en especie) no es problemática y resuelve la limitación estructural del capitalismo para integrar por la vía del trabajo. Consideramos que es un importante mecanismo y eventualmente un derecho, como se propone con el ingreso mínimo universal, pero que en una sociedad que comparte los valores de una cultura del trabajo solo puede ser un complemento a la participación en la DST de todos los capacitados.
27 El modo en que fue resuelta la crisis financiera global del 2008, redistribuyendo recursos de las capas medias y bajas a los bancos y fondos de inversión, desnuda el lado capitalista del Estado nacional.
28 Visto desde el conjunto de la población, incluimos en la categoría de trabajadores también a los que pasaron a una etapa pasiva, de retiro o jubilación. Empíricamente, en estas clasificaciones hay zonas grises, como los trabajadores individuales que perciben ingresos que superan con creces lo necesario para su reproducción. O los que tienen un ingreso por rentas percibidas por ahorros acumulados o activos acumulados a partir de sus ingresos, como por ejemplo varias viviendas o extensiones de tierras que permiten generar renta, o como los trabajadores de cooperativas que contratan trabajadores temporalmente para alcanzar niveles de producción que demanda coyunturalmente el mercado.. No incluye claramente a quienes explotan sistemáticamente el trabajo ajeno, apropiándose del plusvalor producido bajo las formas de ganancias, rentas o intereses. Por otro lado, al interior de la economía popular puede haber relaciones no capitalistas de explotación, como las de género, etnia o etarias.
29 “Las prácticas económicas están orientadas no sólo por intereses materiales sino por valores morales. La solidaridad mutua genera comportamientos distintos a los valores del individualismo competitivo extremo. Sin embargo, una economía solidaria no se basa solo en una recuperación de valores que el mercado capitalista ha venido erosionando, sino que implica la articulación cultural y material, la complementariedad técnica entre actividades y organizaciones económicas, el encadenamiento multirecíproco de acciones y resultados de la producción y de ésta con el consumo, en el marco de un ecosistema tratado como matriz vital y no como mero reservorio de materias primas, volviendo a reunir la producción y la reproducción que el libre mercado separó dando lugar a recurrentes crisis económicas. Supone un grado de concertación, de planificación conjunta, de negociación democrática, sin que deje de haber espacio para los intereses particulares legítimos, la competencia dinamizadora regulada y la emulación innovadora.”(Coraggio, 2020)
30 Pensando en promover actitudes solidarias a lo largo de la sociedad, algo que a veces se considera inviable ante las tendencias utilitaristas, es importante tener en cuenta que los comportamientos solidarios y participativos en una determinada actividad o situación pueden (o no) transferirse sin una promoción especial a otras. Por ejemplo, en una inundación surgen valores solidarios entre vecinos que pueden crear una base cultural para organizarse en clubes de barrio o para gestionar un hábitat saludable, o viceversa.
31 Ante la crisis de integración social actual, la ESS prioriza la integración de todas y todos por el trabajo, pero a la vez significa “otro” trabajo. “Por su parte, la economía social no propone resolver las crisis del capitalismo al modo keynesiano, buscando un equilibrio de pleno empleo de la mercancía fuerza de trabajo, sino que sitúa a las diversas formas de realización del trabajo como actividad necesaria para realizar el ciclo de la vida y su reproducción ampliada (en las mejores condiciones posibles). El trabajo no es visto como un factor de producción que puede ser sustituido por máquinas o robots en nombre de la eficiencia del capital, sino como una relación social, como una relación de los trabajadores entre sí, con la sociedad y con la naturaleza. No se trata solamente de poder colocar la fuerza de trabajo en el mercado sino que el trabajo sea un componente de la emancipación humana. El trabajo posible no es una actividad penosa sino una actividad creativa, fundamental para el desarrollo de las personas. No se trata solo de conseguir un trabajo sino también de pugnar por la calidad de éste.” J.L. Coraggio y Erika Loritz (2022), (p 40).
32 Un ejemplo es el de las ferias populares en las que quienes producen y venden explican a los compradores cómo se produce, cuáles son las virtudes y usos posibles de sus productos, incluso produciendo artesanías en el mismo lugar de venta o invitando a visitar sus lugares de producción. Es interesante investigar qué efecto puede tener sobre esta relación interpersonal la utilización de plataformas digitales para facilitar la comercialización. Al respecto puede verse: Celso Alexandre Souza de Alvear et al (2025).
33 Un cometido no sencillo de estos procesos es que la población delibere sobre sus necesidades y sus capacidades y planifique cómo articularlos, lo que supone superar el individualismo o el “localismo” en competencia con los demás. Un ejemplo es el presupuesto participativo que surgiera en Porto Alegre bajo el gobierno del Partido dos Trabalhadores, que se institucionalizó y difundió por América Latina como una instancia de lo público donde convergían Estado y Sociedad. Representantes de los diversos barrios debatían con los funcionarios de su prefectura sobre qué demandas atender ese año y, finalmente, se decidía con la expectativa de que al año siguiente los hoy postergados fueran favorecidos. Tras diez años de experiencia y aprendizaje, primaba la idea de lo común, y se debatía qué hacer con el puerto. Las relaciones que se entretejían en ese proceso contribuían a una trama comunitaria que repercutía sobre la institucionalización de una democracia participativa.
34 Eric Olin Wright (2009) define las utopías reales como “… ideales utópicos que estén fundamentados en los potenciales reales de la humanidad. Destinos utópicos que tienen estaciones o paradas accesibles, diseños utópicos de instituciones que puedan informar nuestras tareas prácticas de atravesar un mundo de condiciones imperfectas para el cambio social…”. Una utopía real “…tiene la implicancia de una acción futura”, no es una mera posibilidad imaginaria.
35 No cabe ver a los casos concretos como “aplicaciones” de un modelo teórico ideal. Pueden ser soluciones únicas a un problema recurrente, o que se han generalizado rizomáticamente por imitación, o que emergieron simultáneamente ante un proceso general común, como puede ser el caso de la proliferación de nodos de trueque cuando en una crisis “desaparece el dinero”. La diversidad de soluciones creativas a un mismo problema que produce la EP es factor de su potencialidad. Las cartillas de “buenas prácticas” son útiles, pero pueden ser paralizadoras.
36 En esto hay que tener en cuenta que las nuevas derechas reducirán drásticamente la capacidad de captación estatal de excedente nacional que podría dirigirse al desarrollo de una EPS, por lo que la generación y reinversión de excedente (en términos de valor de cambio o de recursos en especie) tendrá que ser un objetivo de los sectores más productivos de la EPS. Aquí la solidaridad mesosocioeconómica juega un papel cuando, por ejemplo, se institucionaliza la contribución a un fondo de inversión y financiamiento para la consolidación y el desarrollo de un conjunto de cooperativas o la promoción de nuevas, y no solo la reinversión en cada cooperativa de su propio excedente.
37 Aquí cabe destacar que esas prácticas incluyen no sólo las formas económicas divergentes controladas por los trabajadores autónomos sino también las luchas de los asalariados por mejores condiciones de trabajo y de vida.
38 Podemos mencionar la manipulación de las redes sociales y las fake-news.
39 Esta dimensión está bajo ataque por el lenguaje de las redes, que atrapa las subjetividades y no deja el tiempo ni el espacio para la necesaria reflexión crítica dialógica.
40 A menos que los trabajadores puedan “socializar el poder”, en el sentido de desarrollar su capacidad para participar autónomamente en los procesos de decisión que los afectan directa o indirectamente, el desencanto hoy generalizado con el sistema político vigente será difícil de superar. El proyecto de EPS abre un campo de valores y prácticas fértiles para ese cometido. Economía y política están entrelazadas. Sobre el concepto de participación popular ver Coraggio, 1990.
41 La heterogeneidad de la categoría “trabajadores” (calificados/no calificados; pobres/clase media; obreros/campesinos; asalariados registrados/cuentapropistas; indios/mestizos; mujeres/varones; jóvenes/adultos mayores; católicos/neopentecostales, etc.) anticipa que el proceso de solidarización será desigual y combinado, así como es contingente la constitución social del pueblo. No podemos, por ejemplo, afirmar que los pobres y excluidos tienen una mayor predisposición a aceptar propuestas de trabajo cooperativo que los profesionales de clase media. Puede esperarse en cambio que una población indígena o afrodescendiente tenga mayor disposición a crear comunidades territoriales tanto en sus regiones de origen como en los barrios urbanos a los que migraron. En todo caso, el desarrollo posible de una EPS dependerá de la situación de partida y su historia.
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