Los Sistemas de Certificación Participativos en mercados de pequeños productores en el marco de la Economía Social y Solidaria. Experiencias en América Latina

María Lucrecia Mudrik, Esteban Andrés Cuatrín Sperati y Lucas Gabriel Cardozo

Otra Economía, vol. 13, n. 23: 161-180, enero-junio 2020. ISSN 1851-4715

Los Sistemas de Certificación Participativos en mercados de pequeños productores en el marco de la Economía Social y Solidaria. Experiencias en América Latina

Sistemas de Certificação Participativa em mercados de pequenos productores no âmbito da Economia Social e Solidaria. Experiências na América Latina

Participatory Certification Systems in markets of small producers in the framework of the Social and Solidarity Economy. Experiences in Latin America

María Lucrecia Mudrik*

lucreciamudrik@gmail.com   

Esteban Andrés Cuatrin Sperati** 

e.a.cuatrin@gmail.com

Lucas Gabriel Cardozo***

cardozo.lucas@gmail.com

Resumen: El trabajo es resultado de una primera fase exploratoria de un proyecto de investigación sobre las certificaciones participativas como estrategia de desarrollo de pequeños productores en el marco de la Economía Social y Solidaria en la provincia de Santa Fe, Argentina. Estos sistemas son mecanismos de certificación de la calidad ecológica de los alimentos, alternativa a las certificaciones de tercera parte. Operan bajo una lógica comunitaria y horizontal, siendo una herramienta de desarrollo para los pequeños productores en América Latina. El trabajo propone una primera caracterización y sistematización de experiencias de sistemas de certificación participativa en América Latina utilizando un cuadro de análisis basado en la economía institucional, y en particular en el marco de Análisis Institucional y Desarrollo (AID) propuesto por Elinor Ostrom. En primer lugar se caracterizan los sistemas de certificaciones participativas y su contexto de emergencia. En segundo lugar se presenta sintéticamente el esquema de análisis propuesto. Y en tercer lugar, orientados por el marco de AID, se realiza en base a cada una de las experiencias de implementación de estos sistemas, una caracterización general de los factores externos e internos que afectan una situación de acción, con el propósito de profundizar su análisis en posteriores trabajos.

Palabras claves: sistemas de certificación participativa, Análisis Institucional y Desarrollo (AID), sistemas de garantías participativas, calidad ecológica.

Resumo: Este trabalho é resultado de uma primeira fase exploratória de uma pesquisa sobre certificações participativas como estratégia de desenvolvimento de pequenos produtores no âmbito da Economia Social e Solidária na província argentina de Santa Fe. Esses sistemas são mecanismos alternativos de certificação da qualidade de alimentos orgânicos para certificações de Terceira Parte. Eles operam sob uma lógica comunitária e horizontal, sendo uma ferramenta de desenvolvimento para pequenos produtores na América Latina. O artigo propõe uma primeira caracterização e sistematização de experiências de Sistemas Participativos de Certificação na América Latina, utilizando um quadro de análise baseado em economia institucional e, em particular, no quadro de Análise Institucional e de Desenvolvimento (IAD) proposto por Elinor Ostrom. Em primeiro lugar, são caracterizados os sistemas de certificação participativa e seu contexto de emergência. Em segundo lugar, é apresentado sinteticamente o esquema de análise proposto por Ostrom; e em terceiro lugar, orientado no âmbito da Análise Institucional e de Desenvolvimento, é realizado com base em cada uma das experiências de implementação destes sistemas, uma caracterização geral dos fatores externos e internos que afetam uma situação de ação, com o objetivo de aprofundar sua análise em trabalhos posteriores.

Palavras-chave: sistemas participativos de certificação, Análise e Desenvolvimento Institucional (AID), sistemas participativos de garantia, qualidade ecológica.

Abstract: This paper is the result of the first exploratory phase of a research project about Participatory Guarantee Systems as a development strategy carried out by smallholder farmers within a framework of Social and Solidarity Economy in Santa Fe province, Argentina. These Systems are certification mechanisms for the ecological quality of food, an alternative to third-party certifications. They operate under a community and horizontal logic, being a development tool for small producers or smallholder farmers in Latin America. This paper proposes a first characterization and systematization of experiences of Participatory Certification Systems in Latin America using an analysis chart based on institutional economics and, particularly, the Institutional Analysis and Development framework (IAD), developed by Elinor Ostrom. At first, Participatory Certification Systems and their emergency context are characterized. Secondly, the analysis scheme proposed by Ostrom is presented synthetically. And thirdly, based on the Institutional Analysis and Development framework, we carried out a general characterization of the external and internal factors that affect an action situation, based on each of the experiences of implementing these systems, with the purpose to deepen his analysis in later works.

Keywords: participatory certification systems, Institutional Analysis and Development (AID), participatory guarantee systems, ecological quality.

Introducción

Los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) o Sistemas de Certificaciones Participativas (SCP) son esquemas alternativos a los sistemas de tercera parte para la certificación de productos ecológicos. Se caracterizan por la preponderancia de formas cooperativas horizontales de construcción colectiva, con un rol clave en su diseño y funcionamiento de pequeños productores agropecuarios. Podemos decir que estas estructuras se inscriben en el marco de la economía social y solidaria siendo que:

Ha venido desarrollándose a partir del reconocimiento de las prácticas de trabajo mercantil autogestionado y del trabajo de reproducción de las unidades domésticas y comunidades mediante la producción de valores de uso (en el límite: prácticas de supervivencia) y de admitir que la inclusión por vía del empleo en el sector capitalista ya no es una opción factible para las mayorías (Coraggio, 2009:8).

Los sistemas de certificaciones alternativas son entendidos aquí como un intento de construcción de estructuras institucionales que modifiquen las lógicas de funcionamiento de los mercados agroalimentarios, oponiéndose a las formas que impone el sistema agroalimentario industrial. Como sostienen Lamine y Rouchier (2016) es importante destacar la visión mercantil de estas iniciativas. Siguiendo las autoras, no se trata de reemplazar los vínculos mercantiles entre actores por otro tipo de relaciones sino de modificar su naturaleza eliminando la disociación impuesta por los mercados convencionales entre economía, política, moral y proximidad relacional. Los mercados alternativos buscan entonces crear nuevos espacios de intercambio. En ellos no solo se intercambian bienes y servicios, sino que se debaten las prácticas de los consumidores y productores y la coordinación entre estos actores surge de la negociación multilateral de las concepciones de la calidad.

Por tanto, el trabajo pretende describir experiencias de implementación de estos sistemas en varios países de América Latina, para dar luz sobre un aspecto poco relevado en torno al desarrollo de la economía social y solidaria en los últimos años: los mecanismos de construcción alternativos de arreglos institucionales mercantiles desarrollados en su ámbito. Para analizar cada una de las experiencias se tomó como referencia el marco de Análisis Institucional y Desarrollo (AID) elaborado por Elinor Ostrom.

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar se caracterizan los SCP y su contexto de emergencia. En segundo lugar se presenta sintéticamente el esquema de análisis propuesto por Ostrom. Y en tercer lugar, orientados en el marco de AID, se realiza en base a cada una de las experiencias de implementación de estos sistemas, una caracterización general de los factores externos e internos que afectan una situación de acción. Con el propósito de profundizar su análisis en posteriores trabajos.

1. Los Sistemas de Certificaciones Participativas (o Sistemas Participativos de Garantías) en el marco del análisis de sistemas agroalimentarios.

La posibilidad de que un producto sea reconocido con determinadas cualidades “ecológicas” requiere algún tipo de mecanismo de definición y acuerdo (algunos autores hablan de convención cuando se presentan estas dos condiciones). Por lo tanto, un producto ecológico (orgánico y agroecológico constituyen dos definiciones diferentes como veremos a continuación). A su vez, cuando el consumidor que paga por el producto no puede constatar por sí mismo la forma en que se produce -lo cual sucede en casi la totalidad de los casos en las economías modernas- es necesario algún tipo de mecanismo para generar una confianza en que la otra o las otras partes cumplen con la convención establecida.

Una forma privilegiada de garantizar el cumplimiento de determinadas prácticas es la certificación. Una certificación es “el procedimiento mediante el cual un organismo da una garantía por escrito, de que un producto, un proceso o un servicio está conforme a los requisitos especificados” (Pons y Sivardière, 2002:12).

Los SCP constituyen un esquema alternativo y en cierto sentido opuesto al Sistema de Certificación de Tercera Parte (SCTP) que es contemplado por la normativa nacional como forma de señalizar el cumplimiento de determinadas prácticas en la producción de alimentos orgánicos.

El SCTP en parte es “aquél administrado por un Organismo de certificación con sus propias reglas de procedimiento y de administración y que tiene el fin de proceder a una certificación” (Pons y Sivardière, 2002:12). El SCTP argentino tiene como características un rol central del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y un grupo de empresas certificadoras privadas autorizadas a funcionar por el organismo estatal mencionado. El SCTP, desarrollado en los años 90, privilegia claramente la producción de alimentos orgánicos para exportación y dificulta la participación de pequeños productores en estos mercados ya que suelen no tener ni los recursos económicos ni técnicos necesarios para participar en el sistema (Mateos y Ghezan, 2010).

Por el contrario, a partir de la experiencia internacional se observa que los SCP permiten la participación en mercados de productos ecológicos de pequeños agricultores. Con sellos de calidad que se dirigen al ámbito local, regional o nacional. Estos mercados se constituyen en general en circuitos cortos, con esquemas organizativos de distintos niveles de complejidad con fuerte presencia de asociaciones o grupos de productores, muchas veces integrados en redes más amplias de promoción de esta forma de agricultura (Mateos y Ghezan, 2010). Según la Comisión Nacional de Certificación Participativa de la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos (2015), lo que se busca es impulsar la producción y consumo a nivel local de los alimentos orgánicos y desarrollar un sentido de corresponsabilidad entre productores  y consumidores.

Estos Sistemas de Certificación Participativos constituyen un proceso colectivo que involucra a productores, consumidores y otros actores con el fin de garantizar la calidad orgánica y sana de los productos locales que son producidos a pequeña escala, están fundamentados en relaciones de confianza y promueven compromisos de salud, ecología, equidad y certidumbre ambiental, (Tianguis y mercados orgánicos, 2015). A su vez, como plantea Meirelles (2007) estos sistemas están conformados por un conjunto de principios básicos comunes, los cuales son:

• Visión compartida. Tanto los agricultores como los consumidores que forman parte del sistema  deben comprender los principios de gestión de los mismos de manera común.
• Participación. Se busca fomentar que todos los actores que tengan interés en los productos se involucren en el sistema.
• Transparencia. Los actores del sistema tienen que tener la mayor cantidad de información a su alcance referida al desarrollo del mismo.
• Confianza. Considerado como principio fundamental para asegurar el funcionamiento de los sistemas participativos de garantía. Ya que los actores deben creer en la veracidad de lo que se certifica en el sistema para extender su implicación en él.
• Proceso pedagógico. Consiste en la formación de los productores y el fortalecimiento de sus lazos para posibilitar que su acción conjunta se desarrolle a  largo plazo.
• Horizontalidad. No existen jerarquías de control, dado que todos los agentes del sistema intervienen de igual manera en lo que se constata como agricultura orgánica.

El funcionamiento de los SCP se basa en distintos tipos de normas, las cuales pueden estar referidas al cumplimiento del reglamento donde tiene lugar el sistema. Estas normas pueden responder a estándares sobre agricultura orgánica realizado por organismos internacionales, o bien pueden ser desarrollados por y para el propio sistema (Boza Martínez, 2013). De acuerdo al autor, una vez que se determina el marco normativo, se realiza la declaración de conformidad con el seguimiento del mismo en la producción de cada agricultor y la conformación de grupos de control que verifican el cumplimiento de las normas por parte de los miembros del sistema. La preocupación por la construcción de los sistemas de certificación de la calidad ecológica, orgánica o agroecológica de los alimentos emerge en el contexto de una transición de los sistemas agroalimentarios hacia una “economía de la calidad” (Allaire y Boyer, 1995, Sauvée y Valceschini, 2004).

La economía de la calidad es una economía donde la calidad se convierte en el centro de las preocupaciones de los actores intervinientes y de las estrategias de competencia. Dando lugar a la posibilidad de emergencia de nuevas lógicas de disociación y a la construcción de espacios mercantiles con cierta autonomía. Los mecanismos de definición de la calidad de los productos, entendida esta última no como cualidades intrínsecas, sino como el producto de un proceso en mayor o menor medida conflictivo de calificación y recalificación basado en valores e intereses de distintos grupos sociales, son un aspecto central en torno a la organización de las cadenas alternativas (Wilkinson, 2011, Sonino y Mardsen, 2005).

Los mercados incluyen necesariamente mecanismos para la definición y gobernanza de la calidad (Coriat y Weinstein, 2005) y  en la definición de los estándares siempre hay una definición política y confluyen lógicas contrastantes (Sauvée y Valceschini, 2004). Dentro de esta preocupación por la calidad, que ha llevado a la proliferación de distintas marcas de calidad (Secilio, 2012), aparecen diferentes preocupaciones éticas dando lugar a sistemas de cualificación que buscan transmitir la forma en que los productos son elaborados, transformados y distribuidos.

En el caso particular de la agricultura, las preocupaciones éticas se concentran en crear alternativas al modelo productivo con lógica industrialista dominante en las últimas décadas, dando lugar a formas de consumo responsable e incluso comprometido (Lamine y Rouchier, 2016). En estas vías alternativas se conjugan un conjunto de actores y reglas de funcionamiento que difieren de las estructuras convencionales; incluyendo procesos alternativos de producción, almacenamiento, transformación y distribución (Boyer y Allaire, 1995). Por este motivo, algunos autores denominan a estas estructuras “redes alimentarias alternativas” (Renting et al, 2003) o mercados encastrados2(Van der Ploeg et al, 2012).

En términos del carácter ecológico de la producción de alimentos vemos dos grandes concepciones concurrentes y que en el sentido anterior constituyen sistemas de cualificación alternativos. Por un lado la agricultura orgánica y por otro, la agricultura agroecológica. Si bien en muchos casos las fronteras no son claras, y se observan convergencias e influencias mutuas. Estas dos formas de producción agrícola están asociadas a referenciales (conceptos, principios, definiciones, valores), regímenes económicos de funcionamiento (actores clave, modelos económicos, perspectivas de transición) y prácticas y formas de certificación diferentes.

La agricultura orgánica, asegura el respeto del medio ambiente utilizando sólo substancias y procedimientos naturales (rechazando productos de síntesis química y organismos genéticamente modificados). Traduciendo estas prácticas en un mayor valor económico a partir de una diferenciación que otorga una CTP, llegando a mercados internacionales de alto poder adquisitivo (al menos en los países en desarrollo).

La producción agroecológica se centra en una idea de sostenibilidad ambiental y social de los sistemas productivos y alimenticios locales. Con énfasis en valores como la soberanía alimentaria, el fortalecimiento de circuitos económicos de proximidad, la preservación de la cultura local, de valorización de la biodiversidad y la participación de pequeños productores. La producción agroecológica tiende a apoyarse para el reconocimiento de las formas de producción en sistemas participativos de garantías que establecen normas y procedimientos adaptados a las condiciones y a los actores locales (Bellon, 2016).

En relación a los referenciales que dominan la agricultura productivista o industrial (y que muchas veces permean los referenciales de la producción agrícola orgánica), se observa un desplazamiento de una preocupación tecno-económica (como aumentar la productividad para responder de mejor manera a la demanda creciente a escala planetaria) a una preocupación socio-técnica, o sea, cómo organizar los sistemas alimentarios frente a la diversidad y multiplicidad de necesidades y objetivos alimentarios, ambientales y sociales (Stassart et al, 2012).

1.1.  Análisis institucional de las estructuras mercantiles

La economía en los libros de texto presenta los mercados como la intersección de la oferta y la demanda, en una visión que Ronald Coase describe como una teoría de los intercambios sin mercados. La visión de los mercados como instituciones, o sea como conjunto de reglas y códigos que organizan los intercambios (Tordjman, 2004), ha sido postulada históricamente por gran parte de la teoría económica heterodoxa y va ganando también lugar en las teorías ortodoxas. La noción de construcción social de mercados (Coriat y Weinstein, 2005) muestra el carácter histórico y contingente de los mismos.

Distintos estudios referentes a los mercados alternativos muestran que las reglas aparecen no como una restricción a la acción en los mercados, sino como un recurso que hace posible el funcionamiento y la subsistencia de estos espacios mercantiles. En la terminología de Ostrom (2014) estas reglas compartidas pueden ser entendidas como recursos de uso común,  ya que su movilización permite generar beneficios conjuntos. En el caso de las Asociaciones para el Sostenimiento de la Agricultura Campesina (AMAP) en Francia, Lamine y Rouchier (2016) muestran que la carta de compromiso que firman productores y consumidores presenta características de recurso común. Dado que los principios allí establecidos constituyen un recurso moral y cognitivo que los participantes de estos intercambios desean proteger a través de su uso.  

Proponemos aquí movilizar el marco AID propuesto por Elinor Ostrom (2005) para analizar el proceso de conformación de estos subespacios mercantiles que permiten los SCP.

1.1.1. El marco Análisis Institucional y Desarrollo (AID)

Ostrom propone con el marco AID una microeconomía institucionalista que permite comprender el carácter policéntrico y compuesto de nuestra sociedad (Chanteau y Labrousse, 2013).

En sintonía con el institucionalismo histórico, el pragmatismo y constructivismo de Ostrom dan basamento al análisis de construcción institucional de situaciones de acción colectiva en su gran diversidad. Como expresa en su discurso, en la recepción del Premio Nobel de Economía, el marco AID contiene

El conjunto de variables más generales que un analista institucional puede utilizar para examinar una gran diversidad de contextos institucionales, incluyendo las interacciones humanas en mercados, compañías privadas, familias, comunidades, organizaciones, legislaturas e instituciones de gobierno. Este marco provee un lenguaje meta-teórico que hace posible para los académicos discutir cualquier teoría en particular y/o comparar teorías (Ostrom, 2014:23).

Ostrom parte de un supuesto de racionalidad limitada de los individuos, que actúan en el marco de un entramado de estructuras institucionales multiescalares. La autora propone así una antropología no esencialista, donde la búsqueda de lucro aparece como una motivación. Pero donde las conductas individuales son en términos generales orientadas por normas y reglas, estando éstas a su vez enraizadas en valores sociales: “Individuals pursue goals but do so under constraints of limited cognitive and information-processing capability, incomplete information, and the subtle influences of cultural predispositions and beliefs” (McGinnis, 2011 citado en Chanteau y Labrousse, 2013: 7).

En definitiva, en el análisis ostromiano el individuo está socializado, institucionalizado y situado. Desde este punto de vista su perspectiva se encuentra en las antípodas de las robinsoneadas neoclásicas (Chanteau y Labrousse, 2013).

En su análisis se identifican sistemas de gobernanza que caracterizan un subsistema en el seno de una totalidad social. El objeto de estudio es una situación o arena de acción. Si bien es un subsistema anidado en una estructura más amplia, tiene un conjunto de reglas y prácticas específicas.

Teniendo en cuenta lo dicho previamente sobre la antropología subyacente en el análisis de la autora, es necesario para comprender la acción caracterizar la forma en que las instituciones restringen, permiten e inventan conductas individuales y acciones colectivas. Y la forma en que los individuos contribuyen a hacerlas evolucionar. En esta visión de las instituciones se ve claramente la influencia del institucionalismo de John Commons.

All rules are the result of implicit or explicit efforts to achieve order and predictability among humans by creating classes of persons (positions) who are then required, permitted, or forbidden to take classes of actions in relation to required, permitted, or forbidden outcomes or face the likelihood of being monitored and sanctioned in a predictable fashion (Ostrom, 1991, en Ostrom, 2005:18)

Para reflejar mejor la naturaleza ontológica del cuadro o marco de AID propuesto por la autora, se expone una clara distinción entre modelos, teorías y marcos de análisis, los cuales en ocasiones suelen confundirse. El cuadro de análisis (framework) ayuda a identificar los elementos (y las relaciones entre elementos) que se necesitan para realizar el análisis institucional (Ostrom, 2005).  En términos concretos el cuadro de análisis de Ostrom propone una situación de acción que se ve afectada por variables externas (Ver: Cuadro N° 1).

Cuadro Nº1. Condicionantes Externos de la situación de acción

Fuente: Ostrom, 2014

En este esquema las categorías más amplias de factores externos que afectan una situación de acción abarcan:

1. Condiciones biofísicas y materiales del “mundo” en el que se está actuando o que se está transformando. Aquí, se hace hincapié en el tipo de bienes y servicios siendo producidos, consumidos o asignados en una situación. Así como las tecnologías disponibles para estos procesos. No obstante el tipo de atributos en el que los bienes pueden diferir es extremadamente amplio. Y  el propósito de Ostrom es reflejar que un sistema de gobernanza puede ser exitoso en un caso y no en otro cuando las condiciones biofísicas varían.

2. Los atributos de la comunidad en la que la arena de acción funciona. Los atributos de la comunidad que pueden ser relevantes, son los valores y conductas socialmente aceptados. El grado de consenso sobre determinados aspectos de los individuos participantes (o potencialmente participantes). La homogeneidad de las preferencias de los individuos que viven en la comunidad. El tamaño y composición de la misma, como también, la disponibilidad y desigualdad en la disponibilidad de activos básicos entre individuos o actores. Los aspectos culturales son también considerados en este punto.

3. Las reglas en uso que permiten o invalidan determinadas acciones. Aquí Ostrom resalta el aspecto “en uso”. Según la autora estas son las reglas que “los participantes harían referencia para justificar sus conductas con relación a otros participantes” (Ostrom, 2005: 19). En una sociedad donde rige el “orden de la ley”, la estructura normativa general provendrá del ámbito constitucional, legislativo o administrativo. También podemos distinguir los espacios de creación formales de reglas y normas de aquellos espacios de decisión colectiva donde también se construyen reglas que guían la acción (ver: Cuadro Nº 2). Teniendo en cuenta la gran diversidad de reglas existentes se debe clasificar las mismas en función del grado de impacto en la situación de acción.

CuadroNº2.Reglas operacionales en uso.

Fuente: Adaptado de Ostrom (2005)

La estructura de estas situaciones puede ser a su vez descripta por un conjunto de variables internas (Ver: Cuadro N° 3), siendo estas:

1. Los actores involucrados y sus características (incluyendo el modelo de elección humana adoptado por el teórico);

2. Las posiciones de los participantes;

3. Los resultados potenciales de las acciones;

4. El conjunto de acciones posibles y las funciones que relacionan acciones con resultados;

5. El grado de control que tiene un individuo en relación con esta función;

6. La información disponible por los participantes en cuanto a acciones posibles, resultados y el vínculo entre ambos;

7. Los beneficios y costos asignados a las relaciones de las acciones seleccionadas y los resultados obtenidos.

Además de estas variables que definen la estructura interna de la situación de acción, el número de veces que la misma se repite afecta las estrategias de los individuos (Ostrom, 2005).

Cuadro Nº3. Estructura Interna de la situación de acción

Fuente: Ostrom, 2014

En el estudio de esta situación la estructura es considerada como algo dado, y los individuos actúan en función de sus percepciones acerca de sus oportunidades y restricciones. No obstante, se reconoce la posibilidad que estos traten de afectar la estructura de estas situaciones. En el marco de AID esto se considera como un movimiento hacia niveles analíticos más profundos, donde los resultados de la situación de acción son cambios en las reglas de otras arenas de acción. El marco de análisis entiende que en la mayoría de los casos la realidad social puede entenderse como múltiples arenas vinculadas. Las arenas donde se intercambia, produce, distribuye, apropia se denominan arenas operacionales. Analíticamente podemos desplazarnos hacia arenas donde se definen las reglas de estas arenas operacionales, dando cuenta del cambio institucional. A este tipo de arenas donde se determinan las reglas se las denomina arenas de elección colectiva o de elección constitucional según el tipo de reglas que se determinen (Ostrom, 2005).

1.2. Experiencias de SCP en América Latina

Desde fines de la década de los ´90 se han desarrollado experiencias de implementación de SCP en algunos países de América Latina. Las mismas, cuentan con dinámicas de organización y funcionamiento diversas. Por tanto, en base al marco de análisis propuesto por Ostrom, se realizará una caracterización de dichas experiencias destacando las variables externas e internas que determinan una situación de acción. 

1.2.1. Red Ecovida de Agroecología en Brasil

Uno de los ejemplos de puesta en funcionamiento, es la Red Ecovida de Agroecología en Brasil. Como argumenta Scorza Agüero (2012), la  misma surgió en 1998 en respuesta a la necesidad de varias familias y ONGs acerca de cómo comercializar productos libres de agrotóxicos y de conocer el origen de los mismos.

Teniendo en cuenta los factores externos, las condiciones biofísicas que presenta la región sur de Brasil (donde se ubica la Red) permiten que la misma produzca y comercialice verduras, cereales, frutas, jugo, jalea de frutas, miel, leche, huevos y carne, entre otros productos. En cuanto a los atributos de la comunidad, Meirelles (2010) da cuenta que la red está constituida por 3.000 familias productoras, organizadas en más de 300 asociaciones y cooperativas diversas. También cuenta con el apoyo de 30 ONGs y 10 cooperativas de consumidores.

Como plantea Boza Martínez (2013) en un primer nivel, las asociaciones de agricultores están conformadas por cinco a diez miembros, los cuales eligen la forma en la que quieren llevar a cabo su sistema de encuentros y visitas. En un segundo nivel, se crean los núcleos regionales por áreas geográficas integrados por asociaciones de productores, una ONG de asistencia técnica y consumidores, teniendo su propia metodología a la hora de  llevar a cabo las visitas. A su vez, cada núcleo está constituido por un Consejo de Ética que examina la información disponible sobre los agricultores, determinando si conceder o no el sello de la red.

Asimismo, Ecovida fomenta la soberanía alimentaria, los derechos laborales y la participación equitativa de todos sus miembros. Y cuenta con normas que fueron producidas tanto por los participantes de la misma, organizaciones del campo de la agricultura orgánica y el Ministerio de Agricultura Brasileño. Este último, reconoció en el año 2010 a la Red como Organismo Participativo de Garantía de Conformidad. Es decir,  está  validada oficialmente para certificar la calidad orgánica de las producciones agrícolas (Boza Martìnez, 2013).  En este sentido, se creó el Sistema Brasileño de la Evaluación de la Conformidad Orgánica (SisOrg) el cual, cuenta con un sello que es de utilización obligatoria para todos los productos certificados (Scorza Agüero, 2012).  

En cuanto a las variables internas, los actores involucrados lo constituyen los pequeños productores de la agricultura familiar, que producen los productos que luego comercializan.  También, las ONGs de asistencia técnica y una cooperativa  que se encarga de generar los programas de comercialización.  Esta última,  reúne los productos de las fincas en camiones y los inserta en el mercado.  Por ejemplo, existe el Programa Alimentación Escolar,  el cual se basa en la construcción de un circuito de comercialización con los núcleos de la Red (Scorza Agüero, 2012).Y el Ministerio de Agricultura de Brasil el cual reconoció a la Red como Organismo Participativo de Garantía de Conformidad, generando  el SisOrg.3

1.2.2. Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos

Otra de las experiencias tiene lugar en México, a través de la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos (REDAC). Las actividades en esta organización comenzaron en el año 2004 ante la búsqueda de un mayor acercamiento de la producción orgánica nacional al consumidor doméstico (Boza Martínez, 2013).

Las condiciones biofísicas que predominan en los sitios donde está presente la red permite que se lleve a cabo la producción de frutas, hortalizas, lácteos, miel, café, panes, conservas, mole, tortillas, tostadas, plantas medicinales, composteros, etc.  En cuanto a los atributos de la comunidad, la REDAC es un grupo de la sociedad civil conformado por tianguis y mercados orgánicos locales y regionales. Sus actores partícipes son pequeños y medianos productores, consumidores y promotores que colaboran con otros actores tanto a nivel nacional como internacional (Gómez y Schwentesius Rindermann, 2015). Como argumentan los autores, desde 2013, la Red cuenta con 28 mercados consolidados y 9 en construcción, siendo 37 los mercados que están vinculados a la misma. A su vez, esta organización se centra en la protección medioambiental, la sustentabilidad socioeconómica y un papel preponderante de las mujeres. La REDAC tiene una estructura horizontal, cuenta con una coordinación y comisiones, dentro de las mismas: la de certificación participativa, comunicación, asesoría técnica, comercialización y vigilancia, en cada Tiangui/mercado son al menos tres los integrantes (Gómez y Schwentesius Rindermann, 2015). Asimismo, siguiendo a los autores, aquel productor que tenga interés en certificarse, para poder entrar a un determinado tiangui o mercado debe pedir a un integrante del comité de certificación un cuestionario en el cual debe detallar su proceso de producción. Luego el comité evalúa el cuestionario para determinar si la producción puede ser considerada como orgánica. Si se aprueba el mismo, se programa una visita a la unidad de producción y se verifica si el productor está cumpliendo con el reglamento de producción orgánica.  Seguidamente, el comité realiza una reunión para determinar si el productor cumple con todas  las normas y de esta manera integrarlo a la Red (Gómez y Schwentesius Rindermann, 2015).

La REDAC fue determinante para que la certificación orgánica participativa esté presente en la agricultura familiar y en la organización de pequeños productores, a través del artículo 24 de la Ley de Productos Orgánicos promulgada en el año 2006. En el mismo se argumenta que:

Se promoverá la certificación orgánica participativa de la producción familiar y/o de los pequeños productores organizados para tal efecto, para lo cual la Secretaría con opinión del Consejo emitirá las disposiciones suficientes para su regulación, con el fin de que dichos productos mantengan el cumplimiento con esta Ley y demás y disposiciones aplicables y puedan comercializarse como orgánicos en el mercado nacional (Ley de Productos Orgánicos, 2006:12).

Este hecho se complementa con el convenio que en  el año 2010 la Red y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria de México firmaron para promover de manera conjunta la certificación orgánica participativa para la producción a pequeña escala (Boza Martínez, 2013).

En cuanto a las variables internas, la organización cuenta con pequeños y medianos productores que están sujetos a las decisiones del comité de certificación, el cual evalúa y determina el ingreso o no de un productor a la Red.  También el Estado Nacional, que mediante la sanción de la Ley de Productos Orgánicos y el convenio que realizó la Red junto al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad permite promover la certificación orgánica participativa.

1.2.3. La Red de Agroecología del Uruguay

En el caso de Uruguay, con motivo de expandir y profundizar la participación de los agricultores y consumidores en la generación de un sistema de evaluación de conformidad basado en una visión integral agroecológica, la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay (APODU) y la Asociación Certificadora de la Agricultura Ecológica-Uruguay (URUCERT)  conforman  la Red de Agroecología del Uruguay (Galeano y Gómez Perazzoli, 2006).
Las condiciones biofísicas que prevalecen en el radio donde tiene lugar dicha organización, permiten la producción de frutas nativas, derivados apícolas, etc. En relación a los atributos de la comunidad,  según Galeano y Gómez Perazzoli (2006) existe una articulación entre productores ecológicos, consumidores, procesadores, distribuidores de alimentos  y varias organizaciones sociales. Dado que en común acuerdo, tienen una visión  positiva e integral de los impactos multidimensionales de la agroecología, promoviendo su desarrollo. Asimismo, la sustentabilidad, cuidado de la biodiversidad, soberanía alimentaria,  participación, solidaridad y trabajo digno  forman parte de los principios que promueven (Boza Martínez, 2013).

La certificación participativa puede ser solicitada a la Red por los agricultores de forma individual o asociada. En ambos casos Boza Martínez (2013) da cuenta que el productor recibe: la declaración del agricultor, el manual operativo, la guía de formación, la solicitud y el plan de manejo anual.  En el caso que el agricultor considere que está siguiendo las normas del programa de certificación de la Red, pasa a completar la solicitud y el plan de manejo. Luego, el regional, aporta al grupo o individuo interesado un presupuesto de los costos de la certificación. Si los mismos lo aceptan y paga el cincuenta por ciento, recibe posteriormente la visita del Consejo de Ética y Calidad del Regional en su respectiva finca, el mismo, decide si aprueba la certificación y la obtención del sello de la Red de Agroecología  (Boza Martínez, 2013).
A su vez, esta organización está sujeta a normas establecidas  por las autoridades estatales competentes. Ya que mediante el Artículo 12 de la sección II denominada registro de entidades de certificación participativa, correspondiente al decreto Nº 004/1727/2008 del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, se requiere para el registro de entidades de Certificación Participativa:

• La existencia de recursos apropiados, personal competente, infraestructura administrativa y técnica. Como así también, la experiencia en certificación y su historial en el tema.
• La presencia de órganos de representación obligatoria conformada por productores, consumidores y otras personas físicas o jurídicas, cuya participación esté definida y documentada.
• La transparencia del sistema para poner a disposición de las personas físicas o jurídicas participantes de la documentación que acredite todas las actividades realizadas.
• Evidencia de capacitación continua de todos los participantes del sistema, teniendo en cuenta conocimientos científicos, técnicos y saberes grupales.
• Constancia de un Manual de Procedimientos y del Programa de Certificación Participativa (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 2008).

En cuanto a las variables internas, están presentes los agricultores ecológicos que están sujetos a las determinaciones del Consejo de Ética y Calidad. Este último, decide si aprobar la certificación y la obtención del sello de la Red al mismo. Y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay que mediante la sanción de un decreto determina lo que se requiere para el registro de entidades de certificación participativa.

1.2.4. Corporación Ecuatoriana de Agricultores Biológicos y Red Agroecológica Loja en Ecuador

En el caso de Ecuador, se han analizado dos focos de implementación de SCP. Uno de ellos, es la experiencia de la Corporación Ecuatoriana de Agricultores Biológicos PROBIO cuya sede se encuentra en la Ciudad de Quito. Su área de influencia se ubica en los Valles de Tumbaco y los Chillos, en la provincia de Pichincha, también en Cotopaxi y Tungurahua. El tamaño de la propiedad de los productores es de 1 Hectárea en promedio, teniendo un acceso a riego de 50 % de la finca (Macas y Koldo, 2009). Estas  condiciones biofísicas  permiten la producción de hortalizas, frutas, raíces, tubérculos y productos elaborados.  En cuanto a los atributos de la comunidad,  Macas y Koldo (2009)  sostienen que PROBIO  se inició en el año 1995 primero con socios individuales que practicaban la agricultura orgánica, luego en el año 2000 con una experiencia asociativa de comercialización y en el año 2006 con la incorporación de organizaciones campesinas.

Siguiendo a Macas y Koldo (2009), se llevan a cabo tres instancias para la certificación participativa. La primera de ellas es la de los veedores,  donde cada grupo debe tener 1 o  más veedores capacitados para realizar las veedurías cruzadas entre los grupos y productores individuales. En la segunda instancia, hay un responsable nacional de calidad que maneja el sistema interno de garantía, se encarga de capacitar a los veedores y envía los informes de veeduría al comité de ética. En la tercer y última instancia un comité de ética se reúne dos veces al año y emite el dictamen final sobre la veeduría de un productor o grupo de la organización, decidiendo si otorgar o no la certificación al productor.

En cuanto a las variables internas, esta red, está conformada por productores orgánicos y agroecológicos que dependen del sistema interno de garantía. El mismo, está dirigido por el responsable nacional de calidad quien envía los informes de veeduría al comité de ética, siendo este último el que concede o no la certificación.

Otra de las experiencias es la Red Agroecológica Loja (RAL) la cual se conformó en el año 2007. Su sede se localiza en la ciudad de Loja y su área de influencia abarca cuatro cantones de la provincia de Loja (suroeste de Ecuador). El tamaño de la propiedad de los productores es de 0,5 has con un acceso a riego del 50%  de la finca (Macas y Koldo, 2009). Estas condiciones biofísicas posibilitan la producción de  hortalizas, frutas, raíces y tubérculos, huevos, lácteos y productos elaborados. Los atributos de la comunidad, según Macas y Koldo (2009), se basan en una  organización integrada por siete organizaciones de productoras, una institución y ciento cinco socias. Sus principios se basan en la unidad, la finca, armonía familiar, la pachamama, el fortalecimiento de la organización y la comunidad. También en la relación campo-ciudad, planificar el intercambio y la venta de la diversidad de productos que realiza la finca e integrar valores éticos como seguridad, estabilidad y calidad (Macas y Koldo, 2009).

En esta organización existen dos instancias de decisión.  Los autores describen  por un lado, un sistema interno de control que se encarga de la aplicación de las normas de producción agroecológica interna de la organización, como así también visitas cruzadas dónde se completan fichas específicas. Por otro lado, un equipo técnico de apoyo, comisión de certificación y normatividad, cuya función es la revisión de fichas, emitir recomendaciones y realizar acompañamiento técnico a fincas Además  tienen un comité de garantía en construcción. Esta organización toma como referencia la matriz de SCP aplicada por la Red Ecovida de Agroecología de Brasil, adaptándose  a las condiciones locales (Macas y Koldo, 2009).

Las variables internas de esta organización, la constituyen las productoras campesinas que dependen del sistema interno de control y del equipo técnico de apoyo para llevar adelante el proceso productivo.

Con respecto a la situación legal en ambos casos, para el reconocimiento del sistema de garantía por parte del Estado, se da cuenta de que el decreto de agricultura orgánica está dirigido a la exportación, no respondiendo a las demandas de los pequeños productores (Macas y Koldo 2009).

1.2.5. Proyecto piloto de Sistema de Certificación Participativo en el partido de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Por último, desde febrero de 2017, Argentina cuenta con un proyecto piloto de SCP en el partido de Florencio Varela (Provincia de Buenos Aires).4 Está conformado por la Asociación de Productores Hortícolas de la 1610,  un organismo técnico de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Quilmes y  los consumidores.

Además, dicha organización forma parte de la Feria del Productor al Consumidor que se realiza en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. De esta manera, la organización amplía el espacio de comercialización buscando aumentar la articulación entre instituciones, organizaciones de productores y consumidores para afianzar experiencias locales y redes que posibiliten evolucionar hacia la transición agroecológica (Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, 2017).

Con respecto a las condiciones biofísicas, el  Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es la principal zona hortícola del país (Barsky, 2005), lo que posibilita a  los productores de la Asociación, producir berenjena, espinaca, tomate, lechuga, remolacha, en  un predio de la localidad “La Capilla” en el partido de Florencio Varela

En cuanto a los atributos de la comunidad, esta experiencia se lleva a cabo por medio de la caracterización de las unidades de producción agrarias que participan en el SCP, como también mediante la organización de visitas del equipo técnico y representantes de los consumidores, que en conjunto con los productores examinan las actividades realizadas en cada predio para la producción (Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, 2017).

Si bien es un proyecto incipiente, cuentan con la venta y entrega de un bolsón soberano, unido a la propuesta de la feria del productor al consumidor.  En este sentido, existe un equipo del bolsón que establece  una fecha de entrega del mismo con los técnicos y productores (Bolsón soberano, 2018).

Por tanto, las variables internas que entran en juego en esta organización son los productores hortícolas de la organización 1610 de Florencio Varela que junto al organismo técnico de la Facultad de Agronomía de la UNQ y los consumidores  realizan constataciones continuas mediante asambleas.  

Para finalizar dicho apartado de las experiencias, es preciso destacar en cada una de ellas, que los consumidores tienen un rol esencial en la transformación de los sistemas productivos agrarios.

A continuación ofrecemos un resumen sobre las experiencias analizadas en base al marco AID teniendo en cuenta las variables externas e internas que determinan una situación de acción (Ver: Tabla1).

Tabla 1 Comparación de experiencias de puesta en funcionamiento de Sistemas de Certificación Participativa  en base al Marco de Análisis Institucional y Desarrollo (AID).

Fuente: Elaboración propia en base a AAVV.

Conclusión

En el trabajo se ha presentado la experiencia de puesta en funcionamiento de SCP, tratando de arrojar luz sobre los arreglos institucionales que permiten su funcionamiento en distintos contextos. Es de especial interés estudiar estos sistemas, que permiten integrar pequeños productores a mercados en los cuales suelen verse excluidos por las normas establecidas por los actores con mayor poder en los sistemas agroalimentarios y crear relaciones mercantiles diferentes a las que se construyen bajo esas normas, que pueden estar vinculadas a las propuestas de la economía alternativa o de la Economía Social y Solidaria.  

También mostramos en este trabajo las potencialidades del marco AID para el estudio de la economía a través de sus instituciones. El análisis AID ofrece un marco lo suficientemente flexible como para poder ser ampliamente utilizado en la economía substantiva. El mismo permite por un lado integrar distintas variables no sólo económicas, sino también otros aspectos como valores, normas y condiciones ambientales, lo cual es de extremada utilidad para estudiar el desarrollo de experiencias de la Economía Social y Solidaria.

Este marco, por otro lado, no sólo da cuenta de la dinámica económica sino de las formas de evolución del marco institucional. Asimismo nos permite entender los saberes, normas y la forma en que las reglas compartidas son utilizadas como recursos, alejándonos del neoinstitucionalismo de origen neoclásico que sólo ve las reglas como limitantes de la acción y las instituciones del mercado como una simple corrección de distintos “fallos” de los mismos.

Vemos a través de los casos analizados cómo pequeños productores logran conformar espacios de comercialización alternativos. La conformación de estos espacios alternativos necesita de reglas y recursos que emergen de la acción colectiva en sistemas multicéntricos, donde diferentes actores se encuentren involucrados para la consecución de proyectos colectivos, y en nuestro caso como hemos presentado, para los SCP. La presencia de múltiples actores permite arreglos originales que permiten la coordinación de esfuerzos y la creación de recursos para generar un sistema  de certificación alternativo al de certificación por tercera parte.

Este primer trabajo es de naturaleza exploratoria, quedan muchos puntos de interés para investigaciones futuras: las dinámicas de construcción de normas a través de los conflictos, los elementos que determinan el éxito fracaso de las experiencias, las tensiones que se pueden establecer con las políticas públicas, específicamente con las normas que establece el Estado, la incorporación de nuevos actores a las experiencias en funcionamiento  y, por último, la mediación social que establece las universidades públicas para el desarrollo de las mismas.

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Enviado: 18/09/2019

Aceptado: 05/05/2020

Cómo citar este artículo:

Mudrik, M. L., Cuatrin Sperati, E. A., Cardozo, L.G. (2020). Los sistemas de certificación participativos en mercados de pequeños productores en el marco de la Economía Social y Solidaria. Experiencias en América Latina. Otra Economía, 13(23), 161-180.

* Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina.

** Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina; Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Entre Ríos, Paraná, Argentina.

*** Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral, sede Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales, Universidad Nacinal del Litoral - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Santa Fe, Argentina

Este trabajo se enmarca en el proyecto “Trabajo y acumulación de capital: transformaciones recientes de las actividades productivas en el territorio de la provincia de Santa Fe”, programa  CAI+D 2016, Universidad Nacional del Litoral. Financiamiento: UNL. Res. H.C.S: 48/17.  Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en las XI Jornadas de Economía Crítica realizadas en la FCE, UNL, Santa Fe, los días 6,7 y 8 de septiembre de 2018. Agradecemos los comentarios de los/as evaluadores/as anónimas de la revista Otra Economía que permitieron mejorar el texto.

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2 Los mercados encastrados (nested markets) son segmentos de mercados más generales donde las especificidades del lugar y de las redes de actores dan lugar a productos específicos, nuevas transacciones y mejores precios (Polman et al.,  2010).

3 De acuerdo al sitio web de Jureré el Sistema Brasileño de Evaluación de Conformidad Orgánica (SISORG), administrado por el Ministerio de la Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento – MAPA, del gobierno brasileño, fue creado para identificar y controlar la producción nacional de alimentos orgánicos, respecto a su origen y proceso productivo. Se trata de una estructura operativa constituida por órganos de la administración pública federal y por los Organismos de Evaluación de la Conformidad – OAC (estos, formados y autorizados tras Certificación por Auditoría y Sistemas Participativos de Garantía, acreditados por el Ministerio). Mediante convenios, los Estados y el Distrito Federal podrán ingresar en el SisOrg. Disponible en:  https://grupojurere.com.br/certificado/sello-del-sistema-brasileno-de-evaluacion-de-la-conformidad-organica-sisorg/?lang=es

4 Sobre esta experiencia aún no se han producidos textos académicos, por lo tanto, realizamos una construcción del caso a partir de información recabada en la web debidamente citada en la bibliografía final.