Evangelina Caravaca
Escuela IDAES, Universidad Nacional de San Martín. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Argentina
https://orcid.org/0000-0002-5884-7197
Contacto: ecaravaca@unsam.edu.ar
Este artículo forma parte de una investigación más amplia, cuyo objetivo es reflexionar sobre las relaciones entre violencia y justicia en zonas segregadas de Argentina. En lo que respecta a la metodología de investigación empleada, se trata de una etnografía multisituada que incluye trabajo de campo en Centros de Acceso a la Justicia y en barrios segregados del partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. El artículo describe y analiza los datos etnográficos recabados en un centro de acceso a la justicia ubicado en una oficina central y en otras dependencias del municipio de San Martín. El trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses de julio y diciembre de 2023. En el texto se examinan las rutinas laborales y las tensiones en relación con las competencias especializadas de los distintos profesionales que integran el Centro de Acceso a la Justicia. Asimismo, se dedica una atención particular a las lógicas militantes que se manifiestan en este ámbito. Finalmente, se aborda una reflexión sobre las lógicas inherentes al Estado en la regulación de las violencias en zonas segregadas.
Palabras clave: violencias, justicia, centros de acceso a la justicia, militancia, saberes expertos.
This article is part of a broader research project that aims to reflect on the relationship between violence and justice in segregated areas of Argentina. The research methodology employed is a multisite ethnography, which includes fieldwork in Access to Justice Centers and segregated neighborhoods in the San Martín district of the province of Buenos Aires, Argentina. The article delineates and scrutinizes the ethnographic data amassed at an access to justice center situated in a municipal central office and in other municipal dependencies. The fieldwork was conducted from July to December of 2023. The text undertakes an examination of the work routines and tensions in relation to the specialized competencies of the different professionals that constitute the Access to Justice Center. The text also dedicates particular attention to the militant logics that are manifest in this area. Finally, a reflection on the inherent logics of the state in the regulation of violence in segregated areas is addressed.
Keywords: violence, justice, Access to Justice Centers (CAJ), militancy, expert knowledge.
Este texto se inscribe en una investigación más amplia que se centra en las diferentes formas en que se busca justicia en contextos vulnerables y, más concretamente, en cómo la idea de justicia puede abarcar múltiples acciones, deseos y espacios. En trabajos precedentes indagamos cómo las violencias institucionales vinculadas al acceso a la justicia y a las marcas del sistema penitenciario2 conforman un escenario de violencias cotidianas en muchos barrios vulnerables (Caravaca y Garriga Zucal, 2022).
En particular, este artículo se propone pensar en las dimensiones del trabajo (sus lógicas, rutinas y dilemas) de agentes estatales que despliegan tareas en Centros de Acceso a la Justicia buscando con ello pensar cómo se articulan las rutinas laborales, las tensiones profesionales y las lógicas militantes dentro de los Centros de Acceso a la Justicia en barrios segregados de Argentina, y cómo influyen estas dinámicas en la regulación de las violencias en estas zonas.
En relación al marco teórico que sustenta este artículo es relevante mencionar que, en las últimas dos décadas, tanto la sociología y como la antropología latinoamericana –con importantes desarrollos en Argentina, México, Brasil y Colombia– han producido una prolífica línea de investigación que aborda al Estado no como una entidad homogénea o abstracta, sino como una construcción cotidiana compuesta por prácticas, relaciones, actores y materialidades (Sharma y Gupta, 2006; Das y Poole, 2004). Estos enfoques, fuertemente influenciados por la antropología del Estado, se apoyan mayormente en metodologías etnográficas que priorizan el trabajo de campo, la observación participante y el seguimiento de actores estatales y ciudadanos en interacción.
Para realizar esta investigación retomamos, al tiempo que nos amparamos, en los aportes de ciencias sociales locales que en los últimos ha pensado y analizado intensamente esferas del Estado y sus trabajadores. Nos referimos por un lado a los aportes de Luisina Perelmiter (2016 y 2021) investigadora que ha centrado sus trabajos en las prácticas cotidianas de los agentes estatales y su interacción con los ciudadanos, particularmente en el ámbito de la asistencia social3. Sus textos dan cuenta de la relevancia de examinar el Estado centrándose en las vivencias y prácticas de los funcionarios públicos en contextos de vulnerabilidad social. Por otro lado, los aportes de Daniela Soldano (2008) también resultan relevantes a este estudio. Sus investigaciones permiten pensar en profundidad los cruces entre las lógicas del territorio y las formas de intervención estatal.
En este artículo, y en la investigación que lo sustenta, creemos que la aproximación etnográfica del Estado en general, y en contextos vulnerables en particular, resulta fundamental, ya que facilita la comprensión de las dinámicas cotidianas y las interacciones entre los agentes estatales, los actores sociales y los enclaves territoriales.
Para avanzar con la indagación del artículo, se recurre al análisis de escenas y fragmentos de entrevistas. Estas fueron recogidas en el marco de una etnografía multisituada (Marcus, 2001), con trabajo de campo en centros de acceso a la justicia y en barrios segregados del partido de San Martín (provincia de Buenos Aires, Argentina). Creemos que la etnografía es fértil para describir y analizar las tensiones, los desafíos y las lógicas subyacentes en el acceso a la justicia, la seguridad y la regulación de las violencias en zonas vulnerables.
En relación con el recorte temporal, el trabajo etnográfico se llevó a cabo entre julio y diciembre de 2023. Priorizamos entonces un enfoque etnográfico que nos permitiera observar el funcionamiento, la dinámica y la rutina diaria de este espacio. Por otro lado, el uso de comillas y cursiva es usado para dar cuenta que se trata de frases y/o palabras que hemos recogido a lo largo del trabajo de campo. Es decir, son palabras que han dado los entrevistados e informantes. Además, para garantizar el anonimato se han cambiado los nombres propios de los agentes del CAJ.
Adicionalmente, se entrevistó a todo el personal (9) quienes ocupaban distintos roles y ejercen diferentes profesiones: derecho, psicología y trabajo social. No resulta menor dar cuenta del momento en el cual se realizó el trabajo de campo: el contexto electoral4 argentino marcó gran parte de la conversación. Mencionamos este punto en tanto creemos que pensar el Estado es también pensar las vicisitudes de sus trabajadores, los miedos sobre la “continuidad laboral” y temores que encontraron fundamento real al corto plazo5. Esta problemática se retomará en un apartado específico para pensar en las tensiones inherentes al trabajador del Estado. Entonces el foco está puesto en los trabajadores que componen este espacio y marginalmente se toman en cuenta observaciones a algunos consultantes, recogidas durante el trabajo de campo.
Pondremos el foco en un Centro de Acceso a la Justicia (en adelante CAJ), en sus diferentes oficinas y “operativos”. Este espacio y su impronta resultaron ser un emergente del trabajo de campo realizado en San Martín en tanto fue referenciado como un espacio al que era posible acceder y recibir ayuda sobre distintas cuestiones.
Entonces, a lo largo de tres apartados (Rutinas, Articular y Trabajar/militar) buscaremos describir y analizar las prácticas sociales que toman lugar en este CAJ en particular atendiendo especialmente a las dinámicas de trabajo (y los saberes expertos que circulan allí), la relación con otras dependencias y organismos del Estado y las lógicas militantes que circulan en estos espacios. Con ello nos proponemos pensar este espacio privilegiado para analizar las estrategias de los actores que cotidianamente trabajan en el acceso a la justicia en zonas segregadas.
Antes de analizar etnográficamente los CAJ resulta preciso dar una definición sobre los mismos que nos permita comprenderlos en un mapa del Estado más amplio. Los CAJ comenzaron a funcionar en el año 2008 tomando experiencias pioneras en Estados Unidos, Inglaterra y Colombia como ejemplos. En el micrositio web oficial son presentados de la siguiente manera:
En 2008 nació en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación una política pública innovadora: la creación de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en el marco de la administración pública nacional se propusieron condensar la atención de personas con derechos vulnerados, historias de vida que demandaban la resolución de problemáticas que cercenaban el acceso y goce a una ciudadanía plena. Desde una perspectiva de derechos humanos, y con el compromiso de fortalecer las instituciones del Estado, los CAJ se desplegaron a lo largo y ancho del país, con equipos profesionales interdisciplinarios del Ministerio y de diversos organismos del Estado6.
Pensados desde una matriz de los derechos humanos los CAJ van a fomentar especialmente los métodos alternativos de resolución de conflictos. En términos más concretos, van a potenciar el uso de la herramienta de la mediación comunitaria para buscar por un lado, un ahorro para el Sistema de Justicia y por otro, para buscar desjudicializar la conflictividad social (Martín, 2019)7.
El Centro de Acceso a la Justicia8 donde se realizó esta investigación se encuentra ubicado en el partido de General San Martín (provincia de Buenos Aires). Su oficina central9 está alojado en Centro de Integración Comunitaria (CIC) que alberga distintas oficinas (con representación de ANSES10, atención psicológica, ATAJO11 entre otras). Frente al CAJ - pero ciertamente detrás de él también, hay una extensa zona segregada12.
“Hoy este espacio no es lo que era” menciona al pasar una integrante del CAJ. En el transcurso del trabajo de campo fue posible advertir varias veces la idea de que anteriormente este centro ofrecía a los vecinos más posibilidades como el acceso a consultas pediátricas y ginecológicas. Un pasado reciente, que si bien impreciso, es narrado como un antecedente de mayor esplendor.
El edificio donde se aloja el CAJ de una sola planta fue construido hace no más de diez años. Se ubica en una avenida a pocos metros de un hospital cabecera del distrito. Esta cercanía hará que por momentos los alrededores del CAJ se parezcan a la antesala del hospital. Es común ver pasar, ir y venir, a médicos, pacientes, enfermeros y enfermeras. También, es común ver personas en sillas de ruedas que son trasladados al Geriátrico municipal que se ubica detrás del edificio del CAJ. El edificio cuenta con un pequeño espacio destinado a la seguridad, aunque es común ver al encargado de esta tarea circular por las distintas oficinas. Al final de un pasillo rodeado, con un plotter que lo anuncia, se encuentra la oficina de Acceso a la Justicia.
“Nunca sabes cómo va a ser el día” menciona Soledad mientras conversamos. Es psicóloga y trabaja en el Centro de Acceso a la Justicia hace al menos ocho años. La cotidianeidad de un espacio como el CAJ está a merced de lo que puedan demandar quienes asisten, por demanda espontánea o por sistema de turnos, a la oficina. Si bien hubo ocasiones en que la oficina se encontraba sin consultantes (en general por la no asistencia a un turno programado) en el transcurso del trabajo de campo fue posible advertir que es un espacio que recibe consultas y que, en muchas ocasiones, es concebido por los consultantes como un espacio “amigable”. Volveremos más adelante sobre esta dimensión moral (amigable) porque creemos que resulta clave para comprender las relaciones sociales que este espacio propicia a través de las prácticas de sus agentes.
Por otro lado, si bien el CAJ tiene un sistema de “puerta abierta”, es decir, que los consultantes pueden acercarse sin turno previo lo cierto es que en el trabajo de campo advertimos que una parte considerable de la rutina se encontraba organizada a través de turnos con los distintos especialistas. Y esto resulta central para comprender dinámicas y rutinas. El CAJ opera con un sistema de “burbujas” en el cual los distintos especialistas (abogados, trabajadores sociales y psicólogos) rotan tanto en los días que se encuentran en la oficina como en las itinerancias. En una oportunidad un consultante asoma sólo su cabeza para ver quien estaba en la oficina. Al advertir que no se encontraba una de las abogadas a quien, sostienen sus compañeros “le viene a preguntar cualquier cosa” se retira del lugar. Nos gustaría detenernos en esta pequeña escena: la misma nos sirve para pensar en los vínculos que se establecen entre consultantes y especialistas del CAJ. En general, los consultantes suelen pedir ser atendidos siempre por la persona que los “ayudó” en algún momento.
La pandemia cambió, según los agentes del CAJ, una parte considerable de las rutinas del espacio. Por un lado, se incorpora un teléfono móvil con un Whatsapp que operó desde los primeros meses de la pandemia como la puerta de entrada al CAJ. Este teléfono, que permanece activo, es manejado por la empleada administrativa del CAJ. Si bien el teléfono del CAJ no está asociado a su número personal, asume que muchas veces respondió mensajes durante los fines de semana o feriados. Esto a merced de lo que ella consideraba “urgente” u “atendible”.
Pero, además, es a través de las “itinerancias” –actividades específicas donde el CAJ traslada por algunas horas/días a un barrio y espacio determinado– donde este número de teléfono, y esta forma de acceder a una primera puerta del CAJ comienza a circular con mayor intensidad. De hecho, mencionan entre risas que ese número “lo tiene todo San Martín y alrededores”. Este número circula con cierta intensidad en el espacio carcelario. Comentan que a partir de una “itinerancia” en el Complejo Penitenciario N°4813 el “whatsapp del CAJ” comenzó a recibir mensajes de personas privadas de la libertad que solicitaban ayuda ante traslados forzosos, malos tratos, entre otras cosas. Volveremos más adelante a reflexionar acerca de la “sobredemanda” del CAJ siendo convocado a solucionar y/o visibilizar problemáticas variopintas e inabarcables.
Entra un señor a la oficina. La secretaría administrativa le toma los datos, le pregunta si ya estuvo por ahí porque le parece recordar su nombre. El consultante no termina de aclarar. Dice que su ex mujer no le deja ver a su hija y que fue amenazado por una tía de ella. Cuando sale de la oficina, se dan cuenta que ya había estado en el CAJ dos veces esta semana. “No me tires el bodoque este” bromea una de las abogadas mientras trabaja en una mediación. El coordinador del CAJ sale y habla con él, entra nuevamente. “Hay que pedirle el teléfono de su ex mujer para ver si es posible hacer una mediación”. “Hay problemas psiquiátricos”. El coordinador sale nuevamente, consigue que él le dé un número de teléfono de la ex mujer. Bromean “ay al machito le dio el teléfono” (Notas de campo)
En relación a las prácticas más específicas y recurrentes que se producen en este espacio es necesario mencionar las mediaciones prejudiciales14. Estas ocupan decididamente un lugar relevante en la rutina de este CAJ ordenando las tareas de sus especialistas y las demandas de los consultantes. En general, las mediaciones son realizadas tanto por el equipo de abogados como por el equipo de psicólogos, pero también de mediadores comunitarios (sin otra titulación de grado pero con la credencial para realizar mediaciones comunitarias). En todos los casos cuentan con la habilitación que les permite realizar la mediación comunitaria. Pero, además, comprender y analizar las temáticas que abordan las mediaciones en este CAJ nos permite advertir qué tipo de problemáticas sociales llegan, pero también nos permite pensar cómo son recepcionadas, en este espacio.
Los trabajadores del CAJ sostienen que un porcentaje elevado de las mediaciones son exitosas (mencionan un 70 %). Resulta esclarecedor dar cuenta de que las mediaciones por la regulación de la cuota alimentaria ocupan un porcentaje mayoritario de estas prácticas. Estas mediaciones, no vinculantes, se forjan ante el pedido de consultantes que llegan al CAJ solicitando asesoramiento legal por la cuota alimentaria. Pero no es sólo aquello que ocurre en la mediación sino también lo que ocurre antes y después que debe llamar nuestra atención. En general, las especialistas mujeres –tanto desde el derecho como desde la psicología social, mencionan que quienes llegan a pedir asesoramiento tienen una gran necesidad de escucha. “Tratamos que no cuenten en los pasillos” menciona una de las especialistas en mediaciones cuando comenta lo “cargadas de angustia” que transitan las entrevistas muchas de las consultantes. Han desarrollado varias estrategias para que los niños, que al momento de realizar una entrevista y/o una mediación se encuentran bajo el cuidado de su progenitora, no escuchen los relatos de los adultos (algunos de ellos con escenas de violencia). Un pequeño cajón con algunos juegos, donado por las trabajadoras del CAJ, es puesto en circulación cuando se acerca alguna mujer con niños pequeños.
Llega una señora con una nena pequeña para una mediación. La nena habla todo el tiempo, le proponen a la mamá que la nena quede fuera de la mediación y le dan unos bloques. la idea es que los chicos no escuchen las mediaciones donde se tratan muchas veces temas delicados (Notas de campo)
“Hay que aniquilar el deseo de chusma” sostienen en sintonía dos mediadoras del CAJ: los consultantes llegan aquí con historias complejas o más bien, arriban al CAJ con una serie de problemas. Su tarea desde allí es también dar cuenta de cuál es la posibilidad real de acceso a la justicia (entendida en un sentido amplio) que pueden brindar desde su lugar.
Prejuicios: como juegan a la hora de llevar adelante las mediaciones: escucha muy atenta, intentar no ser prejuiciosa. Para las mediaciones hay que reconstruir un escenario del problema (Notas de campo)
Llegado a este punto, retomamos los aportes de Perelmiter (2018) para analizar cómo los agentes del Estado no solo implementan políticas públicas, sino que también interactúan y negocian con actores no estatales, como consultores, en diversas esferas de la administración pública. Perelmiter examina las tensiones enfrentadas por los agentes del Estado en su función de mediadores entre el poder estatal y la sociedad, considerando los dilemas entre la burocracia, la eficiencia administrativa y las demandas sociales. Además, se destaca la influencia de los consultores externos en la toma de decisiones y la gestión de políticas, ya sea a través de la aportación de conocimientos técnicos o de la intervención en la formulación de políticas públicas.
Por otro lado, la pandemia y la necesidad de virtualizar prácticas trastocaron las formas en que se realizaban las mediaciones. Marcela, abogada y trabajadora en el marco del Ministerio de Seguridad desde los años ´90, menciona entre risas que ante el pedido insistente a uno de los involucrados en una mediación que llevada adelante para que prenda la cámara de su computadora (condición necesaria para llevar adelante la mediación) este se encontraba en su cama y “aparentemente con poca ropa”.
Una cama, una pileta como escenario de la mediación resultan ser las anécdotas que aún hoy provocan risas entre los compañeros del CAJ. Por otro lado, menciona con fastidio cómo la virtualidad rompe con la condición de privacidad propia de las mediaciones: si en el CAJ se dispone de una pequeña sala donde es posible realizar las mediaciones sin que terceros participen y/o escuchen comentan que con las mediaciones virtuales tuvieron que acostumbrarse a que terceros, familiares y/o amigos de los consultantes, opinen, comenten e incluso insultan en la propia mediación.
La secretaria comenta que una vez vino un femicida a pedir asesoramiento jurídico “acá nunca sabes si el que viene a pedir asesoramiento no es el violento en realidad”.
Sobre demandas al espacio: llegan mensajes pidiendo materiales de construcción o quieren “hacer una denuncia”. La secretaria les repite a un consultante “este es un espacio que puede brindar asesoramiento, no tomamos denuncias” (Notas de campo)
Ahora bien, llegado a este punto es válido preguntarse ¿qué problemáticas llegan y cuáles de ellas no llegan al CAJ? Y a través de estas preguntas, tratar de dar cuenta de que nos dice el funcionamiento del CAJ sobre la regulación de las violencias en zonas segregadas como lo es la que aloja este espacio. A partir de la observación como de las entrevistas específicas sostenemos que el CAJ no es el catalizador de la problemática entre vecinos (interpersonal) Es decir, aquellos conflictos que se desarrollan entre particulares (vecinos, conocidos, familiares) no suelen arribar al CAJ para tratar de solucionar la problemática que los aqueja. De hecho, en el transcurso del trabajo de campo no registramos consultantes que llegarán al CAJ con tales problemáticas.
“No vas a hacer un juicio por el pis de perro de un balcón”. concordancia de los trabajadores del CAJ con los objetivos de la creación de los CAJ de sacar de la justicia casos que no son necesariamente judicializables (Notas de campo)15
Por el contrario, observamos consultantes que accedían por inconvenientes con su documentación. En general, se trataba de población migrante que vive en la zona hace décadas y que se encontraba ante dificultades en los trámites bien de residencia como también de jubilación. También, se solicitaba ayuda con el certificado de antecedentes penales. En otra ocasión, parte del equipo técnico y de conducción del espacio acompañó el pedido de una consultante que se enfrentaba a una deuda millonaria con la empresa proveedora de agua. El CAJ ofreció en primer lugar asesoramiento y una visita al domicilio para realizar una pericia desde el Trabajo Social. Fue a partir de este caso que pudimos advertir cómo los distintos saberes (en este caso la pericia del Trabajo Social) eran puestos en juego ante diferentes demandas e interlocutores.
El día a día del CAJ, entre turnos previamente organizados y visitas espontáneas se desarrolla a merced de los problemas que traen los consultantes. Pero también de los “éxitos” y de los “fracasos” que enfrentan los propios efectores del CAJ cuando buscan soluciones satisfactorias a estas problemáticas. En el apartado sobre Trabajar/Militar analizaremos con más detalle las emociones que los “grandes problemas sociales” producen en los agentes del CAJ.
Los CAJ en general y el caso de estudio en particular promueven una noción de interdisciplinariedad para abordar problemáticas judiciales y administrativas. De hecho, el equipo de trabajo se compone de “burbujas de trabajo” que integran abogados, psicólogos, trabajadores sociales y mediadores comunitarios con una extensa trayectoria en el Estado. El esquema de organización en pequeños equipos de trabajo se inició con la pandemia. Con el fin del ASPO este esquema de organización se mantuvo. Sobre la extensión de esta forma de organización circulaban dos versiones (no antagónicas): por un lado, que el espacio del CAJ no permitía que todos trabajen al mismo tiempo pero también era pensada como una estrategia para compensar los bajos salarios de los trabajadores. Muchos de ellos, además, trabajan conjuntamente frente a determinados casos. Ahora esto que se plantea como una ventaja inicial –la idea de poder pensar y abordar problemas sociales complejos desde distintos ángulos y saberes– puede volverse también una suerte de callejón sin salida. Sobre este último punto, Marcos (coordinador del CAJ) sostiene en una entrevista:
“no nos hacen falta más interdisciplina, necesitamos más patrocinio jurídico disponible” (Notas de campo)
La interdisciplinariedad, es decir el abordaje desde distintas disciplinas y saberes expertos, es evidenciada por los agentes que conforman el CAJ como una fortaleza que les permite comprender y diagnosticar con mayor precisión y, al mismo tiempo, es pensada como una herramienta insuficiente frente a los problemas estructurales que enfrentan. Fue posible advertir una tensión entre la voluntad de mejorar los servicios (apostando por el seguimiento de los casos, la ampliación del dispositivo a problemáticas emergentes). Un compromiso laboral que, en algunos casos particulares, era vivido no sólo en términos técnicos, sino que también con lógicas militantes. Pero esta voluntad, que entrecruza saberes especializados y compromisos militantes frente a ciertas problemáticas, se enfrenta con la imposibilidad de abarcar problemáticas sociales más amplias: “el mundo sigue roto” dice una trabajadora social que recibe semanalmente consultas sobre desalojos, pedidos de DNI.
“la gente piensa que vos le vas a solucionar el problema” (Notas de campo)
Si bien los CAJ son dispositivos que fueron creados y puestos en funcionamiento para lograr el acceso a la justicia en este artículo nos permitimos pensarlos también en tanto esferas del Estado que también gestionan la vulnerabilidad. En efecto creemos que son fértiles para pensar el rol de los agentes estatales quienes, desde sus funciones, y desde sus saberes profesionales, gestionan cotidianamente accesos y derechos.
Por otro lado, una parte relevante del trabajo de los distintos agentes del CAJ es llevar adelante articulaciones (con dependencias del Estado municipal, provincial y/o nacional según lo amerite el consultante). Estas articulaciones, además, son el producto del trabajo de los agentes del CAJ: “articulaciones que cada trabajador va haciendo” menciona el coordinador. Gran parte del éxito de las gestiones con los consultantes se mide también en la capacidad y/o motivación de los agentes del CAJ para llevar adelante articulaciones con otros agentes y/o dependencias del Estado. En términos generales, las articulaciones se desarrollan con el Servicio local (vinculado especialmente a la problemática de niñez) y con las agencias y oficinas municipales. Esto da cuenta, además, de la pertinencia “de lo local” (como diagnóstico y como posible ámbito de solución) para diversos problemas sociales.
En lo que respecta a la dimensión territorial de los CAJ, resulta pertinente recurrir a los análisis de Soldano (2010), quien examina cómo las políticas sociales implementadas en el conurbano bonaerense han incidido en la vida cotidiana de los habitantes, particularmente en su subjetividad y sentido de pertenencia. La autora pone de manifiesto que la intervención del Estado, a través de programas de carácter asistencial, ha generado una «territorialidad diferencial» que refuerza la segregación y el aislamiento social. Por otro lado, Tamagnini (2023) estudia cómo las prácticas burocráticas y las interacciones cotidianas entre funcionarios y ciudadanos configuran la presencia del Estado en la vida urbana. En una línea similar, Matías Pizarro y Natalia Larrea en «La labor etnográfica en dos organismos estatales de administración de conflictos», brindan una reflexión teórica y metodológica basada en la etnografía realizada en dos organismos estatales de Olavarría, Buenos Aires. Su enfoque metodológico se centra en la manera en que la documentación estatal y el estudio de casos inciden en la regulación de la infancia y los conflictos vecinales. Retomamos estos artículos en tanto nos permiten pensar críticamente sobre las formas en que el Estado, a través de distintos dispositivos y agentes, se erigen como formas de poder que regulan la vida social en territorios vulnerables.
Por otro lado, para lograr visualizar con mayor profundidad el impacto y el rol del CAJ en este territorio es relevante mencionar la llamada “Feria de servicios”. Esta actividad, que se organiza con bastante anticipación, se realiza en articulación con la organización religiosa de base territorial Hogar de Cristo16. Este evento, organizado en una Capilla que nuclea actividad territorial en José León Suárez supuso el despliegue de dispositivos y agentes diversos del Estado: desde PAMI17, la Superintendencia de Salud, la ANSES18, distintos programas vinculados a temáticas de género, dispositivos de la SEDRONAR19 y el Ministerio de Desarrollo Social. El CAJ también participa y tendrá, al menos en el encuentro realizado en octubre de 2023 diversas consultas por acceso a documentos de identidad y pedidos de patrocinio jurídico.
En relación a la feria de servicios, retomamos los aportes de Javier Auyero en “Pacientes del estado” (2021). En este libro Auyero analiza cómo los pobres están siempre a la espera de que algo suceda. Comienza a desglosar una “tempografía de la dominación”:
“una descripción densa del modo en que los dominados perciben la temporalidad y la espera: cómo actúan o dejan de actuar a partir de estas percepciones y cómo estas percepciones e (in) acciones operan para desafiar o perpetuar la dominación” (Auyero, 2021, p. 23).
Ahora bien, podríamos decir que la “Feria de servicios”, en la cual se articulan recursos y logísticas el CAJ, como un esfuerzo mancomunado para revertir los sentidos del tiempo y del espacio del Estado. Es decir, si abonamos el planteo de Auyero cuando sostiene en su etnografía que “los pobres siempre tienen que esperar” y que esa espera es un aprendizaje al tiempo que una forma exitosa de dominación, la Feria buscará acortar la espera (modificar el uso del tiempo) y al mismo tiempo acerca al Estado –a través de distintos dispositivos– al espacio. Los tiempos y espacios del Estado, de este modo, se ven trastocados temporalmente en la experiencia de la Feria de derechos. Y si bien es temporal, y sujeto al evento, lo cierto es que puede ser pensado como un rompimiento esporádico de las formas que despliega el Estado en zonas segregadas.
En relación al patrocinio jurídico es necesario mencionar algunas precisiones. Si bien el CAJ cuenta con abogados dentro de su staff estable lo cierto es que el patrocinio jurídico que pueden, eventualmente, brindarle a los consultantes es muy limitado. Al momento de realizar el trabajo de campo el CAJ contaba con un convenio vigente con la Universidad Nacional de José C. Paz. El convenio tenía además un cupo limitado. En general, se trataba de estudiantes avanzados y graduados de la carrera de derecho que se ofrecían gratuitamente a brindar patrocinio. Fue posible advertir como agentes de distintas disciplinas (derecho, pero también psicología y trabajo social) daban cuenta de que la cuota y el patrocinio disponible no daba abasto frente a la demanda que llegaba al CAJ.
Llegado a este punto nos preguntamos: ¿Qué es lo urgente en un CAJ? En el trabajo de campo fue posible advertir una tensión entre la voluntad de mejorar los servicios que brinda el CAJ para acceder a derechos y al mismo tiempo la conciencia de no poder abarcar las problemáticas que arriban a esta “cara amable” del Estado.
Por otro lado, el trabajo de campo nos permitió advertir que el CAJ bajo estudio es pensado desde sus agentes como la personificación del Estado en el territorio. O más bien el “otro estado”: si la presencia de las Fuerzas de Seguridad es una de las formas, quizás la más visible y habitual, en la gestión de la conflictividad en los territorios. Tanto en la gestión de cierta conflictividad como en el acceso a derechos, el CAJ es concebido por sus agentes como un Estado en los márgenes capaz de gestionar la conflictividad sin el uso de la fuerza.
Ahora bien, ¿qué le pide el Estado a sus agentes? En el apartado siguiente veremos la dimensión “militante” para tratar de comprender más cabalmente sus lógicas en zonas segregadas.
“La demanda acá es infinita” dice Marcos (41 años) en una entrevista. Coordina desde hace cuatro años el Centro de Acceso a la Justicia en San Martín. Su arribo a este CAJ lo encontró con un equipo que venía trabajando, con algunas intermitencias, desde hace años.
Se asume ante todo como un militante político, con una militancia sindical que comenzó en su juventud y lo encontró trabajando como operario en una fábrica. Esto será parte del sello que imprima en su gestión al mando de este centro.
La dimensión “militante” resulta clave para comprender la puesta en práctica de este espacio y acaso los “éxitos” que logre. Además, parte de este costado militante, y de conocer especialmente los pliegues y actores del territorio, se traduce en articulaciones exitosas con distintas organizaciones. Llamadas telefónicas, mensajes de Whatsapp, visitas a referentes territoriales para “destrabar algún pedido” forman parte de una conducción del espacio anclado en vínculos personales y de cercanía.
Marcos mira el teléfono, contesta audio y wapp mientras conversa con nosotras. Hay un caso que está siguiendo. Una chica trans que participa de un espacio activista LGTB está detenida en una comisaría de la comuna 15 en CABA. Tiene consumos problemáticos y la detienen en “rebeldía”: no se había presentado en una causa. Un abogado la patrocina. Hay que pagar cerca de 40 mil pesos para que la liberen para que se levante la causa. En el transcurso de la mañana se resuelve satisfactoriamente. Pablo le pide “paciencia” al abogado que está patrocinando a la compañera de la organización (Notas de campo)
Un feriado de octubre de 2022 asisto a una pequeña casa que oficia de comedor popular de una organización de izquierda en una villa de San Martín. Fui convocada por una periodista y militante social del territorio que sigue casos de derechos humanos y que organiza el encuentro con carácter de “urgencia”. Temiendo no encontrar a nadie tengo una sorpresa cuando comienzan a llegar más periodistas, algunos militantes sociales de base y Marcos quien estaba ahí en carácter de coordinador del CAJ. El encuentro estaba orientado a por un lado ponernos en contacto con un caso de “causa armada”20 que mantenía detenido a un joven y, por otro lado, ver las estrategias jurídicas, pero también mediáticas, para tratar de contrarrestar el encarcelamiento de esta persona. Marcos miraba la carpeta que circulaban los familiares del joven detenido con información sobre la causa: hacía algunas preguntas técnicas sobre el procesamiento, sobre el estatus de la causa. Mientras los periodistas y etnógrafos tomábamos notas del caso, de los comentarios que suscitaban los detalles del caso, Marcos sostenía que era un disparate que esta persona esté detenida. Su presencia en este evento excede su rol como coordinador del CAJ: para comprender las dinámicas que llevan adelante espacios como el CAJ en zonas segregadas es necesario advertir el solapamiento entre lógicas de trabajo y lógicas militantes que las tornan posibles.
En este punto, retomamos aquí los trabajos de Berardi (2020) quien argumenta que la construcción política de los militantes no debe limitarse a los procesos institucionales de los partidos, sino que también debe considerar las estrategias individuales de los militantes para acceder a espacios de toma de decisiones y poder. Estas estrategias incluyen la creación de redes sociales, la participación en trabajo barrial o territorial y la búsqueda de una autonomía relativa respecto a las estructuras internas de los partidos.
Quienes asistimos a este encuentro teníamos distintos motivos: trabajo de campo en el caso de los etnógrafos, noticiabilidad en el caso de los periodistas. Ahora bien, la presencia del coordinador del CAJ creemos que debe ser entendida como una lógica militante que explica en parte la presencia del Estado, o más bien de sus agentes, en el territorio. Pero, además, nos permite pensar en los márgenes de acción de los agentes del Estado frente a eventos o casos que exceden claramente su incumbencia técnica: ¿cómo responden los distintos actores ante pedidos que no entran exactamente en lo que los CAJ pueden brindar? Resulta interesante pensar en el CAJ también como un espacio de escucha, un espacio habilitado para recepcionar, gestionar, organizar, articular, y eventualmente responder a grandes problemáticas sociales (que exceden las propias capacidades del espacio) que encuentran allí, sin desmerecer, un espacio válido al menos para ser escuchados.
Por otro lado, el CEJ es, en palabras de los agentes que trabajan allí, “una puerta de entrada al estado”. Pero no a cualquier Estado. En palabras de sus agentes es un Estado que funciona mal, qué “disfunciona” sistemáticamente. Sus acciones, entonces, se orientan muchas veces a tratar de remediar los efectos que producen las disfunciones del Estado del que forman parte.
Llegado a este punto nos preguntamos: ¿qué puede y qué no puede el Estado, o más bien, los sujetos que hacen y ponen el movimiento al Estado, frente a las violencias?, ¿Cómo es pensado el trabajo de quienes día a día tratan de “hacer justicia” en el territorio? Así, sostenemos que la dimensión y el compromiso militante entendido aquí como un valor moral legitimador resultan esclarecedores para tratar de atender a las formas específicas en que este Estado en los márgenes se pone en práctica.
En este apartado nos proponemos volver sobre algunos de los aspectos principales de la investigación en la que se basa este artículo y retomar tres ejes que consideramos centrales y que creemos necesitan seguir siendo investigados.
1.En primer lugar, nos gustaría reflexionar sobre las lógicas del Estado y sus agentes. En tanto creemos que mirar etnográficamente al Estado permite desentrañar las prácticas cotidianas que componen su funcionamiento, alejándose de las representaciones abstractas y monolíticas que suelen prevalecer en los estudios políticos tradicionales” (Sharma & Gupta, 2006). En ese sentido en este artículo, apostamos por un análisis etnográfico de los CAJ como herramienta útil para reflexionar sobre las formas en que el Estado se manifiesta en zonas segregadas. Pero también, reflexionar sobre el Estado conlleva una reflexión sobre el trabajo estatal: la coincidencia del trabajo de campo con el contexto electoral y con lo que sus eventuales resultados podrían producir en programas como los CAJ ordenó una parte considerable de las conversaciones. La angustia de los trabajadores no solo se dirigía a la posible pérdida de su trabajo, sino también al hecho de que este espacio dejara de existir como tal. Este temor, que dominó parte de las conversaciones durante el trabajo de campo, se transformaría en realidad en el transcurso del año 2024 llegando al cierre de la oficina y al despido y traslado de sus trabajadores/as.
2.En segundo lugar, resulta relevante continuar reflexionando acerca de las tensiones y aplicaciones de los saberes expertos. Desde su fundación, los CAJ han sido concebidos e implementados desde la noción de multidisciplinariedad, siguiendo modelos internacionales vigentes (Martin, 2019). En este sentido, se plantea la interrogante respecto a si el derecho en cuestión resulta insuficiente para garantizar el acceso a la justicia. No obstante, este atributo que destaca a los CAJ (en la combinación de saberes expertos que trabajan mancomunadamente) puede interpretarse también como un límite: el trabajo de campo permitió advertir la tensión frente a la necesidad de patrocinio jurídico (demandada por los consultantes y percibida como central por los agentes del CAJ), lo que pone de manifiesto las limitaciones que un trabajo interdisciplinario muestra si no cuenta con los recursos necesarios.
3.En tercer lugar, el artículo buscó pensar que tipo de relaciones, prácticas y rutinas sociales pone el CAJ en movimiento en un territorio atravesado por conflictividades intensas y segregación espacial. Dimos cuenta de esta “cara amable” del Estado que por momentos rompe paradigmas establecidos, al menos momentáneamente, sobre tiempo y espacios como advertimos en la Feria de servicios. Resta profundizar en trabajos venideros en los usos y efectos que los consultantes que asisten al CAJ despliegan con y en este espacio social.
Alfaro Moreno, et al. (2023). “15 años de una política pública federal transformadora”. Biblioteca Digital, Disponible en: http://www.bibliotecadigital.gob.ar/items/show/2799.
Auyero, J. (2021). Pacientes del Estado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Eudeba
Berardi Spairani, A. P. (2020). Participación política, compromiso y carrera militante. Una propuesta para el estudio de lam militancia en el contexto del activismo global. Desafíos, 32(2), 1–38. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.7751
Caravaca, E., Pasik, V., Fiquepron, D. y Llopis, M. (28-29 de marzo de 2019). No casos. Un estudio exploratorio sobre violencia institucional en una villa de San Martín (pcia. de Buenos Aires). II Jornadas de Sociología, Facultad de Humanidades, Universidad de Mar del Plata
Caravaca, E. y Garriga Zucal, J. (2022). “Tu hijo está tirado ahí, le dieron como cinco tiros”. Experiencias cotidianas de violencias en barrios vulnerables de Argentina. Argumentos. Revista de crítica social, 25, 96-118
Das, V. y Poole, D. (Eds.). (2004). Anthropology in the Margins of the State. School of American Research Press.
Giddens, A. (1995). La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración. Buenos Aires: Amorrortu
Giovine, M. A. y Barri, J. (2023). La agencia en la sociología de Pierre Bourdieu y Anthony Giddens. Estudios Sociológicos De El Colegio De México, 42, 1–18. https://doi.org/10.24201/es.2024v42.e2404
Goffman, A. (2023) Huir de la justicia. La vida fugitiva en una ciudad estadounidense. Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes
Gayol, S. y Kessler, G. (2018). Muertes que importan. Una mirada sociohistórica de los casos que marcaron la Argentina reciente. Buenos Aires: Siglo XXI.
Mancini, I. y Caravaca, E. (2022). “Cuando sabés que es causa armada, buscás soluciones”: Un abordaje etnográfico al problema de las ‘causas armadas’ en la argentina contemporánea. Psicología Iberoamericana, 30(3), e303487. https://doi.org/10.48102/pi.v30i2.487
Marcus, G. (2001). Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal. Alteridades, 11(22), 111-127. https://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/view/388
Martin, W. (2019). “Políticas públicas de acceso a la justicia: una mirada desde el territorio”. Los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) y el caso del dispositivo de Constitución (CABA) (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de Lanús, Lanús.
Perelmiter, L. (2016). Burocracia plebeya: la trastienda de la asistencia social en el Estado argentino. Buenos Aires: UNGS/UNQ.
Perelmiter, L. (2021). Élites estatales y gestión social en la Argentina de Cambiemos. Revista Mexicana de Sociología, 83(1), 185–213.
Perelmiter, L. (2021). Asistir sin ventanillas: el trabajo estatal de trinchera en tiempos de COVID-19. Estudios Sociales del Estado, 7(1), 1–25
Pita, M. (2019). Hostigamiento policial o de las formas de la violencia en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Relato de una investigación. Desacatos 60, pp. 78-93
Pizarro, M. R. y Larrea, N. J. (2020). La labor etnográfica en dos organismos estatales de administración de conflictos: Una mirada sobre los documentos y los casos. Runa, 41(2), 105–124.
Soldano, D. (2008). Vivir en territorios desmembrados. Un estudio sobre la fragmentación socio-espacial y las políticas sociales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (1990-2005). En A. Ziccardi (Ed.), Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas formas de exclusión social. Los retos de las políticas sociales de las ciudades latinoamericanas del siglo XXI (pp. 37–69). Siglo del Hombre, CLACSO
Soldano, D. (2010). Territorio, asistencia y subjetividad en el Gran Buenos Aires (1990-2004). En G. Kessler, M. Svampa y I. González Bombal (Eds.), Reconfiguraciones del mundo popular. El conurbano en la post-convertibilidad (pp. 21–41). Editorial Prometeo
Sharma, A. y Gupta, A. (Eds.). (2006). The Anthropology of the State: A Reader. Blackwell Publishing.
Smith, D. E. (2005). Institutional Ethnography: A Sociology for People. Maryland: AltaMira Press.
Tamagnini, M. L. (2023). Entre trámites y esperas: reflexiones sobre trabajo de campo etnográfico en una administración municipal (Córdoba, Argentina). Revista del Museo de Antropología, 16(2), 275–288.
Wacquant, L. (2007). Los condenados de la ciudad. Gueto, periferias y Estado. Buenos Aires: Siglo XXI.
1 Este artículo es producto de una investigación llevada adelante en el marco Proyecto PICT-2021-I-INVI-00527 “Causas armadas. Un abordaje sociológico a una categoría social, política y moral” radicado en la Escuela IDAES. Agradezco las valiosas contribuciones de Sofía Guagnini como asistente de investigación y la lectura de Sebastián Pereyra.
2 Retomamos los aportes de la socióloga Alice Goffman (2023) con la intención de pensar en cómo la relación con la administración de la justicia (en un sentido amplio) resulta ser una experiencia central en la vida cotidiana de los sectores menos favorecidos.
3 A través de un enfoque etnográfico en el Ministerio de Desarrollo Social Perelmiter (2017) ha estudiado la manera en que los funcionarios intermedios negocian, adaptan y aplican las políticas públicas, revelando así la «micropolítica ministerial» subyacente a la implementación de programas sociales
4 Al momento de comenzar el trabajo de campo Argentina se encontraba próxima a realizar las elecciones Primarias que determinan los candidatos a presidente en las elecciones generales de octubre 2023. El trabajo de campo, entonces, coincidió con el desarrollo de las tres elecciones (primarias, generales y balotaje) que se disputaron en el 2023.
5 En el mes de junio de 2024 el Ministerio de Justicia de la Nación anunció el cierre progresivo de al menos 81 CAJ distribuidos en todo el país.
6 Fuente: https://www.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj/15-anos-de-una-politica-publica-federal-transformadora-acceso-la-justicia-2008
7 Con motivo de los 15 años de fundación de los CAJ se publicó en 2023 un libro que compila textos y experiencias significativas de los CAJ a nivel federal. El texto permite comprender los sentidos particulares que los CAJ pueden desplegar en territorios específicos. Ver: 15 años de una política pública federal transformadora.
8 “el acceso a la justicia es el derecho a reclamar por medio de los mecanismos institucionales existentes en una comunidad, la protección de un derecho legalmente reconocido (Gherardi, 2006:130 en Martin, 2019)”
9 El CAJ opera también desde “itinerancias” y “operativos” específicos. Asimismo, durante el trabajo de campo se realizaron observaciones en una oficina que funcionaba ad hoc a una casa de acompañamiento de la SEDRONAR. Sobre este último caso se volverá en el apartado Trabajar/militar
10 Administración Nacional de la Seguridad Social
11 Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO) dependiente del Ministerio Público Fiscal.
12 Los estudios sobre la segregación espacial de la pobreza se inscriben en una amplia tradición que se remonta a los estudios de la “Escuela de Chicago”. Utilizamos aquí la noción acuñada por Löic Wacquant (2007): a través de la comparación entre el “gueto norteamericano” y la periferia de París, el autor define a estos espacios según una serie de características comunes: 1) su población disminuye en número, 2) entre sus habitantes, predominan los jóvenes, trabajadores manuales y empleados en puestos poco calificados de los servicios; 3) abarcan fuertes concentraciones de “minorías” étnicas o migrantes y 4) entre su población, hay altas tasas de desempleo, subempleo y precarización laboral como consecuencia de la desindustrialización y los vaivenes en el mercado de trabajo característicos de la reestructuración del capitalismo reciente (Wacquant, 2007). Se trata además de espacios fuertemente estigmatizados, “barrios de exilio” en los cuales las poblaciones “marginadas”, condenadas a la “obsolescencia económica” por la reorganización postfordista de la economía y la reconstrucción postkeynesiana del Estado, se encuentran “separadas de hecho” del resto de la ciudad (Wacquant, 2007:201).
13 Complejo localizado en José León Suárez, provincia de Buenos Aires.
14 En su tesis de Maestría sobre los Centros de Acceso a la Justicia Wenceslao Martín analiza la resignificación de las oficinas prestadoras de métodos alternativos de solución de conflictos (MASC), concebidas y promocionadas para ahorrar costos económicos y evitar la judicialización del conflicto social. Esta tesis marcó un antecedente relevante en el plano local en la problematización de los CAJ abordando un estudio de caso en el barrio de Constitución (Martín, 2019).
15 Esta nota de campo fue registrada por Sofía Guagini quien se desempeñó como asistente de investigación a lo largo del trabajo de campo.
16 Federación que agrupa a los Centros Barriales que tienen como finalidad dar respuesta integral a situaciones de vulnerabilidad social y/o consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. Fuente: https://hogardecristo.org.ar
17 Es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
18 Administración Nacional de la Seguridad Social
19 Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina
20 Se entiende por causa armada a un término nativo que describe un uso fraudulento de la justicia y de las fuerzas policiales que termina con el procesamiento y/o encarcelamiento de una persona que sostiene su inocencia. Ver: (Mancini, Caravaca 2022)