María Estela Spinelli
Instituto de Estudios Histórico Sociales, UNCPBA, Argentina
https://orcid.org/0009-0003-0789-7228
Fecha de recepción: 17/09/2025
Fecha de aceptación: 17/11/2025
El artículo revisa el contexto en el que se produjo la llamada “Revolución Libertadora”, prestando atención a las medidas de control sobre la oposición, a algunos casos de violencia llevada a cabo por el gobierno peronista, y al conflicto con la Iglesia Católica. Analiza posteriormente la reacción de grupos civiles y militares que condujo a un golpe de estado en setiembre de 1955. Argumenta que no existió un acuerdo entre los actores que llevaron a cabo el movimiento, lo que resultó en un golpe de palacio, que desplazo al primer presidente de facto que sucedió a Perón, el general nacionalista Ernesto Lonardi, reemplazado por un sector liberal de las fuerzas armadas, con apoyo civil, encabezados por el general Pedro Eugenio Aramburu. Considera la represión al peronismo, más dura en esta segunda etapa de la “Revolución”, y especialmente el levantamiento del General Juan José Valle y la dura represión que siguió. Se completa el estudio con la apertura política dispuesta por el gobierno, con proscripción del peronismo, y como esta fue llevando al triunfo del Dr. Arturo Frondizi en las elecciones de 1958.
Palabras clave: Revolución Libertadora, violencia política, peronismo, proscripción, Iglesia Católica.
This article studies the context in which the so-called “Revolución Libertadora” took place, playing particular attention to the actions of Peron’s government aimed at controlling the opposition, to some episodes of violence in its repression, and to the conflict with the Roman Catholic Church. Subsequently, it analyses the reaction of civil and military groups that led to a military coup, with civil support, in September 1955. It argues that there was no agreement between the forces that took part in the movement, which resulted in a palace coup that displaced the first de facto president that replaced Perón, the nationalist general Ernesto Lonardi, who was in turn replaced by a liberal sector of the armed forces, with civil support, led by General Pedro Eugenio Aramburu. It considers the repression of the peronists , which was exacerbated in this second stage of the “Revolution”, and takes specially into account the uprising of General Juan José Valle, and the ruthless repression that followed. Finally, the paper considers the opening of political activity adopted by the government, the proscription of Peronism, and how this process led to the triumph of Dr. Arturo Frondizi in the general elections of 1958.
Keywords: Revolución Libertadora, political violence, peronism, proscription, Catholic Church.
La llamada “Revolución Libertadora” (1955-1958), de la cual se cumple el setenta aniversario, se inició con del triunfo de las fuerzas del Ejército y la Marina sobre el peronismo gobernante, en un contexto de crisis política para entonces insostenible. Este cambio permitió la apertura a la participación del conjunto de los partidos políticos hasta entonces prohibidos de hecho, a la vez que proscribió al peronismo.
Cuatro notables personalidades protagonizaron los años del gobierno de la autodenominada “Revolución Libertadora”. Juan Domingo Perón, el derrocado presidente que había ejercido el poder político durante casi diez años; el general Eduardo Ernesto Lonardi, jefe militar nacionalista que encabezó la revolución de septiembre en Córdoba y ejerció la presidencia del gobierno revolucionario entre el 23 de septiembre y el 13 de noviembre de 1955. Su sucesor y rival, el general Pedro Eugenio Aramburu, quien asumió la presidencia provisional en noviembre de 1955 y completó su mandato con la entrega de la banda a un presidente electo. El almirante Isaac Francisco Rojas, vicepresidente, cargo que le fue ofrecido por Lonardi al conocerlo personalmente, estando ya en Buenos Aires a punto de asumir la presidencia, y continuó en el mismo también hasta la asunción del presidente electo en las elecciones de 1958, Dr. Arturo Frondizi.1
Después del golpe militar de 1943 el general Perón ocupó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y eventualmente la vice-presidencia, cargos desde los que logró fuerte apoyo popular. Gracias a él, obtuvo el triunfo en las elecciones presidenciales de febrero de 1946. Más tarde, reforma constitucional mediante, fue reelegido el 11 de noviembre de 1951,2 Durante su gobierno se impusieron el hostigamiento y la violencia política hacia la oposición que no se interrumpirían despues su caída en septiembre de 1955, a pesar del cambio de signo político que lo proscribió.
La historia que vamos a narrar se desarrolla en el contexto del proceso que puso fin a los casi doce años de hegemonía peronista, y se propone explicar las razones por las cuales el objetivo crucial en el nuevo contexto político fue la restauración de las reglas del juego democrático, con la exclusión del peronismo.3
En 1943 Perón asumió el cargo de secretario de Trabajo y Previsión Social, cargo desde el cual estableció un intenso contacto con los sectores trabajadores. A fines de 1945 diversas razones llevaron al gobierno que había asumido el poder por un golpe, a convocar a elecciones abiertas. Perón logró armar, con diversos sectores, un frente electoral que resultaría triunfante contra la mayoría de los partidos tradicionales, unidos en la “Unión Democrática”. Esto permitió la continuidad de las transformaciones sociales y económicas iniciadas durante el gobierno de facto, y que serían el eje de su presidencia. Estas reformas, que otorgaron ciudadanía plena a los sectores obreros y populares, avances en la modernización industrial, instauración del sufragio femenino, entre otros logros, contaban con amplio apoyo popular, como se vio en las lecciones que lo llevaron a su segundo mandato. Pero La irresolución de los problemas económicos, la constante hostilidad hacia la oposición y la violencia política desatada, finalmente marcaron el agotamiento y la caída del gobierno del general Juan Domingo Perón, en septiembre de 1955.4 Para entonces éste ya transitaba el cuarto año de su segunda etapa presidencial, a la que había accedido con el 62,4 % de los votos en noviembre de 1951, y debe recordarse que conservó la fidelidad de sus partidarios por décadas luego de su muerte, el 1 de julio de 1974, cuando en un contexto de diálogo y conciliación con los otros partidos políticos, había asumido su tercer mandato presidencial.
En los tramos finales de su segunda presidencia, desde fines de 1954 y comienzos de 1955, en el marco de las dificultades económicas y el creciente enfrentamiento con los partidos políticos opositores, –a los que sistemáticamente hostigó, negó el acceso a la prensa y al uso del espacio público– tensionó la relación con la Iglesia Católica, denunciando, entre otras cosas, a la Acción Católica por su hostilidad hacia el gobierno y sus “raíces internacionales”. En ese contexto fueron detenidos varios sacerdotes acusados de actuar contra el gobierno. Esto motivó que, además de la población católica fiel a la Iglesia, cientos de miles de personas opositoras al régimen se expresaran solidarizándose con la iglesia perseguida, y más peligroso aún, tuvo fuerte impacto en las filas de las fuerzas armadas, ya para entonces críticas de la política petrolera encarada a través del contrato con la California Standard Oil, que estaba siendo debatido en debate en el Parlamento Estos factores reafirmaban lograron los consensos para la determinación de derrocar a Perón.5
La violencia finalmente estalló en Buenos Aires el 16 de junio de 1955 y se efectivizó en el ataque a la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo (ocupada por seguidores de Perón) por parte de la aviación naval y la fuerza aérea, bajo la conducción del contralmirante Samuel Toranzo Calderón, de la Infantería de Marina, en la que se dio en llamar la Revolución Democrática, que finalmente frcasó. El objetivo inmediato del levantamiento era para entonces eliminar físicamente al presidente. Sin embargo, éste salió ileso al refugiarse en el Ministerio de Guerra. En el combate hubo cientos de muertos y heridos entre las filas peronistas, buena parte de ellos civiles. La reacción del peronismo fue brutal; el incendio de los edificios históricos de Santo Domingo y San Francisco, además de la Curia Metropolitana y el asalto a varias iglesias católicas del centro de la ciudad (siete, en total), que resultaron saqueadas, sus interiores vulnerados, destruidas imágenes y reliquias por grupos peronistas ante la pasividad de la policía6. Este hecho inicialmente fue negado públicamente por el presidente, que acusó al Partido Comunista del mismo.7 No obstante, tuvo fuerte impacto en una significativa parte de la alta oficialidad del Ejército hasta entonces leal al presidente, y llevó a que algunos de sus cuadros más notorios se distanciaran, sumándose a las filas de la revolución que finalmente lo derrocaría. 8
Pasados varios días hubo nuevos acontecimientos violentos, entre los más impactantes la muerte del médico comunista, doctor Juan Ingalinella, quien, detenido por razones políticas, falleció en medio de la tortura de la policía en la ciudad de Rosario. Esto tuvo enorme repercusión en la opinión pública, a punto tal que dio lugar a la conformación de una comisión investigadora bicameral parlamentaria, primero para dar con su paradero, luego con los responsables de sus torturas y de su muerte.
En esta instancia crítica, el presidente hizo un llamado a la pacificación nacional y ofreció una tregua política convocando por primera vez, en sus casi diez años de mandato, al diálogo con los partidos opositores. A éste fueron convocados los presidentes de la Unión Cívica Radical, Dr. Arturo Frondizi, que habló por radio Belgrano el 27 de julio y expuso las condiciones que a su criterio exigía la pacificación propuesta por el gobierno; en primer lugar, la devolución de las libertades públicas, a lo que agregó, la anulación de las concesiones petroleras otorgadas a la California Estándar Oil.9 Reclamó además la plena vigencia de la Constitución anterior a la reforma peronista, el levantamiento del “estado de guerra interno” y abogó por una amplia amnistía que concluyó con una apelación a las fuerzas armadas. 10
Por su parte, el dirigente conservador Vicente Solano Lima, quien regresaba de su exilio en Montevideo, hizo una clara incitación a que Perón abandonara la presidencia. Por el Partido Demócrata Progresista habló el dirigente santafesino Luciano Molinas, atacando al peronismo por su política de nacionalizaciones y el funcionamiento del IAPI, además de acusarlo de haber destruido las instituciones republicanas y democráticas y negado la libertad, censurando por último el contrato petrolero.
A todo esto, el doctor Alfredo Palacios, uno de los dirigentes más notorios del Partido Socialista, se negó a hacer uso de la radio, al no aceptar someterse a la censura previa y publicó, el discurso preparado en el diario La Nación del día siguiente. Estos dirigentes por primera vez accedían al uso de la radio y en distintos términos reclamaron la restitución total de las libertades como condición básica para la pacificación.11
Frente al fracaso de este tardío llamado, Perón ofreció a fines de agosto, en un ambiente ya demasiado cargado de tensiones y violencia, su renuncia ante las autoridades del Partido Peronista, que obviamente no fue aceptada. Esto dio lugar a una enorme concentración de sus partidarios en la Plaza de Mayo, en la cual el presidente pronunció el discurso hasta entonces más violento, y luego de enfatizar su tolerancia exagerada hacia los opositores, agregó: “la consigna para todo peronista es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros que caiga, caerán cinco de los de ellos”.12
Este fue el preludio del movimiento militar que finalmente derrocó al general Perón de la presidencia, iniciado a mediados de septiembre en Córdoba y liderado por el general Eduardo Ernesto Lonardi. Este había viajado desde Buenos Aires a último momento, con su esposa Mercedes Villada Achával, que tenía parte de su familia allí, en un ómnibus de larga distancia.13
Entre los miembros de las fuerzas armadas comprometidos en la conspiración se encontraban el grupo más compacto y organizado de la Marina, de tendencia liberal, compuesto por el almirante Isaac Francisco Rojas y los capitanes de navío Arturo Rial y Jorge Perren,14 además del general Pedro Eugenio Aramburu que se dirigió a Corrientes. Mientras tanto, en Cuyo, otro de los puntos del alzamiento, asumió la jefatura local del movimiento el general retirado Julio A. Lagos.15
Las operaciones militares finalmente se iniciaron el día 16 de septiembre en Córdoba, comandadas por el citado general Lonardi, quien se apoderó de la Escuela de Infantería, cercana a la ciudad la noche anterior; su cuyo personal ya estaba comprometido en la conspiración. Poco después atacaron la Escuela de Artillería, leal al gobierno nacional, que resistió; si bien inició un tiroteo, rápidamente se rindió. De modo que hacia el mediodía los revolucionarios controlaban la capital provincial, mientras grupos de “comandos civiles” coordinados con el golpe, sorteando alguna resistencia tomaron los principales edificios públicos y radios.16
Mientras la Marina, mucho más homogénea en su adhesión, se sublevó en las bases navales de Puerto Belgrano, ubicada junto a la ciudad de Punta Alta en la Provincia de Buenos Aires, y en Río Santiago, Ensenada. Avanzaron hacia el Río de La Plata, y el día 18 sus buques atacaron la costa bonaerense comenzando por Mar del Plata. Hecho esto, siguieron avanzando y amenazaron con bombardear la destilería de petróleo de La Plata.17 Este hecho, según corroboran distintos relatos, fue crucial en la decisión del presidente Perón de entregar el mando a un grupo de oficiales del Ejército, con el fin de “evitar la destrucción de inapreciables bienes de la Nación” y de facilitar un acuerdo con los rebeldes, quienes, como escribió Félix Luna, “vivían una euforia que se trasmitía a todo el país en un tono triunfal a través de las radios de Córdoba y de la Base Naval de Puerto Belgrano...”.18
En esas circunstancias el presidente, ante el hecho consumado del triunfo de la revolución, se refugió en la Embajada de Paraguay, que le permitió el asilo otorgado por el presidente Alfredo Stroessner. 19 Con el auxilio de ésta, se trasladó a la cañonera Humaitá, en reparaciones en el Puerto de Buenos Aires; fue el inicio de su prolongado exilio, que culminaría luego de un largo periplo por distintos países de América Latina, en la España del general Francisco Franco, hasta su retorno al país en 1973, cuando volvió a ser elegido presidente.
El triunfo de las fuerzas de la Marina y del Ejército sobre el gobierno del general Juan Domingo Perón se festejó a partir del 23 de setiembre en Córdoba, en Buenos Aires y en la mayor parte de las ciudades grandes, medianas y pequeñas de todo el país. El mismo fue celebrado como la recuperación de la libertad, no sólo por los sectores económica y culturalmente más establecidos de la sociedad argentina, sino fundamentalmente por buena parte de los sectores medios que alimentaron las masivas movilizaciones, formadas por estudiantes, empleados, jóvenes profesionales, comerciantes y vecinos en general, portando banderas argentinas e imágenes de los héroes de la patria. Era para ellos precisamente la libertad y la tradición política del país recuperadas.20
El recuerdo y el rito de este multitudinario festejo se reeditó a lo largo de los gobiernos de facto de los generales Eduardo Ernesto Lonardi (23/9 – 13/11 de 1955) y particularmente de Pedro Eugenio Aramburu (13/11 – 1/5 de 1958), en ocasiones en que éstos visitaron, cada uno a su turno, distintas ciudades y capitales provinciales desde 1955, y en las masivas celebraciones del llamado “Día de la Libertad”. Estos festejos se reiteraron hasta fechas cercanas a las elecciones de 1958, cuando ya el clima político había cambiado.21
Las urgencias de la batalla y la incertidumbre sobre su duración y resultados, habrían llevado, entre otras razones, quizás más profundas como se vería poco después, a posponer acuerdos y metas de un plan político, lo cual incidió, en la brevedad del mandato del presidente Eduardo Lonardi, por otra parte, ya para entonces muy enfermo. Rojas, uno de los principales “héroes” de la revolución, como vimos, continuaría en su cargo.
De tendencia nacionalista y católica al asumir la presidencia el general Lonardi enunció el que pretendía fuera el lema de carácter eminentemente pacifista del gobierno que inauguraba: “ni vencedores ni vencidos”. Casi inmediatamente se hizo público que no era compartido por las fuerzas armadas en su conjunto, ni por buena parte de los partidos políticos, como tampoco por el jefe de la Marina de Guerra, a quien acababa de proponer la vicepresidencia.
Las primeras medidas adoptadas, sobre un trasfondo político simbólico, estuvieron destinadas a marcar la eliminación de los rasgos personalistas del régimen anterior: se suprimieron los nombres de Perón y Eva Perón de calles, plazas, provincias, ciudades, edificios públicos, como de diversas instituciones, medida que se completó con la incineración de los libros de lectura peronistas y otra, tal vez de más difícil control, la prohibición de cantar la marcha “los muchachos peronistas”. A ellas se sumaron, en otro tono político, la creación de comisiones investigadoras de diversos presuntos ilícitos, mientras se ordenó la liberación inmediata de los acusados civiles y militares por haber combatido al peronismo que aún permanecían en prisión.
Estas primeras medidas “desperonizadoras” no mostraron desacuerdos abiertos entre los sectores revolucionarios, como tampoco los pases a retiro de generales y cientos de oficiales peronistas, o la conformación del tribunal militar de honor que enjuició a Perón por sus ataques a la Iglesia Católica, la incitación a la violencia, la corrupción y otros cargos más. De resultas del juicio en ausencia, el ex-presidente fue descalificado del ejército por falta gravísima y se le prohibió el uso del grado militar y el uniforme.22
Sin embargo, a pesar de estos acuerdos iniciales sobre qué hacer con el presidente derrocado y con buena parte de sus colaboradores, existían desavenencias políticas e ideológicas más profundas y prácticamente imposibles de compatibilizar entre los vencedores. Lonardi y sus aliados pretendieron implementar autónomamente su proyecto político nacionalista y católico global. Entre otras medidas, proponían específicamente garantizar las conquistas sociales y la existencia de la CGT, y rechazaban la restauración liberal, lo que confrontaba con buena parte de las fuerzas que habían combatido por la Revolución 23.
Había además grandes sectores sociales que habían sido discriminados, si no atacados en sus prácticas y valores por el peronismo, como franjas destacadas de las clases medias. Como apuntó María Sáenz Quesada, estos sectores, insertos en la actividad industrial, comercial, educativa o artística, entre otras, mostraron una actitud cambiante hacia las instituciones políticas y cuando no adhirieron, no opusieron reparos a la insurrección militar.
Como ya mencionáramos, las distintas vertientes político-ideológicas que confluyeron en la Revolución Libertadora no habían alcanzado a establecer acuerdos mínimos y menos aún un plan político de acción previamente elaborado24. Es más, había entre ellos, como ya se señaló, diferencias ideológicas y políticas profundas; el primer gabinete de Eduardo Lonardi estaba integrado por nacionalistas preponderantemente, pero también liberales, en un difícil equilibrio no exento de conflictos que poco tardaron en estallar. 25 A esto debe sumarse que hubo otros protagonistas militares decisivos en la revolución que no fueron consultados y mucho menos convocados. El caso más notorio fue el del general Pedro Eugenio Aramburu, personalmente e ideológicamente distanciado del presidente, quien ignoró su participación en la revolución. Finalmente él sería elegido como su sucesor cuando los militares decidieron separar a Lonardi del cargo, el 13 de noviembre de 1955.
Entre tanto, el gobierno había creado, por iniciativa del Ministerio de Interior, una Junta Consultiva. Esta estuvo integrada por cuatro representantes de cada partido político, salvo dos por cada uno, en el caso del Partido Demócrata Cristiano y de Unión Federal (nacionalista). Fue presidida por el vicepresidente Isaac Francisco Rojas. El peronismo, obviamente, quedó excluido.26
La lucha abierta entre los sectores democráticos y los nacionalistas no dejó de profundizarse durante los tramos finales del breve gobierno del general Lonardi. Los últimos, afines al pensamiento del presidente provisorio, propendían una mayor tolerancia hacia el peronismo y el movimiento obrero,27 mientras los primeros no transigían en el objetivo de eliminar, o, al menos, debilitar sustantivamente a los mismos, con la finalidad de restaurar la democracia. En ese contexto, ante la renuncia del ministro de Interior y de Justicia, Dr. Eduardo Busso, el presidente designó dos nuevos ministros, Luis María de Pablo Pardo, de tendencia nacionalista, en Interior, y Bernardo Julio Velar Irigoyen en Justicia. Esto fue interpretado por parte de los miembros de la Junta Consultiva como un nuevo refuerzo del ala nacionalista, por lo que mayoritariamente presentaron su renuncia ante el presidente de la misma, el almirante Rojas, argumentando no haber sido consultados. La crisis prosiguió con el pedido de nuevas renuncias a raíz de la profundización del carácter nacionalista del gobierno,28 lo que marcaría el afloramiento de las disidencias entre los distintos sectores que efectuaron el golpe de Estado. En tal situación, tanto el Ejército, como la Marina y la Aeronáutica reclamaron la renuncia del presidente, que sólo alcanzó a gobernar cincuenta días antes de ser destituido.
Con la llegada del general Pedro Eugenio Aramburu a la presidencia se produjeron una serie de modificaciones en el rumbo político y en la conformación del gabinete.29 Se abandonó la consigna conciliadora del presidente Lonardi “Ni vencedores ni vencidos”, vista por sus críticos como la negación misma de la Revolución Libertadora. El nuevo movimiento se basó en las “Directivas Básicas del Gobierno Revolucionario”, por el cual establecía la disolución del Partido Peronista en sus dos ramas, la prohibición de sus dirigentes a actuar legalmente en la actividad política y el avance de las investigaciones, ya iniciadas, sobre presunta corrupción y excesos cometidos durante la presidencia del general Perón. Por otra parte, se acordó que el nuevo gobierno debía emitir una declaración de principios a partir del compromiso explícito de restaurar la democracia, a lo que agregaba que los militares no serían elegibles para ocupar cargos en las próximas elecciones.
En este marco se creó un Consejo Militar Revolucionario, destinado a arbitrar entre las tres fuerzas armadas, que expresaban matices en sus criterios políticos. El Consejo tenía también el propósito de servir de control del Poder Ejecutivo, tanto en el ejercicio de las facultades legislativas asumidas como en la designación de ministros e interventores provinciales. Al final, remarcando el carácter transitorio y los límites del gobierno de la Revolución Libertadora, reservaba al próximo gobierno constitucional la resolución de los grandes problemas del país, mientras rechazaba toda pretensión de continuismo. Proponía, por otro lado, la neutralidad entre los partidos políticos democráticos, y en lo económico, suprimir controles, atraer inversiones y que los sacrificios sean soportados proporcionalmente por todos. El mismo documento hecho público fue firmado por el general Pedro Eugenio Aramburu, después de su designación como presidente provisional, constituyendo el primer Decreto Ley del nuevo gobierno.30
A comienzos de diciembre de 1955, el nuevo gobierno publicó un informe sobre el alejamiento del general Lonardi, –que en realidad era una explicación de por qué había sido separado del cargo– haciendo referencia explícita a las consecuencias políticas que había traído su negativa a intervenir la CGT:
Elementos de la CGT, con más deseos de perdurar en sus posiciones que de atender a los intereses verdaderos y respetables del pueblo trabajador, aprovecharon la situación y presionaron al gobierno, como si representasen a un Estado dentro del Estado, de potencia a potencia (…) Apenas ocurrido el cambio de la primera magistratura de la Nación, el gobierno se vio amenazado intempestivamente por una huelga de evidente carácter político. Los incitadores probados de ese movimiento fueron (…) los mismos elementos extremistas desplazados y que actuaban en connivencia con conocidos dirigentes de análogos antecedentes.31
Con el nuevo marco político normativo establecido durante los primeros tramos de gobierno del general Aramburu y el almirante Rojas se puso en marcha decididamente el proyecto político de desperonización. Además de la disolución del Partido Peronista, se intervino la CGT, designando en el cargo de interventor al capitán de navío Alberto Patrón Laplacette, se disolvió la Fundación Eva Perón y se prohibieron los símbolos del Justicialismo, proceso que se completó con la anulación de la Constitución de 1949, en abril de 1956.32
En este nuevo contexto de hostilidad hacia el peronismo tanto sindical como político se inscribe la conspiración contra el gobierno encabezada por el general Juan José Valle, ya para entonces retirado voluntariamente del Ejército desde la caída del gobierno de Perón. Inicialmente lo acompañaba el general Miguel Ángel Iñiguez, con quien había combatido junto a las fuerzas leales en el enfrentamiento de Córdoba, pero finalmente no pudo participar, pues fue detenido a fines de marzo. Se incorporó en cambio el general Raúl Tanco, quien se sumó a Valle en la conducción del que se autodenominó “Movimiento de Recuperación Nacional”.
El plan consistía en lograr la sublevación de todas las guarniciones militares del país, copadas por los suboficiales, el desalojo del gobierno de los “libertadores” y la formación de un gobierno de transición que convocara inmediatamente a elecciones sin proscripciones. Pero finalmente sólo se produjeron acciones aisladas el 9 de junio de 1956 por la noche. Los principales objetivos militares eran la toma de Campo de Mayo y el copamiento del Regimiento de Palermo en Buenos Aires, ambos fracasados. En La Plata, luego de enfrentamientos, los rebeldes se rindieron al ser sometidos a intensos bombardeos. A todo esto, en las ciudades de Rosario y Santa Rosa, los otros dos puntos de la sublevación, fracasaron los objetivos militares, pero grupos civiles tomaron estaciones de radio, desde donde difundieron la proclama revolucionaria.33
En síntesis, el conjunto de las operaciones militares fracasó y la represión fue brutal.34 Su líder, el general Juan José Valle, fue fusilado, mientras el general Raúl Tanco, que lo secundaba, logró primero el asilo en la embajada de Haití, de la que fue secuestrado junto a otros asilados por un grupo comando; finalmente, luego de que los veintisiete fusilamientos se habían producido, fue liberado.35
En los días siguientes a la difusión de la derrota del levantamiento cívico-militar peronista, la represión continuaba, eran detenidos cientos de militantes y sospechosos en todo el país, mientras nutridos grupos de militantes antiperonistas de la capital y de grandes ciudades del interior se reunían en las calles, acercándose a los medios de difusión para expresar su solidaridad con el gobierno. Hubo, además, una gran manifestación en Plaza de Mayo: los movilizados vivaron al gobierno y aplaudieron el rigor de la represión, al grito de ¡Ley marcial!, informaban los diarios de la capital del 11 de junio. En ella el presidente de la Nación agradeció a la ciudadanía la colaboración y el apoyo brindado al gobierno y censuró al peronismo sosteniendo: “… Se trata de hombres que carecen del más mínimo patriotismo para comprender que la nación, por sobre todas las cosas, necesita tranquilidad y responsabilidad en sus ciudadanos, porque su moral ha sido minada y su economía destruida”.36
Luego de los traumáticos sucesos, se retomó el plan de normalización política del país. Se pusieron a estudio por iniciativa del presidente Aramburu, tras reformas y depuraciones, una significativa parte de las organizaciones sociales y políticas creadas durante el peronismo; las investigaciones se hicieron extensivas a particulares y empresas.
Uno de los puntos cruciales del plan político institucional de este segundo gobierno provisorio, tendiente al retorno a la normalización política, fue una Reforma Constitucional. Esta resultó la primera elección de la etapa revolucionaria convocada para el 12 de abril de 1957, que prohibió expresamente la participación de los peronistas, quienes por orden de Perón optaron por el voto blanco, que obtuvo el primer lugar.
Los Partidos que apoyaban la Reforma fueron siete en total, encabezados por la oficialista Unión Cívica Radical del Pueblo, segunda en cantidad de votos, que en total obtuvo 120 bancas, mientras los opositores, agrupados en cuatro partidos liderados por la Unión Cívica Radical Intransigente, principal opositor, obtuvieron 85.37
La Convención Constituyente, de la que se con retiraron los convencionales de la UCRI, que la impugnaron poniendo en peligro el quórum, se reunió en Santa Fe. En esas particulares condiciones, la Constitución se reformó escuetamente; luego de largos debates se declaró en primer lugar la nulidad de las reformas de 1949 y finalmente se aprobó la incorporación a la Constitución de 1853 del artículo 14 bis, que introdujo los “derechos sociales”.
Para entonces los partidos políticos habían retomado plenamente la actividad pública y el presidente anunció que la convocatoria a elecciones generales sería para fines del año en curso. Entre tanto, paralelamente, continuaban descubriéndose planes y acciones del peronismo proscrito en países limítrofes, Chile, Uruguay, Venezuela y Brasil, que dieron lugar a reiteradas noticias y comentarios en la prensa.
La actividad de los partidos políticos se intensificó. Entre los interlocutores afines el gobierno, se encontraban los sectores del Radicalismo del Pueblo y los partidos menores, Socialistas, Demo-Progresistas, Demócratas y Demócratas Cristianos, defensores de la Revolución Libertadora, mientras en el sector opuesto, encabezado por Arturo Frondizi, ya para entonces asociado políticamente a Rogelio Frigerio, director de la popular revista Qué sucedió en 7 días, trabajaban por la conquista del voto peronista e iniciaron conversaciones con el expresidente en el exilio. Estas finalmente condujeron a la firma del Pacto Perón-Frondizi, el cual, obviamente, no tuvo divulgación en lo inmediato.
Uno de los rasgos salientes del proceso político iniciado con la “Revolución Libertadora” fue presencia de los partidos políticos, luego de la prolongada etapa de silencio, restricciones y persecución a que el peronismo los había condenado. Esa presencia se insinuó ya durante la breve gestión del presidente Eduardo Lonardi, ya que reapareció la discusión y el deshielo con la creación de la Junta Consultiva Nacional. Sin embargo, solo se instaló notoriamente en el espacio público durante la segunda etapa, cuando ya bajo la administración del general Aramburu y el almirante Rojas, el proyecto de normalización de la actividad político partidaria empezó a dar sus primeros pasos.
La presencia de los partidos y los dirigentes políticos más notorios, se convirtió en recurrente en la prensa diaria y proliferaron las revistas de opinión y análisis político frente a los dos modelos alternativos para iniciar la transición a la democracia. Estos determinaron, en última instancia, los alineamientos de posiciones ante el gobierno provisional y ante la cuestión peronista. Entre quienes adherían al primero y defendían la alternativa de exclusión del peronismo, participaron los sectores radicales que luego de la escisión, conformaron la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada entonces por el dirigente platense doctor Ricardo Balbín; el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, algunos sectores conservadores, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. En el otro sector crítico de algunas de las líneas políticas del oficialismo, tanto en el plano de las políticas económicas como de la represión al peronismo, se ubicaban los integrantes del radicalismo que en 1956 conformó la Unión Cívica Radical Intransigente, liderados por Arturo Frondizi, que poco tiempo después, trabajaron para lograr captar el voto peronista con vistas a la salida electoral de 1958. 38
De todos modos, lo más notable por su impacto social fue el cambio en el clima político-cultural. Se amplió el interés por la información y la participación en el debate público de los sectores medios, y más intensamente entre los profesionales y universitarios que generaron múltiples actividades e innovaciones, engrosando las filas de los partidos y de diversas organizaciones sociales y culturales.
La dinamización de la prensa de opinión, visible en la prensa diaria, también dio lugar al surgimiento, y en algunos casos a la resurrección, de las revistas políticas que el peronismo había clausurado masivamente. Como señalamos, una de las más notables en la coyuntura fue Qué sucedió en 7 día, que se constituyó en un notable éxito político. También reaparecieron publicaciones de opinión y militantes, La Vanguardia, Contorno, Cuadernos de Cultura, Criterio, Esto Es, Mayoría, Azul y Blanco, Sur y otras más. Por otro lado, la proscripción y represión del Partido Peronista lo condujo a la llamada “Resistencia”, que combinó acción política y solidaridad con sabotaje, y también a encarar nuevas estrategias de comunicación, socialización, organización y acción política.39
El derrocamiento del gobierno del general Perón, producto de la crisis política y económica profundizada durante los últimos tramos de su gestión, era un objetivo en sí mismo para las heterogéneas fuerzas militares y políticas opositoras a su gestión que lo concretaron. La gestión presidencial del general Eduardo Lonardi como jefe militar triunfante, se caracterizó por la colaboración hegemónica de sus aliados nacionalistas; esta muestra el peso que el conflicto con la Iglesia tuvo en el golpe. Aramburu, en cambio, compartió con la otra fuerza decisiva en el combate, la Marina, y abrió la participación a los partidos políticos liberales con vistas a la salida electoral. De modo que, visto el proceso en su conjunto, hasta las elecciones de 1958, resulta evidente que hubo dos proyectos políticos antagónicos y sucesivos.
El ensayo nacionalista, un plan de gobierno autónomo, buscaba la pacificación, y corregir lo que percibieron como desvíos autoritarios y de manejo de las políticas del peronismo. Su consigna, “ni vencedores ni vencidos”, abría las puertas a una salida negociada. Esto resultaba inaceptable para sus camaradas de armas del Ejército y la Marina, y para una parte importante de los sectores civiles que participaron en el golpe. Para ellos, era la negación de la “Revolución Libertadora” por la que juntos habían combatido.
La presidencia del general Pedro Eugenio Aramburu, compartida de manera mucho más efectiva con el vicepresidente y con los sectores políticos representados en la Junta Consultiva, hizo explícito el objetivo de ser un gobierno de transición, otorgándole un marco normativo que definió sus líneas directrices. Estos significaron la proscripción del peronismo y la investigación de los hechos que a su criterio justificaban el movimiento, como así también el compromiso de restaurar la tradición política democrática y el marco político-institucional anterior al conflictivo tramo que se inició con el golpe de 1930. Esto se plasmó en la reforma constitucional de 1957, luego de la derogación de la Constitución Justicialista, y finalmente en la convocatoria a elecciones generales, en la que triunfó la candidatura opositora al gobierno, que presentó la fórmula Arturo Frondizi-Alejandro Gómez, a través del Pacto con Perón. El saldo, fue una sociedad difícilmente gobernable, marcada por una antinomia que no se resolvería hasta la instalación de una democracia consensuada a partir de 1983.
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1 Historias detalladas de los acontecimientos se encontrarán en Ruiz Moreno, 1994, y Sáenz Quesada, 2007. Es sugerente el ensayo de Gerchunoff, 2018.
2 En estas elecciones votaron por primera vez las mujeres, habilitadas por ley en 1947 y el conjunto de los ciudadanos de los Territorios Nacionales, de acuerdo al Texto Constitucional de 1949.
3 Desde una perspectiva política más amplia, hemos abordado el análisis de este proceso en Spinelli 2005.
4 Las políticas económicas de Perón sufrieron un fuerte cambio en 1949, y sobre todo en el segundo plan quinquenal de 1952. Pese a este esfuerzo, no se logró una estabilidad macroeconómica y un crecimiento estable; Marcelo Rouguier, 2012, Gerchunoff, 2018 y Gerchunoff y Llach, 2018.
5 Potash, 1980-81, 236 a 291.
6 Centrado en el tratamiento de las acciones y lógicas políticas del gobierno peronista, Melón Pirro, 2009, 25-50.
7 Un relato analítico de estos hechos en Spinelli, 2005, 35-41.
8 Un análisis pormenorizado del conflicto y particularmente de estos eventos en Ruiz Moreno, 1994, vol. 1, 225 a 363.
9 Luna, 1984, 85-87.
10 “Las fuerzas armadas, creadas, sostenidas e integradas por el pueblo argentino para la defensa de la soberanía y de la Constitución Nacional, no deben intervenir en política, pero tampoco deben amparar a los regímenes que supriman las libertades o atenten contra la soberanía del país. Aunque deban progresar materialmente utilizando todos los adelantos de carácter técnico, nunca deben perder la gran tradición de los Ejércitos de la Independencia, que sirvieron la causa de la libertad de los pueblos, y no la causa de su sometimiento.”, en Ruiz Moreno, 1984, volumen 1, pag. 362.
11 En Spinelli, 2005, 41-48.
12 López Alonso, 1982; sobre la crisis final y la caída, una interpretación desde la izquierda, entre otras, Abelardo Ramos, 163-175.
13 Este detalle, aparentemente menor, es sin embargo un indicio del carácter cívico-militar de la revolución que derrocó a Perón, dado que el influyente Dr. Clemente Villada Achával, uno de los hermanos de su esposa, muy politizada también ella, se hallaba en contacto con dirigentes católicos y nacionalistas que tuvieron relevante actuación durante su breve gobierno.
14 El primero y el último de los marinos mencionados publicaron años después sus memorias, en las que relatan estas luchas, Crespo, 1993, Perren, 1997.
15 Un panorama detallado de los distintos puntos de la sublevación a partir de relatos de sus protagonistas en memorias y entrevistas, en Potash, 1981, 269-291.
16 Un completo y detallado análisis del conjunto del alzamiento contra el gobierno del general Perón, en los distintos puntos del país, en del Carril, 1959.
17 Un análisis pormenorizado de estas acciones en Crespo, 226-242.
18 Luna, 95-96.
19 Stroessner gobernó la República del Paraguay desde el golpe militar de 1954 hasta 1989, cuando fue derrocado. Murió en el exilio, en Brasil, en 2006. Había sido acusado de múltiples violaciones a los derechos humanos.
20 En torno a los antecedentes de la conformación del antiperonismo en la tradición política argentina, véase el interesante estudio de Nállin, 2014, 171-256.
21 Spinelli, 2004.
22 López Alonso, 1982. 147 a 150.
23 Alain Rouquié, vol. II, 122-128.
24 Al respecto Potash, 1980, caracterizó así la situación: “El nuevo presidente, hombre de impulsos generosos, pero con experiencia política limitada, comenzó su administración nombrando en los cargos principales a amigos y participantes de la lucha antiperonista, sin evidente interés por sus opiniones políticas. El resultado fue un gobierno con predominio de civiles en el nivel ministerial, pero que no compartía un mismo enfoque respecto de los problemas del momento. En un extremo estaban los demócratas, hombres que se identificaban con las tradiciones liberales de la Argentina, la mayoría de los cuales habían sido pro-aliados durante la Segunda Guerra Mundial. En el otro extremo estaban los católicos nacionalistas, hombres que consideraban tanto el liberalismo argentino como los partidos políticos tradicionales como traidores a los verdaderos valores nacionales. Neutrales, si no claramente partidarios del Eje durante la guerra…”, 295.
25 El primer gabinete se integró de la siguiente forma; Interior y Justicia: Eduardo Busso; Relaciones Exteriores: Mario Amadeo; Trabajo: Luis B. Cerrutti Costa; Educación: Atilio Dell Oro Maini; Ejército: Julio León Bengoa; Marina, Teodoro Hartung; Aeronáutica, Ramón Abrahín; Finanzas Julio Alizón García; Transportes, Juan José Uranga; Comercio, Horacio Morixe.
26 Sobre la Junta, Fraga y Pandolfi, 2005, señalaron los objetivos, la heterogeneidad ideológica de la misma y sus integrantes. “ Integraban la Junta Oscar Alende, Juan Gauna, Oscar López Serrot y Miguel Angel Zabala Ortíz por la Unión Cívica Radical; Alicia Moreau de Justo, Américo Ghioldi, Ramón Muñiz y Nicolás Repetto por el Partido Socialista; José Aguirre Cámara, Rodolfo Corominas Segura, Adolfo Mujica y Reynaldo Pastor por el Partido Demócrata Nacional; Juan José Díaz Arana, Julio Argentino Noble, Horacio Thedy y Luciano Molinas por el Partido Demócrata Progresista; Manuel Ordóñez y Rodolfo Martínez hijo, por el Partido Demócrata Cristiano; Enrique Ariotti y Horacio Storni por la Unión Federal , nacionalistas, 149.
27 El presidente había expresado el 11 de noviembre en un comunicado: “No es posible calificar de antipatriotas o de partidarios de la tiranía a todos los que prestaron una adhesión desinteresada y de buena fe. Lo contrario significaría erigir a una parte de la república en juez de otra parte de la misma, mantener un estado de intranquilidad contrario a los intereses públicos. Eso no significa transigir con los que, de alguna manera por acción u omisión, mantuvieron una connivencia dolosa con el régimen, torturaron o persiguieron a los ciudadanos u obtuvieron ganancias ilícitas. Estos deben ser castigados, más no directamente por vía administrativa o por particulares celosos que no alcanzan a darse cuenta de que su intemperancia contraría uno de los propósitos esenciales del gobierno, sino por obra del poder judicial. El gobierno prefiere que algunos culpables se libren y no que personas desprovistas padezcan una persecución que no merecen. En ningún caso dividiré a la clase obrera para entregarla con defensas debilitadas a las fluctuaciones de nuestra economía y de nuestra política. Las legítimas conquistas de los trabajadores serán mantenidas y acrecentadas, dije en mi discurso del 23 de setiembre y ese propósito fundamental se mantiene inalterable en mi espíritu”. En López Alonso, 1982, 151.
28 “La tesis del almirante Rojas era que el pueblo solo deliberaba y gobernaba a través de sus representantes, en la práctica de los partidos políticos, y que los ataques a la dirigencia de ellos provenían de mentalidades autoritarias que argumentando los defectos del sistema querían reemplazarlo por un esquema de tipo corporativo”. Fraga y Pandolfi, 2005, 150.
29 El nuevo gabinete, vuelve a la designar a Eduardo Busso como ministro de Interior, mientras Eugenio Blanco es designado como ministro de Hacienda; Álvaro Alzogaray de Industria; Juan Llamazares de Comercio, Julio Alizón García de Finanzas, Luís A. Podestá Costa de Relaciones Exteriores. Raúl Migone de Trabajo, Roberto Mercier de Agricultura y Ganadería, mientras Raúl Prebisch continúa como asesor económico del gobierno y Adolfo Lanús es designado secretario de Prensa. Se crea la Junta Militar, con funciones de cogobierno.
30 Potash, 1981, 306-307, destaca que también participaría conjuntamente con el Poder Ejecutivo en la publicación de los planes, declaraciones y medidas de importancia, tendientes al cumplimiento de los fines de la Revolución Libertadora.
31 El “Informe sobre el alejamiento del general Lonardi” fue trascripto en su totalidad por los diarios La Nación y Clarín, 5 de diciembre de 1955.
32 En marzo de 1956, el gobierno dictó el decreto 4.161, que prohibía el uso de todos los símbolos del peronismo. Este decreto inhabilitaba para ejercer cargos públicos electivos o empleos en la administración pública o actuar como dirigentes políticos a quienes hubieran sido dirigentes del partido peronista o autoridades nacionales, provinciales o municipales, y prohibía utilizar fotos, retratos, bustos, el escudo, la bandera, himnos partidarios y términos tales como “tercera posición”, “peronismo”, “justicialismo” y hasta la abreviatura “P. P”.
33 Texto de la proclama: “Las horas dolorosas que vive la República, y el clamor angustioso de su pueblo, sometido a la más cruda y despiadada tiranía, nos han decidido a tomar las armas para restablecer en nuestra patria el imperio de la libertad y la justicia al amparo de la Constitución y las leyes. […] Como responsable este movimiento de recuperación nacional integrado por las Fuerzas Armadas y la mayoría del pueblo, declaramos solemnemente que no nos guía otro propósito que el de restablecer la soberanía popular, esencia de nuestras instituciones democráticas, y arrancar a la nación del caos y la anarquía, a que ha sido llevado por una minoría despótica encaramada y sostenida por el terror y la violencia en el poder. [...] Conscientes de nuestra responsabilidad ante la historia, comprendemos que nuestra decisión es el único camino que nos queda para impedir el aniquilamiento de la República en una lucha estéril y sangrienta entre hermanos, cada día más inevitable e inminente […] ¡viva la patria! Movimiento de Recuperación Nacional. General de División Juan José Valle- General de División Raúl Tanco. Buenos Aires, 9 de junio de 1956.
34 Un exhaustivo análisis del conjunto de estos sucesos, entre otros, en Sáenz Quesada, , 2007, 211-241. El trágico tema fue reflejado años más tarde por la literatura y el cine. Entre los textos de mayor divulgación se cuenta Walsh, 1957, el que también fue llevado al cine.
35 Spinelli, 2005, 80 a 86. Un texto militante fuertemente condenatorio de la represión fue el de Ferla. En él, el autor narra con precisión y detalle las alternativas del plan del levantamiento liderado por el general Valle, sus acciones, así como de la represión.
36 “Discursos pronunciados por el presidente y el vicepresidente”, La Nación, 11 de junio de 1956, pág.1.
37 Por la aplicación del Sistema D’Hont, de Representación Proporcional, la UCRP obtuvo 75 bancas en la Convención y la UCRI 77.
38 Spinelli, 1992.
39 Sobre el particular, entre otros, Melón Pirro, 2009.