Emilio Crenzel
Facultad de Ciencias Sociales-UBA
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina
https://orcid.org/0000-0003-2125-0546
emiliocrenzel@gmail.com
Fecha de recepción: 02/03/2026
Fecha de aceptación: 09/04/2026
Este artículo, basado en fuentes primarias y secundarias, documentales y orales, busca trascender el debate sobre el número de personas que continúan en condición de desaparecidas que, desde una mirada reduccionista propone su equivalencia con el total de víctimas de la violencia estatal al incorporar a ese universo a las personas que estuvieron en condición de desaparecidas y fueron liberadas. Pero, también, a quienes fueron blanco de otras formas de victimización: asesinatos, prisión política, exilio político, cesantías e insilio. El artículo se inscribe en una investigación más amplia sobre la magnitud de las víctimas de la violencia estatal en la Argentina en los años setenta y se considera que contribuirá a dar cuenta de la magnitud, siempre aproximada, de las víctimas de delitos de lesa humanidad en ese período en el cual el golpe del 24 de marzo de 1976 supuso un salto cualitativo.
Palabras clave: Argentina, Estado, violencia, víctimas, estimación.
This article, drawing on primary and secondary sources –both documentary and oral– seeks to move beyond the debate regarding the number of people who remain missing; a debate which, from a reductionist perspective, equates this figure with the total number of victims of state violence by including within that total those who were once missing but have since been released. But it also includes those who were the targets of other forms of victimisation: murder, political imprisonment, political exile, dismissal from employment and internal exile. The article forms part of a broader investigation into the scale of victims of state violence in Argentina during the 1970s and is expected to contribute to an account of the scale –always approximate– of victims of crimes against humanity during that period, in which the coup of 24 March 1976 marked a qualitative leap.
Keywords: Argentina, State, violence, victims, estimation.
A partir de 2005, en el contexto de la reanudación de los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Argentina tras la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, se renovó el debate sobre la cifra de desaparecidos. Defensores de la represión, que años más tarde sostendrían la candidatura presidencial de Javier Milei como Agustín Laje, afirmaron que la cifra de 30 000 desaparecidos era “un intento de generar efectos propagandísticos y mejorar los resultados del marketing”, de “magnificar los alcances de la represión y sensibilizar a la opinión pública”. Otros, como Alfredo Weinstabl, abogaron por “terminar con el mito de los 30 000 desaparecidos” y “la falsedad del eslogan numérico”, que adjudicaron al gobierno de Néstor Kirchner (González, 2010, pp. 14-15). Bajo la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019) fueron integrantes de su gobierno quienes asumieron esas posiciones las que se reprodujeron con mayor intensidad bajo el actual gobierno de Javier Milei (Lvovich, 2025, pp. 281-297).
Este artículo se inscribe en una investigación más amplia sobre la magnitud de las víctimas de la violencia estatal en la Argentina en los años setenta. Basado en fuentes primarias y secundarias, documentales y orales, busca trascender el debate sobre el número de personas que continúan en condición de desaparecidas para incorporar, en línea con lo propuesto por Crenzel (2025), a las personas que estuvieron en condición de desaparecidas y fueron liberadas. Pero, también, a quienes fueron blanco de otras formas de victimización: asesinatos, prisión, exilio, cesantías y el insilio. Ello dará cuenta de la magnitud, siempre aproximada, de las víctimas de delitos de lesa humanidad en ese período en el cual el golpe del 24 de marzo de 1976 supuso un salto cualitativo.
En síntesis, el artículo historiza las violaciones a los derechos humanos enmarcándolas como continuidad de prácticas regulares durante los gobiernos constitucionales peronistas (1973-1976) pero que adquirieron un carácter masivo y sistemático tras el 24 de marzo de 1976 una lectura abonada por diversos antecedentes de investigación (Águila, Garaño y Scatizza, 2016 y 2020).
Se sostiene que las cifras de víctimas forman parte de las luchas memoriales y son instrumentos de denuncia, movilización y promueven representaciones de los procesos evocados (Crisp, 1999; Bernasconi, Jaramillo y López, 2022, pp. 3-5). Ello requiere examinarlas desde una perspectiva crítica incluso respecto de las “historias sagradas” de las víctimas (Visacovsky, 2005, pp. 278-279).
Las cifras de víctimas de genocidios, represión o guerras civiles son materia de debates. Stern (2011–2012, p. 105) examinó la variación de la cifra de víctimas de la dictadura chilena (1973-1990) mostrando como su número varió entre los informes de las comisiones Rettig, Valech I y II en función de que consideró cada comisión como víctima. Es decir, puso evidencia el carácter socialmente producido de esa condición en función del reconocimiento social que reciben o no determinados grupos victimizados. Milton (2018, 200: nota al pie 8, 203: nota al pie 28, 207: notas al pies 74–75 y Ball 2000) analizaron las estimaciones de víctimas de las guerras civiles en Perú y Guatemala respectivamente señalando el subregistro de las violencias sexuales perpetradas por las Fuerzas Armadas y de víctimas no fatales. La cifra de desaparecidos en México, oficialmente 131.797 al 27 de febrero de 2026, también es materia de polémicas e incluso impulsó al comité de derechos humanos de las Naciones Unidas a llevar el caso para su tratamiento por parte de la Asamblea General.2 Estas discusiones, también, abarcaron a la cifra de víctimas de la Shoá. Hilberg (2005, pp. 1347–1368) propuso metodologías para estimarlas, David Fisher (2021) investigó el origen de la cifra de 6 millones mientras Grinshpun (2021) analizó el discurso negacionista de esa cifra y sus similitudes respecto de la negación del número de desaparecidos en Argentina.
En función de estos presupuestos el artículo ofrece un panorama de la cifra de víctimas de diversas formas que asumió la persecución política en el país, las dificultades que reviste la precisarlas y, en ese marco, el giro cuantitativo y cualitativo que supuso el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
René Salamanca, de 35 años, secretario general del Sindicato Mecánico y Afines del Transporte Automotor (SMATA) de la provincia de Córdoba, militante del sindicalismo clasista y miembro del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario fue secuestrado el día del golpe. Fue visto en el centro clandestino La Perla y continúa desaparecido (Arrosagaray, 1984)
A partir del golpe de Estado las desapariciones, que se habían vuelto regulares desde la intervención de las Fuerzas Armadas en la “lucha antisubversiva” desde febrero de 1975 a partir del lanzamiento del Operativo Independencia que habilitó su intervención para neutralizar y/o aniquilar la actividad subversiva en la provincia de Tucumán, se volvieron sistemáticas (Águila, ٢٠٢٣, pp. ٦٧-٧١).
Según datos oficiales actualizados hasta 2015, durante la dictadura se produjeron el 91% de las desapariciones, concentradas en las ciudades de mayor desarrollo capitalista y presencia de universidades nacionales: el 43% en la provincia de Buenos Aires –un 60% en el Gran Buenos Aires y un 19% en La Plata–, el 25% en la Capital Federal, el 9% en Córdoba, otro 9% en Tucumán, el 6% en Santa Fe, el 2% en Mendoza y un 6% en otras provincias. (RUVTE, 2015, Anexo IV, p. 1568).3
Entre el universo de sus denunciantes convivieron diferentes representaciones sobre la magnitud que alcanzaban las desapariciones. Desde familiares que las concibieron inicialmente como un caso particular, estimarlas en decenas de miles como lo hizo la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) o las guerrillas hasta contabilizarlas a partir de la recepción de denuncias concretas refrendadas por algún tipo de documento –el habeas corpus– presentado ante la justicia camino que siguieron organismos de derechos humanos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Crenzel, 2025).
Tras negar inicialmente toda responsabilidad en el crimen, la Junta militar comenzó a reconocer la existencia de desaparecidos, pero relativizó su magnitud, reduciéndola a excesos cometidos en el marco de toda guerra. Luego, con esa misma orientación, discutió las cifras propuestas por organizaciones interestatales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó el país en septiembre de 1979 tras recibir miles de denuncias y en cuyo informe registró 5.581 casos (CIDH, 1980).
A lo largo de la dictadura la mención en solicitados y folletos producidos por diversos denunciantes de la cifra de 30.000 desaparecidos se fue reiterando como un número probable de afectados por ese tipo de crimen aún en los informes como el de la CIDH que consignaron cifras precisas.
Tras el regreso de la democracia, la Comisión Nacional sobre la desaparición de Personas (CONADEP), creada por el presidente Alfonsín para investigar el destino de los desaparecidos, consignó en su informe Nunca Más la existencia de 8.961 desaparecidos de los cuales, uno de cada tres, era obrero (CONADEP, 1984, pp. 294, 296 y 375 y Crenzel, 2008).
Desde entonces, los desaparecidos registrados se modificaron por adición y sustracción de casos. Tras la disolución de la CONADEP, la Subsecretaría de Derechos Humanos continuó recibiendo denuncias. Estas se incrementaron al sancionarse la ley de reparación económica para familiares de desaparecidos, durante los juicios por la verdad y al reiniciarse en 2005 los juicios penales. También, se redujeron al eliminarse, en especial, casos de sobrevivientes que no habían comunicado su liberación.
En 2015, últimos datos oficiales disponibles, el RUVTE contabilizaba 7.018 desaparecidos, 91% de los cuales desaparecieron durante la dictadura. Además, registraba 783 casos incluidos por la CONADEP, pero sin denuncia formal ante la Secretaría de Derechos Humanos (revisten como “presunción de desaparición forzada”) y 1.613 asesinados. (RUVTE, anexo IV, 2015, pp. 1550 y 1560). Estas cifras eran similares a las consignadas por el Archivo Nacional de la Memoria en 2009.4
Sin embargo, las personas que permanecen desaparecidas no equivalen a las víctimas de desaparición. Ese universo lo componen, además, los menores apropiados que, ya adultos, ignoran aún su identidad y, fundamentalmente, los sobrevivientes de los centros clandestinos. Estos últimos, según información del RUVTE para 2015, alcanzaban a 3.432 casos. Pero, según ese organismo, a partir del trabajo que realizan desde entonces para registrar a los sobrevivientes que declararon en todos los juicios desde 1985, en febrero de 2023 calculaban que quintuplican los 3.432 casos. Alcanzarían, entonces, a 17.160 liberados entre noviembre de 1974 y diciembre de 1983. (RUVTE, Anexo I, 2015, p. 9). Por ende, la suma de desaparecidos que continúan en esa condición (7.018), sobrevivientes (17.160), una fracción de los casos denunciados ante la CONADEP sujetos a revisión (783) más los desaparecidos y sobrevivientes no registrados compondrían una cifra aproximada a los 30.000 casos enarbolados por el movimiento de derechos humanos.
Estudios académicos sobre las víctimas de la represión en Bahía Blanca y Mar del Plata avalan la idea de la importante proporción de sobrevivientes. Muestran que el 19 y el 36% de las víctimas en ambas ciudades corresponden a desaparecidos/ asesinados y el 81 y el 64%, a sobrevivientes, categoría que, a partir de los nuevos juicios, aumentó respecto del registro que en 1984 habían elaborado las delegaciones locales de la CONADEP. (Cataldo, Portos y Rama, 2023, pp. 52-53). La cifra de sobrevivientes estimada por el RUVTE, que triplicaría el número de personas que continúan desaparecidas, revelaría que el exterminio fue muy selectivo. Comprendió la eliminación física de una fracción sustantiva de la militancia revolucionaria para doblegar su voluntad de lucha y para disciplinar, mediante el terror, a sus relaciones próximas, proceso al que contribuyó la difusión en sordina de lo que ocurría en los centros clandestinos. Conjugó, en síntesis, un doble carácter: destruir mediante la violencia la trama política y social del proceso de radicalización política e instalar nuevas relaciones sociales sostenidas en los valores del orden social, atravesadas por el terror y signadas por la aceptación de la nueva relación de fuerzas. (Crenzel, 2025, p. 207).
Respecto de los menores apropiados hasta enero de 2026, de un universo de 437 casos según estiman las Abuelas de Plaza de Mayo y de 335 casos según el RUVTE, recuperaron su identidad 140. La apropiación de menores también comenzó antes del golpe. Pedro Luis Nadal García, hijo de Hilda Magdalena García y Jorge Adalberto Nadal Martinengo, nacido el 29 de mayo de 1975 fue secuestrado junto a su madre el 5 de marzo de 1976.5 Abuelas de Plaza de Mayo tiene 11 casos de bebés con fecha probable de parto previa al 24 de marzo en su base de datos (casos no resueltos, nietos que aún se buscan). Sin embargo, la abrumadora mayoría de los casos sucedió tras el 24 de marzo (Villalta, 2012; Regueiro, 2012; Laino Sanchis, 2020).
Desconocemos, sin embargo, cuál fue la proporción de menores apropiados sobre el conjunto de bebés que transitó por los centros clandestinos. De hecho, el Nunca Más da cuenta de seis formas de tratamiento de los menores: eran secuestrados y trasladados al mismo centro clandestino que sus padres donde eran apropiados por algún represor; eran a su vez desaparecidos; eran dejados a un vecino de los secuestrados; eran derivados a institutos de menores que los entregaban a familiares o eran cedidos en adopción, entregados a familiares de la víctima o abandonados a su suerte en el domicilio donde eran secuestrados sus padres. (CONADEP, 1984, p. 24).
En todos los casos, estas circunstancias supusieron trabajosos procesos de reconstrucción identitaria. Entre aquellos que fueron apropiados y recuperaron sus datos identitarios, ello supuso enfrentarse con sus verdaderos nombres, su historia, sus vínculos familiares y sociales y hasta sus ideas. Entre quienes quedaron a la guarda de familiares directos fueron conociendo paulatinamente la verdad sobre lo ocurrido con sus padres, historias en muchos casos tergiversadas por sus parientes en función de temores ante el contexto político o de la espera de que, en el marco de su crecimiento, pudiesen entenderlas.
En ese marco, los entonces menores ha sido considerado por el Poder Judicial en tanto testigos de lo ocurrido con sus padres. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, una porción de este universo ha reclamado abrir causas en tanto víctimas de las violaciones, ya no como testigos.6 De ese modo, procuran dar cuenta de cómo fueron afectados, en primera persona, por violencias que les dejaron huellas físicas y psicológicas que perduran décadas después. Torturas padecidas o percibidas, pesadillas recurrentes, sueños traumáticos que remiten a las violencias sufridas en los allanamientos de sus viviendas y los secuestros de sus padres, pero, también, experiencias de cautiverio –en general breves, pero sumamente intensas– en los centros clandestinos. Incluso, buscan que el Poder Judicial valide sus testimonios en el caso de que provengan de restos oníricos (Rousseaux, 2024).
Las afectaciones emocionales no se limitan a los menores, son difíciles de contabilizar, pero los testimonios dan cuenta de su recurrencia. Pedro De Vincenti, marido de Azucena Villaflor, primera presidenta de Madres de Plaza de Mayo, confiaba, tras el secuestro de su esposa el 10 de diciembre de 1977, que “le darían un susto, pero luego la iban a soltar ya que no era militante”. Sin embargo, “Pedro murió de tristeza esperándola”, recuerda Cecilia, su hija.7
La madre de Dardo Benavides le pidió al Comité de Defensa de Derechos Humanos para los países del Cono Sur (CLAMOR) organismo creado por el monseñor Evaristo Arns en el marco de la Arquidiócesis de San Pablo durante la dictadura militar brasileña, que la pusieran en contacto con la persona que les había hecho llegar el nombre de su hijo incluido en el libro Desaparecidos en la Argentina publicado por la organización en 1982. La mujer les comentaba, con dolor, que en esos años su esposo había “muerto de tristeza” (Rocha, 2023, p. 117). Y, durante el juicio a las Juntas militares, Jorge Arnaldo López, padre de dos desaparecidos, testimonió que todas las noches recibían llamados diciéndole que iban a matar a los otros dos hijos, tras lo cual tuvo que internar a la esposa en un neuro psiquiátrico.8
A ellos, deben añadirse los familiares, vecinos, porteros que fueron testigos de secuestros y asesinatos, muchas veces privados de su libertad en el contexto de los secuestros en la propia vivienda de las víctimas.
Por su parte, entre los sobrevivientes, recaía el recelo de las organizaciones de derechos humanos, en especial de los familiares, que veían en su condición el signo de la traición. A ello, se añadió entre 1983 y 1990 la judicialización de sus militancias en el caso en que pertenecieron a organizaciones armadas o, hasta la actualidad, la amenaza de que se reabran esas causas. En ese marco, tuvieron que reconstruir sus vínculos con familiares, compañeros y su propia subjetividad desgarrada tras el cautiverio clandestino y/o legal, la tortura y la convivencia con la muerte propia y de sus compañeros y familiares.
Fátima Cabrera, catequista que militó en la Villa 31 junto al padre Carlos Mugica, creía al ser liberada que su pareja, el sacerdote irlandés Patrick Rice, continuaba desaparecido y Rice creía que lo mismo le había sucedido a Fátima, pero ambos fueron liberados. Alicia Marcos, militante de Montoneros recuerda que le llevó “años de terapia” elaborar que ya no vería más a sus compañeros de militancia, a quienes seguía buscando en las calles de Buenos Aires, y Ana Iliovich pudo escribir, solo tres décadas después, sobre su cautiverio entre 1976 y 1978 en La Perla, años que, en sus palabras, “nunca terminan de terminar”.9 En ese marco, el Poder Judicial demoró décadas en considerar a las violencias sexuales en su especificidad visibilización que fue fruto de los avances del movimiento feminista (Alvarez, 2019).
Estas afectaciones motivaron la creación, por parte de diversas organizaciones de derechos humanos, de grupos de asistencia psicológica y dio lugar a una importante producción teórica sobre estas experiencias.10
Ya, durante la dictadura, hacia septiembre de 1979, se creó el Equipo de Asistencia Psicológica de Madres de Plaza de Mayo, dirigido por Diana Kordon y Lucila Edelman que enfrentó el dilema del duelo ante un crimen, la desaparición, que lo impedía mientras la Junta militar intentaba dar por muertos a los desaparecidos mediante la ley de presunción de fallecimiento.11 Ese mismo año Laura Conte, psicóloga y madre de un desaparecido, junto a las psicólogas Elena Lenhardtson y Matilde Ruderman y la psiquiatra Ana Goldberg, impulsó la atención psicológica en el marco de recién creado Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En 1982, Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas creó el Movimiento Solidario en Salud Mental; entre 1983 y 1984 en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) creó la Comisión de Salud Mental y ese año, 1984, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) creó el Departamento de Salud Mental.12
En 1988, estos equipos, junto con el equipo técnico del MEDH, crearon el Centro de Documentación, Docencia e Investigación en Salud Mental y Derechos Humanos y la Red de Salud Mental y Derechos Humanos que reunía a profesionales que trabajaban en tareas clínicas, comunitarias y de investigación sobre la relación entre trauma y violencia política. Más tarde, en ٢٠٠٣ fue creado el Centro de Atención Psicológica por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo y en ٢٠١٠ se creó el Centro de Asistencia a Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, centro de asistencia clínica a víctimas y de acompañamiento a los testigos en los juicios de lesa humanidad.13
La noche del 24 de marzo de 1976 llovía copiosamente en San Miguel de Tucumán. En una habitación del local de la Asociación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) dormían Francisco Isauro Arancibia, su secretario general, y su hermano Arturo.
Fue entonces que diez policías y civiles irrumpieron en el sindicato. Arancibia, amenazado de muerte en 1975 por la Alianza Anticomunista Argentina “Triple A”, repelió el ataque con una escopeta de caza y mató a uno de los asaltantes. Sin embargo, fue asesinado junto a su hermano. Su cuerpo presentaba 120 orificios de bala y el de su hermano 70. Los asaltantes, además, le robaron un par de zapatos nuevos.14
Arancibia había logrado bajo su conducción de ATEP logros significativos: Juntas de clasificación con representación docente, régimen de licencias, bonificación por zona y antigüedad. Pero, además, propició la unidad sindical con gremios significativos de la provincia de Tucumán, especialmente con la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA) cuyo líder, Atilio Santillán, había sido asesinado dos días antes; participó en 1973 de la fundación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), de la que fue su Secretario General Adjunto, e integró la mesa directiva de la APDH, creada en diciembre de 1975 en el contexto de agudización de la represión estatal y que congregaba a representantes de los principales partidos políticos –radicales, peronistas, comunistas, intransigentes, conservadores populares, socialistas y demócratas cristianos y a obispos católicos, pastores protestantes y rabinos.
La cifra de asesinados por fuerzas estatales, legales e ilegales, también es motivo de diversas estimaciones. Amnistía Internacional en su informe publicado en marzo de 1977 cifraba los asesinados entre 1973 y 1975 cerca de los mil (Amnistía Internacional, 1977, p. 49), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en su informe de 1980 dedicó un apartado a las “Muertes atribuidas por los denunciantes a agentes del Gobierno” donde presenta casos concretos de personas asesinadas Rosa Frigerio, Hugo Vaca Narvaja, Mario Abel Amaya, entre otras, pero no las contabilizó (CIDH, 1980, p.42). Desde el campo de la sociología Marín (1984, p. 157) propuso que alcanzaron a 1.207 entre 1973 y el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 mientras Morello (2013) precisó las diversas contabilizaciones que de estas víctimas realizaron diversas organizaciones y académicos.
Llamativamente la contabilización de los asesinados se detiene en esa fecha como si esa modalidad represiva hubiese sido exclusiva de los gobiernos peronistas (1973-1976) en especial de organizaciones parapoliciales como la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) que actuaron con apoyo oficial asesinando intelectuales, militantes políticos, sindicales y sociales y abogados de presos políticos.
A partir de la creación del RUVTE en 2014, las víctimas de asesinatos comenzaron a contabilizarse. Para 2015 se registraban 1.613 casos un 18.7% del total general de 8631 casos de víctimas por causa de muerte (desaparecidos asesinados y víctimas de ejecuciones extrajudiciales). (RUVTE, 2015, anexo IV, cuadro 1.1.1, p.1550).
En ese marco, los registros oficiales ponen en evidencia que el asesinato no fue una modalidad que terminase con el golpe. Por el contrario, 1.011 casos (un 66%) de los 1.613 asesinados fueron ultimados tras el golpe. (RUVTE, 2015, anexo IV, cuadro 2.4.1, p. 1566).
Es cierto también, según información presente en ese mismo cuadro, que entre 1971 y hasta 1974 inclusive, los asesinatos triplican las desapariciones, que en 1975 se emparejan (370 desapariciones y 386 asesinatos) para notablemente perder peso entre las víctimas con resultado de muerte (en 1976 las desapariciones representaron el 83%, el 90% en 1977; 93% en 1978; el 87% en 1979 y en 1980 para solo igualarse nuevamente desapariciones y asesinatos en 1982).
La pérdida de peso de los asesinatos al interior de las víctimas con resultado de muerte se evidencia ya en enero de 1976 en favor de las víctimas de desaparición forzada. (RUVTE, 2015, anexo IV, cuadro 2.4.2, p. 1566).
El informe precisa además que el porcentaje de mujeres asesinadas es menor al de las mujeres víctimas de desaparición (21.1% contra 27%). (RUVTE, 2015, anexo IV, cuadro 1.2.2, p. 1551) También, que en un 62.2% el asesinato se produjo en la via pública, en un 19.3% en viviendas particulares, y solo en 13.5% discriminado entre 6.8% en un lugar de reclusión clandestina y en un 6.7% en dependencias militares, policiales o penitenciarias (RUVTE, 2015, anexo IV, cuadro 2.1.2, p. 1562).
Es decir, la mayoría de los asesinatos fueron perpetrados en espacios públicos, en una proporción similar (91.3%) a los secuestros (95.6%). La diferencia se debe a que en un 8.7% de los casos los asesinatos se produjeron en lugares clandestinos o restringidos a la vista civil como dependencias militares o policiales que no obran como centros clandestinos. Este dato es significativo a la hora de ponderar el peso del carácter público y clandestino que asumieron las prácticas represivas del Estado. Otra coincidencia de los asesinatos y desapariciones se manifiesta en el horario en el que fueron perpetrados, en su mayoría entre las 00 y las 04. (RUVTE, 2015, anexo IV, cuadro 2.2.2, p. 1563).
Ana Mohaded transitó por los centros clandestinos La Perla y Campo de la Ribera, la Penitenciaría de Barrio San Martín, el centro clandestino D2 cordobés, nuevamente por la Penitenciaría, los centros La Perla Chica y Campo de la Ribera –nuevamente– y las cárceles del Buen Pastor y Villa Devoto (Mariani y Gómez, 2012, pp. 39 y 40).
Su caso no fue una excepción.
La mayoría de los presos detenidos a disposición del Poder Ejecutivo estuvieron por diferentes lapsos– desaparecidos antes de ser legalizados, circularon entre diversas cárceles y entre centros clandestinos y cárceles. Su circulación evidencia la articulación entre los circuitos legales e ilegales de la represión a la vez que dificultan la contabilización de las víctimas de cada universo. En otros casos, esas mismas personas marcharon al exilio adicionando una dificultad a la contabilización de las diferentes formas de victimización.
Ya durante la dictadura circulaban diferentes estimaciones sobre el número de presos políticos. La Agencia de Noticias Clandestinas, fundada por Rodolfo Walsh y ligada a Montoneros, estimaba en septiembre de 1976 su número en 15.000 pero, meses después, en diciembre de 1976, Cadena Informativa herramienta de denuncia creada también por Walsh reducía esa cifra a 5.000 cuestión que evidencia el carácter estimado de esas cifras elaboradas en condiciones de clandestinidad, censura, y tergiversación oficial de la información.15
Amnistía Internacional, en cambio, proponía la existencia de 3.000 presos políticos en su informe de marzo de 1977 fruto de la inspección que realizó in loco en el país en noviembre de 1976 (Amnistía Internacional, 1977). Años después, en su inspección al país en septiembre de 1979 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró la existencia de 8.275 presos políticos entre noviembre de 1975 y septiembre de 1979 (CIDH, 1980, p. 191).
Tras el retorno de la democracia los organismos de Derechos Humanos denunciaron la existencia de 12 mil presos políticos (Garaño, 2010, pp. 113-130) mientras la CONADEP registró 8.625 de los cuales 5.182 (60%) fueron detenidos después del 24 de marzo de 1976 (CONADEP, 1984, pp. 408-409). D Ántonio propone a la cifra de 8.900 como la que ofrece mayor certeza, aunque advierte que, con la ley reparatoria 24.043 aprobada en 1991, se estimara ese número en 15.000 (D’Antonio, 2016, pp. 135 y 138). Sin embargo, diversos autores concuerdan en la dificultad de precisar la cifra en virtud de que la prisión política subsume distintas figuras: presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, civiles y militares juzgados por Consejos de Guerra y tribunales militares, civiles juzgados por tribunales federales u ordinarios (Garaño, 2010 y D´Antonio, 2016).
Desde el campo académico, D’Antonio (2016) y Garaño (2020) examinaron en profundidad las transformaciones en el sistema penitenciario desde 1955 y, en especial, bajo la dictadura de la “Revolución Argentina” y durante los gobiernos peronistas (1973-1976) previos al último golpe.
D´Antonio subraya que entre 1968 y 1976, en el contexto de radicalización política, se producen transformaciones en la legislación que profundizan el giro represivo que asume el Estado. Se modifica el Código Penal, se crea la Cámara Federal en lo Penal, las leyes de Seguridad Nacional y de actividades subversivas (ley 20.840) y en noviembre de 1974 se dispone el Estado de Sitio y luego la subordinación del Sistema Penitenciario a las Fuerzas Armadas (D´Antonio, 2016). Todas estas medidas se tradujeron en el aumento progresivo en la cantidad de presos políticos en el marco de la agudización de la represión y la construcción del enemigo interno (Franco, 2012).
Ya durante la última dictadura las cárceles fueron un territorio donde se suspendió toda legalidad – se practicó la tortura, la privación de alimento, higiene y condiciones mínimas de encierro– se aplicó la “ley de fugas” que se tradujo en diversas masacres de detenidos y por sus celdas pasaron personas previa o posteriormente desaparecidas o asesinadas (Samojedny, 1986). En ese marco, los presos buscaron establecer el conocimiento sobre el mundo carcelario y su devenir cotidiano en un contexto de arbitrariedad, rumores y violencia (De Ípola, 2021).
Durante la transición la figura de los presos políticos que remitía inequívocamente a la militancia política radicalizada quedó desplazada por el tratamiento privilegiado que recibió la figura de los desaparecidos mediante la investigación de la CONADEP y el juicio a las Juntas militares.
Ello ocurrió pese a que la CONADEP al describir las relaciones entre la estructura legal del aparato represivo, sus cárceles, penales y comisarías, con la del entramado ilegal de los Centros Clandestinos mostró su articulación a través de la remisión de presos en las cárceles hacia centros clandestinos, –incluso la Comisión adjuntó registros carcelarios que prueban esos desplazamientos o en otros casos mostró su superposición– (CONADEP, 1984, p. 56).
Una excepción durante los primeros años de democracia la constituyó el reclamo del movimiento de derechos humanos a favor de la liberación de los presos políticos –detenidos entre 1973 y 1976– y que habían sufrido, desde entonces, todo tipo de violencias durante sus cautiverios. Esa lucha se resolvió con la sanción de la ley 23.070, conocida como “ley Nápoli” por el senador radical que la impulsó, sancionada en 1984 que dispuso que por cada dos días de detención se computaran tres, lo cual facilitó la libertad paulatina de los presos políticos.
El reconocimiento jurídico a esta figura llegaría recién a mediados de los años noventa cuando se dictó la ley 24.043 promulgada en 1991 que dispuso una reparación para las personas que hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o por orden emanada de tribunales militares, durante la vigencia del estado de sitio (6/11/1974) hasta el 10 de diciembre de 1983 y la ley 26.913 de 2013 que estableció una pensión graciable y vitalicia para personas detenidas por causas políticas, gremiales o estudiantiles hasta el 10 de diciembre de 1983.
En el marco del crecimiento de la violencia estatal y paraestatal de la Triple A comenzó a conformarse un nuevo exilio político argentino. Tuvo por destinos principales México y Venezuela en América Latina y España, Francia e Italia en Europa. En ese marco, se fueron creando organizaciones de denuncia de la represión en Argentina como el Comité Antifascista contra la Represión en Argentina (CAFRA), creado en 1974 en Italia tras el exilio de intelectuales y artistas perseguidos por la Triple A.
Simultáneamente, se crearon delegaciones de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) impulsada por abogados defensores de presos políticos y fruto de un acuerdo de las organizaciones armadas y organizaciones como la Comisión de Solidaridad con Familiares de Presos y Desaparecidos en la Argentina (COSOFAM) que reunía a parientes de esas víctimas que tuvo sedes en México, en diversos países europeos y con vínculos con Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas que funcionaba en Argentina y la Comisión Argentina de Solidaridad (CAS) con sede en México.
La cifra de exiliados políticos es difícil de estimar. La mayoría, no salió del país vía el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tampoco a través del asilo diplomático y, además, entre 1977 y 1981, la Dirección Nacional de Migraciones no publicó estadísticas. Asimismo, es difícil cuantificar el desexilio. Esto es, la cifra de exiliados que retornó al país tras el fin de la dictadura ya que la mayoría de los exiliados no retornó a través de los programas creados por el ACNUR (Jensen, 1998, pp. 274 y 275).
Durante la dictadura las estimaciones rondaron entre los 2 y 3 millones “cómputos que partían de fuentes poco fiables”. De hecho, la cifra de 2.125.000 exiliados surgió de la llamada “encuesta argentina” impulsada por el Comité de estímulo a los universitarios radicados en el exterior que realizó una encuesta que recogía percepciones de referentes del exilio argentino de diversos países sobre la cifra exiliados allí radicados (Jensen, 1998, pp. 271 y 276).
Sobre finales de la dictadura las cifras se habían reducido a un máximo de 500 mil hasta un mínimo de 300 mil exiliados estimaciones basadas en estadísticas de los países receptores (Jensen, 1998, p.277). Yankelevich también refutó la cifra millonaria de exiliados reconociendo su alto impacto político, pero advirtiendo que carece de “cualquier evidencia empírica” (2007, pp. 210 y 212). Este autor señala que, para mediados de los años noventa, el medio millón se estandarizó para referir a la cantidad de argentinos residentes en el exterior entre 1960 y 1980 reconociendo la imposibilidad de discriminar a quienes emigraron por razones políticas.
Desestimándola también, este autor propuso, basándose en estimaciones del ACNUR, que los exiliados políticos oscilaron entre las 30 y 50 mil personas. (Yankelevich, 2007, p. 211)
En paralelo, ya en democracia, se desenvolvieron fuertes debates sobre la condición de víctimas de los exiliados discusiones que contrapusieron sus experiencias con la de quienes permanecieron en el país.
Estas disputas involucraron a intelectuales relevantes como Osvaldo Bayer, que cuestionó la conducta política de Ernesto Sábato, presidente de la CONADEP, durante la dictadura. Estos debates retomaban polémicas desenvueltas durante la dictadura que tuvieron por protagonista a Luis Gregorich, presidente tras el retorno de la democracia de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA). Siendo jefe de la edición internacional del diario Clarín Gregorich publicó, el 29 de enero de 1981, un artículo “La literatura dividida” descalificando a los escritores exiliados (Sosnowski, 1988, pp. 121-128). En igual sentido, ya en democracia, Carlos Brocato descalificó la afectación de los exiliados contraponiéndolas con las que sufrieron quienes resistieron a la dictadura en el país (Brocato, 1986)
La figura de los exiliados no ha sido objeto de reparaciones económicas (Sancari, 2025, p. 59) pese a la amplia política de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado desenvuelta por diversas administraciones desde la recuperación de la democracia en 1983 (Guembe, 2008, pp. 19-70). Pese a ello, se han tramitado unos 5.800 expedientes por exilio por razones políticas entre junio de 1974 y diciembre de 1983, bajo el amparo de la Ley 24.043 (indemnización para ex Detenidos) (Sancari, 2025, p. 66) pero el trámite es sumamente engorroso. Los peticionantes deben aportar pruebas que acrediten que ha sufrido algún tipo de persecución política y que, por ello, su exilio fue forzado mientras la Secretaría de Derechos Humanos suele librar los siguientes oficios a la Comisión Provincial por la Memoria para verificar que el peticionante obre en los archivos de la ex DIPPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) a Migraciones, al Ministerio de Seguridad/ Policía Federal, al ACNUR, entre otras dependencias. (Sancari, 2025, pp. 67 y 68).
Gerardo Taratuto era abogado. Había participado de la Gremial de Abogados que defendió presos políticos durante la “Revolución Argentina” y luego la Triple A había detonado una bomba en su estudio. Tras el golpe se mudó desde la Capital a José C. Paz donde estableció un estudio en el fondo de una peluquería. Desde allí continuó con su profesión, pero, también, como dramaturgo participó en 1981 de “Teatro Abierto” apuesta cultural antidictatorial. En 1984 se integró a la secretaria de asuntos legales de la CONADEP y tuvo un rol relevante en la elaboración del programa televisivo Nunca Más emitido por la comisión y en la compaginación del informe incluyendo la escritura de su prólogo.16
El caso de Taratuto es uno de los muchos casos de insilio, migración interna por motivos políticos, ocurrido en la década del setenta. Si bien en el país no hubo desplazamientos forzosos de comunidades enteras como en las guerras civiles centroamericanas, o en las de Perú o Colombia, no fueron pocos los que debieron cambiar sus lugares de residencia con la expectativa de situarse por fuera de los alcances de la represión. Su cuantificación es sumamente difícil y, de hecho, no hay registros oficiales, y son incipientes los trabajos académicos que lo aborden.17 Emprender el insilio supuso importantes desafíos, reubicarse en ciudades o pueblos desconocidos, reinsertarse laboralmente, en el caso de familias con hijos ubicarlos en establecimientos educativos y ayudarlos a establecer nuevas amistades y entre la militancia pasar a formar parte de estructuras celulares desconocidas.
Las cesantías, suspensiones y renuncias forzadas mediante las cuales los trabajadores del Estado fueron sancionados también han sido escasamente estudiadas.18 En una de esas excepciones D´Antonio estudió la purga política del aparato del Estado a través de legislación represiva contra la clase trabajadora. Para ello analizó la creación y aplicación de las leyes de “Prescindibilidad” (1973) y de “Seguridad Nacional y actividades subversivas” (1974) las cuales, durante los gobiernos peronistas (1973-1976), formaron parte de la política estatal de depuración ideológica las cuales, durante la dictadura, se combinaron con otros mecanismos represivos. Según la autora, las cesantías motivadas muchas veces por razones políticas habrían alcanzado a 200 mil en el ámbito estatal (D´Antonio, 2018, p.79).
En paralelo, ha sido aún menos estudiada esta política represiva contra los trabajadores en el ámbito de la esfera privada, pero al igual que en el ámbito estatal fueron víctimas de cesantías o despidos basados en informes de las agencias de inteligencia estatales o de las propias empresas privadas. En algunos casos, estos despidos se efectivizaron cuando los trabajadores se encontraban desaparecidos como Conon Saberio Cinquemani trabajador de la empresa SANCOR o, en el ámbito estatal, como Marta García de Candeloro dejada cesante en el Ministerio de Educación y Gladys Cuervo despedida del Hospital Alejandro Posasdas mientras estaban desaparecidas.19
En estas páginas describí y analicé las diversas prácticas a través de las cuales se manifestó la persecución política desenvuelta por la dictadura instaurada el 24 de marzo de 1976. En cada caso, subrayé sus magnitudes las cuales ponen en evidencia que la discusión sobre el número de personas que continúan desaparecidas supone un recorte sumamente parcial de la cifra de víctimas de la dictadura. Asimismo, las diferentes modalidades que revistió la persecución política tienen tres atributos comunes.
El primero: la imprecisión. Fruto de diversos factores, es imposible precisar con exactitud la cifra de personas que fueron víctimas de una o de más de una de estas violaciones a los derechos humanos.
En el caso de las desapariciones forzadas, ello obedeció a la modalidad clandestina del crimen, la renuncia de algunas familias y víctimas a dar testimonio ante instancias oficiales, los efectos persistentes del terror, la desconfianza ante las instancias estatales, familias diezmadas o sumidas en la pobreza material o cultural. En el caso de los sobrevivientes, su temor a verse incluidos en registros oficiales habiendo padecido secuestros breves, considerar que su experiencia era menor en comparación a la de quienes continúan en condición de desaparecidos.
Para la cuantificación de los presos políticos, los obstáculos provienen de la circulación entre cautiverios legales e ilegales, las diversas figuras legales que revistieron las personas detenidas, su circulación por diversos establecimientos penitenciarios y/o entre centros clandestinos y cárceles.
En el caso de los exiliados políticos, el obstáculo deviene de su minoritaria salida del país vía el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o mediante el asilo diplomático. Directamente, carecemos de registros del número de personas insiliadas. Por último, en el caso de las cesantías, padecemos de las deficiencias y/o el secretismo de los registros estatales y privados que den cuenta de su magnitud.
Es decir, la persecución política que involucró graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos potencia los habituales subregistros que presentan las estadísticas oficiales de cualquier delito.
El segundo: la historicidad común de estas violaciones. Me refiero a que todas estas modalidades represivas se implementaban, ya, antes del golpe de Estado.
Para 1975 las desapariciones ya alcanzaban el mismo número que los asesinatos, de hecho, el 9% de las mismas fueron perpetradas antes del golpe cuando ya existían decenas de centros clandestinos de detención, especialmente pero no solo en la provincia de Tucumán. Antes del golpe, la cifra de presos representaba un 40% del total de detenidos por razones políticas entre 1973-1983 y exiliados argentinos, que escaparon de las amenazas y asesinatos perpetrados por la Triple A, habían creado antes del golpe organizaciones de solidaridad y denuncia de la represión principalmente en México, España, Francia e Italia. Por último, las cesantías en el marco de la “depuración ideológica” bajo los gobiernos peronistas ya afectaban, mediante despidos y cesantías, a trabajadores acusados de subversivos tanto en el ámbito público como privado.
El tercer y último atributo es que todas estas formas represivas se agudizaron de forma manifiesta tras el golpe. El 91% de las desapariciones fueron perpetradas tras él, se más que duplicó el número de presos políticos, se multiplicaron por decenas de miles los exiliados políticos y los cesanteados tanto de la administración pública como de las empresas privadas. Ello evidencia el hiato que significó el golpe, la cesura que expresa en la historia nacional.
En función de las cifras que revistieron las diferentes formas de persecución política podría proponerse una estimación, resalto, provisoria. Según los registros oficiales, el número de desaparecidos que continúan en esa condición asciende a 7.000, a 1.600 los asesinados, a 17.000 los sobrevivientes de los centros clandestinos alrededor de 700 casos en observación por parte del RUVTE y un subregistro indeterminado de desaparecidos y sobrevivientes. Por su parte, registros académicos establecen en 9.000 los presos políticos, en alrededor de 40.000 los exiliados y en 200.000 los cesanteados. Podría proponerse, entonces, que los afectados directos en su derecho a la vida y a la libertad rondaron las 277.000 personas (alrededor del 1% de la población argentina para el periodo). A ellas debe añadirse un número indeterminado de personas insiliadas, aquellas que se tuvieron que desplazar de sus lugares de residencia en función de la persecución que sufrían. Cabe destacar que ese 1% debe multiplicarse por las relaciones sociales de las víctimas que supieron y/o sufrieron la suerte corrida por sus familiares, vecinos, amigos y compañeros de militancia, estudio y trabajo. Un ejemplo de ello, son las personas que fueron testigos de secuestros y asesinatos y/o que sufrieron en persona violencias de diverso orden en sus hogares en el marco de la detención de sus parientes.
La virulenta violencia desplegada por la dictadura militar no tuvo parangón en la larga historia represiva del país. No son imaginables las transformaciones que implementó y que reestructuraron el capitalismo argentino bajo el predominio de grandes grupos económicos y empresas transnacionales diversificadas sin la violencia desplegada por las Fuerzas Armadas contra la “subversión”: organizaciones armadas, militantes políticos de la izquierda peronista y marxista radicalizada no armada, militantes sindicales antiburocráticos y clasistas, militantes de las ligas agrarias, abogados de desaparecidos y presos, organizaciones barriales y villeras, sacerdotes tercermundistas, intelectuales y artistas radicalizados.
Es decir, la violencia de la dictadura expresa continuidades, pero, sobre todo, cambios cualitativos. En ese marco, el golpe del 24 de marzo produjo transformaciones que perduran cincuenta años después. La dictadura fue la resultante de una tradición autoritaria, del protagonismo de las Fuerzas Armadas en la vida institucional del país, del anticomunismo de la “guerra fría” de su aggiornamento antisubversivo pero, sobre todo, de la meta de las clases dominantes por terminar, mediante una revancha histórica, con las alianzas de clases que habían bregado por un orden social más justo y con el enemigo subversivo que había evidenciado una voluntad de lucha, una combatividad, que no había sido detenida mediante la proscripción, la cárcel, otras formas represivas previas e, incluso por la amnistía.
La dictadura buscó que esas violencias permaneciesen impunes. Que estuviesen destinadas al arcón del olvido y que, simultáneamente, la sociedad reconociese a las Fuerzas Armadas por su victoria en la lucha antisubversiva y ejercer, desde entonces, un rol tutelar del sistema político. Sin embargo, sus denunciantes lograron derrotar esa voluntad. Y de esa derrota dan testimonio, también, las multitudes que enarbolaron las banderas de memoria, verdad y justicia el 24 de marzo de 2026 en todas las plazas del país.
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1 Agradezco a los/as revisores/as anónimos/as cuyos comentarios me ayudaron a mejorar este artículo.
2 Fuente: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral
3 Lessa y Balardini construyeron una base de datos que para 2021, sostenida en diversas fuentes, registraba 805 víctimas entre desaparecidos y asesinados entre 1969 y 1981 en el marco del “Plan Cóndor” de coordinación represiva en el Cono Sur de América latina, 68% de las cuales lo fueron en Argentina. Véase Lessa y Balardini, 2024, pp. 2 y 6.
4 “Veinticinco años del informe de la CONADEP”, Página/12, 15 de septiembre de 2009, p. 12.
5 “Casos Resueltos. Nadal García Pedro Luis” en https://www.abuelas.org.ar/. Consultado el 28 de febrero de 2026.
6 Mariana Eva Pérez: “Necesito que la Justicia me ponga a mi en el lugar que corresponde”, Página/12, 12 de septiembre de 2024 Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/766729-mariana-eva-perez-necesito-que-la-justicia-me-ponga-a-mi-en-/#:~:text=La%20escritora%20volvi%C3%B3%20a%20exigirle,mi%20mam%C3%A1%20%2D%2Ddijo%2D%2D.
7 Entrevista del autor a Cecilia De Vincenti, Buenos Aires, 10 de abril de 2024.
8 Testimonio de Jorge Arnaldo López, Buenos Aires, 19 de junio de 1985 Colección Juicios-Registro Audiovisual del Juicio a las Juntas Militares, Memoria Abierta.
9 Entrevista del autor a Fátima Cabrera, Buenos Aires, 9 de febrero de 2024; Memoria Abierta, “Testimonio de Alicia Marcos”, Buenos Aires, 2002, e Iliovich, 2017, p. 15.
10 Kordon y Edelman, 1986; Puget y Kaës, 1991, entre otros. Para un panorama de este campo, véase Lastra, 2023.
11 Entrevista del autor a Diana Kordon, Buenos Aires, 14 de febrero de 2024.
12 Entrevista del autor a Elina Aguiar, coordinadora de la Comisión, Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
13 En archivo del CELS, código AR CELS F1 DOC-SC7 y CELS, sin fecha.
14 Sobre la lucha de Francisco Isauro Arancibia y su asesinato, véase Rosenzvaig, 1993 y CTERA, 2001.
15 “Múltiples secuestros en Argentina”, ANCLA, 17 de septiembre de 1976, en Bufano y Lotersztain, 2012, pp. 51-53 y Cadena Informativa, Informe 1, diciembre de 1976.
16 Crenzel, 2008 y entrevista del autor a Gerardo Taratuto, Buenos Aires, 7 de diciembre de 2004.
17 Para trabajos académicos sobre el insilio, véase Basualdo, 2006; Casola, 2012, Fernández, 2023, Casola y Gatica, 2023, Ortiz, 2023 y Saidón, 2024.
18 Para un estudio sobre el tema y sobre el ejercicio de la memoria sobre estos trabajadores, véase Balé, 2018.
19 Testimonio de Marta García de Candeloro, en Memoria Abierta Juicio a las Juntas militares, Buenos Aires, 11 de junio de 1985; testimonio de Conon Saberio Cinquemani, Ibídem, Buenos Aires, 6 de junio de 1985 y Sentencia T.O.C.F. nro. 2, causas nros. 1696/1742 “BIGNONE, Reynaldo Benito Antonio y otros”, pp. 280-282.