Beatriz Bragoni
Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales
Universidad Nacional de Cuyo - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina
bragonibeatriz@gmail.com
Este libro aborda la historia de la última dictadura militar, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que dividió aguas en la genealogía de los gobiernos autoritarios del siglo XX argentino. Se trata de una contribución de relieve que promete animar el debate académico y la conversación pública en torno a la lógica de poder ensayada por los dictadores entre 1976 y 1983 con el doble fin de controlar la población y gestionar el poder compartido y balanceado entre las facciones internas en el proceso de toma de decisiones políticas e institucionales convirtiéndose en piedra de toque de la singularidad argentina en el concierto de las dictaduras del Cono sur.
Los autores explicitan las razones que justificaron la reunión de evidencia empírica e interpretaciones originales en base a perspectivas teóricas derivadas de estudios de gobiernos autoritarios limitados, la revisión crítica de la historiografía disponible y el riguroso examen cuanti-cualitativo de información recientemente desclasificada producida por el régimen militar. La hipótesis y demostración ofrecidas resultan atractivas y desafiantes en tanto postulan que la fórmula de poder compartido y balanceado entre las facciones del gobierno dictatorial no sólo incidió en el proceso de toma de decisiones y de política pública, sino también caracterizó su misma trayectoria, limitó al gobierno autoritario y gravitó en resultados no deseados en la transición democrática. Para ello organizan el argumento y las evidencias a lo largo de siete capítulos con el propósito de restituir, probar e interpretar la manera en que el faccionalismo y las reglas e instituciones propias de los dictadores para compartir poder y responsabilidades operó en el funcionamiento interno del núcleo decisorio del Proceso. El primero prioriza el análisis de las facciones en la estructura o diseño institucional dejando a la vista los principales lineamientos organizacionales del reparto de poder tripartito de las fuerzas armadas en el territorio nacional, la estructura colectiva del Ejecutivo y del poder legislativo compartido entre el PEN y la Comisión Asesora Legislativa (CAL), y la agenda gubernamental descentralizada en la que ministros y los altos mandos de las fuerzas armadas estaban facultados para proponer o bloquear leyes. Se trata de una caracterización del funcionamiento interno en la que laten aprendizajes del pasado dictatorial reciente y regional: en particular, ante la convicción de evitar enfrentamientos (como los de 1951 y 1955/56 o las disputas que dividieron a azules y colorados), poner freno a tentaciones personalistas cuyo último eslabón había estado representado por el líder de la Revolución Argentina, el general Juan C. Onganía, o porque tenían a la vista el ejemplo de la dictadura chilena desde 1973. Al interior de las reglas de juego de poder compartido sobresalen cuatro facciones en danza o en competencia: los neoliberales con sede en el Ministerio de Economía, los “duros” o nacionalistas, los desarrollistas y los politicistas (o próximos a dirigencias partidarias), animadas todas por neutralizar amenazas hegemónicas de una sobre las otras porque ninguna decisión resultaba tomada de manera unilateral (p. 19).
El esquema de poder compartido y balanceado entre las facciones explica el alcance, la escala y el carácter descentralizado de la política represiva ejecutada en las jurisdicciones territoriales por parte de los grupos de tareas conformadas por personal militar y fuerzas de seguridad. Un asunto que, si bien ha sido analizado por la literatura especializada, resulta problematizado mediante el tratamiento intensivo y cuantitativo de la distribución regional de los “hechos represivos”, la metodología aplicada, los centros clandestinos de detención y el número y perfil socio profesional de las “víctimas” en base al examen de documentación oficial o pública. Dicho tratamiento no sólo ratifica el punto más álgido del plan sistemático de exterminio entre 1976 y 1977, que fue precedido por el accionar represivo oficial y clandestino del gobierno de Juan Perón y su esposa, María Estela Martínez, y la meseta que arranca a mediados de 1978 ante el aniquilamiento de las organizaciones guerrilleras, y las denuncias sobre la violación de derechos humanos por parte de organismos internacionales y el gobierno norteamericano. A juicio de Bonvecchi y Simison, el alcance y escala del terrorismo estatal no reposa tan sólo en el papel de las ideologías contrainsurgentes de inspiración francesa o norteamericana en la que habían abrevado los militares argentinos en décadas previas. También obedece a factores concomitantes ligados al perfil social y la formación de los represores, la fractura de cadena de mandos, cuestiones vinculadas con la validación de carreras profesionales salpicadas de componentes nacionalistas y, lo que no es menor, a la distribución de poder entre las facciones porque reguló el diseño y las implicancias de la política represiva en la organización misma del gobierno autoritario.
El análisis de la legislación de la dictadura constituye un hallazgo fundamental del libro (capitulo 4). No sólo porque la desclasificación de los archivos de la CAL permite apreciar su formación tripartita, la convergencia de técnicos o el volumen de la producción normativa del gobierno militar entre 1976 y 1983 que refuta la idea que gobernaban por decretos. Su importancia reposa en que también permite identificar y documentar la naturaleza de las leyes sancionadas, el lobby ejercido por sectores empresarios o “civiles”, y la manera en que la CAL se convirtió en arena de conflictos entre las facciones, entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, y con sectores empresariales que consiguieron reorientar o bloquear las políticas económicas impulsadas por los neoliberales con epicentro en el Ministerio de Economía y en su ministro, José Alfredo Martínez de Hoz. La evidencia estadística aportada, como la derivada del estudio de la delegación de facultades y la política de defensa, resultan reveladoras porque demuestran los mecanismos internos de cómo las facciones hicieron uso de las reglas propias de poder compartido para canalizar o bloquear proyectos de sus rivales demostrando con ello el carácter limitado del gobierno autoritario. Un asunto que resulta precisado en el examen de dicha lógica en lo que atañe al federalismo fiscal, y el que atiende al lobby empresarial que son desarrolladas en los capítulos siguientes. De vuelta la evidencia recogida en torno al funcionamiento y resultados de la CAL no sólo pone en duda el carácter centralizado del gobierno nacional en el manejo de recursos, la política impositiva o la distribución presupuestaria. En su lugar, el análisis de los proyectos legislativos y de las interacciones entre funcionarios, gobernadores, militares, técnicos y representantes de asociaciones empresarias ponen de manifiesto los atajos, bloqueos o negociaciones utilizadas en provecho de gobiernos provinciales o por sectores económicos en desmedro de iniciativas impulsadas por la facción neoliberal. El lobby de los “civiles” en la política económica (capítulo 5) interesa por varias razones: por un lado, porque la reconstrucción de las interacciones realizada mediante la aplicación del enfoque y representación gráfica de redes de relaciones permiten precisar la frecuencia, intensidad y resultados del accionar empresarial. Por otro, porque la compulsa sobre un millar de proyectos de ley sobre temas económicos permite identificar y documentar la centralización y grado de influencia de los actores en la red de interrelaciones. Entre ellos, y a despecho del extendido consenso de que los dictadores fueron agentes de los sectores económicos más concentrados, la evidencia muestra que sobresalieron los dirigentes de cámaras empresariales agropecuarias medianas y chicas junto a las del sector bancario, y en menor proporción de empresas individuales. A su vez, los datos reunidos dejan a la vista las relaciones conflictivas que primaron entre los actores económicos y el régimen militar, la centralidad de la CAL en el lobby empresarial para modificar la orientación económica, y problematiza el supuesto aislamiento del gobierno de los dictadores en cuanto utilizaban las mismas reglas del proceso legislativo y la competencia entre las facciones en su beneficio.
A su vez, la naturaleza facciosa del régimen se hizo patente en el colapso del gobierno de los dictadores, la que generalmente es atribuida a la derrota en la guerra del Atlántico sur. Sin negar su incidencia, los autores atribuyen al esquema de poder compartido y balanceado de la coalición un renglón potente en ese dramático resultado según las decisiones registradas en los archivos de las juntas militares y de la CAL. El faccionalismo, entonces, explica la destitución de Viola y su intento dialoguista con las fuerzas políticas, y también gravita en la fatal decisión de Galtieri y la Fuerza Aérea de ordenar el desembarco de tropas argentinas en Malvinas (que los autores prefieren no nombrar). Allí afloran la puja entre los “duros” (o nacionalistas) y los neoliberales, el fracaso de los inclinados a entablar negociaciones con Gran Bretaña y Estados Unidos y las tensiones o divisiones en torno a la polémica ley de amnistía que permeó la transición a la democracia. En el último capítulo, Bonvecchi y Simison colocan el experimento dictatorial en perspectiva comparada con los regímenes autoritarios de Brasil, Chile y España a los efectos de trazar contrapuntos y precisar su singularidad. Se trata de un cotejo eficaz que hace notar aspectos comunes ligados a faccionalismo, la política represiva o el carácter descentralizado del proceso decisional. Con ello formalizan el gobierno de los últimos dictadores argentinos en las coordenadas de regímenes de presidentes débiles distintivos de gobiernos de coalición en los que ninguna facción tuvo el control o hegemonía sobre el gabinete ni tampoco sobre el poder legislativo incidiendo de lleno en los efectos inmediatos de la política represiva y del fracaso de la política económica. Por consiguiente, la originalidad del gobierno de la dictadura más sangrienta de la historia argentina reciente parece residir en “la combinación de facciones con altos niveles de unidad y enraizamiento y preferencias de políticas distintas entre sí con reglas de poder balanceado”. La falta o ausencia de convergencia entre facciones es la que termina explicando la razón primordial del carácter destructivo del régimen militar en sí mismo, y de la sociedad dejando como saldo heridas que siguen lacerando la vida argentina.