Introducción
Tensiones alrededor de la movilización social y política
Martín Armelino1 y Adrián Berardi Spairani2
A mediados del siglo XX, las ciencias sociales afrontaron el desafío intelectual y político de comprender y explicar un nuevo tipo de sociedad, caracterizada por la experiencia de la movilidad social de las clases trabajadoras, como cambio estructural, y la de la movilización social y la participación política de aquellas clases como procesos concomitantes de nuevo tipo. Se trataba de abordar un fenómeno que tomaba distancia de la vía revolucionaria y que abarcaba tanto a los países noroccidentales con economías centrales como a los países de otras regiones periféricas, como fue el caso de América Latina. Preocupadas por las derivas del cambio social, porque la amenaza de la bandera roja era cercana y concreta, las ciencias sociales conceptualizaron en términos de movilización política a estos procesos de integración de las clases trabajadoras a la vida política en las democracias de masas. Empíricamente, el acceso al voto de estas clases constituía la evidencia de la institucionalización de su participación política. Para Seymour Martin Lipset, por ejemplo, que fue uno de los pioneros en los estudios sobre estos desarrollos sociales y políticos, el voto constituía un mecanismo clave del consenso en una sociedad democrática. Reflexionando a comienzos de los años sesenta, Lipset sostenía que el problema de la igualdad y el cambio social habían sido predominantes para las dos generaciones previas, pero en el contexto de la segunda posguerra el problema que más distinguía las posiciones de izquierda y de derecha se polarizaba en la tensión democracia y totalitarismo. De allí su inquietud por estudiar el voto de izquierda y el desenvolvimiento de los partidos que podían canalizar en el sistema político las reivindicaciones de ese grupo, que giraban alrededor de la posición social y política de los trabajadores en la sociedad industrial, en relación con la inseguridad sobre sus ingresos, la insatisfacción laboral y su status dentro de dicha sociedad. Queda claro con este comentario que los estudios sobre la movilización social y la participación política desde la perspectiva entonces novedosa de la movilización política examinaban el modo en que las clases trabajadoras y populares de los países occidentales centrales se integraban a la vida política en las democracias de masas como colofón de una trayectoria que también los incluía como actores influyentes en la expansión del mercado y del consumo. Asimismo, señalaban la preocupación sociológica de ese momento por la estabilidad del sistema político democrático en relación con las tensiones que sobrevenían con el cambio social no revolucionario. En América Latina, los trabajos de Gino Germani fueron clave en ese sentido para confeccionar una agenda de investigación sobre las vías de incorporación política de las clases trabajadoras a mediados del siglo XX de la mano de movimientos policlasistas.
El surgimiento de la sociedad posindustrial puso de relieve los límites y contradicciones de aquellos procesos, pero la amplitud de aquella institucionalización de las vías de participación de las clases trabajadoras y populares ha condicionado la reconfiguración social y política de los grupos emergentes en este siglo. El surgimiento de los nuevos movimientos sociales, entre fines de los años sesenta y comienzos de los setenta, señaló los límites de una acción colectiva dominada por sindicatos y partidos obreros de las clases trabajadoras y populares, o por movimientos policlasistas, que canalizaron institucionalmente las demandas de estos sectores. Asumiendo un piso común de incorporación política, las demandas sociales, la composición de los actores colectivos que les dieron visibilidad y los canales mediante los cuales encausarlas y lograr sus conquistas mostraron distintos escenarios o, dos tipos de movilización: de un lado, aquellos plenamente institucionales; del otro, aquellos en proceso de su institucionalización o marginados del arco institucional.
En ese contexto de asimilación del cambio político y de nuevos reclamos de institucionalización, las agendas de investigación de las ciencias sociales se reacomodan. La sociología se reorienta hacia aquellas esferas donde los nuevos movimientos sociales reponen escenarios acotados del cambio social; la ciencia política fortalece, a la vez que restringe, su universo al conjunto de las instituciones públicas, a los desafíos de gobierno para sostener políticas de bienestar y a las circunstancias en que se alienta o desalienta la participación de los actores colectivos reconocidos por representar intereses previamente constituidos. En el medio, encuentran su espacio propuestas híbridas como las de la sociología o la etnografía políticas. En consecuencia, movilización social, por un lado, y participación política, por el otro, reorganizan hacia fines del siglo XX las discusiones que pocas décadas atrás se abordaban en términos más globales como un proceso estructural de movilización política; ahora, es fraccionado desde distintas disciplinas, que abordan sus temas con un herramental teórico y metodológico no siempre multidisciplinario, que incorpora aspectos específicos de cada disciplina y son puestos en valor, también, como hallazgos del trabajo realizado.
Los cambios y las tensiones en torno a la movilización social y política han sido vertiginosos en estas primeras décadas del siglo XXI. Si observamos la región de América Latina, el contexto en el que se han desenvuelto estos procesos tiene dos momentos. El primero fue, en el cambio de siglo, el del giro a la izquierda de los gobiernos que asumieron tras las crisis generadas por las políticas de reformas neoliberales y que replantearon los términos de la incorporación política de los excluidos. La organización colectiva de los excluidos había sido paulatina, en las periferias de la institucionalidad estatal y a espaldas de la solidaridad de los actores clásicos de la movilización política de la sociedad de masas, partidos y sindicatos. El espaldarazo de dichos gobiernos a estos actores, en muchos casos interpelándolos como sus bases exclusivas de apoyo, se puso de manifiesto en la definición de políticas públicas de inclusión y en la ampliación de los canales de participación popular. El segundo momento se abre en dos frentes: por un lado, la movilización social y política avanza sobre la materialización en políticas públicas de las reivindicaciones sobre el ambiente y el género que se multiplicaron en esos años; por el otro, emerge una movilización como reverso de aquella, durante la década de 2010, que aprovecha el agotamiento del giro a la izquierda y conecta la resistencia y oposición a su planteo con el arribo al poder de gobiernos de centroderecha que intentan reorientar la agenda respecto de los términos de la inclusión social y política.
Desde una perspectiva más general, estos procesos han mostrado los términos en que se proyectan y ejecutan diferentes modelos de desarrollo, las dificultades de su institucionalización, las tensiones políticas que suscitan en torno al ensanchamiento o estrechamiento de las prácticas de participación, deliberación, representación y decisión, de parte de gobiernos, partidos, actores económicos y sociales. Se trata de la revisión de formas y escenarios novedosos en relación con los procesos de movilización social y política, que vinculan a actores clásicos y emergentes, redimensionan dinámicas establecidas entre movimientos sociales, organización sindical, gestión estatal y partidos políticos, y trazan nuevos mapas de la cartografía democrática de las sociedades latinoamericanas.
Los cinco artículos que componen este dossier son una muestra de algunas de las tensiones entre movilización social y política en la Argentina reciente; ponen de manifiesto el modo en que nuevos grupos y actores colectivos, o incluso los actores tradicionales, se sirven de las instituciones conocidas, forjadas en experiencias previas de movilización política, para alterar o influir en el mejoramiento de las condiciones de su participación política para beneficio de sus intereses sectoriales, valores comunitarios, identidades políticas, y movilizar al centro de la escena pública-política los problemas y los actores colectivos que los motorizan.
En su artículo La representación en acción. Protesta social y cambio político en Argentina (2011-2019), Ana Natalucci, Ernesto Mate y Victoria Vizcaíno dan cuenta de la forma en que protesta y representación política se potencian en un contexto de polarización. El trabajo da cuenta de la forma en que, durante el último gobierno del giro a la izquierda en la Argentina, el de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015), la protesta habilitó la revitalización de la gramática liberal y de una narrativa anti-kirchnerista (impugnaban el modo de hacer política del kirchnerismo), que contribuyó a la conformación de la coalición Cambiemos, que triunfó en las elecciones de 2015. Al mismo tiempo que las movilizaciones durante la gestión del presidente Mauricio Macri, principalmente asentada al cuestionamiento a la política antirrepresiva, los efectos nocivos de la política económica y la defensa de los valores democráticos fueron claves en la conformación y el triunfo electoral del Frente de Todos en 2019.
Paulina Santa Cruz, Emilia Schaigorodsky y Gonzalo Assusa despliegan en Amo Córdoba, pago mis impuestos. La cuestión fiscal como núcleo de involucramiento político de las élites en la estructura social cordobesa, un conjunto de interrogantes para averiguar por las formas del involucramiento político de las elites empresarias, tomando a la provincia de Córdoba como caso de estudio. El trabajo destaca cómo influye en las elites cordobesas la percepción de amenaza -presente o futura- de reformas (o de propuestas de reforma) impositiva y tributaria, como factor de homogenización e incentivación moral hacia la movilización política. Esa amenaza, según los autores, conlleva un proceso de involucramiento en la discusión pública y de activación informal, e incluso formal, de participación de un tipo de actor que típicamente se desenvuelve invisibilizado para defender sus intereses en la arena política. Así, los recursos que administra este sector pueden observarse tanto en protestas como las que se desarrollaron durante el conflicto del campo en 2008, como en la confección de documentos para intervenir en el espacio público, en la organización de distintos tipos de eventos sectoriales que incluyen a representantes de distintas elites, y en las reuniones privadas con referentes políticos en las que se explicita la influencia o el poder de veto de este sector, y en particular, en la provincia de Córdoba.
El trabajo de Francisco Longa, Legislar, presionar, expresar. Estrategias de las y los diputados nacionales del Frente Patria Grande (2019-2023), analiza a los movimientos sociales en el núcleo del sistema representativo durante la gestión del Frente de Todos, poniendo de manifiesto la performatividad de las organizaciones y movimientos sociales como expresión de las reivindicaciones del mundo popular en una institución como la Cámara de Diputados de la Nación. El trabajo indaga en las características que asume la incorporación de militantes de organizaciones sociales a la política institucional como representantes de los “de abajo”. Longa destaca la manera en que se vincularon los representantes del Frente Patria Grande con los de otros sectores de la coalición panperonista Frente de Todos. El artículo da cuenta de la producción legislativa de los diputados de Patria Grande y sobre todo de la forma en que dicha labor contribuyó a convertirlos en actores influyentes dentro de la Cámara.
Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez, en su trabajo Políticas de promoción del extractivismo minero y procesos de movilización en defensa de los territorios. El ciclo de conflictos en torno a la megaminería en Argentina (2003- 2023) describen las diferentes etapas que atravesaron las políticas gubernamentales de promoción del extractivismo minero, impulsadas durante el ciclo de los gobiernos del giro a la izquierda en la Argentina, como parte de un fenómeno global con anclaje regional, y las resistencias sociales generadas en diferentes provincias argentinas. Con este objetivo, el artículo recorre cuatro etapas claves del conflicto y la movilización social, en los que muestran el fortalecimiento local a partir de la gestión de la contienda política alrededor de la expansión de los megaproyectos mineros. El foco de su estudio está concentrado en la actividad de resistencia colectiva local, destacando el proceso de movilización que involucró una importante capacidad de organización de las comunidades, diferentes repertorios de acción contenciosa y la coordinación para influir en el plano institucional, mediante la promoción de leyes o acciones judiciales contra la megaminería, y con importante impacto sobre la normativa a nivel subnacional.
Por último, los sindicatos, un tipo clásico de movilización política del siglo XX, son revisitados por Agustín Gotelli en Liderazgo, enmarcado y campañas públicas: el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA). Gotelli se concentra en el vínculo entre el principal sindicato docente de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal (Cambiemos, 2015-2019). Tratándose de un distrito históricamente asociado al peronismo, su estudio analiza el impacto del cambio en los clivajes políticos provinciales en relación con un actor típicamente peronista, que en esa coyuntura política adversa se fortalecerse mediante la protesta para retener la conducción, en un proceso de rivalidad interna creciente.
1 EPyG-IIP-UNSAM/CONICET - marmelino@unsam.edu.ar
2 ICI-UNGS - aberardi@campus.ungs.edu.ar