Dossier: “Tensiones alrededor de la movilización social y política”

La representación en acción. Protesta social y cambio político en Argentina (2011-2019)1

Representation in action. Social protest and political change in Argentina (2011-2019)

Ana Natalucci, Ernesto Mate y Victoria Vizcaíno2

Resumen

El campo político pos 2001 se conformó en torno a dos polos claros en términos ideológicos, bases sociales y programas socioeconómicos: uno de centroizquierda que había promovido la recreación de una gramática movimientista organizada electoralmente en el Frente para la Victoria, y un polo de centroderecha con una gramática de tipo liberal, representado por Cambiemos. Pese a sus diferencias, nuestro supuesto es que ambas coaliciones tuvieron en común el haber surgido desde la protesta. ¿Qué comparten estos polos en términos de la cultura política de la época? ¿De qué manera se construyeron como coaliciones a partir de procesos de movilización social? ¿Qué narrativas políticas se elaboraron respecto de la representación política que había sido cuestionada hasta entonces? El objetivo de este artículo se orienta a analizar la interacción entre el campo de la movilización social y el político en Argentina entre 2011 y 2019 a partir de considerar sus efectos respecto de la representación política, enfatizando en su carácter destituyente pero principalmente instituyente y cocreador de representación política. El argumento que seguimos es que ambos ciclos de movilización tuvieron un tipo de relación con el campo político, en el cual los actores protagónicos apostaron por la renovación de narrativas políticas y la conformación de coaliciones que permitieran construir una nueva oferta competitiva para disputar las elecciones presidenciales.

Palabras claves: protesta, representación política, narrativas políticas, articulación, gramáticas.

Abstract

The political field after 2001 was formed around two clear poles in ideological terms, social bases and socio-economic programs: one of the center-left that had promoted the recreation of a movementist grammar organized electorally in the Frente para la Victoria and a center-right pole with a liberal type of grammar, represented by Cambiemos. Despite their differences, our assumption is that both coalitions had in common that they emerged from the protest. What do these poles share in terms of the political culture of the time? How were they built as coalitions based on social mobilization processes? What political narratives were developed regarding the political representation that had been questioned until then? The objective of this article is aimed at analyzing the interaction between the field of social and political mobilization in Argentina between 2011 and 2019 by considering its effects with respect to political representation, emphasizing its destituent character but mainly instituting and co-creator of political representation. The argument we follow is that both cycles of mobilization had a type of relationship with the political field, in which the leading actors opted for the renewal of political narratives and the formation of coalitions that would allow the construction of a new competitive offer to contest the presidential elections.

Keywords: protest, political representation, political narratives, articulation, grammars.

Introducción

La crisis de 2001/2002 dejó varias consecuencias, entre ellas un campo político desprestigiado, fuerzas partidarias cuestionadas por sus magros desempeños gubernamentales y corrupción, con un cuestionamiento generalizado a las formas de dominación política vigentes, entendiendo por tal las maneras de orientar el poder en nombre de una forma particular de política, que a su vez requiere de justificaciones y legitimidad social (Boltanski, 2014). La recomposición de ese campo político tuvo temporalidades y dinámicas diferentes. Por un lado, se erigió el kirchnerismo en un doble sentido como gobierno y movimiento político (Sidicaro, 2011), con una renovación significativa del ideario peronista y reivindicación de la militancia (Natalucci, 2018, 2019; Schutternberg, 2012). El Frente para la Victoria (FpV), como expresión electoral, tuvo un carácter amplio y transversal orientado hacia la centroizquierda, con una fuerte impugnación a las políticas neoliberales (Torre, 2005). Luego de 2011, el FpV tuvo dos rupturas: en 2013, el Frente Renovador y, en 2017, Unidad Ciudadana; en 2019 se reeditó en el Frente de Todos, que gobernó entre 2019 y 2023. Por otro lado, también en 2002 se conformó Propuesta Republicana (PRO), un partido que articulaba distintas fracciones políticas lideradas por el empresario Mauricio Macri con un perfil neoconservador. Desde este espacio, la lectura de la crisis de 2001/2002 fue diferente: para el PRO representaba el fracaso de la clase política y apostaba por su renovación, pero sin cuestionar el modelo económico neoliberal de los noventa. El conflicto con las entidades agropecuarias en 2008 y las protestas antikirchneristas de 2012-2013 dieron lugar a que el PRO se posicionara como una opción de gobierno alternativa (Vommaro, 2017; Gold, 2019; Natalucci, 2022). El resultado fue la conformación de una coalición de centroderecha (Cambiemos) junto con partidos tradicionales como la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC), entre otros (Vommaro y Gené, 2017, 2023), que triunfó en el balotaje de noviembre de 2015.

A partir de esta descripción sucinta, podría conjeturarse que el ciclo abierto poscrisis de 2001 había suturado, con coaliciones definidas en términos ideológicos y respetuosas de la alternancia y el juego democrático, apoyo de bases sociales y programas socioeconómicos diferenciados. Además, ambas coaliciones habían revitalizado formas de hacer política, actualizando ciertas tradiciones políticas. Si el polo de centroizquierda había promovido la recreación de una gramática movimientista (Natalucci, 2015), el de centroderecha lo había hecho con una de tipo liberal (Natalucci, 2018).

Siguiendo a Koselleck (2001), compartir un mismo tiempo histórico explica porqué si bien las organizaciones presentan diferencias irreconciliables, por ejemplo en términos ideológicos, comparten lógicas y disposiciones para la acción. Entonces, a modo de hipótesis, si las movilizaciones antikirchneristas durante el último gobierno de Fernández de Kirchner fueron claves para la conformación y el triunfo electoral de Cambiemos, del mismo modo no puede pensarse la victoria del Frente de Todos en 2019 sin las protestas contra las políticas regresivas del gobierno de Macri. Este supuesto nos permite entrever que más allá de sus diferencias, ambas coaliciones tienen puntos en común. ¿Qué comparten estos polos en términos de la cultura política de la época? ¿De qué manera se construyeron como coaliciones a partir de procesos de movilización social? ¿Qué narrativas políticas se elaboraron respecto de la representación política que había sido cuestionada hasta entonces? El objetivo de este artículo se orienta a analizar la interacción entre el campo de la movilización social y el político en Argentina entre 2011 y 2019, analizando en especial la tensión entre el carácter contencioso de la protesta y el instituyente y cocreador de representación política. El argumento que seguimos es que en ambos gobiernos la movilización social tuvo un tipo de relación con el campo político por el cual los actores protagónicos apostaron por la renovación de narrativas políticas y la conformación de coaliciones que permitieran construir una nueva oferta competitiva para disputar las elecciones presidenciales. Así, este artículo se propone cubrir una vacante respecto de pensar la relación entre movilización social y representación política, que, como veremos más adelante, no ha sido analizada exhaustivamente.

El artículo está organizado en las siguientes secciones. En la primera exponemos las principales premisas teóricas y metodológicas, clarificando el enfoque conceptual, las dimensiones analizadas y las fuentes que tomamos para la elaboración del artículo. En la segunda sección presentamos la dinámica general de la protesta social entre 2011 y 2019; específicamente proponemos una periodización y las organizaciones protagonistas. En la tercera sección analizamos las demandas políticas de los espacios de centroizquierda y centroderecha, señalando los puentes entre el campo de la movilización y el político. Finalmente, en las conclusiones presentamos algunas ideas para profundizar sobre el tema.

Consideraciones teórico-metodológicas

Brevemente, en el campo de la acción colectiva y los movimientos sociales, la pregunta por la movilización social y sus efectos políticos ha despertado sumo interés, en general orientado a la transformación de las formas de participación o a los cambios en las coaliciones gubernamentales. Menor atención han recibido los efectos sobre la representación política, que nos proponemos abordar en este artículo. Por ello, la perspectiva teórica intenta articular conceptos propios de un enfoque pragmático de la acción colectiva con una teoría clásica de la representación.

Respecto de los efectos políticos, una premisa básica es que se orientan a los cambios que acontecen en el régimen político y son impulsados por actores colectivos que luchan por el poder en un contexto institucional (Gamson, 1990; Jenkins, 1994; McAdam et al., 2005). Siguiendo a Giugni (1998), los efectos no pueden solamente asociarse a las intenciones de esos colectivos, dado que al igual que la acción social, la acción colectiva también tiene consecuencias no esperadas y no deseadas. Retomando la premisa mertoniana, el autor sostiene que los actores no siempre pueden anticipar los efectos de sus acciones. Esto no implica que no tengan una estrategia o una intención, sino que la acción colectiva tiene una dimensión indescriptible, imposible de anticipar. Asimismo, Giugni ha mencionado que no todos los procesos de movilización tienen efectos en la misma temporalidad, algunos son inmediatos (como la desmovilización por represión) y otros mediatos (de tipo cultural o cambios en la legislación). Así, el autor diferencia entre resultados y consecuencias (outcomes, consequences); en sus palabras, “los efectos de los movimientos sociales son a menudo indirectos, a veces incluso en contradicción con sus objetivos” (1998: 386, traducción propia).

Debido a la complejidad para pensar en estos efectos, es necesario desligarnos de miradas monolíticas sobre el Estado. Algo de esto ha sucedido con la representación política, que en general ha sido abordada en la clave de afectación de la dinámica de los partidos políticos y los sistemas partidarios. Si bien en general el campo de la acción colectiva no ha profundizado demasiado sobre la cuestión de la representación política, estos debates cobraron mayor relevancia luego de las crisis de las democracias contemporáneas, sobre todo a partir de la emergencia de estallidos emblemáticos como el de los chalecos amarrillos en Francia o Black Lives Matter en Estados Unidos (Hayat, 2021). Este artículo pretende profundizar sobre la relación entre la movilización y la representación política a partir del estudio del caso argentino. Siguiendo a Fossen, “una relación de representación nunca es un hecho consumado, sino, en el mejor de los casos, un logro frágil que sigue sujeto a posible impugnación” (2019: 826, traducción propia). Entonces, el estudio detallado de la relación entre movilización y representación política puede proporcionar un punto de vista analítico privilegiado para comprender la reconfiguración de la representación como un mecanismo útil que sustente el funcionamiento y la calidad de la democracia.

En general, la protesta social ha sido pensada en términos de confrontación. Para Tilly (1998), el conflicto político incluye todas las ocasiones en las que algún grupo de personas realiza reivindicaciones colectivas públicas y visibles, en las que al menos una de las partes es afectada por esas reivindicaciones si se cumpliera, incluyendo al gobierno. Si bien McAdam, Tarrow y Tilly (2005) han propuesto diferenciar la política contenciosa de la no contenciosa, lo cierto es que su conceptualización mantiene dos problemas para pensar la movilización contemporánea. El primero remite a que la relación entre los manifestantes y el gobierno es de confrontación u oposición, y en tal sentido mantienen la idea de insiders y outsiders del sistema político. El segundo problema remite a la cuestión de la demanda peticionada al poder político como un elemento imprescindible de un evento.

Offerlé ha mencionado que “cada población tiene un repertorio limitado de acciones colectivas, es decir, de medios de acción común basados en intereses colectivos” (2011: 95), donde las acciones contenciosas y no contenciosas coexisten y delinean los horizontes políticos de ese momento. Fillieule y Tartakovsky propusieron para el caso de las manifestaciones –extensible a otros repertorios de acción– la idea de “una ocupación momentánea, por varias personas, de un lugar abierto, público o privado y que directa o indirectamente conlleva la expresión de opiniones políticas” (2015: 14). Indudablemente, esto es clave para pensar ciertos tipos de movilizaciones donde no hay demandas directas, sino que un colectivo se reúne para plantear sus expresiones políticas y en ocasiones su interlocutor no es el gobierno, sino otras fuerzas partidarias. Como veremos más adelante, en la historia reciente argentina hay varios ejemplos de ello. En este sentido, la movilización es considerada no solo como un momento para plantear el descontento, sino de socialización política, afirmación identitaria, construcción de una narrativa y sentimiento común.

Respecto de la noción de representación política, seguimos a Pitkin (1972) en su concepción triádica: un sujeto que representa un objeto, que a su vez constituye un referente que es relatado. Parece un trabalenguas, pero remite a la noción de que la representación no implica la autorización a alguien para actuar en nombre de otro, sino que se trata de un proceso en el que se instituye un objeto de lo representable. Siguiendo a Saward (2010), se trata de acentuar el carácter constructivista de la representación, más que pensar en términos de la capacidad de los representantes de “leer” los intereses de sus representados. En función de este planteo, Saward propone concentrarse en lo que llamó the representative claim, el “reclamo representativo”, esto es, “ver la representación en términos de reclamos de ser representativos” (2010: 314, traducción propia). De esta manera, es posible indagar sobre la construcción de la representación política no solo en los espacios previstos por la ciencia política, como los partidos políticos o las elecciones, sino también en otros que nos permitan ver cómo se recrea la representación en crisis de baja intensidad pero prolongadas en el tiempo, como movimientos sociales o procesos de movilización (Natalucci y Ferrero, en prensa).

Pese a las críticas recibidas (Fossen, 2019, entre otros), lo cierto es que la perspectiva constructivista y pragmática ha habilitado nuevas preguntas para pensar la relación entre la movilización y la representación política, a saber: ¿la movilización constituye un campo donde podemos identificar las demandas que se construyen y que permiten recrear representaciones? Además de la reconstrucción del vínculo entre representados y representantes, en términos de demanda y oferta partidaria, ¿desde y en la movilización es posible elaborar una narrativa de la dinámica sociopolítica y los cursos de acción convenientes? En definitiva, lo que nos preguntamos: ¿es posible pensar que durante la movilización se construyen nuevas representaciones políticas?

Como mencionamos, el objetivo del artículo es analizar la interacción entre el campo de la movilización social y el político en Argentina entre 2011 y 2019 considerando tres dimensiones analíticas: 1) actores y demandas claves; 2) narrativas relacionadas con la revitalización de las gramáticas movimientista y liberal; 3) la conformación de coaliciones considerando la articulación interorganizacional. Una gramática de acción política constituye el juego de reglas no escritas que configuran las pautas de interacción de los agentes colectivos y sus posibles estrategias de coordinación y articulación, orientadas a redefinir el orden societal (Natalucci, 2018). En trabajos anteriores, definimos los diversos tipos de cada gramática en función de ciertas dimensiones.3 En este artículo, nos concentramos en los tipos movimientista y liberal.4 En resumen, la perspectiva que proponemos se distancia de la noción de protesta pensada solo en términos destituyentes para atender a los procesos en los que se reelaboraron narrativas que, a su vez, habilitaron la recreación de la representación política, clave para el triunfo electoral de Cambiemos y del Frente de Todos. Así, la protesta puede funcionar como la condensación de una forma de representación disponible –en el sentido de aceptable y recuperable por los actores políticos institucionales–, que implica no solo la idea de “no quiero que me gobiernen de este modo”, sino también una posición orientada a un “quiero que me gobiernen de esta forma”, “con estas narrativas”, “con estas imágenes”.

En términos metodológicos, seguimos la estrategia “método mixto” (Fetters y Molina-Azorin, 2017), que combina diferentes perspectivas analíticas y técnicas, de modo de construir un enfoque integrado para el estudio de fenómenos y procesos sociales. Respecto de las fuentes, el artículo se basa en evidencia cualitativa para comprender las conexiones entre actores, eventos y procesos a diferentes escalas; para ello retomamos entrevistas realizadas por el Observatorio de Protesta Social, en el marco de una investigación sobre los 40 años de protesta en democracia, dirigidas a dirigentes sociales, partidarios y sindicales. También tomamos la base de datos de eventos de protestas de “La protesta social en Argentina 2010-2020” (Natalucci, Fernández Mouján y Mate, 2022), que elaboramos a partir de las crónicas publicadas en el diario de tirada nacional La Nación.5 El procesamiento de los datos y sus gráficos fueron realizados con RStudio y Excel. Para este artículo nos concentramos en dos variables de la base: organización y demanda, quiénes protestan y qué reclaman o reivindican. Ambas son múltiples, por lo que cada evento de protesta puede tener más de una organización convocante y más de una demanda; de ahí que en cada gráfico especifiquemos los “n”, la cantidad de casos por variable. De esta manera, si los datos cuantitativos nos permitieron construir una mirada diacrónica del proceso, marcando ciertas temporalidades y dinámicas, los datos cualitativos nos permitieron complejizar las acciones y episodios de la época.

Dinámica general de la protesta

Entre 2011 y 2019, la dinámica de la protesta se mantuvo estable, en términos de la cantidad de eventos sin picos significativos. La cantidad de eventos fue mayor en el primer año de cada gobierno (2012 y 2016) y descendió en los años 2014, 2015 y 2019. Los años electorales 2015 y 2019 tuvieron menos protestas que otros, y 2019 muchas menos (289). Si consideramos cada gestión gubernamental, la cantidad de protestas es similar: 1541 eventos en el segundo gobierno de Fernández de Kirchner y 1446 en el de Macri; si bien la diferencia es poca (95 casos), esto puede explicarse por la capacidad articulatoria de las organizaciones, como veremos más adelante.

Fuente: elaboración propia a partir de Natalucci et al. (2022).
Nota: total de protestas (n = 3536).

Dicha estabilidad nos permite pensar en dos cuestiones centrales. La primera remite a ciertos aspectos estructurales de la sociedad que implicaron que las organizaciones movilizadas mantuvieran sus demandas, con algunos cambios, pero sin variaciones significativas. La segunda cuestión alude a los cambios en el tipo de organización que protestó y, a su vez, a la dinámica sociopolítica, específicamente a las interacciones entre el campo de la movilización y el político, así como los márgenes que los gobiernos crean –o constriñen– para la negociación.

Organizaciones y demandas en los gobiernos de Fernández de Kirchner y de Macri

Las tablas 1 y 2 muestran las seis organizaciones que más protestaron en cada gobierno y las demandas con mayor peso. Uno de los hallazgos es que, aun con esa tendencia similar, en todo el período observamos cambios significativos en los tipos de organizaciones que se movilizaron en cada gobierno. La excepción son los sindicatos, que tuvieron mayor presencia en ambos períodos, en parte por sus recursos disponibles y, en consecuencia, su capacidad para movilizarse en cualquier coyuntura.

Tabla 1. Porcentaje de las cuatro principales demandas para las seis organizaciones que más protestaron (2011-2015)

Organización	Demanda 1	Demanda 2	Demanda 3	Demanda 4
Sindical (41,7%)** (n_eventos = 643)	Aumento salarial 29,86% (192)*	Continuidad laboral 25,19% (162)*	Condiciones de trabajo 11,66% (75)*	Reclamos salariales 11,35% (73)*
Vecinos (14,1%)** (n_eventos = 218)	Hábitat*** 48,62% (106)*	Seguridad 22,94% (50)*	Justicia y DD. HH. 16,97% (37)*	Gobierno 6,88% (15)*
Empresarial (10%)** (n_eventos = 155)	Política sectorial 64,52% (100)*	Política económica 15,48% (24)*	Libertad de expresión 9,68% (15)*	Hábitat*** 4,52% (7)*
Partidaria (9,2%)** (n_eventos = 142)	Justicia y DD. HH. 24,65% (35)*	Gobierno 14,08% (20)*	Política económica 12,68% (18)*	Continuidad laboral 11,27% (16)*
Organizaciones de base territorial (7,6%)** (n_eventos = 117)	Asistencia social directa 32,48% (38)*	Hábitat*** 15,38% (18)*	Justicia y DD. HH. 15,38% (18)*	Por trabajo 9,4% (11)*
Familiares y amigos de víctimas (6,9%)** (n_eventos = 107)	Justicia y DD. HH. 79,44% (85)*	Gobierno 14,95% (16)*	Seguridad 9,35% (10)*	Hábitat*** 8,41% (9)*

Fuente: elaboración propia a partir de Natalucci et al. (2022).
Nota: el período comprende desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 9 de diciembre de 2019. Los valores porcentuales de las demandas refieren al porcentaje de aparición en la protesta de la organización sobre el total de eventos de protesta de dicha organización. Se calcula: n_dem*100 /n_eventos. Al ser una variable múltiple, los valores sumados superan el 100%.
* El valor remite a la frecuencia absoluta de la demanda en las protestas del tipo de organización correspondiente (n_dem).
** El valor porcentual indica el porcentaje de protesta del tipo de organización sobre el total de eventos totales para el período 2011-2015 (n = 1541).
*** Hábitat, infraestructura y transporte.

Tabla 2. Porcentaje de las cuatros principales demandas para las seis organizaciones que más protestaron (2015-2019)

Organización	Demanda 1	Demanda 2	Demanda 3	Demanda 4
Sindical (48,1%)** (n_eventos = 702)	Aumento salarial 33,19% (233)*	Continuidad laboral 24,22% (170)*	Reclamos salariales 15,81% (111)*	Política económica 14,1% (99)*
Partidaria (15,3%)** (n_eventos = 223)	Política económica 28,25% (63)*	Justicia y DD. HH. 23,77% (53)*	Gobierno 20,63% (46)*	Liberación de detenidos 12,11% (27)*
Organizaciones de base territorial (12,8%)** (n_eventos = 186)	Asistencia social directa 46,77% (87)*	Política económica 27,96% (52)*	Liberación de detenidos 9,68% (18)*	Justicia y DD. HH. 9,68% (18)*
Familiares y amigos de victimas (9,3%)** (n_eventos = 135)	Justicia y DD. HH. 87,41% (118)*	Gobierno 13,33% (18)*	Seguridad 12,59% (17)*	Testimonial 4,44% (6)*
Vecinos (8,2%)** (n_eventos = 119)	Justicia y DD. HH. 43,7% (52)*	Seguridad 24,37% (29)*	Hábitat*** 22,69% (27)*	Gobierno 5,04% (6)*
Empresarial (5,8%)** (n_eventos = 84)	Política sectorial 65,48% (55)*	Política económica 11,9% (10)*	Hábitat*** 8,33% (7)*	Gobierno 7,14% (6)*

Fuente: elaboración propia a partir de Natalucci et al. (2022).
Nota: el período comprende desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 9 de diciembre de 2019. Los valores porcentuales de las demandas refieren al porcentaje de aparición en la protesta de la organización sobre el total de eventos de protesta de dicha organización. Se calcula: n_dem*100 /n_eventos. Al ser una variable múltiple, los valores sumados superan el 100%.
* El valor remite a la frecuencia absoluta de la demanda en las protestas del tipo de organización correspondiente (n_dem).
** El valor porcentual indica el porcentaje de protesta del tipo de organización sobre el total de eventos totales para el período 2015-2019 (n = 1459).
*** Hábitat, infraestructura y transporte.

Respecto de la movilización sindical, entre 2011 y 2015 sus demandas fueron: aumento de salarios (29,86), continuidad laboral (25,19), condiciones de trabajo (11,6) y reclamos salariales (11,35). Todas de tipo sectorial, algunas más ofensivas que otras. Estos años coincidieron con el coletazo final de la crisis global de 2008-2009 y la devaluación de 2014 en Argentina y Brasil, que generaron dificultades para varios sectores productivos, principalmente las automotrices y dependientes del comercio regional. En este contexto, la dinámica del win-win que caracterizó al kirchnerismo –de simultánea recomposición salarial y de la ganancia empresarial– comenzó a agotarse y se profundizó la puja distributiva (Wainer, 2018). Durante el gobierno de Cambiemos, las demandas de aumento salarial (33,19) y continuidad laboral (24,22) se mantuvieron como las dos principales en importancia, seguida por reclamos por aumentos salariales (15,81). La novedad en este período es la aparición en el cuarto lugar de la demanda por política económica (14,1), orientada a cuestionar el régimen de acumulación que el gobierno pretendía implementar (Constantino y Cantamutto, 2020).

Durante el gobierno de Fernández de Kirchner, la segunda organización que más protestó fueron los “vecinos”, con un descenso al quinto lugar durante el gobierno de Macri (de 218 a 119 eventos). Este colectivo es difícil de caracterizar dado que no suelen tener organizaciones que los preceden, más bien se reconocen por su pertenencia geográfica. Entre sus demandas durante el kirchnerismo encontramos como las principales el hábitat, infraestructura y transporte (48,62), la seguridad (22,94), la administración de justicia (16,97) –vinculada al caso Nisman y a otros de violencia institucional– y el gobierno (6,88). La demanda por el hábitat tiene dos explicaciones: por un lado, la cantidad de los cortes de energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el accidente de trenes en la estación de Once en 2012 generaron una gran controversia acerca de la responsabilidad del gobierno y contribuyó a elaborar un problema público en torno a la corrupción. Durante el macrismo, se observan varias diferencias en las demandas, a saber: administración de justicia (43,7), seguridad (24,37), hábitat, infraestructura y transporte (22,69) y gobierno (5,04); es decir que hay preponderancia de demandas vinculadas a la judicialización de los delitos y al mismo tiempo reclamos por incrementos de la seguridad, en un contexto de aval gubernamental a la actuación de las fuerzas policiales en lo que se conoció como la “Doctrina Chocobar” (Natalucci, Fernández Mouján y Mate, 2023). La demanda de gobierno tiene un descenso leve, dado que se mantuvo un alto cuestionamiento al desempeño de los funcionarios del gobierno vigente como del anterior por los casos de juicios por hechos de corrupción. Este tipo de demandas tuvo una centralidad importante en los cacerolazos antikirchneristas.

El caso de los empresarios tuvo una trayectoria similar a los vecinos, cuya participación en los eventos descendió del tercer tipo en importancia (155 eventos) durante el kirchnerismo, al sexto lugar en el gobierno de Macri (84 eventos). Sus demandas fueron principalmente sectoriales en ambos gobiernos, en especial política sectorial (64,52% y 65,48%) y política económica (15,48% y 11,9%). Ahora bien, hay una diferencia sustancial que permite explicar su trayectoria, se trata de la cuestión vinculada a la intervención y regulación del Estado en la economía, en especial por aquellas políticas que consideraban atentaban contra su rentabilidad, como las retenciones a las exportaciones, las restricciones a las importaciones y la implementación de la Ley de Abastecimiento. Durante el kirchnerismo, en tercer orden de importancia aparece la demanda por libertad de expresión, que permitió la articulación de diferentes sectores del empresariado contra la Ley de Servicios Audiovisuales. Esta incipiente articulación contribuyó a dotar de narrativas a los dos campos en disputa (kirchnerismo y antikirchnerismo), a la vez que propició la constitución del sector como una base de apoyo del PRO, en la medida en que representaba una alternativa a la “chavización” kirchnerista (Vommaro, 2017). En tal dirección, muchos dirigentes empresarios no solo aportaron fondos a la campaña electoral de Cambiemos, sino que fueron activistas e integraron las listas legislativas y puestos en el Poder Ejecutivo (Canelo, Castellani y Gentile, 2018). Luego de la asunción de Macri, las demandas se mantuvieron relativamente estables, sobre todo las dos primeras, solo cambió la demanda de libertad de expresión por la de gobierno (5,04). Lo destacable de este dato radica en la incorporación de este actor como parte de la base social de la coalición Cambiemos, pero el acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno en 2018 trastocó los acuerdos sectoriales-partidarios, puesto que implicó la reinstauración de aumentos de la carga fiscal, como la suba de las retenciones en 2018 y pagos de bonos a los trabajadores que eran costeados por los empresarios. La dificultad del gobierno en llevar adelante las reformas estructurales comprometidas con las élites económicas a cambio de su apoyo electoral junto con el fracaso de la política económica generaron tensiones y distanciamientos con el gobierno (Vommaro y Gené, 2023).

Un cambio significativo respecto de los actores que se movilizaron tiene relación con el incremento de la participación de las organizaciones partidarias, de 142 eventos con Fernández de Kirchner a 223 con Macri. La principal demanda entre 2011 y 2015 fue por administración de justicia y derechos humanos (24,65), centrada en el repudio a la violencia institucional y la represión, transversales tanto a aliados al gobierno como a la izquierda. La segunda demanda en importancia fue contra el gobierno (14,08), seguida por política económica (12,68). Esta última se dividió entre los que se movilizaron contra el impuesto a las ganancias, el rechazo a la inflación y la caída del salario –partidos de centroizquierda e izquierda–, y aquellos partidos de centroderecha que rechazaban la reestatización de YPF y las restricciones a la compra de dólares. Finalmente, la última demanda fue continuidad laboral (11,27), protagonizada por partidos de izquierda. Durante el gobierno de Macri, la demanda por política económica cobró centralidad con el 28,25%, seguida por administración de justicia (23,77), gobierno (20,63) y liberación de detenidos (12,11), en un contexto de profundización de la represión y criminalización de la protesta.

Las organizaciones de base territorial aumentaron su participación de 117 eventos a 186, de un período a otro. Su principal demanda en ambos gobiernos fue la asistencia social directa, con un incremento importante durante el gobierno de Cambiemos (32,48% y 46,77% respectivamente), que incluyó reclamos por aumento en programas sociales y asistencia alimentaria. Durante el kirchnerismo, las demandas fueron por hábitat (15,38%), administración de justicia (15,38%) y trabajo (9,4%), es decir, de tipo sectorial y vinculadas al mejoramiento de las condiciones de vida. Durante el macrismo, se produjeron cambios importantes respecto de sus demandas –se mantuvo como principal la asistencia social directa–: política económica (27,96), liberación de detenidos (9,68%) y administración de justicia (9,68%); es decir, de tipo más universal y de fácil articulación interorganizacional.

Por último, los familiares y amigos de víctimas protestaron principalmente por administración de justicia y derechos humanos, con altos porcentajes en ambos gobiernos: 79,44% y 87,41%. En el kirchnerismo, además, reclamaron contra el gobierno (14,95%), seguridad (9,35%) y hábitat, infraestructura y transporte (8,41%). En el macrismo, la segunda demanda fue por gobierno (13,33%), seguridad (12,59%) y testimonial en el cuarto lugar (4,4%). Como puede observarse, se trata de demandas bien diferentes que nos hablan de colectivos diversos que aun bajo la identificación de vecinos tenían pertenencias territoriales y adscripciones ideológicas amplias.

Las demandas políticas y la relación con el campo político

De acuerdo con nuestro argumento, en ambos períodos la movilización tuvo una estrecha relación con el campo político, donde los actores protagónicos apostaron por acuerdos con sectores partidarios y la vía electoral, lo que contribuyó a la formación de coaliciones competitivas para disputar las elecciones presidenciales y renovó las narrativas con las cuales pretendían ser representados por la élite. En este apartado nos concentramos en las demandas políticas6 como una entrada privilegiada para analizar su relación con el campo político en un doble sentido. Por un lado, para abordar cómo la protesta contribuyó a reelaborar las narrativas que luego sirvieron para la construcción de coaliciones partidarias exitosas electoralmente. En este sentido, proveyeron en términos instrumentales un stock disponible de recursos discursivos de los que la élite política se sirvió para legitimarse y competir en elecciones. Por otro lado, contribuyeron a la polarización del campo político en torno a dos concepciones sobre las formas deseables y legítimas de representación y dominación política: la gramática liberal que giró en torno a la idea de la república y la gramática movimientista estructurada en torno a la noción de democracia. Estas gramáticas de acción política en pugna otorgaron identidad y narrativas a ambos campos partidarios. En tal sentido, en la introducción mencionamos que aun con diferencias, las coaliciones que comparten un tiempo histórico tienen elementos comunes.

Fuente: elaboración propia a partir de Natalucci et al. (2022).
Nota: total demandas 2011-2019 (n = 4595).
En el gráfico 2 se observa un viraje en las demandas políticas con el cambio de gobierno en 2015. Para un análisis pormenorizado, decidimos construir subtipos de esta demanda: 1) gobierno, 2) antirrepresivo, 3) pedido por liberación de detenidos, 4) libertad de expresión, 5) respeto por la división de poderes; y 6) transparencia y anticorrupción.

Las demandas políticas del antikirchnerismo

Entre 2011 y 2015, la principal demanda fue por gobierno –en relación con el desempeño de funcionarios tanto en ejercicio como de mandato cumplido– con un pico en 2012, coincidente con los cacerolazos antikirchneristas. Le siguió en importancia estadística el reclamo por mayor transparencia y contra la corrupción, seguido por la libertad de expresión y el respeto a la división de poderes. Estas demandas fueron formuladas principalmente por colectivos de vecinos, empresarios y espacios partidarios que participaron en distintas manifestaciones contra el gobierno nacional. Se asentaron sobre la recreación de una gramática liberal de acción colectiva, que fomentaba formas de actuación y concepciones del campo político a partir de una tajante división entre lo público y lo privado y entre representados y representantes, así como la capacidad de estos últimos de monopolizar las decisiones y la actuación política (Natalucci, 2022). Esta lógica implica participar del espacio público para plantear demandas y replegarse al espacio privado para que las élites partidarias se ocupen de encontrar soluciones, en una concepción minimalista de la política, más que participativa. Algunos de estos colectivos (vecinos y empresarios) no suelen identificarse con una organización política y tienen una relación distante con la política y las instituciones, de la que suelen diferenciarse en su “apoliticidad”, lo que a la vez les sirve como forma de legitimar sus demandas.

El planteo de estas demandas y la revitalización de la gramática liberal fueron claves para el encuentro de quienes tenían una caracterización similar del gobierno y para la construcción de un acuerdo respecto de la necesidad de conformar una nueva representación política que pudiera tener peso para las elecciones de 2015. En principio, las consignas predominantes durante 2012 y 2013 son llamativas: “Que se vayan ellos” (en oposición al “Que se vayan todos” de 2001) y “somos el 46%” (en alusión al porcentaje que no había votado por Fernández de Kirchner en 2011). Así impugnaban el modo de hacer política del kirchnerismo al mismo tiempo que les permitía unificar a sectores diferentes. Siguiendo a Vommaro (2017), el 54% obtenido por la presidenta, sumado a una declaración en un acto público en el que se pronunció a favor del “vamos por todo”7 fueron claves en dos cuestiones. La primera, para el pasaje de la indignación a la calle. La segunda, el reclamo a sectores de la oposición para que se unieran contra el kirchnerismo. Los actores movilizados caracterizaron al kirchnerismo como una suerte de “jacobinismo estatalista” (2017: 31), cuyas leyes y normativas amenazaban sus intereses –ley de medios, reforma judicial, memorándum con Irán, etc.–, por lo que se colocaron en una posición de “alerta”.

El segundo acontecimiento clave fue la discusión por la reforma judicial, que el gobierno impulsó con el proyecto de ley de democratización de la justicia en marzo de 2013. Como se observa en el gráfico 2, la demanda por “respeto a la división de poderes” estuvo presente en quince eventos en 2013. Para oponerse a su tratamiento y conseguir apoyos, sectores de la oposición armaron una carpa blanca frente al Congreso. Aunque la ley se aprobó en abril de ese año, significó una derrota política para el gobierno: primero, este pagó un alto costo ante la opinión pública sin que se efectivizara la reforma; segundo, propició que la oposición pudiera congregarse por sobre sus diferencias político-partidarias. El 18 de abril se organizó el tercer cacerolazo del ciclo (18A), en el que se sumaron sectores del Poder Judicial. Así, se instaló la idea de avasallamiento del Ejecutivo sobre el Judicial, lo que permitió el acercamiento de posiciones hasta entonces divergentes.

El tercer acontecimiento se relacionó con el suicidio de Alberto Nisman, fiscal a cargo de causas vinculadas al atentado a la AMIA y que días atrás había pedido la indagatoria a la presidenta por el memorándum Argentina-Irán. Luego del descubrimiento del cuerpo en su domicilio, sectores político-partidarios y judiciales opositores construyeron una versión acusatoria contra la presidenta y organizaron una serie de marchas para pedir el “fin de la impunidad”. El evento más importante fue la marcha del silencio –que en Argentina suelen estar asociadas a reclamos de víctimas de delitos perpetrados por violencia institucional– “18F. Homenaje a Alberto Nisman”, en la que participaron cerca de 200.000 personas en la Plaza de Mayo. Los organizadores pertenecían al ámbito judicial –fiscales, jueces y dirigentes sindicales–, lo que reforzó la idea de la justicia independiente como baluarte de la república frente al autoritarismo kirchnerista.

En suma, estas protestas fueron decisivas para la elaboración de una narrativa antikirchnerista fundamentada en la gramática liberal que modificó las relaciones de fuerza entre los actores. La emergencia del sector “anti-k” y su presencia en la calle fue clave para la visibilización de un sector político en disponibilidad (Torre, 2017). El carácter “autoconvocado” reforzó esta idea y abrió la posibilidad de que distintos sectores de la oposición pugnaran por su representación e intentaran establecer un diálogo con los manifestantes. Si bien esta relación no estuvo exenta de tensiones (Annunziata y Gold, 2018), permitió la convergencia en una apuesta electoral finalmente captada por el PRO como socio mayor de la coalición Cambiemos en 2015.

Las demandas políticas de los movimientistas

De acuerdo con el gráfico 2, durante el gobierno de Macri las demandas de gobierno tuvieron una oscilación similar al gobierno de Cristina, con altas frecuencias en los dos primeros años de la gestión que reflejan protestas opositoras. Durante el gobierno de Cambiemos, estas demandas se orientaban contra todo el gobierno o con pedidos de renuncia de funcionarios específicos, como el caso de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por los casos de represión y violencia institucional.

Las demandas políticas asociadas a la gramática liberal –lucha contra la corrupción, a favor de la transparencia o el respeto a la división de poderes– tuvieron un marcado descenso luego de 2015. Esto no puede atribuirse a la resolución de aspectos estructurales o de la dinámica política, sino más bien a la desmovilización de los actores sociales aliados a Cambiemos luego de las elecciones. Así, se abrió una nueva temporalidad, en la que la disputa política se reorientó en dos direcciones: 1) a las consecuencias del giro neoconservador de la política económica, y 2) al cuestionamiento a la política antirrepresiva y la liberación de detenidos, presos políticos, en una clave que se fue conjugando en términos de la defensa de la democracia y los derechos humanos. Así, durante el macrismo, la protesta viró hacia la defensa de los valores democráticos bajo la idea de “resistencia”. Estas ideas fueron claves para la construcción de una nueva narrativa, que inspiró la conformación del Frente de Todos, que, como su nombre y acciones lo indican, implicaba la reconfiguración del campo político en una clave de inclusión o integración de todas, todos y todes.

El eje antirrepresivo tuvo su primer acontecimiento con la detención de la dirigente social jujeña Milagro Sala el 16 de enero de 2016 por parte del gobierno de Jujuy –del mismo signo político que el nacional y avalado por él–, lo que adelantó cuál sería el tratamiento de Cambiemos hacia los opositores. Durante ese año se produjo la mayor cantidad de eventos con demandas por la liberación de detenidos, que fueron extendiéndose al territorio nacional. Apenas se conoció la detención de Sala, un conjunto amplio de organizaciones de base territorial y sociales, tanto del peronismo como de la izquierda, iniciaron una serie de protestas, incluido un acampe de 15 días en la Plaza de Mayo para exigir por su liberación.

El otro acontecimiento fue la desaparición de Santiago Maldonado el 1º de agosto de 2017, durante la represión de la Gendarmería a una protesta de la comunidad mapuche Pu Lof en Chubut. Esta trágica situación motivó a las organizaciones a movilizarse por la aparición con vida y en contra del accionar represivo, principalmente señalando a Bullrich como responsable. En ese año se dió la mayor cantidad de demandas contra la represión, convocadas por organizaciones de distinto tipo, principalmente familiares y amigos de víctimas (con un rol destacado por parte del hermano de Santiago, organizaciones partidarias y de base territorial). En noviembre, se sumaron el asesinato de Rafael Nahuel durante un operativo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval y la creación de la Gestapo Sindical o “GestaPRO”, un grupo conformado especialmente para realizar acciones de espionaje y armado ilegal de causas penales contra dirigentes sindicales.

Finalmente, durante la discusión parlamentaria por la reforma previsional entre noviembre y diciembre, el gobierno nacional reprimió severamente a los manifestantes frente al Congreso. Este último marcó un quiebre en la legitimidad del gobierno, que venía de ganar en las elecciones de medio término a nivel nacional y que pagó un alto costo político debido a la dura represión, pero también porque en el discurso público prevaleció la idea de la reforma como un ajuste contra los haberes jubilatorios. Así, durante 2017 se fue construyendo una narrativa contra la represión y la defensa de las garantías individuales. No obstante esta cuestión, es cierto también que se fueron corriendo los márgenes del consenso construido en la transición democrática en torno al rechazo a la represión política del gobierno en contextos de protesta. Si bien Maldonado no fue el primer desaparecido de la democracia, marcó un cambio de paradigma de la persecución del gobierno respecto de los que se oponían a sus políticas, que fue acompañada además por la defensa de funcionarios de primera plana a la actuación de las fuerzas de seguridad.

En repudio a este conjunto de hechos, se fue conformando el eje antirrepresivo que permitió, junto con el eje contra la política económica, la articulación entre organizaciones de distinto tipo en las calles, muchas de las cuales luego conformaron el Frente de Todos. En este contexto, surgió la consigna “Hay 2019”, que sintetizaba dos cuestiones. Primero, la voluntad de distintos espacios políticos, peronistas y no peronistas, de construir un frente amplio que se proyectara como una alternativa electoral para las elecciones de 2019, sorteando las diferencias que habían tenido durante el último gobierno kirchnerista. La segunda remite a la movilización como espacio de socialización y de reencuentro de sectores que se habían distanciado.

Durante este período, se produjo un proceso creciente de articulación interorganizacional: mientras que entre 2011 y 2015 solo en el 3,6% de los eventos participaron tres tipos de organizaciones y en el 1,6% cuatro, en 2016-2019 en el 7,5% participaron tres y en el 6,2% cuatro. En general se trató de manifestaciones organizadas por centrales sindicales, CGT, CTA-A y CTA-T, y de la economía popular, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Se organizaron varias marchas federales en paralelo a la conflictividad sectorial, que, como vimos en la primera sección, se concentró fuertemente en los sindicatos. La primera se organizó entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre de 2016, por la CTA-T y la CTA-A, con la participación de sindicatos de la CGT y partidos políticos. La demanda se orientó al rechazo a las medidas económicas. La consigna “Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode” expresaba un intento de convergencia de los sectores perjudicados por la política económica del gobierno más allá de los alineamientos de las élites. En abril de 2017, la CGT impulsó el primer paro nacional, al cual adhirieron otras centrales sindicales de trabajadores. En noviembre se produjo otro hito importante de articulación a propósito del envío del gobierno del proyecto legislativo de reformas (laboral, previsional) que profundizó los vínculos en el interior del mundo sindical entre todas las fracciones (moyanismo, Corriente Federal, “gordos”, “independientes”, CTA-T, CTA-A), que fue decisivo no solo para impedir la reforma laboral, sino también para instalar que la estrategia no debía ser sectorial, sino política en el sentido de ampliar la confluencia. En 2018, el moyanismo impulsó multisectoriales en todo el país, conocidas como 18F por la fecha de un acto multitudinario convocado por Hugo Moyano. Entre el 28 de mayo y el 1º de junio se organizó otra marcha federal, que culminó con un acto multitudinario en la Plaza de Mayo, organizada por la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). En septiembre se realizó el segundo paro general de la CGT, también con una confluencia organizacional significativa.

La mención de eventos con alta articulación nos permite comprender, por un lado, el pasaje de la protesta sectorial a políticas en un sentido de generalización de demandas particulares. Por otro lado, permite dilucidar cómo los eventos de protesta no solo se orientaban a cuestionar al gobierno, sino también a poner en debate una estrategia política. Es decir, no se trataba solo de una lógica “nosotros/ellos”, sino también de cómo reeditar un “nosotros”. En tal sentido, la protesta se configuró como un espacio de socialización y articulación política en la que construir un horizonte de cambio político estructural.

Reflexiones finales

En este artículo nos propusimos analizar las relaciones y tensiones entre el campo de la movilización y el campo político para indagar sobre las posibilidades de construir representaciones políticas. Nuestro argumento se orientaba a que en el período 2011-2019 la movilización había tenido una estrecha relación con el campo político, donde los actores protagónicos apostaron por acuerdos con sectores partidarios para la formación de coaliciones competitivas que pudieran disputar las elecciones presidenciales. Para esto utilizamos un método mixto, en el que combinamos datos cuantitativos y cualitativos. Si bien la estadística de protesta no permite profundizar en episodios específicos y no siempre la cantidad de eventos es determinante para sus efectos políticos, lo cierto es que proporciona un mapa general que permite establecer relaciones entre organizaciones y demandas que es clave para entender los aspectos generales de la dinámica sociopolítica. Para cubrir esta falencia metodológica, reconstruimos a partir de datos cualitativos los episodios, narrativas y coyunturas críticas, que nos permitieran entender cómo ciertos eventos se habían constituido como espacios de socialización política.

Como mencionamos en la sección teórica, instituir un nuevo modo de representación política no se restringe a una relación bidireccional entre representante y representado, sino a una triádica donde, como acto, se configura el objeto de la representación. Recapitulando, durante el último gobierno kirchnerista, las organizaciones de gramática liberal construyeron una narrativa orientada a la república y reivindicaron las libertades individuales y los cuestionamientos a la intervención del Estado sobre la vida social. Durante el gobierno de Cambiemos, la movilización tuvo otras características respecto del campo político. Por un lado, el espacio liberal –organizado alrededor de actores judiciales, empresariales y mediáticos, sin tanto entrenamiento en la movilización– se desmovilizó y se replegó al ámbito privado una vez ganada la elección de 2015. Por otro lado, la gran capacidad articulatoria de las organizaciones movimientistas permitió que la protesta se conformara como un espacio de socialización y de reencuentro para reeditar un “nosotros” que se había roto en el kirchnerismo. En este proceso, el acento estuvo puesto en estrechar lazos entre el campo de la movilización y el político, sin prestar atención a la construcción de una narrativa unificada o un horizonte en común. Una vez ganadas las elecciones por el Frente de Todos, el espacio movimientista –liderado por organizaciones cuya representación y legitimidad deviene justamente de su socialización política en la acción colectiva– pretendió capitalizar el triunfo electoral e influir y participar del gobierno, pero manteniendo la movilización como un recurso político. En términos de gobernabilidad, esto presenta el siguiente desafío: un alto nivel de movilización, pero no solo de los adversarios político-partidarios, sino también de los aliados.

Por las características de sus organizaciones y demandas, la confluencia y articulación del espacio antikirchnerista fue compleja y trabajosa, pero más fácil de sobrellevar la relación con el gobierno una vez conseguido el objetivo de ganar las elecciones. Así, la coalición Cambiemos se enfrentó a menos desafíos en la movilización, toda vez que sus bases electorales se habían desmovilizado y quienes se mantenían en la calle eran abiertamente opositores. Contrariamente, en el caso de los movimientistas hay mayor disponibilidad y experiencia para los ciclos contenciosos, pero durante los gobiernos no hay desmovilización, sino mayor conflictividad para incidir en su orientación y dirección. Tal vez estas cuestiones –falta de narrativa y horizonte común y alta movilización– expliquen el derrotero del gobierno del Frente de Todos. Pero esto será objeto de otro escrito.

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La representación en acción

Ana Natalucci, Ernesto Mate y Victoria Vizcaíno