Dossier: “Tensiones alrededor de la movilización social y política”

Amo Córdoba, pago mis impuestos.1 La cuestión fiscal como núcleo de involucramiento político de las élites en la estructura social cordobesa

I love Córdoba, I pay my taxes. The tax issue as a core of political involvement of the elites in the social structure of Córdoba

Paulina Santa Cruz, Emilia Schaigorodsky y Gonzalo Assusa2

Resumen

Los estudios sociológicos sobre participación de las élites empresariales en los mundos políticos durante el siglo XXI han registrado una tendencia a la fragmentación y una escasa coordinación entre agentes empresariales. En este artículo mostraremos que, en paralelo a la trama institucional y corporativa que articula a entidades empresariales, existen dispositivos de aglutinación simbólica de las élites, entre los cuales el trabajo político en torno a la cuestión impositiva como amenaza moral y económica juega un rol destacado.

¿Qué lugar ocupa (y ha ocupado a lo largo del siglo XXI) la cuestión impositiva en el involucramiento de las élites empresariales en disputas políticas y debates públicos? ¿Qué diagnósticos sobre el Estado y dilemas distributivos se ponen en juego en dicho involucramiento?

Para abordar las preguntas propuestas, nuestro estudio presenta un diseño metodológico mixto. En primer lugar, utilizamos datos estadísticos nacionales e internacionales actuales con el objetivo de mapear las preferencias redistributivas de las élites comparadas con el resto de las posiciones en la estructura social. En segundo lugar, analizamos cualitativamente una diversidad de materiales de campo para comprender el modo en el que el dispositivo simbólico de la cuestión impositiva articula, a la vez, la necesidad y los mecanismos de involucramiento político y la estructuración de los diagnósticos comunes sobre el Estado y el sector público entre élites empresariales de la provincia de Córdoba.

Palabras claves: élites, impuestos, involucramiento político, disputas distributivas, desigualdad.

Abstract

Sociological studies on participation of business elites in political realms during the 21st century have documented trends towards fragmentation and limited coordination among business agents. This article demonstrates that, alongside the institutional and corporate net that binds business entities, there are mechanisms for symbolic agglomeration of elites. Among these mechanisms, political engagement concerning taxation issues as a moral and economic threat plays a prominent role.

What position does taxation occupy (and has occupied throughout the 21st century) in the involvement of business elites in political disputes and public debates? What assessments of the state and distributive dilemmas are brought into play in such involvement?

To address these questions, our study employs a mixed-methodological design. First, we use current national and international statistical data to map the redistributive preferences of the elites compared to other positions within the social structure. Secondly, we conduct a qualitative analysis of a variety of field materials to understand how the symbolic mechanism of taxation issues articulates both the necessity and mechanisms of political involvement and the structuring of common diagnostics about the state and public sector among business elites in the province of Córdoba.

Keywords: elites, taxes, political involvement, distributive disputes, inequality.

Introducción

Las imágenes de movilización política más típicamente incrustadas en la retina son las de las organizaciones sociales y políticas de las clases populares y sus diversas redes de intercambio con el sistema de partidos y coaliciones políticas en Argentina (Auyero, 2001). El poder de las élites, sectores dominantes, o los privilegiados de la estructura social, en cambio, transcurriría (normalmente) en el plano de la invisibilidad, tras bambalinas, con la sutileza de la distinción.

Los modos de involucramiento político de las élites empresariales se encuentran, en la actualidad, en el centro de la escena. Durante el gobierno de Mauricio Macri, diversos diagnósticos apuntaron a las sociabilidades y horizontes de sentidos compartidos entre la coalición Cambiemos y miembros de las élites socioeconómicas que formaron parte de los elencos del Estado nacional o, como mínimo, apoyaron abiertamente las medidas llevadas adelante por dicha gestión (Gessaghi, Landau y Luci, 2020; Canelo, 2019). Más acá en el tiempo, a comienzos de 2024, se despliegan las primeras medidas de un gobierno de derecha novedoso tanto en sus planteos económicos y políticos como en los mecanismos de interpelación extrapartidarios que pone en funcionamiento (Semán et al., 2023). Si bien es esperable una transformación del vínculo entre las élites económicas y el nuevo gobierno, rápidamente algunas de las principales organizaciones empresariales han mostrado adhesión a las medidas propuestas desde el Ejecutivo nacional.3 Antes que interpretar de manera lineal los posicionamientos de las élites empresariales, las páginas que siguen buscarán esbozar interrogantes sobre cómo se configuran y llegan a ser posibles.

En los últimos años, las ciencias sociales han quebrado el foco exclusivo en las nuevas formas de política territorializada y en el “barrio” y la “ruta” como únicos locus sociológicos de la acción colectiva (Svampa y Pereyra, 2003; Merklen, 2005), para interrogarse seriamente por el mundo de “arriba” y sus formas específicas de participar, involucrarse e intercambiar en/con el mundo de la política. Su carácter de minoría (intensa) en términos poblacionales no le resta importancia a este vínculo entre las posiciones con mayor capacidad de acumulación y acaparamiento en la estructura social y el campo político-estatal, justamente porque las estrategias políticas no ocupan un lugar secundario o supletorio en la construcción de su lugar en las jerarquías sociales, sino que son parte fundamental de sus estrategias de reproducción social. De la misma manera, el “cómo” de tales estrategias posee una importante capacidad de incidencia en las dinámicas de reproducción de la sociedad en su conjunto.

El presente artículo toma la invitación formulada por el dossier para reflexionar sobre las formas que asumen la movilización social y política a comienzos del siglo XXI, a partir de interrogantes sobre su configuración en las élites empresariales argentinas en general y cordobesas en particular. Como punto de partida, entendemos, junto con referencias centrales en la teoría sociológica y la sociología política, que las ideas o acciones políticas distan de ser un reflejo automático de las posiciones de la estructura social (Gaxie, 1980). Las élites y sectores dominantes no son una excepción al respecto.

Antecedentes, contexto, metodología y construcción del problema

La participación de las élites empresariales en los mundos políticos ha sido extensamente estudiada por las ciencias sociales a nivel mundial, y en América Latina en especial, de la mano de distintas épocas y acontecimientos (Khan, 2012; Heredia, 2005). En las últimas dos décadas, múltiples esfuerzos se han concentrado en caracterizar los rasgos de la participación política de las élites ante el llamado “giro a la izquierda” (como ejemplo, ver Serna, 2013); y luego ante la proliferación de demandas sociales conservadoras y de restauración en un nuevo período de giro hacia la derecha en diversos países (Nercesián, Robles-Rivera y Serna, 2023).

En Argentina, el panorama desde comienzos del siglo XXI muestra aportes desde diversas perspectivas. Algunos de estos trabajos hicieron foco en la acción empresarial organizada a través de sus organizaciones representativas (Dossi y Panero, 2022; Dossi y Dulitzky, 2018; Dossi, 2011). Otros estudiaron las formas de articulación público-privada entre el empresariado y el Estado, apoyados en los conceptos de puertas giratorias y captura del Estado.4 Una tercera línea se pregunta por la configuración de su socialización y sociabilidades políticas en relación con clivajes sociales extraeconómicos (Donatello, 2013 y 2011). Finalmente, los estudios indagaron sobre las distintas formas de involucramiento de agentes empresariales particulares en organizaciones partidarias y sobre su participación en gestiones de gobierno (Gené y Vommaro, 2023b; Gessaghi, Landau y Luci, 2020; Gené, 2018).

Una de las premisas que atraviesan gran parte de estos trabajos es el registro de la fragmentación y la heterogeneidad de intereses dentro del universo de organizaciones empresarias (Dossi, 2011), tanto como la escasa coordinación política entre distintos agentes empresariales (Gené y Vommaro, 2023a; Gené y Vommaro, 2023b). Este diagnóstico es central para nuestros intereses de investigación, dado su acento puesto en los dispositivos institucionales y corporativos (entidades aglutinadoras, mediaciones partidarias) con capacidad para organizar las diversas formas en las cuales las élites empresariales se movilizan en el mundo político. En este artículo mostraremos que, en paralelo, existen dispositivos de aglutinación simbólica (sentimientos de amenaza/pánico moral de las élites), entre los cuales una percepción común sobre los impuestos en estos grupos juega un rol destacado.

¿En qué momentos y de qué maneras las élites empresariales cordobesas llegan a sortear el escenario de intereses fragmentados y se “involucran” en discusiones públicas con cierta imagen de homogeneidad? ¿Qué lugar ocupa (y ha ocupado a lo largo del siglo XXI) la cuestión impositiva en el involucramiento de las élites empresariales en disputas políticas y debates públicos? ¿Qué diagnósticos sobre el Estado y dilemas distributivos se ponen en juego en dicho involucramiento?

La hipótesis con la que trabajamos en este artículo es que la cuestión impositiva resulta un elemento aglutinador y un catalizador privilegiado del involucramiento de las élites en el mundo político/público de Córdoba, Argentina (mucho más que, por ejemplo, los debates sobre las políticas, los modelos y las matrices productivas del país, sobre los subsidios a los servicios públicos, sobre las economías regionales, e incluso sobre las transferencias condicionadas de ingresos). Si bien este proceso de ordenamiento hegemónico de las élites en torno a la cuestión impositiva ha tenido distintos momentos de saliencia política en el siglo XXI, su presencia en la agenda empresarial ha sido una constante y ha ido creciendo con fuerza en los últimos años, y el actual estado de institucionalización de las articulaciones organizativas de las élites cordobesas puede leerse como un emergente, en gran parte, de los conflictos fiscales-distributivos de nuestro siglo.

Nuestro abordaje se concentra menos en la representación corporativa de las élites cordobesas que en la manera en la cual los eventos políticos-fiscales de las últimas tres décadas a nivel nacional y provincial inciden, son apropiados e interpretados. A decir de Bourdieu (1990), nos orientamos hacia el vínculo entre la posición objetiva y las tomas de posición que hacen a la movilización política. Hablamos de la cuestión impositiva como driver de unicidad perceptual de las élites en la arena pública en la medida en que los impuestos como tópico no resultan un fin en sí mismo (el tributarismo sigue siendo, en parte, tierra de técnicos y especialistas), sino una especie de puente analítico (Semán y Welschinger, 2023) que condensa un diagnóstico común sobre el Estado. Como sostiene Jorge Atria (2022) desde la perspectiva de la sociología fiscal, la cuestión impositiva funciona como una clave de acceso metodológico a la relación entre Estado y ciudadanías (incluyendo aquellas que ocupan la cumbre de la estructura social), a las ideas de legitimidad y justicia y a la construcción de capacidades estatales de diverso tipo.

Entendemos, además, que el foco en Córdoba es relevante para la comprensión del involucramiento político de las élites, ya que la provincia es sitio de importantes organizaciones empresariales y económicas (Heredia, 2015), lugar privilegiado de desarrollo del modelo de acumulación predominante en las últimas décadas, a la vez que de pujas entre distintos niveles del Estado, y sede de un electorado consolidadamente orientado a opciones opuestas a las fuerzas políticas identificadas con el progresismo. En este sentido, la provincia mediterránea ocupa un lugar vital en la geografía imaginaria de la Argentina productiva, y se ha vuelto un actor central en la disputa política por la construcción de un modelo productivo y de gestión de la economía.

Distintos estudios han mostrado que la aplicación del modelo político del Consenso de Washington en la década de 1990 redundó, entre múltiples efectos, en la descentralización de funciones de gobierno desde el Estado nacional a las provincias, la posterior fragmentación entre la disputa política a nivel nacional y provincial, y el fortalecimiento de los gobiernos provinciales como interlocutores políticos. Como sostiene Manzanal, los ejecutivos provinciales se reconfiguran como “fuerza negociadora frente al Ejecutivo nacional en una variada gama de temas federales, como la coparticipación de impuestos, el régimen fiscal y la distribución del gasto social” (2006: 42), y como mediadores para la acción política de otros sectores de la sociedad.

A la par de su importancia como segundo distrito poblacional y económico del país, Córdoba fue el sitio de una reforma del Estado orientada a la implementación de parámetros neoliberales de gestión a partir de la llegada al gobierno de José Manuel de la Sota (Reynares, 2017). Si bien en la década de 1990 se habían aplicado medidas de austeridad fiscal y criterios de gestión estatal centrados en el ámbito financiero ante el impacto de la crisis del “efecto tequila” (Riorda, 2004), en los años 1999 y 2000, con el cambio de gestión de gobierno provincial, se agudizó y cristalizó institucionalmente el nuevo parámetro estatal. Allí el aumento de la capacidad y volumen de recaudación del Estado provincial fue prioritario, con medidas de incentivo como la disminución del 30% del monto de los impuestos, la implementación de moratorias para el pago de obligaciones y una campaña publicitaria para el estímulo del cumplimiento de pago. Su mensaje era inequívoco: el pago de tributos, con el Estado en un claro rol de administrador, se traduce en servicios para los cordobeses. Como reza la canción que titula este artículo, “Amo Córdoba, por supuesto. Amo Córdoba, pago mis impuestos”.5

Los procesos de descentralización y la reforma estatal a nivel provincial contribuyeron a un mayor espesor de la construcción simbólica de la provincia en términos de excepcionalidad respecto del país en su conjunto y la capital nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que Riorda (2004) describe como el mito de Córdoba “la isla”. Más aún, la confrontación política en el siglo XXI se encarnó en la oposición entre la conducción del Estado provincial por parte de la coalición Unión por Córdoba y el Estado nacional, con las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En Córdoba, la distinción se tradujo en la oposición kirchnerismo/antikirchnerismo, siendo este último predominante y caracterizado en su versión provincial como una disputa contra el avasallamiento del Estado nacional y la extracción de recursos económicos de la provincia (Quirós, 2016).

La confrontación reconoció diversos acontecimientos que desbordaron la puja entre conducciones de los niveles del Estado y dejaron su impronta en la movilización política fuera de los partidos. Uno de los principales, en lo que respecta al impacto en el sector empresarial, fue el llamado “conflicto del campo”. Este se desató a partir de la Resolución N° 125 del Ministerio de Economía de la Nación, en la que el gobierno nacional “anunció un nuevo aumento de las retenciones –llevando dicho impuesto del 35% al 44% en el caso de la soja–, dándole un carácter móvil para acompañar las variaciones de los precios internacionales” (Gras, 2012: 477), núcleo disparador de la escalada en la contienda. Tras aquel episodio, se sucedieron cuatro meses de conflicto, “cortes de ruta, movilizaciones y el cese de la comercialización de productos” (ídem). En la provincia, con fuerte presencia del sector agropecuario y otros afines, se selló una alianza común del gobierno provincial y las cúpulas empresarias en la disputa con el “kirchnerismo”.

Para abordar las preguntas propuestas, nuestro estudio presenta un diseño metodológico mixto, que combina una diversidad de materiales y trabajos de campo. En primer lugar, echamos mano a datos estadísticos de Latinobarómetro, World Values Survey y la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social de Argentina y Políticas Públicas durante la pandemia por covid-19 (ESAyPP/PISAC-Covid19), con el objetivo de mapear las preferencias redistributivas actuales de las élites comparadas con el resto de las posiciones en la estructura social. En segundo lugar, analizamos cualitativamente una diversidad de materiales de campo (documentos de organizaciones empresariales; discursos/intervenciones de empresarios en 25 foros, charlas, conferencias, etc., y 41 entrevistas en profundidad realizadas entre 2015 y 2020), para comprender el modo en el que el dispositivo simbólico de la cuestión impositiva articula, a la vez, la necesidad y los mecanismos de involucramiento político y la estructuración de los diagnósticos comunes sobre el Estado y el sector público entre élites empresariales de la provincia de Córdoba. Finalizamos nuestro artículo sistematizando una serie de hallazgos sobre la relación entre élites, impuestos e involucramiento político en la Argentina.

¿Podemos hablar de una percepción común sobre los impuestos entre las élites en Argentina?

El objetivo de este apartado no es construir modelos estadísticos de carácter demostrativo o explicativo sobre la relación entre clases sociales y posicionamiento político frente a la cuestión impositiva. Antes bien, lo que proponemos aquí es establecer un telón de fondo interpretativo sobre nuestro supuesto acerca del carácter común y relativamente unificado de las percepciones impositivas entre las élites (en referencia al resto de la población).

En el comienzo del artículo sostuvimos que la percepción común sobre los impuestos constituye un dispositivo de aglutinación simbólica basamental para el involucramiento político de las élites empresariales en Córdoba, en parte por condensar un diagnóstico común sobre el Estado, su funcionamiento y su rol en la economía. Ahora bien, ¿por qué podemos decir que existe una percepción común y, por añadidura, distintiva de las élites sobre la cuestión impositiva?

Cuando hablamos de élites, nos asentamos en una definición amplia y flexible de este grupo en términos relacionales. Concretamente, nos basamos en las ideas de Tilly (2000, en la lectura realizada por Donatello, 2013), según las cuales podemos comprender a las élites como los agentes sociales beneficiados por los mecanismos de desigualdad de explotación y acaparamiento de oportunidades. En el plano teórico, la comprensión por mecanismos (Tilly, 2000) implica la búsqueda histórica y no prefijada del vínculo entre los agrupamientos objetivos, tomas de posición e involucramientos políticos. A la vez, esta definición resalta la ineludible mediación de las percepciones comunes, aunque no homogéneas y estables, que hacen al involucramiento en ciertos tipos de relaciones.

Los estudios en sociología política basados en datos de opinión pública han encontrado, a menudo, problemas para establecer una relación estadísticamente significativa entre la pertenencia a clases populares y el apoyo a políticas redistributivas (del tipo que fuere), una relación “esperable” dados los “intereses objetivos” de quienes ocupan las peores posiciones en la estructura social (Choi, 2019). En contraposición, echando mano a fuentes y relevamientos tanto nacionales como internacionales, podemos decir que el posicionamiento de las élites respecto de la agenda impositiva (en el marco más amplio de las disputas redistributivas) muestra tendencias esperables y distribuciones claramente interpretables.

Junto con Costa Rica, Perú y Uruguay, Argentina está entre los países del continente con mayor declaración de evasión impositiva, de acuerdo con los datos del Latinobarómetro para el año 2020. Coincidente con esta tendencia, la evasión impositiva se volvió progresivamente menos condenable en el tiempo. La categoría “nada justificable” en la pregunta sobre “cuán justificable cree que es evadir impuestos” pasó del 73,9% en 2013 al 37,9% en 2023 (disminuyó a prácticamente la mitad).

Este proceso va, sin dudas, de la mano del deterioro de la legitimidad estatal, traccionado por la saliencia crítica de la corrupción como temática central de la agenda política: en el mismo período, la creencia en que el progreso en la reducción de la corrupción del Estado había sido nula en el país pasó del 28,9% al 55,4% (prácticamente el doble). Estos datos se condicen con aquello que Comba (2019) señala como técnicas de inmuno-ocultamiento, que tienen por efecto invisibilizar la evasión al fisco en el agro como un problema constitutivo del ordenamiento social en Argentina. La autora indica que estos delitos se inmunizan cuando, dentro de los principales problemas públicos a resolver, la evasión de impuestos no se percibe como problemática relevante a ser atendida. En efecto, los delitos de evasión no se presentan como problemas acuciantes en relación con otros, como la corrupción, el antagonismo político o la política macroeconómica.

En nuestro país (según datos del Latinobarómetro para el año 2020), la declaración de haber evadido entre encuestados del tramo más alto de ingresos duplica la declaración de evasión entre encuestados pertenecientes al tramo de ingresos más bajo (60% contra 28,6%). Esto debe leerse como algo más que disposiciones subjetivas diferenciales al cumplimiento fiscal, aunque la homología de esta distribución con la creencia en que no hay avances en la reducción de la corrupción estatal (30% en el tramo más bajo de ingresos contra 58,6% en el tramo más alto de ingresos) refuerza también esta idea. Pero es central comprender que esta tendencia implica, también, una desigual distribución de las oportunidades de evasión entre quienes tienen la totalidad de sus ingresos afectados al consumo (principalmente gravados por impuestos indirectos) en comparación con quienes son afectados en parte (variante) por otro tipo de impuestos (a la renta, a la propiedad, a las compras en moneda extranjera, etc.).

Tendencias similares pueden encontrarse en la World Values Survey en Argentina. En términos globales, en el país entre 2013 y 2017 la condena sobre la evasión impositiva tiende a caer considerablemente: la categoría “nunca justificable” pasa del 84% al 67%. Lo mismo puede encontrarse en relación con el consenso en torno a políticas fiscales progresivas (aunque de manera mucho más marcada), que tendió a caer entre 2005 y 2017: la máxima categoría de acuerdo con que es una característica esencial de la democracia que el gobierno deba cobrar impuestos a los ricos para subsidiar a los pobres pasó del 28,4% en el primer año al 13,5% en el último. Además, la distribución resulta homóloga a la descripta previamente en relación con la evasión: a mayor posición en la jerarquía económica, menor apoyo a la progresividad impositiva. En 2017, la máxima categoría de acuerdo con que es una característica esencial de la democracia que el gobierno deba cobrar impuestos a los ricos para subsidiar a los pobres representaba el 25,6% de los encuestados pertenecientes a tramos de ingresos bajos, contra el 5,1% de los encuestados pertenecientes a tramos de ingresos altos.

Finalmente, la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social de Argentina y Políticas Públicas durante la pandemia por covid-19 (ESAyPP/PISAC-Covid19) ofrece datos sobre preferencias impositivas. Este relevamiento tiene la particularidad de contar con una importante cantidad de casos a nivel nacional en 2021, además de información detallada sobre estratificación social de la muestra. Esta fuente ofrece evidencia para registrar que el porcentaje de desacuerdo con medidas con relativo consenso social en el contexto de crisis pandémica, como el aporte solidario (conocido también como impuesto a las grandes fortunas), era entre empresarios y directivos de alto nivel (alrededor del 1% de la población total)6 el doble que en el promedio de la población (33,3% de desacuerdo contra un perfil medio de 17,6%). Algo homólogo sucede con el porcentaje de desacuerdo ante un aumento futuro de los impuestos a la riqueza: entre empresarios y directivos de alto nivel, el desacuerdo era del 37,5%, contra el 19% para el perfil medio de la población.

Como se observa en otros trabajos, la posición en la estructura social constituye un factor con significatividad estadística para explicar las preferencias impositivas (por lo menos, las de posiciones más encumbradas y con mayor poder de acumulación y acaparamiento de recursos de poder), incluso controlado por predictores clásicos como edad, sexo, nivel educativo e ideología política, entre otros (Elbert y Morales, 2024). Más allá de los sentidos en torno a lo impositivo que caracterizaremos en este artículo como parte de un dispositivo de aglutinación simbólica para el involucramiento político de las élites, entendemos que el carácter común de la percepción de las élites sobre los impuestos excede a la trama organizativa e intelectual del empresariado y encuentra un fundamento tendencial claro en su posición jerárquica en la estructura social.

Es interesante, por último, señalar que esta distribución marca tendencias no solamente en materia de progresividad impositiva (con menor acuerdo entre las élites que en el resto de la población), sino también en relación con el cumplimiento o la evasión (más declarada como práctica y justificada entre las élites que en el resto de la población).

Amplios acuerdos y experiencias compartidas: el trabajo político de los impuestos

Como constatamos en estudios precedentes (Schaigorodsky, 2021; Santa Cruz, 2023), los empresarios cordobeses sostienen percepciones homogéneas sobre las cuestiones tributarias, más allá del tamaño de sus empresas, de las ramas de actividad económica a las que pertenezcan, de sus orígenes de clase y/o de sus trayectorias biográficas y sociales. Este registro conduce a interrogantes sobre cómo llegaron a estabilizarse tales nociones, más allá de las acciones de representación corporativa ante otros actores sociopolíticos. Dichas percepciones están atravesadas por cuestionamientos morales y económicos al sistema tributario. Los primeros expresan objeciones a los impuestos vinculadas a las inmoralidades en la administración y destino de los recursos tributarios (corrupción, egoísmo, avaricia, ambición de funcionarios, etc.). Y los segundos recuperan argumentos “técnico-económicos” ligados a esquemas de la economía neoclásica, presentados como saberes expertos inobjetables en el campo de la disciplina.

Partimos de la verificación de una creciente concentración de los tópicos que motorizaron pronunciamientos públicos de las organizaciones empresariales de la provincia en temáticas económicas, y centralmente tributarias. El análisis de las alocuciones mostró, durante la segunda década del siglo XXI, el viraje de los acontecimientos aludidos por las organizaciones desde una agenda variada y diversa a una agenda casi exclusivamente concentrada en la cuestión de la presión impositiva (Schaigorodsky, 2022).

En este campo de investigaciones existe cierto consenso sobre la consolidación de una asociación inmediata entre el Estado y su carácter de perceptor y mal administrador de impuestos en las palabras de empresarios de diferentes sectores y escalas productivas. Esto se expresa en frases alusivas a sus “excesos”, las “cargas”, los “problemas”, el “robo”, la “corrupción”, el “clientelismo”, entre muchas otras. En lo que respecta a los argumentos técnico-económicos, es habitual encontrar referencias a lo tributario como parte de los “costos” que pesan sobre la producción. De esta manera, como pudimos observar en decenas de disertaciones técnicas y conferencias, los impuestos son sindicados como uno de los principales factores que disminuyen la competitividad de las empresas para generar riqueza y puestos de trabajo.

Además, las percepciones del empresariado cordobés poseen anclaje en una imagen de gran pregnancia entre las élites económicas y políticas provinciales: la idea de la Córdoba productiva (Schaigorodsky, 2021; Zapata, 2023). En efecto, el empresariado cordobés se percibe como aquel sector que produce, genera empleo y paga impuestos en la Argentina. Esta autoidentificación se encuentra atravesada por una referencia local, sostenida en la idea de Córdoba como una “provincia virtuosa en razón de su condición de provincia productora y de trabajo”, la “columna vertebral del sector productivo argentino”, o, como expresara el expresidente Mauricio Macri ante empresarios cordobeses en la campaña electoral de 2019, la “Barcelona cordobesa” (Schaigorodsky, 2021: 200).7 En esta línea, recuperamos algunos fragmentos de entrevistas que dan cuenta de las premisas mencionadas:

Y convengamos que las retenciones [al agro] además no son un impuesto coparticipable, son impuestos que van a la caja chica del gobierno [nacional], a discreción. Si al menos las retenciones hubiesen sido coparticipables. Che, y Córdoba pagó, y la plata va a volver al cordobés… Ponele que no lo acepto tampoco pero un poco más, porque al menos… Si esa plata se la sacás a Córdoba, va a Buenos Aires y de Buenos Aires al conurbano bonaerense haciendo populismo en La Matanza (entrevista a empresario nº 1, octubre de 2020).

En esta trama se explicitan las formas en las cuales las temáticas impositivas se encuentran atravesadas por un foco local en el empresariado. Este anclaje provincial se traduce, además, en una recuperación de demandas asociadas al federalismo, como reclamo por las disparidades tributarias entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (y también la provincia de Buenos Aires) y el resto de las provincias argentinas. Como puede atenderse, los siguientes pasajes muestran que el federalismo articula parte de las demandas empresariales en referencia a lo impositivo y, al mismo tiempo, las excede temáticamente:

La industria cordobesa paga la Tasa de Seguridad e Higiene de Córdoba, en el municipio en el que está y tiene que pagar ingresos brutos como industria no radicada en la ciudad de Buenos Aires porque al auto lo vende en la ciudad de Buenos Aires (disertación de especialista en jornada sobre política tributaria, octubre de 2017).

Si vos me preguntás a mí, che, ¿qué opinas de la Unión Industrial Argentina? Y bueno, yo te puedo decir muchas cosas buenas de cómo se han estructurado, y también te puedo decir muchas cosas malas que están presentes en el centralismo que hay en la toma de decisiones del país. Pero no solamente en la gremial empresaria, en la política, en los gremios, en las universidades (entrevista a empresario nº 2, febrero de 2019).

Hasta aquí puede señalarse que: 1) las temáticas impositivas cuentan con un amplio acuerdo entre el empresariado cordobés, y 2) poseen un anclaje local asentado en la idea de Córdoba como una provincia que se distingue de las demás por sus virtudes en la generación de producción y trabajo.

La percepción de los impuestos como amenaza: el Aporte Solidario de las Grandes Fortunas

En los estudios sociológicos sobre élites, una importante línea de indagación se concentra en cómo estos grupos perciben los problemas sociales, en la medida en que su comprensión conduce a la tematización de determinados acontecimientos como amenazas, y a la posterior formulación de diagnósticos y definición de cursos de acción. Como enuncian Moore y Reis (2005), teóricamente las élites tenderían a posicionarse políticamente en función del grado de vinculación reconocido entre su propia posición y los problemas sociales que generan preocupación. De esta manera, los grupos de élite percibirían la pobreza y la desigualdad como amenazas a sus intereses, que ameritan su involucramiento, en tanto y en cuanto se reconozcan como parte de la distribución desigual de recursos. Sin embargo, estos autores señalan que a comienzos del siglo XXI habría una tendencia hacia una comprensión de los problemas sociales crecientemente basados en una experiencia social fragmentada (fuentes indirectas), una dinámica que bloquea la identificación de relaciones entre su propia posición social y las demás, y conduce a una atribución de responsabilidad exclusiva orientada hacia el Estado (Moore y Reis, 2005: 19).

Basada en la construcción de este consenso perceptual, la temática impositiva funciona de modo similar al “modelo Venezuela” que reconstruye Vommaro en su trabajo sobre el giro a la derecha en Latinoamérica (2021). En este esquema, la idea de “pánico moral” resalta la importancia de las percepciones de amenaza como incentivos morales para la movilización política dentro de las organizaciones partidarias de derecha. La amenaza posee un carácter moral, ya que supone un peligro para los valores dominantes de una sociedad. En el estudio de Vommaro (2021), la efectividad del pánico moral entre las élites radica en la percepción de amenazas vinculadas al libre funcionamiento de la economía de mercado, a la preservación de la cultura tradicional frente a los avances de la equidad de género, y a las demandas en torno a la seguridad.

La singularidad del caso que abordamos aquí es que, a diferencia de lo señalado por estudios en México y Centroamérica en los que la percepción de amenaza predispone positivamente a las élites a contribuciones impositivas que gravan la riqueza y que en otra situación se hubiesen resistido a acatar (a partir de crisis securitarias) (Flores-Macias, 2022), el pánico moral de las élites empresariales cordobesas tiene como objeto directo a los impuestos y no una situación social mediadora (pobreza, violencia delictiva, violencia política, etc.).

Nuestro relevamiento nos indica que aquellas disposiciones gubernamentales orientadas al incremento de gravámenes han sido percibidas por el empresariado cordobés recurrentemente a lo largo del siglo XXI como una amenaza, sea que estas afectaran o no de manera directa su capital y ganancia.

Las modificaciones en materia impositiva en Argentina son percibidas por las élites como amenazas hacia empresarios/empleadores: aquella persona que “toma el riesgo, emprende y genera fuentes de trabajo”. Así, “en vez de ser el beneficiado, hoy en día [el empresario] es como el ladrón […] Como el perseguido políticamente y fiscalmente y no como un emprendedor, como se trata en todas las partes del mundo”. Con ello, se expresan aquellas sensaciones de amenaza: “En Argentina siento que es al revés. Le sacamos al empresario, porque el empresario anda en BMW, el empresario es el que viaja al exterior, ¿me entendés?” (entrevista a empresario nº 4, septiembre de 2020).

En parte, estos relatos coinciden con los resultados del relevamiento de Kessler, Vommaro y Assusa (2022), en el que se muestra que la frase “los impuestos en Argentina castigan al que le va bien” produce una marcada polarización de la opinión pública, con el 28% de los casos en la categoría “Muy en desacuerdo” y el 31% de los casos en la categoría “Muy de acuerdo”. Otra muestra de polarización es que los porcentajes de acuerdo superaban el 40% entre votantes de fuerzas liberales (Macri, Milei, Rodríguez Larreta) y caían por debajo del 20% entre votantes de fuerzas progresistas (Fernández, Fernández de Kirchner).

Las percepciones de amenaza aglutinan a los empresarios en una causa común, donde parecen casi inexistentes los matices o disensos. Cuando existen reformas en materia impositiva (efectivas o meras iniciativas), estos agentes se involucran en discusiones públicas y activan mecanismos formales o informales de participación. Esto resulta transversal, e incluso se va robusteciendo, en el transcurso de la disputa kirchnerismo/antikirchnerismo. Dicho de otra manera, el apoyo u oposición a distintos partidos y actores se cifra a partir del parámetro político de la presión impositiva (Schaigorodsky, 2022). Estas formas de involucramiento van desde reuniones privadas con referentes políticos, publicaciones de documentos rechazando medidas o iniciativas,8 hasta la organización de distintos tipos de eventos donde exponen políticos, empresarios y expertos en materia impositiva.

Uno de los principales ejemplos del tipo de convocatoria mencionada tuvo lugar en el año 2017 ante la discusión, durante la presidencia de Mauricio Macri, de la posibilidad de una reforma tributaria a nivel nacional. En el mes de octubre de ese año se congregaron 200 personas en un evento bajo el título de “Finalmente, ¿tendremos la reforma tributaria que necesitamos?”. El sentimiento de amenaza derivado de la recaudación impositiva estatal se ve reflejada en la descripción de su rol en boca de uno de los disertantes:

Nosotros los tributaristas a veces con el conocimiento empírico que nos da estar con el empresario todos los días y tratar de convencerlo que no somos los culpables del impuesto. Llevamos esa vieja carga los tributaristas nos ven por los ascensores y nos dicen, ahí viene el AFIP. La verdad es que eso es ser visitante en la propia tribuna local (disertación de especialista en jornada sobre política tributaria, octubre de 2017).

Otros ejemplos de estos eventos son la Jornada de la Bolsa de Comercio de Córdoba “Aporte solidario: aspectos claves de su reglamentación”; o el “Seminario Anual de Política Tributaria” de la Unión Industrial de Córdoba, titulado en su edición 2020 “¿Hasta cuánto se va a incrementar la presión impositiva?”. Durante el año 2020, las temáticas impositivas ocuparon el centro de la escena pública a partir del proyecto de Ley 27605, “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, que buscaba gravar de modo extraordinario y por única vez a las grandes fortunas en Argentina.9 En este escenario, se activaron diferentes mecanismos de participación, como la articulación de reuniones desde las cámaras empresariales con senadores encargados de legislar el proyecto:

Nosotros desde la [nombre de cámara empresarial], hemos tenido reuniones con respecto a este tema y hemos hecho gestiones políticas directas con los senadores por Córdoba, pidiéndoles por favor que no voten esta ley. El proyecto en sí, […] es confiscatorio, claramente es inconstitucional. Eh, es una doble imposición porque está gravando cosas que ya están gravadas en bienes personales y por el impuesto a las ganancias. Al margen de que va a desincentivar cien por ciento la inversión privada (entrevista a empresario nº 5, noviembre de 2020; cursivas agregadas).

En muchos casos, esta activación de mecanismos de participación en torno al porte solidario de las grandes fortunas responde a la percepción de riesgos futuros. Precisamente, los empresarios se involucran por el miedo o la percepción de amenaza asociada a la medida, antes que por formar parte del grupo afectado de forma directa por el proyecto.

Si bien hoy tiene un monto que a lo mejor no involucra a una gran masa de empresarios, de personas, pero ya sabemos… O sea, estamos en Argentina y ya sabemos cómo va a pasar esto que lo van a dejar planchado y la inflación se los va a comer y en algún momento vamos a pagar todos el impuesto a la riqueza (entrevista a empresario nº 5, noviembre de 2020).

Estas percepciones de amenaza se sustentan en una lectura histórica particular de la suerte de los impuestos en Argentina: “Si vamos a la historia de los impuestos, desde el IVA que empezó con un porcentaje muy pequeño que hoy está en el 21%, y no se sacó más”, recapitula un entrevistado. Además, añade: “El impuesto al cheque que fue provisorio nunca más se sacó, y estamos hace varias décadas pagando”. Así, entiende que el aporte solidario de las grandes fortunas constituye una amenaza frente a sus proyectos de inversión futuros, “el miedo cuando surge un aporte solidario es que después se repita en el tiempo, entonces termina siendo otro impuesto y otra traba para uno hacer inversión” (entrevista a empresario nº 3, diciembre de 2020).10

El “conflicto del campo”: los impuestos en el centro de la arena política

“Si yo tengo que decirte en aquel momento, estábamos todos movilizados, ¿por qué le meten la mano en el bolsillo a los del campo?” (entrevista a empresario nº 6, noviembre de 2020). El conflicto impositivo entre el gobierno y “el campo” en 2008 logró movilizar a un conjunto de actores que excedía en gran medida a los protagonistas del enfrentamiento. Como reconstruye Heredia (2003), la Sociedad Rural Argentina, como entidad históricamente representativa del sector agropecuario, perdió peso hacia finales del siglo XX. Sin embargo, aquella asociación conservó su trascendencia económica, ya que continuó desempeñando un papel central en: 1) la provisión de divisas para la industria; 2) la producción de bienes alimentarios de base; y 3) su peso como contribuyente en la recaudación del Estado (Heredia, 2003).

Si ya hacia fines del siglo XX era difícil cuestionar la importancia económica del sector agropecuario, el crecimiento del precio de las commodities en la primera década del siglo XXI solo incrementó la centralidad de aquellos actores en la economía y política argentinas. En este escenario se desató el conflicto impositivo por las retenciones móviles que buscaban gravar el trigo, el girasol, el maíz, la soja y sus subproductos. Según Gras (2012), el enfrentamiento entre el gobierno nacional y los productores agropecuarios articuló un fuerte crecimiento de la producción y ganancias del sector agroalimentario, con un fortalecimiento del posicionamiento de las organizaciones del agro y sus voceros en el escenario político.

En aquel conflicto fundado en materia impositiva (y políticamente, en la apropiación y distribución de los recursos económicos del país), el involucramiento de los empresarios de los distintos sectores (agropecuario, industrial, servicios, etc.) se expresó de diversas maneras. Algunas de ellas (narradas recurrentemente en nuestras entrevistas) fueron la presencia en movilizaciones, cortes de ruta, cacerolazos en plazas; la organización de asambleas, que perduraron incluso una vez rechazada la medida; hasta la presentación a elecciones de los llamados “agrodiputados”, inscriptos en distintos partidos, para ocupar cargos en las cámaras legislativas (ídem).

Retomando la trascendencia de los acontecimientos históricos en la socialización política de los agentes sociales (IHL, 2002; Gené, 2017), el conflicto del campo constituyó una experiencia histórica que atravesó al empresariado cordobés. Por un lado, algunos vivieron de cerca el enfrentamiento por estar afectados de forma directa o indirecta por el proyecto de ley. Para estos, el conflicto fue “una vivencia en su momento de estar contentos de que no se aprobaba porque obviamente uno cuando te toca el bolsillo tan de cerca” (entrevista empresario nº 1, noviembre de 2020).

Aquellos empresarios que se encontraban por fuera del rubro agropecuario no se vieron directamente afectados por la medida. Sin embargo, estos compartían sociabilidades familiares, amistosas, educativas, con los protagonistas del conflicto. En efecto, un entrevistado reconocía que él no pertenecía al sector agropecuario, pero sí tenía un círculo social cercano afectado: “Yo no soy del campo, pero tengo muchos amigos que son del campo”. El entrevistado manifestaba una alta valoración de esta actividad (“creo que el campo es una bendición para Argentina”) y recordaba el conflicto como la primera vez que se interesó por las discusiones en el Congreso (entrevista a empresario nº 8, octubre de 2020).

Estas experiencias dan cuenta de la trascendencia que tuvo aquel conflicto como instancia central en la politización (Gaxie, 1987) de los empresarios cordobeses, entendiendo por dicho proceso una “atención dada al funcionamiento del campo político, un interés por la política, que implica dotar de significatividad aquello que ocurre en ella, sentirse parte y considerarse capaz de otorgarle un sentido” (Grandinetti, 2013: 8). En la misma sintonía, un joven empresario vinculado a la industria alimentaria recordaba sus conversaciones con amigos sobre el conflicto agropecuario y reconocía que su padre “había sufrido porque no se reglamentó bien la medida, en el sentido de que no tuvieron bien en cuenta, digamos, la envergadura de los productores” (entrevista a empresario nº 8, octubre de 2020). Aunque en este pasaje se identifica un criterio de progresividad para evaluar el conflicto impositivo, cabe señalar que este elemento no suele aparecer en las percepciones empresariales sobre las temáticas impositivas. Más bien, el empresariado hace foco en la excesiva presión impositiva como un padecimiento global y general, las engorrosas burocracias y la superposición de impuestos como los problemas que atraviesan todos los empresarios con la estructura tributaria en Argentina.

En esta trama, el conflicto impositivo del campo expone la trascendencia de los impuestos como un dispositivo simbólico de articulación en donde los empresarios se aglutinan más allá de los intereses contrapuestos o heterogéneos que puedan existir dentro de su propio universo. Siguiendo a Gras (2012), este episodio tiene una relevancia central para el empresariado rural, ya que constituyó una instancia en la cual logró mayor “efectividad para intervenir en la esfera político-institucional” desde mediados del siglo XX.

Diagnósticos sobre el Estado y dilemas distributivos

Como se afirmó en líneas precedentes, se reconocen percepciones comunes respecto a la cuestión impositiva y el Estado en sus diversos niveles, anudando un componente moral y valorativo con un componente técnico-económico. No suponemos una homogeneidad espontánea en tales percepciones o, como se dijo en un comienzo, una continuidad entre posición objetiva y toma de posición a nivel político. Por el contrario, las entrevistas y ocasiones de asistencia a eventos de cámaras empresariales condujeron a que la suposición de tal homogeneidad fuera lo llamativo. Concretamente, reconocemos una importante heterogeneidad hacia adentro de las élites en términos de la envergadura de empresas, de pequeñas a grandes; localización; rama de actividad; vínculo con el Estado en alguno de sus niveles, incluso muchas ligadas a la contratación pública, entre otras dimensiones.

Lo anterior llevó, en el marco de la investigación, a identificar un conjunto de prácticas, entendidas como trabajo político que permiten la unificación temporal y parcial de percepciones sobre el sector empresario en sí mismo y sobre otros agentes políticos, estatales y sociales. Más allá de las lógicas y prácticas de representación gremial de intereses (Beltrán, 2011), cobran espesor un conjunto de instancias de socialización política (Grandinetti, 2013) que permiten generar disposiciones específicas a lo político y permiten la estabilización de libretos (Tilly, 2000) de interpretación del mundo circundante. En este sentido, identificamos, por un lado, los eventos, conferencias, espacios de intercambio, talleres, etc., destinados a la generación de interpretaciones de los planos social y político, en términos separados de la operación económica de las empresas, y que poseen cierta regularidad.11 Por el otro, es posible dar cuenta de la existencia de instituciones destinadas a la producción de información de carácter técnico que no por ello son inocuas, y faltas de contenido político, como ha sido estudiado con anterioridad respecto a la Fundación Mediterránea (Heredia, 2015; Ramírez, 2000). Entendemos aquí que los productos de investigaciones técnicas desde los think tanks no solo son instrumentales en la disputa política en términos amplios, sino que junto con las instancias de encuentro descriptas operan al modo de una pedagogía interna que permite la unificación, aunque sea parcial, de posiciones objetivamente heterogéneas en el plano simbólico y que, por lo tanto, habilitan maneras concretas de involucramiento político (Schaigorodsky, 2021).

Las percepciones del empresariado en torno a la cuestión impositiva sostienen un reconocimiento formal de las obligaciones fiscales. Estos entienden que “los impuestos son una forma de financiamiento […], para que el Estado pueda funcionar y cumplir con los ciudadanos” (entrevista a empresario nº 7, octubre de 2020). Sin embargo, luego del reconocimiento formal, las argumentaciones suelen seguirse de diversas objeciones al sistema tributario. Como mencionamos previamente, los empresarios afirman cuestionamientos morales y económicos al sistema impositivo en Argentina. Los primeros sustentan el diagnóstico de un Estado corrupto, atravesado por prácticas discrecionales e inmorales de distintos agentes del sector público: políticos, punteros, sindicalistas, etc. En sintonía con ello, un empresario ligado a la construcción expresaba:

Y por otro lado me da bronca porque vos sabés que la plata que junta el Estado no va para […], no sale del Estado, sino que hay coima, hay corrupción, pasa esto que de repente hay un montón de gente que puede laburar y está en su casa cobrando un IFE. Entonces fomentan al tipo para que no labure. Entonces es contradictorio, por un lado, che hay que tributar y, por otro lado, decís: “no tributemos porque fomento la corrupción, fomento asistencialismo por asistencialismo” (entrevista a empresario nº 9, octubre de 2020).

Por otra parte, las objeciones económicas abonan al diagnóstico de un estado ineficaz que sostiene el déficit fiscal a costa de quienes producen en la Argentina. Así, el empresariado afirma que “el Estado se financia de los privados y cada vez gasta más, y cada vez el déficit es más grande, uno no entiende cómo puede ser” (entrevista a empresario nº 8, octubre de 2020).

Aquí, retomamos las premisas propuestas por Atria (2022),12 quien señala que los impuestos no son solamente una forma de solventar los servicios públicos. Además, estos constituyen el elemento más importante a partir del cual el sistema político expresa una concepción de justicia distributiva. En esta trama, los agentes empresariales ponen en juego y disputan aquellas visiones de justicia distributiva.

Lejos de la expresión de un principio justo de distribución, el empresariado percibe los impuestos en Argentina como una traba para la generación de producción, trabajo y riqueza. Es así como lo menciona un comunicado del Grupo de los 6 (G6) en el año 2012: “Una presión fiscal excesiva para absorber un creciente gasto público ponen entre otros aspectos en situación difícil a la actividad productiva”.13 Aquello resulta particularmente problemático para los agentes empresariales, ya que identifican en la generación de producción, trabajo y riqueza la resolución de problemas sociales como el desempleo o la pobreza en Argentina.

El escenario de las elecciones nacionales del año 2019 permitió observar que, no obstante la extensión de la interpretación descripta sobre la cuestión tributaria, no todos los niveles del Estado, y en especial los posicionamientos de aquellos a cargo de los poderes ejecutivos, son percibidos de manera homogénea. En este punto, se pone en juego la particularidad de la pertenencia cordobesa enunciada al comienzo. En lo que respecta al plano nacional, la visión es tajante: asocia al Estado únicamente a la recaudación de impuestos y a la disputa política a la distinción kirchnerismo/antikirchnerismo. Ante el triunfo en primera vuelta de la dupla Fernández-Fernández de Kirchner, un comunicado de la Bolsa de Comercio de Córdoba proclamaba: “Abogamos por un Estado austero eficiente y eficaz, que permita liberar las fuerzas yacentes en la sociedad generadoras de las riquezas necesarias para dejar atrás la pobreza como un vergonzoso recuerdo del pasado”. En esta escena, la presión fiscal disminuye la competitividad y obstruye la potencia del sector empresario para cumplir con su función. Nuevamente: crear producción, empleo y riqueza.

En el plano provincial, en cambio, se diluye la antinomia kirchnerismo/antikirchnerismo y se resalta al (ahora) exgobernador Juan Schiaretti en términos diferenciales, asociados a la gestión y administración racional, más allá de sus resultados políticos y económicos:

A Schiaretti lo veo como buen político. No hay ninguna provincia que haya hecho tantas obras como hizo Córdoba (entrevista a empresario nº 10, enero de 2020).

Vos te sentás a hablar con el gobernador, y el gobernador es un tipo que entiende perfectamente la problemática, porque es un tipo que sabe, un tipo instruido, un tipo que ha participado. Yo te puedo entender, puede compartir lo mismo que pensás vos, pero no te puedo dar una solución que vos pretendés (entrevista con empresario nº 11, agosto de 2019).

La infraestructura, o eventualmente lo que ha hecho Schiaretti ahora, para mí eso es una cuestión, no lo estamos dimensionando ahora, se va dimensionar a cincuenta años (entrevista con empresario nº 2, febrero de 2019).

El reconocimiento observado en las frases precedentes se encuentra en continuidad con los núcleos simbólicos de involucramiento político reconocidos tanto en la cuestión tributaria como en el plano provincial en su especificidad.

Hallazgos y reflexiones finales

Este artículo provee evidencia para, al menos, abrir una línea de indagación paralela a la hipótesis de la fragmentación organizacional de las élites empresariales argentinas: la de la unicidad y articulación simbólica en torno a su percepción sobre los impuestos. La clave en el viraje analítico de la fragmentación a la unificación no es una vuelta a esquemas interpretativos mecánicos o de transparencia en la relación entre posiciones sociales (estructura) y tomas de posición (política), sino la consideración del trabajo político de la pedagogía interna de las élites empresariales (agencia y estrategia política central) y la saliencia y la condensación simbólica de un tópico elemental en la disputa distributiva y el diagnóstico sobre el Estado: los impuestos.

El involucramiento político de las élites empresariales en torno a la cuestión impositiva, tanto en lo que respecta a su pronunciamiento público como a los esfuerzos organizativos y pedagógicos por libretos estables y homogéneos para sus integrantes, más allá del tamaño, la rama y el dinamismo del capital de cada agente (y, por lo tanto, de su propia posición dentro del campo de poder) fue consolidándose a lo largo del corriente siglo, en una relación cuasi inversa a la publicidad y las iniciativas políticas del campo popular y las fuerzas progresistas en materia de impuestos.

Este proceso reconoce en el “conflicto del campo” un turning point, tanto en términos de pánico moral contra los impuestos como de desarrollo de esfuerzos de aglutinación simbólica de las élites en torno a esta problemática. Es posible pensar que gran parte de los actuales sentidos circulantes en el marco de un nuevo lenguaje económico popular pueden encontrar en las prácticas y sentidos caracterizados en este artículo un antecedente histórico de peso. Aun sin contar con un apoyo políticamente coordinado de las élites económicas en el país, la actual fuerza gobernante pudo erigir su lógica discursiva sobre un suelo de significaciones comunes construido paciente y sistemáticamente por el trabajo político de estas élites.

De hecho, creemos que sería importante en futuras investigaciones profundizar sobre la relación entre el crecimiento y la centralidad de la corrupción como problema público en el país, su elevación a matriz de lectura de la cuestión estatal en el sentido común, la definición hegemónica de los impuestos como fuente fundamental de recursos para la corrupción estatal y, consecuentemente, la legitimación de la evasión impositiva como parte de un repertorio válido (o progresivamente menos reprobable) de tácticas para el escamoteo económico y contra la corrupción. El conjunto de estos elementos aparecen no sólo articulados en las corrientes generales de opinión pública, sino también en los guiones culturales y los relatos de nuestros interlocutores de la élite empresarial.

En estas dos escenas (opinión pública general y discursos de empresarios), la definición situacional de la corrupción como fenómeno estrictamente estatal reúne componentes importantes del diagnóstico sobre el Estado argentino, a la vez que distribuye las responsabilidades del problema público, circunscribiendo un haz limitado de interpretaciones posibles en torno a las políticas impositivas: la corrupción solo sucede en el espacio político-estatal, este último no solamente inmoral, sino también ineficiente, significación que inmuniza y exime de responsabilidad al “coimero”/evasor (presunta y frecuentemente un agente empresarial). Este proceso de inmunización cierra con una relativa invisibilización del debate en torno a la progresividad en materia impositiva (más sensible para la posición de élites empresarias) y deja en el centro de la agenda la cuestión casi exclusiva de la “presión fiscal” en términos absolutos.

En este marco de interpretación, las élites cordobesas han corrido y globalizado el límite de la valoración negativa de los impuestos, todos ellos confiscatorios por definición, fundados en las necesidades de un Estado nacional estructuralmente corrupto e ineficiente. En este sentido, insistimos con la idea de que la novedad discursiva de la actual fuerza gobernante en el Estado nacional vino, de alguna manera, siendo histórica, lenta y sistemáticamente construida como válida en los espacios de formación e involucramiento político-organizacional empresarial que caracterizamos en nuestro trabajo de campo. Quizás la más importante de las emergencias actuales en esta línea (“todo impuesto es un robo”, “meterle la mano en el bolsillo a la gente”) sea la ampliación de esta significación a la corriente más general de la opinión pública.

Si observamos las percepciones en torno a lo tributario como un prisma para la comprensión del involucramiento político de las élites de la provincia de Córdoba, encontramos avances y retrocesos. Así como se logra la extensión a la opinión pública en general, se acotan los alcances para la participación de las élites en la gestión de lo público en cuanto tal. En efecto, así como en épocas precedentes el involucramiento político de las élites disputaba el carácter del desarrollo o los procesos de democratización de las sociedades (Heredia, 2005), la definición del Estado exclusivamente en términos de corrupción y los impuestos como confiscación pone un coto a la capacidad de los sectores económicamente privilegiados para intervenir en qué y cómo se hace con los recursos recaudados. Será temática de investigaciones futuras el vínculo entre estas consecuencias imprevistas de la acción (Merton, 1936) y: a) la emergencia de una propuesta política novedosa que, por derecha, desborda las élites empresariales; y b) las insuficiencias de la excepcionalidad cordobesa, donde la tónica del gobierno provincial y el ámbito empresarial son afines, pero encuentran sus límites en las fronteras geográficas de la provincia.

El foco en los impuestos como evento sobresaliente de involucramiento político de la élite empresarial cordobesa nos permitió identificar la articulación entre la significación de Córdoba desde fuerzas políticas de centroderecha (Córdoba corazón productivo del país), el monopolio de la agenda productiva y del trabajo en contraposición a una agenda política plenamente estatal-extractiva de recursos económicos para las fuerzas políticas progresistas (redistribución y clientelismo sin crecimiento económico) y, finalmente, el monopolio del federalismo (qué impuestos son coparticipables y redundan en servicios públicos para los contribuyentes cordobeses en lugar de servir para el desarrollo del asistencialismo en La Matanza) como fuente de legitimidad en la resistencia contra los impuestos.

Como lo muestran estudios de otras latitudes, la percepción situacional de momentos críticos y de urgencia puede haber habilitado la construcción de tramas, cuando no plenamente organizativas, al menos pedagógicas y de unificación a través del trabajo político, por parte de un sector social que había tendido, según la literatura especializada, a la fragmentación. Resultó central, por ello, una cierta reacción coordinada en términos de pánico moral contra los impuestos por parte de la élite empresarial, no sin que esto implicara un reconocimiento de matices y diferencias entre las fuerzas gobernantes en la nación (impuestos que se van al asistencialismo en el conurbano) y la provincia (“Amo Córdoba, por supuesto, Amo Córdoba, pago mis impuestos”).

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Zapata, F. (2023). Los muchachos cordobeces. Cómo se construyó un peronismo diferente (y qué podría aportar a la Argentina de futuro). Buenos Aires: Capital Intelectual.

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Amo Córdoba, pago mis impuestos

Paulina Santa Cruz, Emilia Schaigorodsky y Gonzalo Assusa