Dossier: “Tensiones alrededor de la movilización social y política”

Políticas de promoción del extractivismo minero y procesos de movilización en defensa de los territorios. El ciclo de conflictos en torno a la megaminería en Argentina (2003- 2023)

Policies to promote mining extractivism and mobilization processes in defense of the territories. The cycle of conflicts around largescale mining projects in Argentina (2003-2023)

Lorena Bottaro1 y Marian Sola Álvarez2

Resumen

En el presente artículo nos proponemos identificar las etapas que atravesaron tanto las políticas de promoción del extractivismo minero impulsadas, fundamentalmente, desde los sucesivos gobiernos nacionales, como las resistencias sociales que estas generaron en los territorios desde principios del nuevo milenio en Argentina. Nos referimos al contexto de expansión del modelo minero y a la nueva coyuntura geopolítica marcada por una narrativa asociada a la transición energética. La periodización que presentamos parte del momento en que se articularon movimientos de carácter socioambiental, analizamos su trayectoria y reflexionamos en torno a los conflictos que tuvieron mayor relevancia en cada periodo hasta diciembre de 2023.

Palabras claves: Megaminería, conflictos socioambientales, resistencias sociales, transición energética, extractivismo

Abstract

In this paper we propose to identify the stages that both the policies to promote mining extractivism, mainly promoted by successive national governments, and the social resistance that these generate in the territories since the beginning of the new millennium in Argentina went through. We refer to the context of mining model expansion and the new geopolitical situation marked by a narrative associated with the energy transition. We present a periodization that starts from the moment in which socio-environmental movements were articulated. We analyze their trajectory and conflicts that were most relevant in each period until December 2023.

Keywords: Megamining, socio-environmental conflicts, social resistance, energy transition, extractivism

Introducción

El incremento de la explotación de minerales metalíferos y no metalíferos en América Latina es una tendencia que se profundiza en la región: la extracción aumentó seis veces entre 1970 y 2017, pasando de los 659 millones de toneladas a los casi 4 mil millones (CEPAL, 2018). Se trata de un proceso de alcance regional que, si bien se inicia en la década de 1970, se acentúa en el marco de las políticas neoliberales que se desplegaron en América Latina durante los años 90. Ya en la primera década de este siglo, el notable crecimiento de las actividades extractivas recibió el apoyo de políticas gubernamentales de orientaciones diversas. Gobiernos latinoamericanos progresistas y neoliberales mostraron, a pesar de las diferencias en sus proyectos políticos, una intensificación de las políticas de promoción de las actividades extractivas.

La multiplicación de megaproyectos mineros trajo como consecuencia la proliferación de conflictos socioambientales. Estos conflictos se presentan ligados al acceso y control de los bienes naturales y los territorios y que involucran actores enfrentados, con intereses y valores divergentes, en un contexto marcado por la asimetría de poder (Svampa y Viale, 2020). En ellos, tal como señala Gabriela Merlinsky, se abren espacios públicos en los que la comprensión de la cuestión ambiental incorpora la complejidad de la relación sociedad naturaleza. Estos espacios dan visibilidad al vínculo con las especies no humanas y aportan formas de pensar y sentir que nos interpelan acerca de los límites de la sociedad contemporánea y la apropiación de la naturaleza (Merlinsky, 2021: 16).

Los procesos de movilización que buscan evitar, limitar o reparar lo que se percibe como un daño ambiental, poseen un fuerte anclaje territorial a la vez que su desarrollo se encuentra altamente condicionado por las desigualdades que genera la dinámica multiescalar. A pesar de esto último, particularmente, en Perú, Ecuador, Colombia, México, Chile y en Centroamérica, tiene lugar un ciclo de conflictividad asociado a la defensa del agua, la tierra y el territorio. En este marco de alcance regional, megaproyectos -por lo general llevados adelante por empresas transnacionales- fueron paralizados por la oposición de las comunidades que se encuentran próximas a los mismos.

Argentina no es la excepción a esta tendencia. Las reformas neoliberales de los 90´en el sector minero habilitaron el despliegue de la extracción de minerales a gran escala por parte de grandes corporaciones. Las leyes mineras gestadas en un contexto de desregulación económica se orientaron a garantizar óptimas condiciones de operación a los capitales transnacionales, primordialmente en términos tributarios y ambientales. (Svampa, Bottaro, y Sola Álvarez, 2009). A partir de la conformación de un andamiaje jurídico, que se mantiene prácticamente sin alterar hasta la actualidad, se brindaron condiciones altamente favorables para las empresas mineras durante los diversos gobiernos que se sucedieron desde entonces.

Los proyectos de las compañías mineras encontraron un nuevo impulso a partir del 2004 con el Plan Minero Nacional en el que la megaminería fue declarada como “objetivo estratégico”. En el periodo 2002–2011 la actividad se expandió en el país de manera acelerada, fundamentalmente, en lo que hace a las tareas de exploración, consolidándose con la puesta en marcha de los primeros proyectos. En consecuencia, las exportaciones mineras alcanzaron el nivel más alto en el año 2012, cuando las mismas habían contabilizado USD 4.982 millones. Actualmente, los últimos datos señalan que las exportaciones acumularon en el 2023 un total de USD 4.023 millones alcanzando el nivel más alto desde 2012. Las exportaciones se conforman principalmente por minerales metalíferos, entre estos, el oro y la plata son los más relevantes.3

Para el 2023, Argentina contaba con 18 proyectos metalíferos en operación y cerca de 100 proyectos se encontraban en fases diversas de exploración, construcción, entre otras (Secretaría de Minería, 2023). Según las proyecciones, la actividad extractiva continuaría incrementándose, pero presentando un rasgo novedoso en tanto la misma sería propuesta y justificada a partir del incremento en la demanda de “minerales críticos” que desempeñarían un rol estratégico en el proceso de transición energética.

Hasta la década pasada, la megaminería fue impulsada desde los diferentes gobiernos y empresarios del sector a partir de discursos que asociaban su despliegue al desarrollo económico y al progreso para regiones históricamente postergadas (Bottaro y Sola Álvarez, 2015). De esta manera, se buscaba lograr la legitimidad de una actividad básicamente extractiva, con fuertes impactos socioambientales en los territorios y altos niveles de rechazo en las comunidades. En años recientes, estas narrativas se complementaron con aquellas que promueven la actividad como necesaria para la “transición energética” y se acoplaron a las voces provenientes desde el Norte Global sobre energías renovables como clave para afrontar la crisis del cambio climático. Sin embargo, el desarrollo de estas energías precisa de la extracción de más minerales, entre estos, litio, cobre, cobalto, tierras raras, aumentando, de este modo, la presión extractivista en los territorios del Sur.4

Sobre el campo de estudio en torno a los conflictos mineros y el propósito de este artículo

En este artículo nos centramos, principalmente, en el análisis de las características que presenta el ciclo de movilización en torno al modelo minero a partir de considerar conflictos relevantes en diferentes escenarios provinciales5 con impacto en la escala nacional. Nuestro propósito es identificar etapas que permitan abonar a la comprensión del proceso a partir de la sistematización de trabajos previos tanto propios como de investigadoras e investigadores que abordaron la problemática. Incorporamos también, las reflexiones realizadas desde las organizaciones sociales, principalmente de las asambleas socioambientales que, en los últimos años, han conformado un campo de estudios en torno al desarrollo de la minería y la conflictividad en los territorios. El trabajo se nutre, entonces, de proyectos de investigación colectivos en los que se analizó el modelo minero y los conflictos socioambientales a nivel nacional6 y de investigaciones realizadas en nuestras tesis de doctorado en las que se desarrollaron estudios de caso en la provincia de San Juan (Bottaro, 2018) y en La Rioja (Sola Álvarez, 2021).

En la segunda década de este siglo se desarrollaron numerosas investigaciones que, consolidando un nuevo campo de estudio, abordaron el fenómeno desde diversas perspectivas; su lectura posibilitó profundizar en la compresión de este complejo fenómeno. Algunas de ellas prestaron particular atención a la revisión del marco normativo y de las políticas públicas orientadas a la megaminería, así como a las características que asume este sector de la economía, su impacto en el mercado de trabajo y la cuestión de la renta minera. Entre otros, podemos mencionar los trabajos de Álvarez Huwiler (2017), Murguía (2015) y Tolón Estarelles (2011). Desde la perspectiva de la ecología política, un número importante de investigaciones se concentraron en indagar en el despliegue de la megaminería en el marco de un proceso más amplio de profundización del extractivismo, destacándose los aportes de Giarracca y Teubal (2014), Machado Aráoz (2011, 2014 y 2017), Seoane (2013), Svampa (2013 y 2019), Svampa y Viale (2014), entre otros. En particular, una serie de investigaciones se centraron en el papel de los gobiernos progresistas: Álvarez Huwiler, Godfrid, y Duárez Mendoza, 2015; Saguier y Peinado, 2014, Svampa, 2013 y 2019). Otras tantas investigaciones se focalizaron en la escala subnacional y alimentaron un vasto campo de estudio en el que se articula el análisis de la matriz provincial con el desarrollo de la conflictividad. Si bien, en esta oportunidad, no daremos cuenta de manera exhaustiva de la multiplicidad de publicaciones, recurriremos a algunos trabajos en el desarrollo de las diversas etapas.

Entre las investigaciones recientes que trazaron un recorrido analítico por las políticas mineras y los conflictos a escala nacional se encuentra el trabajo de Gisella Hadad (2020) quien estudió las resistencias territoriales de las asambleas ciudadanas autoconvocadas y las comunidades destacando las continuidades y articulaciones de la organización social, mostrando, a su vez, el marco de acción que generan las políticas nacionales y provinciales que sostienen y promueven la actividad minera. Por su parte, Mariana Walter y Lucrecia Wagner (2020), situadas en el análisis de la conflictividad, caracterizan las diversas experiencias de organización dando cuenta de las preocupaciones que dinamizan a los movimientos que rechazan la minería a gran escala, la diversidad de sus estrategias y los resultados de los conflictos. Las autoras subrayan la relevancia de la movilización, proponen una evolución temporal de los procesos de organización y presentan algunas tendencias generales de la conflictividad minera en el país. Ambos trabajos dialogan con nuestra propuesta de periodización de la conflictividad minera en diferentes etapas en las cuales algunos conflictos se tornan relevantes por su impacto a nivel nacional.

En cuanto a la metodología empleada en este artículo, como señalamos, retomamos investigaciones previas en las que asumimos un enfoque multiescalar y multidimensional. Para realizar esos trabajos, se consultaron y analizaron diversas fuentes primarias y secundarias. Entre las primeras, privilegiamos las entrevistas realizadas a diferentes actores sociales involucrados en los conflictos (integrantes de asambleas socioambientales y funcionarios del sector minero de diferente rango). Participamos de encuentros de asambleas y organizaciones socioambientales, así como en foros, charlas y espacios de debate.7 En relación con las fuentes secundarias recurrimos a material periodístico, estadístico y legislativo, así como a documentos institucionales de las Secretarías y áreas de gobierno pertinentes e informes y materiales producidos por las asambleas y otros actores sociales.

El período de análisis se extiende por veinte años (2003-2023) en el que se identificaron cuatro etapas del conflicto:

Primera etapa (2003-2006): inicio del ciclo de movilización y proliferación de asambleas socioambientales.

Segunda etapa (2007- 2010): intenso proceso de movilización social.

Tercera etapa (2011- 2015): encapsulamiento de los conflictos a escala provincial.

Cuarta etapa (2016- 2023): defensa de las legislaciones provinciales que ponen freno a la actividad.

Es importante señalar que no pretendemos configurar un esquema estático desde el cual leer las políticas públicas ni el conflicto ya que el mismo da cuenta de procesos dinámicos y abiertos que se desarrollaron en diferentes contextos, temporalidades y escalas. Asimismo, es preciso señalar que en cada etapa desarrollamos algunos conflictos que consideramos más relevantes por su visibilidad y alcance a nivel nacional, o porque significó algún hito en la historia de la movilización socioambiental. Necesariamente, en cada etapa hay algunos conflictos que quedarán por fuera del alcance de nuestro análisis.

Primera etapa: inicio del ciclo de movilización y proliferación de asambleas socioambientales (2003-2006)

La primera etapa coincide con el boom del precio de los minerales - principalmente oro, plata, cobre - en el mercado internacional8 y con la expansión de la actividad en los territorios. Si bien los primeros proyectos mineros a gran escala se iniciaron hacia fines de la década de los 90´ (Bajo la Alumbrera, en la provincia de Catamarca9 en 1997 y Cerro Vanguardia, en Santa Cruz en 1998), el primer conflicto de carácter socioambiental en torno a la megaminería por relevancia y trascendencia nacional aconteció en la Patagonia, en torno al proyecto de la empresa Meridian Gold en Esquel.

Atendiendo a que se trataba del primer megaproyecto minero al cual se le oponía resistencia en el país, la información sobre el método empleado por la minería a cielo abierto fue fundamental para la difusión y toma de conciencia de los impactos de la actividad. Así, la difusión de estos riesgos en la comunidad hizo posible la realización de una consulta pública que se realizó en marzo de 2003, registrándose una concurrencia del (75% del padrón electoral); y un fuerte posicionamiento frente a la explotación minera, ya que el 81% del electorado votó contra la instalación de la mina. Una de las consecuencias más relevantes del plebiscito, fue la sanción de la Ley N° 5001, en mayo de 2003, primera Ley provincial de prohibición de la megaminería con uso de cianuro en Argentina. La Asamblea de Esquel logró constituirse en un espacio de deliberación de un amplio sector de vecinas y vecinos, quienes fueron construyendo argumentos y consolidando un saber experto independiente asociado a los efectos de la gran minería a cielo abierto. El rechazo de Esquel y de otras localidades de la comarca andina, marcó un punto de inflexión que potenció el inicio de un ciclo de movilización en el que las asambleas socioambientales resultaron protagonistas.

El denominado “efecto Esquel”10 se extendió por diferentes localidades de la Patagonia y provincias cordilleranas en las que se multiplicaron las asambleas de autoconvocados. Los vecinos agrupados contra la megaminería conformaron asambleas; esta forma organizativa marca una diferencia con respecto a las organizaciones ambientalistas tradicionales, generalmente ONGs o fundaciones, y, por otro, acentúa los rasgos constituyentes de estos colectivos: la horizontalidad y la autonomía. En este contexto la organización asamblearia se convirtió en la forma de acción que se dieron los vecinos nucleados en torno a las diversas problemáticas ambientales.

A partir del 2003 puede referirse a la apertura de un “ciclo de protesta” o “ciclo de movilización” en tanto se asiste a una fase de intensificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social (Tarrow, 1998), asimismo se desarrollaron las primeras experiencias de articulación entre las asambleas y colectivos que, provenientes de diversos puntos del país, se pronunciaban contra la minería a cielo abierto. En el 2004 se conformó la “Asamblea Coordinadora Patagónica por la vida y el territorio contra el saqueo y la contaminación”, integrada por asambleas vecinales de Río Negro, Neuquén y Chubut. Más adelante, en el 2006, en el marco de una mayor visibilización de las problemáticas ambientales se conforma la (UAC) Unión de Asambleas Ciudadanas. “La UAC nace el 21 de julio de 2006, como resultado del Foro Nacional de los Pueblos Autoconvocados Ambientalistas, realizado en Córdoba por iniciativa del Grupo 9 de Julio Valles del Carmen de Colonia Caroya. (…) Hubo también delegados de las asambleas de la cordillera y tres asambleas de las orillas del río Uruguay que accionan contra las pasteras de celulosa (…) se acordó mayoritariamente por UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS (UAC) con el objetivo de que pronto puedan participar muchos otros colectivos, con otras problemáticas”. (Unión de Asambleas Ciudadanas, 2018)

Esta red surge con el objetivo de articular y potenciar las luchas de las asambleas socioambientales de diversos y distantes puntos del país. En esta línea, la UAC se fortalecerá en la etapa siguiente, incorporando asambleas de diversos territorios. Las asambleas iniciaron un proceso de “construcción de caminos colectivos en defensa de los territorios” (Unión de Asambleas Ciudadanas, 2018).

Segunda etapa: Intenso proceso de movilización social (2007- 2010)

La segunda etapa, entre 2007 y 2010, es un periodo de alta movilización social tanto en la escala nacional, como en diferentes provincias. Coincide con la denominada “década de la minería”, así presentada por las autoridades gubernamentales debido a la sucesiva puesta en marcha de megaproyectos, y fundamentalmente, al inicio de tareas de exploración en distintas provincias del país. La etapa comienza en un contexto de elecciones presidenciales, durante el 2007, en el que se generaron diferentes escenarios de oportunidades políticas para la expresión de la acción colectiva contra la megaminería en diferentes territorios subnacionales. En este periodo, como resultado de la intensa movilización social, se promulgaron importantes leyes que limitaron o inhibieron el despliegue de la actividad. Al mismo tiempo que se mantuvieron las bases normativas y jurídicas que garantizaron “seguridad jurídica” a los capitales y una alta rentabilidad empresarial. Si bien se registraron algunos cambios marginales, fundamentalmente a partir del 2007 con respecto a algunas medidas tributarias, no se evidenciaron importantes rupturas en lo que refiere a la política de promoción del sector minero.11

En este marco, la acción colectiva protagonizada por las asambleas socioambientales se materializa a través de la acción directa y la acción institucional. Entre los repertorios de acción las asambleas socioambientales recurrieron, fundamentalmente en esta etapa, a los cortes de ruta. Esta forma de expresión tiene como propiedad de hacer visible el conflicto frente al resto de la sociedad, lo que es indispensable para las problemáticas que se desarrollan en pequeñas comunidades alejadas de los centros urbanos. Por otro lado, el corte de ruta también tiene otras funciones que pueden ser ilustradas con los “cortes selectivos” realizados en las rutas o caminos de acceso a los campamentos donde se encuentran emplazados los emprendimientos mineros. Estos cortes, generalmente, impiden el paso a vehículos que transportan materiales e insumos necesarios para el desarrollo de la actividad12. Las asambleas también llevaron adelante “cortes parciales” o “cortes informativos” destinados principalmente a brindar información sobre las consecuencias de la megaminería.

Por su parte, la acción institucional es una herramienta que utilizan frecuentemente los actores movilizados13. Durante este periodo, la acción institucional desarrollada por las asambleas socioambientales y otros actores en el marco de diferentes conflictos y escenarios logró la aprobación de las denominadas Leyes del No. Estas leyes prohíben algún aspecto de la actividad minera a cielo abierto e inhiben la realización de la megaminería en los territorios provinciales14. Si bien en el caso de las provincias patagónicas de Chubut y Río Negro las leyes que limitaban la actividad fueron dictadas en 2003 y 2005, respectivamente, seis provincias dictarán una norma de estas características durante esta etapa: La Rioja, Tucumán, La Pampa, Mendoza, Córdoba y San Luis. En 2011 lo hará la provincia de Tierra del Fuego.

Durante este periodo, el propósito de las empresas y los gobiernos provinciales por desarrollar rápidamente la megaminería en todo el país, fue encontrándose a lo largo del territorio nacional con diversas experiencias de organización y movilización que, articuladas en “defensa del agua y la vida” se opusieron al avance de esta actividad extractiva. Las Leyes del No dan cuenta, por un lado, del poder instituyente de las asambleas socioambientales, y por otro, de la heterogeneidad presente en el escenario nacional (Svampa, Sola Álvarez, Bottaro, 2009). En este sentido, durante el mismo periodo, en los territorios donde ya se encontraban en funcionamiento megaproyectos mineros, como es el caso de las provincias de San Juan, Catamarca, Santa Cruz, entre otras, se profundizó el modelo de la mano de políticas subnacionales que favorecieron al sector, y medidas represivas hacia los actores movilizados.

En esta etapa, como señalamos anteriormente, la Unión de Asambleas Ciudadanas se consolidó como un actor importante en el marco de los conflictos socioambientales, por la cantidad y diversidad de asambleas y organizaciones que articula, así como por su capacidad de acción en las diferentes escalas en las que estos conflictos se desarrollan.

Durante este periodo tuvieron lugar en el nivel nacional debates con diferentes grados de visibilidad pública, siendo el más trascendente el vinculado a la cuestión de los glaciares. En efecto, en 2008, una ley para la protección de los glaciares fue votada por unanimidad por ambas cámaras de legisladores nacionales, sin embargo, al poco tiempo fue vetada por la presidenta de la nación impidiendo su promulgación. A partir del veto, se inició un intenso proceso de movilización y debate público en el que las asambleas socioambientales en articulación con otros actores sociales (intelectuales, políticos, organizaciones ambientalistas, entre otros) fueron protagonistas. Hacia fines del 2010 se sancionó una nueva Ley de Protección de glaciares.15 Luego, el debate se extendió en torno a la aplicación de la misma en las diferentes provincias, especialmente en aquellas donde los gobernadores promineros se negaban a su implementación.16

Tercera etapa: encapsulamiento de los conflictos a escala provincial (2010-2015)

Durante la tercera etapa, entre los años 2010 - 2015 se profundizó el proceso de “provincialización de los conflictos” (Saguier y Peinado, 2014), a excepción del conflicto en el Valle de Famatina17 en 2012 que alcanzó, por un breve tiempo, una importante visibilidad pública a nivel nacional, los conflictos en torno a la megaminería se desarrollaron “encapsulados” en los territorios provinciales.

En este periodo, los conflictos tuvieron lugar en el marco de nuevos intentos de instalación de emprendimientos mineros a gran escala en diferentes provincias (Jujuy, La Rioja, Catamarca, Mendoza), incluso en aquellas que cuentan con legislaciones que prohíben la actividad. Al mismo tiempo se observa un recrudecimiento de las acciones represivas por parte de los Estados provinciales en las que, por lo general, intervinieron fuerzas policiales especiales. Algunos de los casos emblemáticos de represión durante estos años fueron los que tuvieron lugar en Andalgalá y Tinogasta, Catamarca (2010), en Iglesia, San Juan (2010) y en Famatina, La Rioja (2012).

A pesar del recrudecimiento de la censura y la represión propinados por los gobiernos provinciales, en 2012 tuvo lugar en la localidad de Loncopué, provincia de Neuquén, un plebiscito que, similar al realizado en Esquel en 2003, permitió a la población expresarse contra la instalación de un megaproyecto de cobre en ese territorio. El pueblo mapuche fue el primer afectado por el proyecto minero de la empresa estatal china y la Corporación Minera del Neuquén. Sin embargo, la organización se extendió más allá de la comunidad indígena.

Como señala Hadad, las características de la organización social en Loncopué, dan cuenta de la articulación de diversos actores la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida y otros dos actores colectivos: la Comunidad Mapuche Mellao Morales y la Asociación de Fomento Rural “Huecú-Có” (Hadad, G. 2017: 263). Sobre el proceso organizativo, Lucrecia Wagner aporta:

La resistencia al proyecto minero en Loncopué combinó la utilización de figuras presentes en la legislación ambiental y la legislación en materia indígena. La legislación ambiental fue clave para postergar la audiencia pública del proyecto minero, que desde 2009 venía siendo impulsada por el gobierno provincial y local sin la debida información a los pobladores de la localidad de Loncopué. (...) Paralelamente a los recursos que fueron retrasando la realización de la audiencia pública, la comunidad Mapuche Mellao Morales presentó una Medida Cautelar de “Prohibición de Innovar”, con respecto a la propiedad minera (...) Además, se fundamentaba en la omisión de la consulta previa, aludiendo al Convenio 169 de la OIT. La medida llegó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia de Neuquén, el cual dictó la “prohibición de innovar”, mediante la Resolución Interlocutoria N° 6941, el 28 de septiembre de 2009 (Wagner, 2019: 198 y 199).

Si bien el proyecto minero se paralizó en el año 2009, la asamblea de Loncopué siguió funcionando e inició acciones para prohibir la minería a partir de una ordenanza municipal. La consulta se llevó a cabo a través de un referéndum popular vinculante que tenía por objetivo prohibir la explotación minera a cielo abierto con sustancias tóxicas, así como aquellas actividades que afectasen las tierras ocupadas por pueblos indígenas. El 3 de junio de 2012 se llevó a cabo el referéndum, votó el 73% del padrón, y el 83% le dijo “SÍ a la Ordenanza” y le dijeron “No a la megaminería”.18

Esta tercera etapa concluye con la puesta en agenda del riesgo sociosanitario y ambiental que conlleva este tipo de minería a partir del derrame de un millón de litros de agua cianurada en el proyecto Veladero de la empresa Barrick Gold, en la provincia de San Juan, hecho que trascendió la escala local.19 El mismo tuvo lugar en septiembre del 2015 y afectó las nacientes del río Jáchal, en el departamento homónimo. El caso tomó estado público y visibilización en los medios de comunicación masiva a nivel nacional. Por su parte, tanto el gobierno provincial, como la empresa, dieron información contradictoria, e intentaron, en un principio ocultar, y luego minimizar las consecuencias.20 Posteriormente, un análisis realizado por la Universidad Nacional de Cuyo detectó que la contaminación de la cuenca del río con metales pesados se encontraba hasta 14 veces por encima de los valores tolerables según la normativa nacional.21

Cuarta etapa: defensa de las legislaciones provinciales que limitan la megaminería (2016-2023)

Esta etapa coincide con el arribo del gobierno de Mauricio Macri quien, a los pocos días de haber asumido - diciembre de 2015- presentó un conjunto de acciones que contribuirían a favorecer al sector minero. Una de las primeras medidas del gobierno fue la quita de retenciones a las exportaciones mineras bajo el argumento de incentivar mayores inversiones. En una clara línea de continuidad con los discursos predominantes en la década anterior, el nuevo gobierno recurrió a las ideas de “minería como motor de desarrollo y progreso” con el objetivo de impulsar la actividad incluso en aquellas provincias donde la misma se encontraba limitada por la legislación. Gran parte de la labor de las asambleas socioambientales estuvo centrada en bregar por la vigencia de las leyes que prohíben la megaminería en algunas provincias dado que los sectores promineros procuraron declarar la nulidad de las normas. Al mismo tiempo, tanto desde las empresas como desde los gobiernos provinciales, intentaron avanzar con nuevos proyectos en provincias donde la actividad se encuentra en desarrollo. Es así que las resistencias sociales en esta etapa estuvieron presentes, particularmente, en aquellas localidades que conocen de cerca la actividad minera: Andalgalá (Catamarca), Jáchal (San Juan) y en aquellas otras que contaban con una legislación que restringía la actividad, como son Mendoza y Chubut.

Las movilizaciones en Andalgalá y Jáchal tienen la particularidad de acontecer en territorios que conviven con la actividad minera desde hace veinte años. Por su parte, en Andalgalá, a partir de un recurso de amparo que las y los vecinos habían presentado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la suspensión del proyecto minero MARA (ex Agua Rica) que se encontraba en avanzado estado de construcción. Si bien el poder judicial de la provincia había rechazado la presentación, en una segunda instancia, el Superior Tribunal de Catamarca, en 2016, falló a favor del amparo y suspendió las actividades del proyecto. Un dato no menor es que a nivel local, el Concejo Deliberante promulgó, el 8/09/16, una ordenanza en la que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto y la extracción de minerales nucleares en la cuenca hídrica del río Andalgalá. La experiencia en el territorio donde se instaló el primer proyecto minero del país evidencia que, más allá de las estrategias de responsabilidad social empresaria desplegadas, la licencia social está lejos de ser alcanzada.

En San Juan, luego del derrame del 2015 y con la confirmación de otros dos episodios en los años subsiguientes, organizaciones preexistentes y nuevos actores se mostraron dispuestos a indagar e iniciaron una serie de acciones a fin de conocer su impacto. Es decir, los derrames, como cadenas de acontecimientos, impulsaron un nuevo ciclo de movilización en territorios donde el conflicto se encontraba en estado de latencia. En diversas escalas se desarrollaron acciones institucionales, orientadas al poder judicial y acciones directas, en búsqueda de visibilización del reclamo. Entre las primeras acciones en el ámbito local, la Asamblea, y vecinas y vecinos autoconvocados de Jáchal y otros departamentos, recurrieron al corte de ruta en el acceso al camino a Veladero. Esta acción directa, terminó con el desalojo de los manifestantes por parte de la policía provincial, personas heridas y detenidas. Un mes después del derrame, la “Asamblea Jáchal No Se Toca”, decidió iniciar un acampe por tiempo indeterminado en la plaza frente a la municipalidad. La instalación de una carpa en la plaza central del departamento funciona como espacio de encuentro, articulación, visibilización y presión a las autoridades (Bottaro, Sola Álvarez, Suárez y Barros, 2021).

Por su parte, la acción institucional, se puso especialmente en juego a partir de la participación en el conflicto de abogados ambientalistas que acompañan las acciones de la Asamblea y de vecinas y vecinos movilizados. En este escenario particular, los vaivenes en el poder judicial estuvieron signados por el conflicto entre la justicia provincial y la nacional a raíz de la “competencia jurisdiccional” que debía entender en la causa. En este marco, el juez federal Sebastián Casanello dispuso realizar un peritaje a cargo del geólogo Robert Moran; el experto internacional aportó datos relevantes sobre la precariedad en materia de seguridad y la violación a la Ley Nacional de Protección al Ambiente Glaciar y Periglacial.

En diciembre de 2019, asumió la Presidencia de la Nación Alberto Fernández, quien, desde el inicio de su gobierno, anunció que la minería sería un tema primordial de su gestión, a partir de un discurso que puso especial énfasis en la necesidad de planificación estratégica, desarrollo sostenible y la importancia de la actividad para las economías regionales.22

En consonancia con las disposiciones nacionales, desde diferentes gobiernos provinciales de territorios donde la minería a cielo abierto no está permitida por Ley, se intentó avanzar en transformaciones legislativas. En Mendoza, en diciembre de 2019, durante su primera semana como gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, con el apoyo de legisladores de distinto signo político envió a la Legislatura el proyecto de modificación de la Ley 7722. Dicha norma hace especial hincapié en la protección de los recursos hídricos, y prohíbe en el territorio provincial el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en el proceso de explotación de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.23 El 20 de diciembre se sancionó la Ley Provincial N° 9209, que habilitaba el uso de las sustancias mencionadas en proyectos de minería metalífera. Diez días después, en el marco de movilizaciones masivas en diferentes departamentos, el gobernador y la legislatura provincial debieron derogar dicha Ley.

Fueron días de intensas manifestaciones que se expresaron a través de caravanas que recorrieron más de 100 km desde los departamentos hasta la ciudad de Mendoza. Se realizaron marchas y movilizaciones en las calles y plazas que luego se multiplicaron frente al accionar represivo de la policía. El conflicto superó la escala provincial, por un tiempo estuvo presente en los medios de comunicación a nivel nacional y reabrió el debate en torno a las características de la minería a cielo abierto y sus consecuencias socioambientales.

Por su parte, la provincia de Chubut, también se convirtió en un escenario de conflicto cuando en 2019, en un contexto de profunda crisis socioeconómica e institucional, desde el gobierno provincial se propuso avanzar con la actividad, prohibida en la provincia, a partir de un proyecto de zonificación. Frente a ello, las asambleas socioambientales que integran la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut comenzaron a reunir firmas a fin de presentar la segunda “Iniciativa Popular” contra el desarrollo de la actividad y apelando a la Ley General del Ambiente, más precisamente, a los principios preventivo, precautorio y al principio de equidad intergeneracional (Unión de Asambleas Comunidades de Chubut, 2020)

En 2021, la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Legislatura emitió dictamen negativo para tratar la Iniciativa Popular y la propuesta de zonificación minera avanzó hasta que el 15 de diciembre de 2021 fue aprobada. Su tratamiento se precipitó por la presión del bloque oficialista, se votó de noche y con la legislatura rodeada de fuerzas de seguridad. Entre otros proyectos, quedó habilitaba la explotación minera en la meseta donde se encuentra el yacimiento de plata y plomo Navidad, de la multinacional Pan American Silver. La jornada legislativa finalizó con la represión contra quienes llegaron para protestar en las puertas del edificio de la Legislatura. Los días subsiguientes se sucedieron manifestaciones cada vez más numerosas rechazando la Ley sancionada.

Las marchas contra la zonificación fueron respaldadas por diferentes actores sociales: del ámbito gremial la CTA, ATE y diferentes gremios docentes, los sindicatos marítimos y portuarios, trabajadores judiciales, sindicatos de la salud pública y científicos del CONICET-CENPAT24, entre otros, se expresaron en reiteradas ocasiones en contra de la zonificación. Asimismo, más de 200 organizaciones, artistas y académicos firmaron un comunicado en rechazo a la Ley de Zonificación. Luego de cinco días de intensas manifestaciones de la población, la Legislatura de Chubut aprobó la derogación de la ley de Zonificación Minera.

Por último, es oportuno mencionar que, en abril de 2023, el Juez Federal de Rawson Gustavo Lleral procesó a 23 vecinas y vecinos de Trelew, Rawson y Puerto Madryn por la participación en los cortes de ruta de 2021. De esta forma, dos procesos confluyeron en la provincia de Chubut: por un lado, un aumento en la criminalización de la protesta social y, paralelamente, el impulso de un proyecto de ley 019/23 que enviara el gobernador a la Legislatura cuyo objetivo era “establecer como nuevo paradigma la soberanía energética”. (ANRED, 10/05/2023). Las asambleas cuestionaron la noción de soberanía de la que parte el proyecto y afirmaron que el mismo atenta contra la Ley Nacional Nº27.566, que aprobó el Acuerdo de Escazú (Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses, s/f). El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional de América Latina y el Caribe sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales y contiene disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, fue aprobado en Argentina en 2020 y brinda un marco que, aunque insuficiente, resulta promisorio para los movimientos sociales que defienden los territorios del extractivismo.

Un nuevo ciclo de la actividad minera, ¿nuevo ciclo de conflictividad socioambiental?

En el contexto geopolítico actual, diversos actores de la escala global reconocen la necesidad de realizar una transición energética. Sin embargo, los debates en torno al origen de los minerales que demandaría dicho proceso, permanecen ocultos. Tal como señalan Lang, Bringel y Manahan (2023), a partir de una invisibilidad del Sur global, con naturalidad se asume que “los minerales críticos” para la electrificación del transporte, para la generación de energía eólica y solar y para la digitalización y robotización de la producción vendrán de territorios periféricos. Al referirse a los documentos de la Comisión Europea, las autoras advierten que en ellos se alude a “alianzas verdes” y “materias primas sostenibles”, sin detallar cómo el extractivismo se volverá “sostenible” y las relaciones Norte-Sur menos asimétricas.

En el plano nacional, desde el poder ejecutivo, recientemente se impulsaron acuerdos y tratados que se orientaron a generar o afianzar vínculos con los países centrales en materia de explotación de “minerales críticos”. En el último año de gestión presidencial, Alberto Fernandez, firmó un memorándum con la presidenta de la Unión Europea cuyo propósito sería intensificar la cooperación en el ámbito de las cadenas de valor sostenibles de materias primas que apoyan la transición a la energía limpia y la transición digital (Memorándum, 2023).

En el marco del flamante gobierno de Javier Milei, la Comisión Europea recibió a la delegación argentina en Bruselas y confirmó la necesidad que presentan de materias primas críticas para alcanzar sus objetivos económicos, climáticos y digitales para lo que asociaciones estratégicas sobre las cadenas de valor de las materias primas con terceros países como Argentina les resultan fundamentales (Comunicado de la Comisión de la UE, febrero 2024).

En un nuevo escenario, se complejiza el discurso que promueve la actividad minera a gran escala a partir de la demanda de minerales orientados a la generación de energías renovables. Se busca así, dotar de legitimidad a la actividad refiriendo tanto al objetivo de alcanzar la soberanía energética como apelando al papel que las energías renovables jugarían para afrontar la crisis climática. Como señalamos anteriormente, para los países del Sur esto conlleva a mayor extractivismo y nuevos conflictos en los territorios.

Reflexiones finales

El desarrollo de la minería a gran escala en Argentina se inscribió en un ciclo expansivo de la actividad extractiva sin precedentes a nivel global. El “boom minero” se montó sobre un andamiaje altamente favorable que generaron las políticas neoliberales para el ingreso masivo de las grandes corporaciones; posteriormente, en el marco de los gobiernos progresistas, se sostuvieron las óptimas condiciones de operación a favor de los capitales transnacionales, fundamentalmente, en términos tributarios y de regulación ambiental.

Desde la retórica de los sucesivos gobiernos nacionales implicados en el período analizado (2003-2023), la minería fue presentada como la oportunidad de generar “desarrollo genuino” en las provincias cordilleranas. En este lapso, si bien la cuestión minera no fue un tema de agenda permanente, se registra continuidad en lo que hace a los beneficios del sector. Paralelamente, a lo largo de estos años y a escala subnacional, se observa un recrudecimiento de las acciones represivas y la ampliación de mecanismos de censura que acompañaron las políticas de promoción de la actividad minera en la mayor parte de las provincias.

A más de veinte años de conflictos socioambientales en torno a la megaminería en Argentina, la persistencia de las resistencias sociales revela el rechazo que esta actividad genera en los territorios y la capacidad de organización de las comunidades. El protagonismo de la resistencia continúa estando, en ciertos territorios en las comunidades indígenas y en los espacios asamblearios autoconvocados que, en articulación con otros actores sociales (productores, sindicatos, intelectuales, organizaciones de abogados, colectivos ambientalistas, artistas, entre otros), han demostrado a lo largo del conflicto una importante capacidad de movilización. La misma se expresó en múltiples oportunidades, tanto en las acciones directas que lograron hacer visible el conflicto más allá de la escala local, como en la productividad legislativa que se evidencia en diferentes leyes provinciales y nacionales que limitan la expansión de la minería a gran escala en determinados territorios. Se observa, entonces, que el proceso fue acompañado por diferentes aprendizajes, principalmente de aquellos instrumentos legislativos a los cuales apelar en situaciones concretas, utilizados en el marco de la acción institucional. Aun así, y pese a los diferentes proyectos de ley y a las diversas iniciativas que se desarrollaron durante estas décadas para derogar las leyes mineras de los 90, no fue factible introducir modificaciones sustantivas a la regulación de la actividad a escala nacional.

La consolidación y difusión de un saber experto independiente en el seno de las asambleas socioambientales fue fundamental para que las comunidades amenazadas pudieran sortear las trabas de la desinformación intencionada de funcionarios y empresarios del sector acerca de las características de la actividad y sus riesgos asociados. En los diferentes espacios de debate público que se dieron a lo largo de estos años, especialmente el que tuvo lugar por la Ley de glaciares, el saber experto independiente significó una herramienta fundamental con la que contaron las asambleas y otros actores movilizados para contrarrestar los discursos de técnicos, expertos y asesores promineros que minimizaban los impactos socioambientales. Además, este saber independiente construido sobre la base de una racionalidad ambiental (Leff, 2002) supone la integración y el respeto de los diversos conocimientos presentes en los territorios, en particular los de las comunidades campesinas e indígenas facilitando, de este modo, la expresión de otras valoraciones sobre el mismo.

Las diferentes etapas en las que se desarrollaron los conflictos en torno a la megaminería muestran su carácter dinámico. Cada etapa estuvo marcada por la política del Estado en la promoción del modelo minero, tanto a nivel nacional como subnacional, así como por las acciones desarrolladas desde las resistencias en diferentes provincias. Es así como en los distintos períodos encontramos momentos de mayor movilización y expresión del conflicto, y otros donde el mismo se mantuvo en estado de latencia. La articulación entre actores sociales de diferentes escalas posibilitó que, ante escenarios subnacionales complejos, se habilitara la visibilización y tematización del conflicto en la escala nacional.

En un contexto geopolítico en el que las proyecciones para los próximos años refieren a que la demanda global de minerales y metales se duplicaría y en el que el discurso sobre la necesidad de explotación de minerales es asociado a la “transición energética”, se torna necesario dar debates que permitan realizar críticas a las propuestas que se encuentran en la base de esa transición. Como postulan Maristella Svampa y Pablo Bertinat la “transición energética debe ser entendida de manera integral en el marco de una transición ecosocial justa que comprenda una transformación en diferentes niveles y articule la justicia social con la justicia ambiental bajo un paradigma relacional” (Svampa y Bertinat, 2022: 13). En este sentido, el diálogo con las comunidades indígenas, las asambleas socioambientales y las diferentes organizaciones sociales, que en las últimas décadas han resistido al extractivismo y han propuesto modos alternativos de relacionamiento con la naturaleza y el territorio, resulta fundamental para pensar una transición ecosocial justa.

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Políticas de promoción del extractivismo minero y procesos de movilización...

Bottaro Lorena y Sola Álvarez Marian