“Volver a la acción”
El trabajo de policías retirados en las Guardias Urbanas municipales
Marcelo José Rey*
RESUMEN: Las Guardias Urbanas constituyen equipos dependientes de las áreas de seguridad de los municipios, surgidos en nuestro país en la primera década del siglo XXI como una de las respuestas de los gobiernos locales a los problemas de “inseguridad”. Aunque fueron conformadas por una diversidad de perfiles de trabajadores y trabajadoras, en las Guardias Urbanas del conurbano bonaerense se destacó la presencia de “retirados”, personas cuyo pasado laboral remitía a alguna Fuerza de Seguridad. El propósito de este artículo es el de estudiar las trayectorias laborales de los retirados en las Guardias Urbanas bonaerenses a partir de dos casos testigos, los municipios de Avellaneda y Lanús, entre los años 2009 y 2023. A partir de un abordaje etnográfico realizado en ambos municipios, veremos que las misiones, tareas cotidianas y estéticas profesionales de las diferentes Guardias Urbanas presentan una gran diversidad, a pesar de haber sido creadas con objetivos similares.
Palabras claves: Guardia Urbana, seguridad, gobierno local
ABSTRACT: The Urban Guards constitute teams dependent on the security areas of the municipalities, which emerged in our country in the first decade of the 21st century as one of the responses of local governments to “insecurity” problems. Although they were made up of a diversity of worker profiles, in the Urban Guards of the Buenos Aires suburbs the presence of “retired” people stood out, people whose work history referred to some Security Force. The purpose of this article is to study the work trajectories of retirees in the Buenos Aires Urban Guards based on two witness cases, the municipalities of Avellaneda and Lanús, between the years 2009 and 2023. Based on an ethnographic approach carried out in both municipalities, we will see that the missions, daily tasks and professional aesthetics of the different Urban Guards present great diversity, despite having been created with similar objectives.
Key words: Urban Guard, security, local government
Durante la primera década del siglo XXI aparecieron en las calles del conurbano bonaerense las Guardias Urbanas (GU): equipos civiles, sin estado policial, compuestos por personas contratadas por los gobiernos locales, con funciones y tareas relativas a la seguridad. Las GU surgieron en una coyuntura social muy particular de nuestro país, signada por los rastros de la crisis del modelo neoliberal y la emergencia de la “inseguridad” como problema público. En ese contexto, la formación de las GU se convirtió en una de las estrategias desplegadas por los intendentes para responder a una doble demanda vecinal: seguridad y empleo.
En efecto, la injerencia de los gobiernos locales en la gestión política de la seguridad abrió innumerables, novedosas y variadas fuentes de trabajo para las y los habitantes de los municipios. En el presente artículo, nos proponemos estudiar algunas variables ligadas al surgimiento, puesta en marcha y desarrollo de las GU en partidos de la provincia de Buenos Aires, focalizándonos en los aspectos ligados al mundo del trabajo. Particularmente, nos concentramos en las experiencias laborales de un segmento específico de los planteles de las GU, el compuesto por personal retirado de diferentes Fuerzas de Seguridad (FFSS). Incluimos dentro de la categoría FFSS, a las instituciones policiales provinciales o federales, a los servicios penitenciarios y a las Fuerzas Armadas, cuyos integrantes en situación de retiro suelen incorporarse a las GU municipales bajo el genérico de “policías retirados”.
¿Cuáles son las misiones de las GU, en tanto actor territorial de reciente aparición en la gestión política de la seguridad? ¿Cuáles fueron los roles y cómo vivenciaron sus tareas en las GU las y los policías retirados? En esta ocasión, avanzamos en el abordaje de estos interrogantes mediante el estudio comparado de dos casos testigo: las GU conformadas entre los años 2009 y 2023 en Avellaneda y Lanús, municipios linderos ubicados en la zona sur del primer cordón del conurbano bonaerense. Nuestra hipótesis general gira en torno a la heterogeneidad de las GU como una de sus principales peculiaridades a la hora de caracterizarlas, a pesar de buscar, a priori, propósitos similares vinculados a la seguridad de las y los habitantes de los municipios en los que actúan. Lejos de constituir proyectos homogéneos, veremos que el análisis situado de las GU de dichos partidos nos permitió comprender el carácter diverso de sus planteles, estéticas, misiones, funciones y tareas. A lo largo del artículo, advertiremos que tal variedad, está directamente vinculada a las formas en que cada gestión municipal concibe el problema de la (in)seguridad y, en función de ello, diagrama las políticas del área e interpreta los alcances y límites del ejercicio del poder de policía en el nivel local de gobierno. Estas variables impactan directamente en las modalidades de trabajo de las GU y, en particular, en el segmento compuesto por las y los policías retirados. Antes de avanzar, nos situamos en el contexto histórico abordado y realizamos algunas aclaraciones teóricas y metodológicas.
2. Contextos, teorías y métodos
Hacia fines de la década de 1990 la “inseguridad” como problema público se instaló definitivamente en la Argentina incidiendo, como nunca antes, en las agendas de los espacios políticos y en las propuestas de gestión de los diferentes niveles de estado (Ciafardini, 2006; Kessler, 2009). Desde entonces, los gobiernos municipales, y con particular vigor los del conurbano bonaerense, comenzaron a involucrarse en la gestión política de la seguridad a pesar de ser una responsabilidad o competencia que, en términos normativos, le correspondía a los Estados Provinciales y al Estado Nacional en el caso de los delitos federales (Dammert, 2007; Shleider y Carrasco, 2016; Rodríguez Games, 2016; Fernández, 2016).
Este involucramiento de los gobiernos locales en las políticas de seguridad obedeció a una serie de tendencias contrapuestas que condujeron a los intendentes a tomar cartas en el asunto en un camino progresivo y sin interrupciones hasta nuestros días. Máximo Sozzo (2008) afirma que la primera de esas tendencias, propia de la racionalidad neoliberal de los años noventa del siglo pasado, se aprecia en el proceso de descentralización paulatina de facultades gubernamentales hacia el sector privado o a otros niveles de estados, como en este caso, la delegación de responsabilidades de seguridad por parte de la Nación y de las provincias en los municipios. Esta tendencia “descendente”, se ha encontrado con otras dos en sentido inverso, es decir, “de abajo hacia arriba”. Por un lado, la creciente demanda de vecinas y vecinos hacia los intendentes, convirtiéndolos en el centro de los reproches ante el avance del delito callejero y de la “inseguridad”. Por el otro, en un proceso de politización del problema, los propios actores políticos locales han planteado en diferentes contextos sus deseos de hacerse cargo de la seguridad de sus territorios, resaltando las ventajas, herramientas y capacidades que los municipios poseen para afrontar el desafío (Sozzo, 2008: 59-62).
En este marco de respuestas locales a la “crisis de inseguridad”, durante la primera década del siglo XXI se crearon las primeras carteras municipales de seguridad en la provincia de Buenos Aires (direcciones, subsecretarías, secretarías); comenzaron a desarrollarse inversiones en tecnologías vinculadas a la prevención, conjuración e investigación de delitos (como la colocación de cámaras de video-vigilancia, alarmas comunitarias y la creación de centros de monitoreo); se orientaron fondos propios para el fortalecimiento logístico de la policía bonaerense (compra y mantenimiento de patrulleros, financiamiento de combustible, acondicionamientos de comisarías); y se formaron nuevos equipos de trabajo dedicados a tareas relacionadas con los objetivos del área. Entre estos nuevos planteles municipales abocados a la seguridad aparecieron en escena las GU, en principio, con el objetivo de enmendar uno de los límites que se les presenta a los municipios de nuestro país: poseer policías propias (Saín, 2016).
Este avance municipal sobre el problema securitario se inscribe en uno más amplio que Alina Ríos (2010) ha denominado “gubernamentalización de la seguridad”, es decir, la instalación de la seguridad como fin y objeto de gobierno. Justamente, Ríos ensayó la noción en un estudio dedicado a una de las primeras GU de nuestro país, la desarrollada en la Ciudad de Buenos Aires entre los años 2004 y 2007. La propuesta de la autora fue pensar la gubernamentalización de la seguridad, “en la medida en que son las tácticas de gobierno las que hacen posible una delimitación del problema de la seguridad y de las prácticas que deben articularse para enfrentarlo” (Ríos, 2010: 490). La tesis principal del trabajo de Ríos afirma, entonces, que la emergencia, desarrollo y disolución de la GU porteña estuvo ligada a una forma particular, situada en términos históricos, en que el problema de la seguridad fue construido, en relación al cual se reordenaron y redefinieron las relaciones de gobierno y las formas de policiamiento.
Recuperando la hipótesis de Ríos, consideramos que la heterogeneidad de las GU de los municipios bonaerenses obedece, en primer lugar, a las formas en que cada gestión local ha definido la seguridad como objeto de gobierno, y las maneras en las que ha producido intervenciones concretas (Rose y Miller, 1990). De modo tal, que de acuerdo a cada gestión municipal y al contexto político específico, se han producido variantes en los modos en que se implementaron los medios para el abordaje de la seguridad, entre ellos, las misiones, tareas, características y estéticas de los planteles de sus GU. En términos de Máximo Sozzo, las “racionalidades gubernamentales” son el resultado “de una miríada de múltiples, mudables, locales y contingentes procesos de pensamiento y acción en torno a problemas de gobierno”, por lo que no son equiparables a doctrinas filosóficas o políticas, sino que poseen una clara impronta “práctica” (2015: 23). En este sentido, “las ‘racionalidades gubernamentales’ son intrínsecamente interdependientes con las ‘tecnologías gubernamentales’”, pensadas como “formas de actuar dirigidas a la manipulación del mundo físico o social de acuerdo a rutinas determinadas, que guardan una cierta regularidad” (Sozzo 2015: 24).
A lo largo de esta presentación, veremos que una de las principales variables a la hora de reflexionar sobre las formas en que los gobiernos locales racionalizaron el problema de la seguridad y ejecutaron políticas vinculadas al área mediante la aplicación de diversas tecnologías gubernamentales, está determinada, entre otros factores, por las relaciones intergubernamentales que los municipios han tejido con la Nación y la provincia de Buenos Aires durante los años estudiados. Como afirma Alberto Binder, “lo local, en materia de seguridad, es siempre intergubernamental. No se trata nunca de una política que el municipio pueda realizar por sí solo, sin participación, positiva o negativa, de otras instancias del gobierno” (Binder, 2016: 19). Veremos que los principales virajes relacionados a cada una de las GU de Avellaneda y Lanús, en tanto tecnologías gubernamentales, estuvieron condicionados por los vínculos entre los diferentes niveles de gobierno, y los cambios o las continuidades de las administraciones políticas de cada gestión, impactando de manera directa en las modalidades de trabajo de sus integrantes en general, y de los retirados de las FFSS en particular.
En función del contexto descripto, el artículo está organizado en tres apartados principales, y el criterio utilizado para tal división obedece a recortes temporales prácticamente coincidentes con coyunturas electorales que produjeron cambios o continuidades de las gestiones municipales, provincial y nacional (2009-2014, 2015-2019 y 2020-2023). Por un lado, proponemos un enfoque sincrónico, estableciendo comparaciones entre ambas GU durante los mismos períodos; y, por otro, uno diacrónico, observando las principales variaciones transitadas por cada uno de los municipios entre 2009 y 2023.
En términos metodológicos, nos importa destacar que los contenidos de esta presentación son el resultado de dos experiencias de campo desarrolladas en diferentes etapas, entre los años 2013 y 2023, en secretarías de seguridad de los dos municipios indagados. En el caso de Avellaneda, el autor formó parte de la cartera de seguridad entre diciembre del año 2013 y octubre del 2022, y en Lanús, desde diciembre de 2023 a la actualidad. Ambas experiencias facilitaron el acercamiento a las y los trabajadores de los equipos en cuestión, y a la realización de observaciones participantes y entrevistas distendidas en los contextos de trabajo. Además de la perspectiva etnográfica, relevamos documentación y normativa vinculada a cada GU, y hemos revisado la comunicación oficial de los municipios, y la prensa local y nacional relacionada a los eventos políticos más relevantes del área monitoreada.
Las GU del conurbano bonaerense, como adelantáramos, presentan una gran heterogeneidad de acuerdo a las estrategias de gestión y a los objetivos políticos de las diferentes administraciones municipales, condicionando las modalidades de trabajo de sus integrantes. Si bien, en sus orígenes, visualizamos semejanzas en sus prácticas profesionales, misiones, y planteles de trabajadores y trabajadoras, a lo largo del tiempo las GU de Avellaneda y Lanús fueron diferenciándose mediante la modificación de todas las variables que acabamos de citar. Vayamos a los comienzos.
Aunque existían antecedentes previos al 2009 en ambos municipios (dependencias menores y pequeños equipos con tareas asociadas a la prevención de delitos) la adhesión al Programa Integral de Protección Ciudadana (PIPC) propiciado por el gobierno nacional en la primera mitad de aquel año constituyó el puntapié inicial mediante el cual las 24 intendencias del Gran Buenos Aires determinaron la creación de sus respectivas GU. El PIPC se formalizó mediante un Convenio de Cooperación firmado entre la Jefatura de Gabinete de la Nación y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires en abril de 2009. Su ejecución, implicaba la asunción de diferentes responsabilidades entre los gobiernos nacional, provincial y locales. Mientras que Nación financiaba el programa para la implementación de políticas de seguridad (la compra de patrulleros, cámaras de video-vigilancia, sistemas de rastreo satelital, etc.); los municipios se comprometieron a su ejecución mediante la creación de centros de monitoreo; y la formación de nuevos equipos destinados al patrullaje mediante la incorporación de personal retirado de diferentes FFSS. Por su lado, el gobierno provincial se comprometió a supervisar la ejecución e implementación efectiva del PIPC (Galvani, Ríos y Cañaveral, 2013).
Tanto Lanús como Avellaneda adhirieron inmediatamente al PIPC y aunque las dos gestiones eran encabezadas por intendentes del Frente para la Victoria (FpV), en coincidencia con los gobiernos provincial y nacional, la puesta en marcha de las flamantes GU varió de acuerdo a las dinámicas propias de cada gestión.1 En el caso de Avellaneda, Protección Ciudadana fue creada hacia mediados del año 2009, inmediatamente después de la adhesión al PIPC, con la incorporación de los primeros 140 agentes, dependientes de la Secretaría de Seguridad. La mayoría de sus integrantes (105, en su totalidad varones) provenían de alguna FFSS: Policía de la provincia de Buenos Aires (PPBA) y de la Policía Federal Argentina (PFA), del Ejército Argentino (EA), de Prefectura Naval Argentina (PNA), y del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires (SPBA). Sin embargo, ser “retirado” no constituyó un requisito indispensable para la GU de Avellaneda, ya que el equipo original contó con una porción de sus trabajadores (35 de los 140) con otras experiencias laborales previas. En cuanto a la modalidad de la convocatoria, la gestión decidió rastrear a las y los candidatos entre la inmensa cantidad de pedidos de trabajo que vecinos y vecinas del partido le realizaban al intendente mediante diferentes medios (cartas, notas o pedidos personalizados) antes que realizar solicitadas públicas.
Por el contrario, la conformación y puesta en marcha del equipo en el municipio de Lanús, también denominado Protección Ciudadana en sus orígenes, se atrasó por dificultades en la ejecución del programa por parte del gobierno local. Ricardo, un integrante de aquel primer plantel de Protección Ciudadana de Avellaneda, policía retirado de la PPBA, comentaba que había intentado el ingreso en ambos municipios al enterarse de la implementación del PIPC. Desde el municipio de Avellaneda, en donde tenía domicilio, fue convocado ya en el mes de abril para incorporarse al proyecto, mientras jamás fue citado desde el municipio vecino. En efecto, hacia finales del 2009, los funcionarios de la cartera de Seguridad de Lanús eran interpelados por el Honorable Consejo Deliberante por el atraso en la ejecución del programa, en el marco de la vigencia de la “Emergencia de seguridad” declarada por el mismo organismo un año antes. A siete meses de la firma del convenio, apenas habían logrado incorporar 8 vehículos y 20 personas al equipo, mientras que en Avellaneda el proyecto ya se encontraba en pleno funcionamiento.2
En esta primera etapa, más allá de las diferencias señaladas en los procesos de implementación, las características del trabajo de las GU fueron similares en ambos municipios, asemejándose a las de un cuerpo policial. En primer lugar, si bien las GU no son instituciones policiales, la mayoría de aquellos primeros integrantes poseían “estado policial”, al ser retirados de diferentes FFSS. El estado policial es una situación jurídica/administrativa que les permite a las personas sostener el conjunto de deberes, obligaciones y derechos que rigen el desempeño de las diferentes fuerzas, incluso tras el retiro.3 De tal manera, que la tenencia y portación de armas de fuego para funcionarios y funcionarias en situación de retiro se facilita respecto del resto de la población, lo que permitió a los intendentes emular la tan pretendida policía municipal mediante la convocatoria de retirados a las GU.4
En segundo lugar, los horarios laborales de estos cuerpos conformados, entonces, por personas armadas y con estado policial, estaban asociados a los de la policía bonaerense (12 horas de servicio por 36 de franco), ya que una parte importante de las tareas eran realizadas en conjunto por ambos planteles. Por lo tanto, el personal de las GU, al igual que la PPBA, fue dividido en cuatro guardias: dos diurnas, que trabajaban de 6:00 a 18:00 horas, mientras que las dos restantes lo hacían de 18:00 a 6:00. Este encuadramiento horario de ambas agencias permitía desarrollar uno de los principales objetivos buscado por los intendentes: incrementar la cantidad de patrullas presentes en las calles de los municipios, una demanda permanente de vecinos y vecinas. La modalidad fue idéntica en ambas experiencias: los agentes de las GU daban “el presente” en sus dependencias, se subían al móvil provisto por el gobierno local (con características similares a las de un patrullero: cristales blindados, balizas azules e inscripciones referentes a “seguridad”), y se dirigían a las comisarías a recoger a un policía para completar el “binomio mixto”, compuesto por un trabajador municipal y un policía bonaerense.
La dinámica descripta obedece a que los gobiernos locales han optado, en general, por el desarrollo de políticas de seguridad manifiestamente “policialistas” producto de que han carecido de competencias legales, recursos materiales, conocimientos e iniciativas para abordar el problema de una manera más integral (Sozzo, 2008; Rodríguez Games, 2016). Sumado a estas limitaciones, la demanda de sus habitantes dirigidas a los intendentes por “más seguridad”, suele reducirse a la exigencia de políticas vinculadas a la represión del delito, en general, sintetizadas en “más policías”, a pesar de no ser un recurso municipal. En este sentido, Santiago Fernández (2016) afirmaba que, de acuerdo a las encuestas dirigidas a personas que reclamaban respuestas ante el incremento de la inseguridad, la mayoría optaba por abordajes represivos (aumento de penas y mayor policiamiento), antes que por iniciativas de carácter disuasivas o preventivas, capaces de abordar los orígenes estructurales de los delitos y las violencias. La contradicción radicaba en que las mismas encuestas señalaban a los gobiernos locales como los principales responsables, mientras que ninguna de las dos respuestas exigidas (policía y penas) eran parte de sus competencias (Fernández, 2016: 56).
En este marco, las tareas iniciales de las GU, además de realizar patrullajes preventivos en diferentes zonas de ambos municipios, consistían en custodiar dependencias de los gobiernos locales mediante paradas fijas; escoltar a equipos con intervenciones que se consideraban riesgosas (como los desarrollados por inspectores del área de Remoción de Vehículos, que retenían automóviles infraccionados); o sostener presencia en diversos centros comerciales con el objetivo de prevenir delitos.
Ahora bien, como señalamos en la introducción, las GU no solo fueron una de las políticas implementadas por los intendentes ante un reclamo vecinal de “más seguridad”, sino también una respuesta a escala municipal a la demanda de muchos de sus habitantes que no lograban insertarse en el mercado del trabajo u obtener estabilidad laboral. Veamos como transitaron esta experiencia, en particular, los policías retirados que se sumaron a las GU.5
Para muchos retirados de FFSS el ingreso a las GU significó “volver a la acción”, luego de haber tomado distancia de las tareas cotidianas que habían realizado durante los años de servicio activo. Es el caso de Carlos, un Suboficial Mayor retirado de la PFA e integrante del primer equipo de Protección Ciudadana de Lanús. Conversábamos con él sobre la depresión que sintió tras su alejamiento del trabajo activo, en el año 2005, luego de 25 años de actividad y con solo 50 años de edad, y el impacto que sintió al volver a trabajar:
“Nosotros nos retiramos jóvenes, después de 25 años laburando todo el día en la calle, y de un día para el otro estás en tu casa, al pedo, siendo re-joven todavía. Cuando yo empecé a trabajar, veía a los vigilantes con experiencia o a los comisarios, y me parecían viejos, y cuando me retiré me di cuenta que era re-joven. Al principio, todo bien, pero a los cinco meses caminaba por las paredes, estaba deprimido, me sentía un inútil, porque encima no sé hacer otra cosa, yo soy poli [se da palmadas en el pecho]. Empecé a laburar en una empresa de seguridad privada, pero no me hallé, estaba en la garita de una fábrica, me aburría, una depresión… Hasta que entré en Protección. Mirá que no era un problema de guita, yo me retiré con el 100% del sueldo, mi mujer trabajaba. Para mí fue volver a la acción: la adrenalina de salir a la calle de vuelta no tiene comparación. Salía de chofer, con un vigi de la comisaría 5°, recorríamos, identificábamos personas, tuvimos un montón de procedimientos, fue como revivir”.6
Carlos ingresó a Protección Ciudadana en 2009 con 54 años, según recuerda, en busca de “adrenalina” más que por problemas de índole económica. Más aún, nótese que no identificaba su trayectoria en la fuerza como un trabajo, sino que continuaba sintiéndose policía, a pesar de ser retirado: “yo soy poli”, afirmaba con orgullo cuando charlábamos. Como sostiene Mariana Galvani (2016) para el caso de la PFA, más allá de las motivaciones iniciales de gran cantidad de personas que ingresan a la fuerza (en general, una oportunidad para mejorar sus condiciones laborales) luego de atravesar la etapa de formación y de recorrer la práctica profesional, los policías culminan apropiándose la idea de que la única forma legítima de ejercer la profesión es producto de “la vocación”. Lejos de movilizarlo el afán de lucro, volver a sentir “adrenalina” al realizar “procedimientos” junto a oficiales en actividad, reinsertaba a Carlos en el mundo del que proviene, en el que al “buen policía” se lo define por su vocación, equivalente al sacrificio y la entrega desinteresada ante el riesgo (Galeano, 2011; Garriga Zucal, 2017; Maglia, 2017).
Este desinterés material expresado por Carlos, sumado al entusiasmo por volver a experimentar el vértigo que implican ciertas tareas policiales, se asocian a otras dos aristas del ya mencionado “estado policial”. Por un lado, en tanto situación jurídica que organiza los deberes del personal, a diferencia de otros trabajos, el estado policial define a la profesión como de tiempo completo. Es decir, los deberes policiales respecto de la sociedad que deben proteger no se limitan al horario de servicio, sino que continúan durante el tiempo de franco, que en las fuerzas se denomina, precisamente, “franco de servicio”. Este concepto es concebido por los policías de modo que afirman que fuera de sus horarios estrictamente laborales están obligados a actuar ante cualquier evento delictivo que visualicen. Y, por otro lado, el deseo de Carlos de volver a involucrarse con sus antiguos camaradas tras “no hallarse” en otros contextos laborales (como trabajar en “la garita de una fábrica”), evidencia su mirada respecto de una alteridad que el colectivo policial produce para la construcción de la propia identidad. Garriga Zucal considera que “el estado policial como distancia de lo ‘civil’ es una representación efectiva de una diferencia. La emoción del hacer policial, labor heroica y audaz, se contrapone al mundo civil monótono” (2016: 729).
Algo similar le sucedió a Alfredo, en este caso un ex-integrante de la PPBA ingresado a Protección Ciudadana de Avellaneda en la segunda convocatoria, a mediados del año 2013, cuando tenía 46 años de edad7:
“Yo la pasé muy mal, había estado 3 años preso por una cama que me hicieron. Quedé pegado en una interna policial, y estuve preso entre el ‘97 y el 2000. Y cuando quedo en libertad (después del juicio oral que me declara inocente) me quedo en la calle. Recuperé la libertad, pero había perdido la carrera, no tenía laburo, y en plena crisis. Intenté volver a policía, pero tenía un sumario administrativo más grande que el penal, y no podía levantarlo, pasaban los años y el expediente no se movía. Hice de todo para comer, laburé de lo que se te ocurra, hasta llegué a cartonear en una época. Y recién pude estabilizarme cuando entré a Protección, me volvió el alma que había perdido el cuerpo. Pude volver a tener laburo estable, con obra social para la familia. Primero entré contratado y dos años después, en 2015, me pasan a planta permanente. Hasta me puse a estudiar cuando entré a Protección, terminé la secundaria en el FINES, en 2014, y me anoté en la universidad de Lanús, en la carrera de Seguridad Ciudadana. Me pude comprar un auto 0km por primera vez en mi vida, y en 2020 llegué a ser Jefe de Grúas.”
Los relatos que describen el impacto emocional que les provocó a los policías retirados el ingreso a las GU se reiteraron constantemente a lo largo de nuestra investigación. Si para Carlos la incorporación a Protección Ciudadana fue “revivir”, Alfredo sostiene que le “volvió el alma que había perdido el cuerpo”. Pero, a diferencia de Carlos, a Alfredo las cosas no le iban bien en términos laborales y económicos ya que su desvinculación del servicio policial activo se había producido de una manera conflictiva, sin haber obtenido el retiro y, por consiguiente, ingresos jubilatorios. En este caso, la estabilidad laboral que obtuvo Alfredo, luego de años de zozobra, se asemeja a relatos de otras y otros integrantes de las GU cuyas experiencias previas no eran policiales (como trabajadoras domésticas, amas de casa, albañiles o remiseros) y que hacia el año 2009 aún no habían logrado recomponerse de la crisis neoliberal. Veamos a continuación cómo las semejanzas iniciales de las GU de Avellaneda y Lanús comenzaron a bifurcarse tras los cambios de gestión producidos en los diferentes niveles de gobierno luego del proceso electoral del año 2015.
El período 2015-2019 significó una bisagra en el trabajo de las GU de ambos municipios, y en particular sobre las tareas realizadas por los policías retirados. En primer lugar, por el cambio de las relaciones intergubernamentales, producto de las modificaciones en las gestiones de los estados nacional, provincial y, en el caso de Lanús, municipal, tras las elecciones ejecutivas de 2015. Mientras que hubo una continuidad de la gestión municipal en Avellaneda con la reelección del intendente Jorge Ferraresi por el FpV, en Nación, provincia de Buenos Aires y Lanús el triunfo fue del Frente Cambiemos (FC). En segundo lugar, el surgimiento de las Unidades de Policía de Prevención Local (UPPL) en la provincia de Buenos de Aires entre 2015 y 2016, comúnmente denominadas “policías locales”, impactaron en las políticas de seguridad municipales y en ocasiones reorientaron el perfil y las funciones originales de las GU.
Comencemos por Avellaneda. La creación de la UPPL, dependiente de la PPBA, significó un importante incremento de la presencia policial dedicada exclusivamente a tareas de prevención, proximidad y cercanía con la ciudadanía en el municipio: 580 nuevos policías se sumaron, entre los años 2015 y 2016, a los 700 con los que ya contaba (Da Silva Lorenz y Pugliese, 2017). En este sentido, buena parte de las labores desarrolladas por Protección Ciudadana fueron absorbidas por la nueva fuerza, íntegramente conformada por nuevas y nuevos funcionarios policiales formados en el propio municipio. Ante el nuevo escenario, la decisión política de la gestión local de Avellaneda fue, por un lado, la de sacar al equipo de Protección Ciudadana de las calles y reorientar sus funciones a la seguridad de los edificios municipales. Mientras que, por otro, se decidió crear una nueva GU, que vería la luz en la segunda mitad de 2018, denominada Cuidadores Ciudadanos, con un perfil completamente diferente a su antecesora.
La reorientación de Protección Ciudadana de Avellaneda incluyó, no solo un cambio de tareas, sino también una modificación del equipo que definimos como un proceso de despolicialización. En primer lugar, se realizó una reducción del plantel mediante la no renovación de los contratos de casi la totalidad del personal retirado de las FFSS mientras que, paralelamente, se pasaron a planta permanente a los 98 integrantes que permanecieron en el equipo. En segundo lugar, se cambió el uniforme de Protección Ciudadana, quitándole los chalecos balísticos utilizados anteriormente para sus tareas de patrullaje junto a la PPBA, y reemplazando los borceguíes, las clásicas tricotas y pantalones policiales, por chombas con la inscripción del equipo y botines de trabajo, acordes a las nuevas tareas. En tercer lugar, dejaron de ser conducidos en términos operativos por un comisario de la policía bonaerense como había sucedido hasta entonces, para depender directamente de una Dirección de la Secretaría de Seguridad que administraba sus destinos y tareas. Laura, una integrante de Protección Ciudadana ingresada al equipo en 2013, describía la transición como una instancia vivida, en principio, de manera traumática por el equipo
“porque muchos compañeros pensaban que iba a desaparecer Protección, se sentían como que el municipio nos había dejado de lado. A muchos compañeros no les renovaron el contrato o se fueron, los que venían de policía o de prefectura. En realidad, fue como nos dijeron en la Secretaría: un cambio de funciones porque con la [policía] local ya no hacía falta que nosotros hagamos el trabajo de la policía, y a muchos no le gustaba la función nueva. Así que esa etapa fue acostumbrarnos a estar adentro, a colaborar más con las áreas de la gestión que funcionaban en cada edificio que cuidábamos. Terminamos haciendo de todo: ahora somos recepcionistas, serenos, vigiladores, y como conocemos el movimiento de las áreas ayudamos a resolver los problemas. Yo estuve en el Cementerio, en Niñez, en Higiene Urbana. Y bueno, nos fuimos acostumbrando, y nos quedamos más tranquilos cuando nos pasaron a planta, eso también ayudó mucho a calmar”.
El pase a planta permanente de Protección Ciudadana, significó no solo una estabilidad laboral anhelada por las y los integrantes del equipo que continuaron en funciones, sino la oportunidad para que muchos lograran desarrollarse en otras áreas del municipio y crecieran en términos laborales (tal como destacara Alfredo, uno de los pocos ex integrantes de FFSS que continuó en el equipo tras las reformas de 2015, quien llegó a ser titular de la Jefatura de Grúas, en el área de Seguridad Vial, y hoy forma parte del equipo de Asuntos Institucionales del municipio).
Mientras se producían estos cambios en el equipo de Protección Ciudadana, comenzaba a gestarse Cuidadores Ciudadanos, una nueva GU que vería la luz en noviembre de 2018. De acuerdo a la comunicación oficial del municipio de Avellaneda, el Cuerpo de Cuidadores Ciudadanos
“es un organismo civil, desarmado y sin estado policial, dedicado a consolidar la presencia del Estado municipal en los espacios públicos y comerciales de la Ciudad de Avellaneda, con el fin de garantizar el funcionamiento ordenado de la ciudad y la armoniosa convivencia vecinal, mediante la implementación de estrategias de prevención e inspección de la vía pública, espacios verdes y emprendimientos comerciales”.8
A diferencia de la Protección Ciudadana original, compuesta mayoritariamente por ex policías, la nueva GU fue conformada por 300 personas cuyos requisitos consistían en poseer algún estudio terciario o universitario, culminado o en curso, y no provenir de FFSS. Como sostienen las comunicaciones oficiales, el rol de Cuidadores Ciudadanos estuvo más ligado al relevamiento y traslado de problemas urbanos estructurales a las áreas del gobierno municipal responsables de gestionarlos, al abordaje de conflictos vecinales y a la intervención en emergencias, en suma, al ejercicio del poder de policía de los municipios, más que a las tareas policiales de las GU originales. Es más, un segmento del equipo salió a las calles tras haber sido designado con la categoría de Inspector General, con la misión de prevenir y sancionar acciones caracterizadas como “faltas” por la normativa local. Mientras que para los ingresantes en 2009 y 2013 unas pocas charlas habían bastado para volver a uniformarse y salir a recorrer las calles, la capacitación de Cuidadores Ciudadanos para afrontar los nuevos desafíos se extendió por cinco meses e incluyó contenidos centrados en el digesto local, el abordaje de emergencias y la confección de actas de procedimientos. Finalmente, la estética de Cuidadores Ciudadanos y de sus recursos logísticos también distaba de sus antecesores más policializados: en este caso, el equipo vestía pantalón gris, chomba verde claro y gorra del mismo color, movilizándose en vehículos con las mismas tonalidades y con balizas naranja (no azules, como los patrulleros) promocionando un aspecto más amigable y cercano, tal como puede apreciarse en las comunicaciones oficiales (imagen 1).
Imagen 1. Comunicación en las redes oficiales del municipio de Avellaneda tras el lanzamiento de Cuidadores Ciudadanos. Noviembre de 2018.9
El triunfo del FC en las elecciones de 2015 en el municipio de Lanús también reorientó el trabajo de Protección Ciudadana en ciertos aspectos, aunque en el sentido contrario al descripto en Avellaneda. Por un lado, la nueva gestión encabezada por el intendente Néstor Grindetti, implementó un plan de gobierno cuyo eje se centró en la seguridad, y en la imagen pública del secretario de área, Diego Kravetz, mediante una batería de inversiones orientadas a la compra de tecnología y patrulleros, al fortalecimiento de la UPPL, y a la profundización de las tareas de seguridad del equipo de Protección Ciudadana, que pasó a llamarse Seguridad Ciudadana desde 2016. La propuesta política, centrada en agigantar la imagen de una gestión municipal decidida a “combatir el delito”, condujo a la transformación paulatina de su GU hacia funciones más policiales y con una militarización de su estética.
Mientras que Avellaneda despolicializaba y retiraba a Protección Ciudadana de los espacios públicos, delegando el abordaje de los delitos exclusivamente a la nueva UPPL y otras dependencias policiales, purgando al equipo de policías retirados y depositando definitivamente su conducción en una dirección municipal, en Lanús se afianzaba la postura policialista mediante nuevas convocatorias a ex-policías. “Seguimos trabajando para que los vecinos puedan vivir más tranquilos. Abrimos la convocatoria para incorporar a 50 nuevos efectivos que quieran sumarse a las fuerzas de Seguridad Ciudadana”, rezaba una publicación oficial de abril de 2016, y aclaraba: “los aspirantes deben tener entre 18 y 55 años y ser retirado de alguna fuerza de seguridad o tener conocimientos en artes marciales”.10
Redoblando la apuesta, a finales del año 2017 se creó en Lanús el Grupo Táctico, un subgrupo de Seguridad Ciudadana formado exclusivamente por policías retirados, destinado a la realización de patrullajes y operativos nocturnos. Conformado por un conjunto reducido de agentes, en no más de cuatro móviles, el Grupo Táctico se dedicaba, según recuerdan nuestros informantes del mismo equipo, “a hacer estadísticas”, una categoría de la jerga policial que define una forma de actuar, y de evaluar esas actuaciones, en función de tareas objetivamente medibles. Cuando les insistí que me cuenten la forma en que el Grupo Táctico “hacía estadísticas”, la respuesta no distó de la manera en que suelen hacerlo las policías: “identificábamos gente, hacíamos detenciones, se secuestraban sustancias prohibidas, y esas cosas, solos o en conjunto con la policía local en operativos. Pero te exigían números”, afirmaba uno de los integrantes originales del grupo, en referencia a las directivas de sus superiores. Aunque pequeño en número de integrantes y recursos, el Grupo Táctico se constituía en un antecedente de lo que en la siguiente gestión sería la Patrulla de Respuesta Inmediata (PRI), tal como veremos en el siguiente apartado, un equipo mixto de agentes de Seguridad Ciudadana y policías que se consolidaría como la “fuerza policial municipal” de Lanús de acuerdo a las voces oficiales.
Una de las peculiaridades de Seguridad Ciudadana de Lanús en el período 2020-2023 fue su fuerte impronta militarizada, un efecto buscado por la gestión local, que repercutió directamente en las modalidades de trabajo de sus integrantes. En sintonía con los gobiernos nacional y provincial del FC entre 2015 y 2019, y para diferenciarse de ellos tras las elecciones, entre 2020 y 2023, “el combate al delito” fue uno de los principales lemas de la gestión encabezada por el Intendente Néstor Grindeti, una perspectiva pragmática que simplifica las estrategias gubernamentales de seguridad orientándolas a la “represión del delito”, más que a sus “causas” u “orígenes”.
La impronta belicista que acabamos de describir, reflejada en el plano discursivo en la categoría “combate”, comenzó a observarse en la paulatina modificación estética de Seguridad Ciudadana. En sus vehículos, pasando de movilizarse en autos que combinaban los colores blanco y granate con balizas rojas y azules, a nuevos móviles blindados, ploteados de negro y con luces exclusivamente azuladas como los patrulleros policiales. Los uniformes también fueron diseñados en la gama del negro, con detalles camuflados en tonalidades de grises y azules (cual Guardia de Infantería de una fuerza policial), borceguíes, chalecos balísticos y, como veremos, con la exhibición manifiesta del mayor poder de fuego de sus agentes. El perfil más intimidante expresado en la estética de la GU de Lanús, en claro contraste con el de Cuidadores Ciudadanos de Avellaneda trabajado en el apartado anterior, puede observarse en la imagen 2, durante un acto oficial organizado por el municipio.
Imagen 2. Acto de entrega de móviles a Seguridad Ciudadana de Lanús. Abril de 2021.11
¿Cómo repercutieron estos cambios discursivos y estéticos en el trabajo cotidiano del equipo? A finales del 2023, Ramón, un integrante de Seguridad Ciudadana, nos daba algunos indicios sobre la modalidad de trabajo del equipo cuando me hizo una consulta: “¿vos sabés si habrá alguna posibilidad de que recupere mi escopeta?”. Asombrado, le devolví su pregunta con otra: “¿tu escopeta?” (no me extrañaba la portación de armas de puño en la GU, pero me sorprendió sobremanera la utilización de “escopetas”). “Si. Hace un año estuvimos en una persecución y nos cagamos a tiros, participaron como nueve patrulleros, y yo tenía mi escopeta, ellos nos tiraban con plomo eh. Y como hubo un herido la fiscalía se quedó con mi escopeta, la quiero recuperar”.
Ramón se retiró de la policía bonaerense en 2001 con la jerarquía de Cabo Primero, y formaba parte de la PRI cuando sucedió el acontecimiento relatado, a principios de 2023. Tal como describe Ramón, la Fiscalía interviene en eventos de este tipo, en el que se produjeron disparos y se registraron heridos por parte de la FFSS, y secuestra la totalidad de las armas de los funcionarios implicados con el fin de realizar los peritajes de rutina.. Lo curioso en este caso, es que entre las armas confiscadas por la Justicia se hallaba la del integrante de una GU, y se trataba, nada menos, que de una escopeta. La anécdota de Ramón y las características del procedimiento del que fue partícipe como integrante de la PRI, pintan el entramado descripto, en el que la gestión municipal de Lanús profundizó los aspectos y las tareas policíacas de su GU, en el marco de una estrategia de gobierno centrada en la permanente escenificación del “combate al delito”.
La PRI fue creada el 1 de diciembre de 2020 y presentada en reiteradas ocasiones por la gestión como una “policía municipal”, entrenada para la represión del delito callejero ante el abandono del gobierno provincial, de acuerdo a los discursos de las autoridades locales. En un programa televisivo emitido en agosto de 2023, el Jefe de Gabinete y otrora Secretario de Seguridad de Lanús Diego Kravetz, aseguraba: “Kicillof discrimina a Lanús”12, “a mí la provincia me dejó solo”, “la voluntad política del gobernador no es el combate al delito”, frases que sintetizan la postura respecto del vínculo con la gobernación bonaerense.13
Marcos, uno de los supervisores de Seguridad Ciudadana desde el año 2019, nos aclaraba que el caso de Ramón, descripto más arriba, no era el único, sino que varios integrantes de la PRI habían adquirido, de manera particular, armas largas de diversas características para utilizarlas durante los patrullajes. Es que, lejos de tratarse de iniciativas individuales, la tenencia y portación de armamento personal era fomentada por la gestión local de manera explícita, incluso en las convocatorias públicas que buscaban reforzar el equipo. En marzo de 2022 una comunicación en las redes oficiales señalaba: “La Dirección de Seguridad Ciudadana del Municipio de Lanús incorporará personal”. Entre los requisitos, se sugería: “Preferentemente retirado de las fuerzas de seguridad (…) Preferentemente con CLU [Credencial de Legítimo Usuario] y portación de arma vigente”.14
Pero, además de la tenencia de armas personales, el propio municipio se embarcó en la compra de armamento “no letal” para su GU: “Esta semana, los equipos de Seguridad Ciudadana y PRI, las policías locales del municipio de Lanús con 250 efectivos, comenzarán a ser capacitados en el uso de una nueva arma”, anunciaba Infobae en abril de 2023, en referencia a pistolas y fusiles de aire comprimido para municiones de impacto y gas pimienta recientemente adquiridos.15
La puesta en escena del poder de fuego de la GU lanusense llegó a su punto culmine pocos días después, en mayo de 2023, cuando integrantes de la PRI participaron como actores de un montaje producido por las autoridades locales (y presentado como un hecho real) con el fin de promocionar mediáticamente la eficacia del armamento recibido. En efecto, nuestros informantes bromeaban sobre una actividad novedosa para el equipo de Seguridad Ciudadana: protagonizar una dramatización en la que tres agentes del equipo reducían a un supuesto agresor, portador de un arma blanca. Tras darle la voz de “alto”, los funcionarios municipales reducían al atacante con un disparo certero del flamante armamento, tal como puede observarse en las imágenes divulgadas por las redes oficiales de la gestión, captadas (no casualmente) por una cámara del Centro de Monitoreo municipal estratégicamente ubicada en la escena.16 Inmediatamente, “la construcción del acontecimiento” en términos de Eliseo Verón (1987), concluyó con la circulación mediática del registro fílmico y las entrevistas al Jefe de Gabinete local, promocionando su GU como una agencia policial especializada en la represión del delito callejero.17
De acuerdo a los relatos de diferentes integrantes de la PRI, la modalidad cotidiana de trabajo consistía en la salida de dispositivos que cubrían zonas de patrullaje con 3 o 4 personas sobre un móvil, entre miembros de la GU y oficiales de la UPPL de Lanús, en ocasiones acompañados por motos policiales de apoyo. Se trata de un equipo que no poseía protocolos de actuación, sino que sus actividades estaban guiadas por la experiencia acumulada de sus miembros y las sucesivas directivas recibidas por parte de las autoridades.
Para muchos integrantes del equipo, trabajar con personas que no fueron policías significa una dificultad para el desarrollo de tareas que consideran riesgosas, y que ameritan ser abordadas por “especialistas”. Al igual que Ramón, Raúl es policía retirado de la PPBA, desde el año 1999, con la jerarquía de Cabo Primero. Como la mayoría de sus compañeros, Raúl también siente que volvió a “ser policía” desde su ingreso a la GU. Trabaja con su arma particular, y considera que sus compañeros que no poseen un pasado en FFSS son menos aptos para la tarea que realizan. “Si fuiste panadero o albañil no entendés este trabajo, no es lo mismo, no tenés adiestrado el olfato que tenemos nosotros”. Para muchos policías, el “olfato” sería la habilidad, propia de las y los integrantes de las fuerzas, para distinguir a los malhechores del resto de la ciudadanía por sus gestualidades, voces o aspectos (Garriga Zucal, 2013). Más aún, Ramón y Raúl consideran que realizan su actividad de control del delito mejor que los policías actuales: “la policía de ahora no trabaja como la de antes, como la poli nuestra”, en referencia a las viejas promociones de uniformados. Afirman que ellos formaron parte de una policía distinta, polémica por las prácticas ilegales y violentas, pero que hacían mejor su trabajo.
Al “olfato” y “la vocación” policiales, Ramón y Raúl suman el “riesgo” de su trabajo en Seguridad Ciudadana como un elemento que no solo los identifica como policías retirados, sino para destacar las malas remuneraciones que perciben. Los integrantes de la PRI argumentan que sus sueldos no son equivalentes al riesgo que corren en su trabajo. Esta percepción se incrementa en las filas de Seguridad Ciudadana de Lanús cuando se hace presente la comparación con el equipo de Cuidadores Ciudadanos de Avellaneda que, con tareas menos riesgosas, afirman, obtenía mayores ingresos y ostentaba una mayor estabilidad laboral. Hacia fines del 2023, el ingreso promedio de un integrante de la GU de Lanús era de $150.000, mientras que sus pares de Avellaneda alcanzaban los $300.000 por las mismas horas de trabajo, sumado a la estabilidad laboral que les brindaba formar parte de la planta permanente del municipio, mientras que en la Lanús la totalidad del personal de Seguridad Ciudadana mantenía una relación contractual temporal con el municipio, renovable o no cada seis meses.
Además de los compañeros que no poseen experiencias en FFSS, para muchos retirados las dificultades se acentúan si sus acompañantes son mujeres. En noviembre de 2023, Seguridad Ciudadana contaba con 280 personas en total, como “fuerza efectiva”, según los datos de uno de sus responsables, de las cuales 238 era varones (70 pertenecientes a la PRI) y 42 mujeres. Como señalamos más arriba, en ninguna de las dos experiencias municipales estudiadas para este artículo se han incorporado mujeres retiradas de FFSS: la totalidad de este segmento del personal de las GU fueron varones a lo largo de todo el período abordado en este artículo. En el caso de Lanús, inclusive, se han realizado convocatorias exclusivas para mujeres retiradas a través de las redes oficiales del Municipio, aunque sin obtener resultados positivos: “Estamos realizando una convocatoria para chofer de seguridad ciudadana mujer (…) Ciudadanas Argentinas o naturalizadas de género femenino (…) Preferentemente retirada de la fuerza de seguridad”, rezaba un anuncio del 16 de junio de 2023.18 Uno de los factores de esta ausencia femenina, al menos desde una perspectiva cuantitativa, podemos hallarla en la menor disponibilidad de mujeres retiradas de FFSS respecto de la cantidad de varones en la misma situación, contemplando que recién en las últimas dos décadas ha crecido de manera considerable el porcentaje femenino en una ocupación históricamente masculinizada (Calandrón, 2021).19
A lo largo de esta presentación hemos revisado experiencias laborales de funcionarios retirados de FFSS en dos GU del conurbano bonaerense, las de los municipios de Avellaneda y Lanús, entre los años 2009 y 2023. Confirmamos que, lejos de tratarse de una actividad homogénea, las dinámicas laborales de los diferentes equipos variaron de acuerdo a las características de las políticas públicas aplicadas por las administraciones locales, sin perder de vista el impacto de las relaciones con los otros niveles estatales (provincial y nacional). En otros términos, a través de las GU, en tanto tecnologías de gobierno (modificando o sosteniendo sus planteles, perfiles y tareas) las gestiones aludidas intentaron traducir sus racionalidades políticas “en el dominio de la realidad” (Sozzo, 2015: 24), o gobierno de la seguridad.
En los inicios, orientados por un proyecto del gobierno nacional del año 2009, y con un rol activo de la provincia en su implementación, las características de los planteles y tareas de las GU fueron similares en ambos municipios. Sin embargo, el proceso electoral de 2015 alteró el escenario político y las relaciones intergubernamentales, modificando las intervenciones públicas en seguridad en diferentes direcciones. Por un lado, Avellaneda transitó un proceso de despoliciamiento de su GU, modificando sus tareas originales, separando a los policías retirados y cambiando radicalmente su estética hasta la construcción de un nuevo cuerpo de agentes sin estado policial, centrado exclusivamente en tareas de inspección municipal. Por otro lado, en Lanús se optó por intervenciones gubernamentales más punitivas, profundizando la operatividad policial de su GU, creando grupos especializados en intervenciones de control social, y dotando a sus integrantes de equipos logísticos y estéticos con rasgos militarizados.
En el marco de esta heterogeneidad de funciones, los policías retirados hallaron espacios en los que lograron reinsertarse en términos laborales. Para muchos de ellos, representó un puesto de trabajo que les garantizó estabilidad económica y la posibilidad de transitar una carrera municipal, incluso en espacios de otras áreas de los gobiernos locales. Para otros, significó “volver a la acción”, es decir, retornar a una actividad cotidiana que consideran, más que un “trabajo”, una forma de ser. Lo cierto, es que más allá de las motivaciones particulares, y de las diferencias de cada GU estudiada en esta presentación, volver a trabajar en tareas de seguridad pública significó un impacto positivo en términos emocionales para la mayoría de los agentes.
Recibido 16 de julio de 2024. Aceptado el 5 de octubre de 2024
* Marcelo José Rey es Profesor y Licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras-UBA, Magíster en Comunicación y Criminología Mediática por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social-UNLP y Doctorando en Historia por la UBA; docente del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, y Director General del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Municipio de Lanús. Correo electrónico: marcelojoserey@gmail.com
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1 Para el caso de Avellaneda el convenio fue autorizado bajo la Ordenanza N° 21.580, del 15 de mayo de 2009; en Lanús bajo Ordenanza N° 10.682, del 3 de julio de 2009 https://bit.ly/3T2A07L Recuperado: 5 de enero de 2024.
2 Las formas en que se reflejaban estas diferencias en los medios locales pueden verse en “Con la presencia de Scioli, se puso en marcha el Programa de Protección Ciudadana”, InfoRegión, 1 de diciembre de 2009 https://bit.ly/3Tk4bsB Recuperado: 4 de febrero de 2024; y “Lanús: el subsecretario de Seguridad reconoció que no tiene información sobre el delito”, La Política Online, 21 de diciembre de 2009 https://bit.ly/49piz8a Recuperado: 4 de febrero de 2024.
3 Véase la Ley 13.982 para el personal de la PPBA http://bit.ly/403Ckh9. Para el caso de las fuerzas federales el estado policial se define en la Ley Nº 18.398 para la PNA https://bit.ly/3PXEa0M; Ley Nº 21.965 para la PFA https://bit.ly/46RX2V1; y Ley Nº 19.349 para la GNA https://bit.ly/3OnHQI8 Recuperados: 5 de enero de 2023.
4 En la página de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), el organismo del Ministerio de Seguridad de la Nación responsable del registro, control y fiscalización de las armas de fuego en nuestro país, pueden hallarse los requisitos particulares y pasos administrativos que deben transitar el personal de las FFSS https://bit.ly/3P8YsD6 Recuperado: 5 de marzo de 2024.
5 En adelante, mantendremos la voz masculina para referirnos a este segmento de las GU (el de “retirados”) ya que la totalidad de personas incorporadas de estas características en ambos municipios fueron varones. Volveremos sobre este punto.
6 “Vigi” es el diminutivo de “vigilante”, la forma en que suele denominarse a los integrantes del cuerpo de suboficiales en la jerga policial.
7 El cuerpo de Protección Ciudadana de Avellaneda fue ampliado en agosto de 2013 mediante la incorporación de 85 nuevos agentes. La convocatoria, en este caso, fue a vecinos y vecinas de entre 40 y 50 años de edad con domicilio en el municipio.
8 https://bit.ly/3Tk337Z Recuperado: 20 de marzo de 2024.
9 https://bit.ly/3U6dQ6c Recuperado: 20 de marzo de 2024.
10 https://bit.ly/43cfhDd Recuperado: 8 de abril de 2024.
11 https://bit.ly/43Xv1du Recuperado: 12 de abril de 2024.
12 Axel Kicillof fue electo gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos (espacio político opositor al FC), por el período 2020-2023.
13 https://bit.ly/4b0DHST Recuperado: 12 de abril de 2024.
14 https://bit.ly/4anCepy Recuperado: 10 de abril de 2024.
15 https://bit.ly/49xPk2A Recuperado: 10 de abril de 2024.
16 https://bit.ly/3J9ZpI9 Recuperado: 2 de abril de 2024.
17 https://bit.ly/3UcMs6y Recuperado: 20 de marzo 2024. En este marco de permanente escenificación del “combate al delito” como estrategia local de gobierno, el propio Jefe de Gabinete se mostró en reiteradas ocasiones como portador de armas de fuego, participando en allanamientos con grupos especiales de la policía e inclusive realizando detenciones públicas https://bit.ly/3IwvMAr Recuperado: 2 de abril de 2024.
18 https://bit.ly/49rofh6 Recuperado: 10 de marzo de 2024.
19 De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el cuarto trimestre del 2004 el 89% de los puestos de trabajo policiales en la Argentina estaban ocupados por varones, mientras que para el mismo período de 2014 el porcentaje había caído al 77%, evidenciando una paulatina feminización del personal de las diferentes policías (Daverio, 2017: 91-92).