Texto
Potencialidades y límites del trabajo con documentos de la DIPPBA para el estudio del movimiento de derechos humanos*1
Potentialities and limits of working with DIPPBA documents for the study of the human rights movement
Paula Zubillaga
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS)-Universidad Nacional de José Paz (UNPAZ); ORCID: 0000-0001-8256-0877. Contacto: pzubillaga@campus.ungs.edu.ar.
Resumen
A partir del análisis de legajos correspondientes al archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), en este trabajo reflexionamos sobre los usos, límites y potencialidades de estos documentos para el estudio del movimiento de derechos humanos de la Argentina en general y de la Asociación Madres de Plaza de Mayo en particular. Para tal fin haremos foco en el seguimiento y registro que realizó la DIPPBA sobre una de las filiales de dicha asociación, creada en la ciudad de Mar del Plata en el año 1984, en un contexto de expansión territorial de la asociación liderada por Hebe Pastor de Bonafini desde el año 1979 hasta su fallecimiento en 2022. Para este trabajo, hemos analizado más de treinta legajos de la DIPPBA –algunos casos compuestos de entre 1 y 10 tomos–, y hemos consultado bibliografía especializada.
Palabras claves: archivo policial, movimiento de derechos humanos, Asociación Madres de Plaza de Mayo, Mar del Plata, Argentina.
Abstract
Based on the analysis of files corresponding to the archive of the former Intelligence Directorate of the Police of the Province of Buenos Aires (DIPPBA), in this paper we reflect on the uses, limits and potentialities of these documents for the study of the human rights movement in Argentina in general and the Association Mothers of Plaza de Mayo in particular. To this end, we will focus on the monitoring and registration carried out by DIPPBA on one of the branches of this Association, created in Mar del Plata city in 1984, in a context of territorial expansion of the Association led by Hebe Pastor de Bonafini from 1979 until her death in 2022. For this work, we have analysed more than thirty files of the DIPPBA – in some cases composed of between 1 and 10 volumes – and consulted specialised bibliography.
Keywords: police file, human rights movement, Association Mothers of Plaza de Mayo, Mar del Plata, Argentina.
La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) fue creada en 1956 y funcionó hasta 1998 año en que, en el contexto de una reforma de la Policía bonaerense, fue disuelta y su archivo se cerró. A fines del año 2000, la legislatura provincial transfirió dicho archivo –y el edificio donde funcionaba la DIPPBA– a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por medio de la Ley 12642. Tres años más tarde, el archivo fue desclasificado y abierto a la consulta pública. Desde entonces, los documentos del archivo han tenido al menos tres grandes usos. Uno judicial: aportar pruebas para las causas judiciales en curso contra los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura argentina (1976-1983) y para los Juicios por la Verdad desarrollados en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Otro reparador y legitimador: la averiguación de datos de personas específicas por parte de familiares de detenidos-desaparecidos, de militantes, de ex-presos políticos y exdetenidos-desaparecidos. Y un uso historiográfico: la investigación por parte de cientistas sociales dedicados al estudio de distintas dimensiones del siglo XX, que podemos subdividir en dos grandes grupos. Por un lado, trabajos que se han centrado en la DIPPBA en sí (su lógica, su entramado, sus acciones, sus agentes, el funcionamiento de la “comunidad informativa”) y, por otro lado, quienes han utilizado sus documentos para analizar distintas problemáticas y actores del siglo XX en la Argentina a través de la mirada de la DIPPBA (el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento de derechos humanos, etcétera).2 Asimismo, a los ya mencionados, podríamos agregar un cuarto uso, menos explorado, vinculado a lo pedagógico: la interpelación a las nuevas generaciones a partir de su utilización en ámbitos educativos.
Al observar los archivos de organismos de inteligencia o de informaciones que se encuentran disponibles para su consulta o que han sido identificados (Nazar y García Novarini, 2021; Águila, 2013), es innegable que el archivo de la DIPPBA forma parte de las principales “novedades” de los últimos veinte años para el estudio del pasado reciente en Argentina. Tanto el “descubrimiento”, como la desclasificación y la apertura del archivo han llevado a debates internos en la CPM y entre sus usuarios en torno a problemas vinculados al tratamiento, la accesibilidad, los usos, la difusión y los reparos para la investigación. Uno de los grandes problemas que existen, y que por ende genera debates, es que no hay una política integral de archivos en Argentina, necesidad que se plantea regularmente entre los archivistas. Además de la ausencia de una legislación específica, se suelen señalar las deficiencias de la normativa existente (Nazar, 2007; Lanteri y Nazar, 2014; Nazar y García Novarini, 2021). Algunos de esos debates no parecieran estar totalmente cerrados, por lo que se observa la reflexión continua por parte de sus integrantes y usuarios (Sahade, Jaschek y Lanteri, 2021; Jaschek et al., 2017). Asimismo, un dato de la realidad es que, en estos veinte años de apertura, el archivo ha recibido más consultas personales que de investigadores/as, lo que permite pensar que todavía queda mucho por explorar desde las ciencias sociales, en un camino no exento por supuesto de desafíos y tensiones.
Este artículo se propone dar cuenta de algunos límites y potencialidades de la utilización de este tipo de documentos para el estudio del movimiento de derechos humanos, centrándonos en su actuación en Mar del Plata y especialmente en la filial de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, constituida en dicha ciudad en 1984 en un contexto de expansión territorial de la Asociación liderada por Hebe Pastor de Bonafini desde 1979 hasta su fallecimiento en 2022 (Zubillaga, 2021 y 2023).
Para realizar este trabajo, nos hemos guiado por algunas preguntas como: ¿Cuáles son los límites y potencialidades de utilizar estos documentos? ¿Son “confiables”? ¿Qué tipo de discurso presentan? ¿Cómo deben abordarse? ¿Nos permiten acercarnos a información que no se encuentra disponible en otro lugar? ¿Qué nos permiten entender o estudiar del movimiento de derechos humanos en general y de la Asociación Madres de Plaza de Mayo en particular? Para tal fin hemos analizado más de treinta legajos de la DIPPBA –en algunos casos compuestos de entre 1 y 10 tomos– y, también, consultado bibliografía especializada. Primero nos detendremos brevemente en la creación de la DIPPBA y algunas de sus características y su archivo, luego puntearemos algunos límites y potencialidades de trabajar con sus documentos y, por último, tomaremos como ejemplo el seguimiento y registro realizado sobre la filial marplatense de la Asociación Madres de Plaza de Mayo para pensar qué aportan para su estudio.
Algunas consideraciones sobre la DIPPBA y su archivo
La Policía de la Provincia de Buenos Aires es la fuerza de seguridad más grande de la Argentina. Tiene su origen en la división que se produjo en 1880 entre esta y la Policía de la Capital, tras la capitalización de la ciudad de Buenos Aires. Una década más tarde, nació la Policía de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires. A lo largo del siglo XX se crearon distintas oficinas, hasta que el acopio de información sobre el control político de lo “subversivo” se transformó en una apuesta política a la institucionalización de la inteligencia policial para ampliar el campo de acción (Barreneche, 2011; Marengo, 2012a). En esta línea, Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires es, en realidad, el último nombre de una serie de denominaciones de este organismo de espionaje político nacido durante la autoproclamada “Revolución Libertadora” en el año 1956 aunque, como señalamos, con antecedentes que se remontan a inicios del siglo XX, y así recibió legajos de dependencias anteriores.3
Con el objeto de prevenir algún tipo de “alteración” pública, ya sea en el ámbito sindical, cultural, educativo o político, sus principales funciones fueron desde su fundación hasta su disolución: la investigación, el seguimiento, el registro y el análisis de la información para la persecución político-ideológica y la represión a quienes el organismo consideraba “delincuentes”, definidos como “social”, “político”, “subversivo” o “terrorista”, según la época. Es evidente que este tipo de actividades no fueron exclusivas de la DIPPBA y, como se sabe, la cultura del informe policial o de inteligencia ha sido habitual en el Cono Sur, sobre todo en épocas de dictadura (Da Silva Catela y Jelin, 2002; Jelin, 2017).4
Como ya han señalado otros autores, su creación y su funcionamiento deben entenderse dentro del contexto de proscripción del peronismo, la tradición política nacional de persecución al comunismo, el impacto de la Revolución cubana en la región y la redefinición de las fuerzas de seguridad y legitimación de los servicios de inteligencia a partir de la “ola anticomunista” en el marco de la Guerra Fría, en el cual se afinaron los mecanismos de control de los servicios de inteligencia con el objetivo de sofocar posibles brotes comunistas (Funes, 2004, 2005 y 2016; Kahan, 2007; Lenci y Raggio, 2011; Marengo, 2011, 2012a y 2012b; Salvatori, 2014; Pinedo, 2018; Sahade, Jaschek y Lanteri, 2021).
Formados en la escuela francesa de guerra contrarrevolucionaria y la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), los servicios de inteligencia encontraban en el “enemigo interno” la legitimación de la represión. Recordemos que esta doctrina proclamaba el derecho de las instituciones militares a intervenir en la política interna y disponía la tarea de controlar las fronteras ideológicas, vigilar la actividad política y reprimir las manifestaciones “subversivas” a fin de evitar que la “subversión” o el “peligro comunista” ganaran terreno. En la Argentina, la DSN comenzó a desarrollarse luego del golpe de Estado de 1955, al abandonarse la Doctrina de Defensa Nacional vigente durante el peronismo. Desde entonces, los principales “enemigos internos” a vigilar fueron los peronistas y los comunistas, fundamentalmente estudiantes y trabajadores, sobre los cuales se realizaban informes para aplicar el nivel de represión “necesario”. El grado de “peligrosidad” de los sujetos vigilados considerados “perturbadores” del “orden”, estaba organizado en “dirigente de arraigo”, “agitador”, “saboteador”, “terrorista” y “perturbador” (Nieto, 2011). El comunismo y la actividad sindical fueron prioridad en la tarea de investigación de la DIPPBA, y se prestaba mayor atención en los simpatizantes del Partido Comunista Argentino (PCA), en la posible difusión de esta ideología en los medios intelectuales y artísticos, en las universidades y colegios, y en la posible “infiltración” en los partidos políticos. Dado que la definición del “enemigo interno” fue cambiando de acuerdo con los contextos sociopolíticos, debemos recordar que la atención en los años sesenta y setenta se fue concentrando en las actividades y personas consideradas “subversivas”, como lo muestra el hecho de que no se constituyeron nuevos legajos en la Mesa C (comunismo) a partir de 1970 y, en cambio, aumenta la producción documental de la Mesa Ds (delincuente subversivo).
Tras años de funcionamiento en períodos dictatoriales y democráticos, en 1996 el gobernador de Buenos Aires dispuso la intervención de la Policía de la Provincia y en 1997 el nuevo ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia resolvió disolver la DIPPBA. En el año 2001, el edificio en el que funcionaba la Dirección de Inteligencia y su archivo fueron cedidos por 99 años a la CPM, con el fin de que lo transformara en un centro de investigación con acceso público. Ese mismo año, la comisión solicitó a las delegaciones de la Policía de la Provincia que remitieran la documentación relacionada al funcionamiento de la ex-DIPPBA, pero al pedido respondieron solo las delegaciones de Trenque Lauquen, Mercedes, Quilmes, Bahía Blanca, Junín y Mar del Plata.5 Como mencionáramos, el archivo de la ex-DIPPBA fue abierto al público en 2003 y se convirtió en ese momento en el único archivo de inteligencia policial en esas condiciones, al presente, es uno de los archivos más conocidos, con más de 16.000 consultas ya atendidas entre personales y de investigadores. Si bien existen actualmente varios trabajos sobre la historia de la Policía en la Argentina, trabajos que han utilizado fuentes documentales provenientes de archivos policiales (Barreneche, 2010a y 2010b), o que han analizado a la DIPPBA y su archivo en particular, creemos que los límites y posibilidades del trabajo con documentos provenientes de este archivo para la investigación en ciencias sociales es un aspecto cuya exploración debe continuar.
En términos generales, y como veremos más adelante, creemos que este material permite repensar la función de los organismos de inteligencia, la relación entre las organizaciones de la sociedad y el aparato represivo estatal, e identificar el perfil y la identidad política y social de las víctimas del espionaje y la represión. Los documentos del archivo –originariamente de carácter secreto, confidencial y reservado– constituyen además, cuando se los cruza con otro tipo de fuentes, un aporte al estudio de los movimientos políticos y sociales de la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX, a la vez que resulta interesante su utilización para realizar pesquisas centradas en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, debido a que muchas veces la obtención de documentos para realizar investigaciones desde una perspectiva local o regional, resulta dificultosa.
No obstante, y como desarrollaremos en otro apartado, consideramos que trabajar con documentos producidos por organismos estatales de inteligencia requiere de ciertas precauciones o recaudos, como cualquier otro tipo de fuente. En especial, debe tratarse de no caer en una lectura acrítica, es decir, suponer que todo lo afirmado o relatado por las fuentes policiales es un dato veraz, así como no puede ser utilizado sin tener en cuenta su contexto de producción. Los servicios de inteligencia pueden tener los mismos defectos que cualquier otro organismo burocrático y hay que considerar que a veces solo producen documentación para justificar su propia existencia. La Dirección de Inteligencia no deja de regirse por un accionar burocrático, y sigue cadenas de mando y diferenciación de responsabilidades, es decir, se encuadra dentro de una cultura burocrática de órdenes cumplidas. Se trata de una tarea rutinaria amparada en parte por el “deber moral” de implementar el “orden”. Es posible creer que los agentes realizaban sus tareas esperando cobrar un sueldo y no perder su trabajo. La intencionalidad de quien lo produce debe ser una de las variables a tener en cuenta, puesto que los informes involucran necesariamente la subjetividad del agente policial que lo ha realizado, por ejemplo, ¿es lo mismo que elabore y firme un documento un oficial, un subcomisario o un comisario mayor? ¿Representan los mismos intereses quienes ocupan estas jerarquías, por mencionar solo algunas del escalafón de la Policía bonaerense? Debe tenerse en cuenta, además, que se trata de la mirada de un sujeto perteneciente a la estructura del Estado, condicionado por una diversidad de sectores, actores y lógicas estatales superpuestas y por sobre él. Es decir, los agentes de inteligencia policial son un eslabón dentro de una institución que no es homogénea.
Ahora bien, si los documentos policiales como los de la DIPPBA tienen alcances, problemas y limitaciones como cualquier otro tipo de fuente histórica, ¿qué pueden aportar las aquí analizadas? Al estar el relato central dado por los documentos que los agentes de inteligencia produjeron, consideramos que fundamentalmente lo que pueden “devolver” es la mirada de los agentes de la Policía bonaerense, su vocabulario, su lógica, sus procedimientos, sus formas de clasificar el mundo y caracterizar al “enemigo”. Este archivo en particular da la perspectiva del perpetrador y de cómo imaginaron o clasificaron la sociedad. No contiene la “verdad” ni datos reveladores y, de hecho, puede contener datos erróneos –por sesgo ideológico, por desconocimiento, etcétera–. Lo que puede reconstruirse a partir de estos documentos es, sobre todo, el proceso de constitución de la maquinaria de espionaje, registro y represión en la provincia, sus lógicas y funcionamiento. En el caso que nos ocupa, el seguimiento durante veinte años al movimiento de derechos humanos en una ciudad de la costa bonaerense, el registro inmediato de sus actividades –en general en el mismo momento en que estaban ocurriendo o a su término– e incluso la “anticipación” de lo que ocurriría.
Cabe recordar que la información reunida en la Dirección de Inteligencia se basaba en gran medida en el trabajo de espionaje de los agentes policiales de distintas localidades de la provincia –entre ellas, Mar del Plata–, quienes remitían la información recabada a la central de la DIPPBA en La Plata, clasificada de acuerdo con un Factor. A su vez, una parte de la información también provenía de otros organismos, como, por ejemplo, el Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE). Recordemos que, desde su creación, la DIPPBA integró la “comunidad informativa”, instancia de articulación entre distintos servicios de inteligencia de las fuerzas de seguridad y armadas.6 Una vez que la información era centralizada, se registraba en legajos clasificados por Mesa, Carpeta y Factor. El “legajo” es la unidad documental mayoritaria del Fondo y puede tener diversas extensiones, características y lógicas. Cada legajo-expediente se compone, entre otros, de los informes de inteligencia, volantes, fotografías, memorandos y recortes periodísticos. Los informes pueden ser sobre alguna acción o problema puntual, sobre una organización, una delegación o una persona.
Dado que el orden de los documentos del archivo de la ex-DIPPBA se encuentran bajo criterios clasificatorios de los servicios de inteligencia –a partir de otorgarle un tratamiento integral archivístico–, las mesas que citaremos en este trabajo (A, C, De, Ds, Referencia) se refieren a las secciones temáticas o áreas de trabajo y registro en las que se organizó la información del archivo y la estructura de obtención de la misma. En este sentido, la Mesa Ds tenía por finalidad registrar todo lo vinculado a la actividad “subversiva” y estaba dividida en las carpetas Varios, que registraba la información de actividades consideradas disruptivas; Daños, que iniciaba cada legajo a partir de algún atentado vinculado a grupos armados; y Bélico, que registraba sucesos relacionados con robos, tenencia de armas y explosivos. En estas dos últimas carpetas se dejaron de producir legajos en 1977, mientras que en la primera se produjeron legajos hasta que la DIPPBA fue disuelta, por eso hemos trabajado con ella. Durante la década del noventa, la Mesa Ds registraba legajos en los factores Policial, dedicado a reclamos por seguridad y determinados casos policiales, y Operacional, en el que predominan informes sobre actos oficiales que cuentan con la presencia de autoridades. Por su parte, la Mesa De involucra los factores Religioso (seguimiento sobre entidades religiosas y miembros de la jerarquía eclesiástica) y Social (registro de actividades de entidades comunales, bibliotecas, clubes y cooperadoras).7 En menor medida hemos trabajado con documentos de la Mesa A, dividida en tres factores: político, estudiantil y comunal; de la Mesa C, que reúne información sobre personas, organizaciones y actividades calificadas como comunistas; y de la Mesa Referencia, que es el punto de cruce con el resto de las mesas. La información sobre las Madres de Plaza de Mayo con la cual hemos trabajado pertenece fundamentalmente a las mesas De y Ds. Más allá de otros legajos en los que se puede encontrar documentos sobre, y del, movimiento de derechos humanos, el fondo documental cuenta con once volúmenes específicos sobre las Madres, que suman 2.327 folios, dentro de los cuales hay registros acerca de algunas filiales de la asociación.8 Los correspondientes a la filial de Mar del Plata constituyen el material sobre el que más hemos hecho foco para este trabajo.
En torno a los límites y precauciones
… los historiadores deberían pensarlo dos veces antes de tratar los informes policiales como sólidas pepitas de realidad irreductible, que solo tienen que extraer de los archivos […] estos informes son construcciones en sí, basados en supuestos implícitos.
Darnton (2002: 160)
Además del conjunto parcial de limitaciones que indicaremos a continuación, existen dos restricciones –que no son insalvables– que limitan el acceso a algunos documentos del archivo. Por un lado, la Ley 25326 de protección de datos sensibles y, por otro lado, la medida cautelar dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata para el material elaborado en el período 1976-1983, para el cual debe solicitarse acceso por vía judicial. Esto se debe a que, en el marco del inicio de los Juicios por la Verdad impulsados por dicha Cámara, la documentación de la DIPPBA correspondiente a ese período fue separada y sometida a un régimen especial, destinada prioritariamente a la tarea de consolidación del carácter probatorio de la documentación utilizada en los juicios.
Luego de sortear estas dos restricciones hay que tener en cuenta que al fondo documental le faltan algunos legajos, y vale decir en principio que los documentos de la DIPPBA no contienen “la verdad” y que revelan pocos datos inéditos para el estudio de determinados actores sociales y políticos.9 Cuando trabajamos con documentos elaborados y archivados por la dirección nos encontramos con las interpretaciones, categorías, conceptos y significados de la Policía bonaerense, pero bajo ningún concepto se pueden utilizar creyendo que contienen la “realidad revelada” o la “verdad” sobre algún hecho, problema o actor.
Si bien los informes tienen cierta triangulación de la información (prensa, espionaje y documentos elaborados por los propios investigados), lo que permite un acercamiento a distintas voces, esa incorporación de otras fuentes está hecha desde la óptica e intereses de quien escribe, en respuesta a una orden jerárquica. En este sentido, está mediada por los intereses de quien produce el documento. Los propios informes son reconstrucciones basadas en supuestos e interpretaciones que los agentes policiales en gran medida comparten sobre la “realidad”, dentro del marco de la cultura policial.
Aunque el archivo contenga documentos de distintas organizaciones, su conformación es básicamente la perspectiva del perpetrador y lo que decidió –o pudo– guardar, a diferencia de otros archivos, como los denominados “de la memoria” o “de los derechos humanos”, constituidos en gran parte a partir del testimonio y la perspectiva de las víctimas de la represión, sus familiares y compañeros de militancia.
Un límite a considerar es que los agentes que realizan los informes encuentran “elementos subversivos” o del “comunismo infiltrado” donde no los hay, lo que lleva a cometer errores en la adjudicación de pertenencias e identidades políticas. No debe perderse de vista este sesgo ideológico de la tarea de inteligencia, esa tendencia casi obsesiva a buscar y ver “infiltración comunista” en partidos, alianzas, frentes, comisiones, gremios o cualquier otro tipo de organización político-social. A modo de ejemplo, como veremos, los agentes de la DIPPBA consideraron a los familiares de detenidos-desaparecidos de Mar del Plata como una organización “colateral del PC” (DIPBA, Mesa Ds. Carpeta Varios, Legajo 14.414), afirmación que no tenía respaldo. En otras ocasiones, el error se comete porque el agente encargado de realizar el informe desconoce lo que investiga, incluidos los nombres de referentes importantes. A modo de ejemplo de esto último, se presenta reiteradamente a Hebe Pastor de Bonafini (presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo desde 1979 hasta 2022), como “Eve” ya entrados los años ochenta (DIPBA, Mesa De, Carpeta Entidades Varias, Legajo 541, Tomo 1), cuando la agrupación era conocida en los niveles nacional e internacional. La falta de agentes especializados se revela en los propios informes cuando, por ejemplo, ante el requerimiento de información urgente por parte de superiores en 1986, un agente indica que su compañero es “la persona que entiende”, por eso la información se podrá obtener en el turno del mismo (DIPBA, Mesa De, Carpeta Entidades Varias, Legajo 541, Tomo 1).10
Debe tenerse en cuenta además que solo vemos “una parte”: lo que quedó escrito y guardado. Recordemos que los agentes se comunicaban también telefónicamente de una delegación a otra o con la central para adelantar o ampliar alguna información, por lo que más allá de la destrucción o pérdida de documentos escritos, propia de cualquier institución, una parte de la tarea se comunicaba por vías de las cuales solo hay indicios. Es significativo además que numerosas veces los agentes hayan reconocido en los informes sus propios límites de investigación al declarar la falta de información, con expresiones del estilo “no se ha podido establecer fehacientemente” (DIPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo 20.803, Tomos 1 al 10). A su vez, el análisis político que realizan a veces no alcanza y, por ende, hay acciones de los actores investigados que no pueden predecir o esperar, algo que también reconocen con frases como “se tomó conocimiento de forma sorpresiva” (DIPBA, Mesa De, Carpeta Entidades Varias, Legajo 541, Tomo 1; DIPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo 20.803, Tomos 1 al 10).
De esta forma, el trabajo con estos documentos lleva necesariamente a tener presente una serie de advertencias y precauciones. Los documentos no son neutros, imparciales o inocentes.11 Expresan la lógica y la normalidad de la burocracia policial, devuelven el lenguaje, la metodología y, en parte, la visión del mundo de los agentes bonaerenses. Debe prestarse atención al contexto de producción, las normativas, reglamentaciones, jerarquías, la subjetividad de quien escribe, si se cumplen sus expectativas de investigación y el uso que se hace de la sospecha y la suposición como aspecto intrínseco de la práctica. Para utilizar estos documentos como fuentes históricas para analizar distintas problemáticas del siglo XX, deben constatarse con otras y tener los mismos reparos (quién escribe, cuándo, por qué, etcétera). Ciertamente ninguna fuente puede ser –o es– lo suficientemente amplia, densa, clara o sustanciosa como para reclamar cierta “exclusividad” para el análisis del pasado. En este sentido, una sola clase de fuente no es suficiente para el abordaje de ningún problema historiográfico. Para ello, es necesario triangularla con otras para lograr una reconstrucción y un análisis más acabado o certero. Claramente lo más rico y pertinente en un trabajo de investigación es conjugar distintos tipos de fuentes, enlazar distintas voces. Es evidente que cualquier documento debe leerse e interpretarse con una serie de recaudos, aunque es común encontrarse aún con trabajos que no someten suficientemente a la crítica sus fuentes primarias. Los documentos de la DIPPBA, como cualquier otro tipo de fuente, deben ser revisados (su autenticidad, su intencionalidad, su veracidad, su verosimilitud, su contexto de producción). Bajo ningún concepto debe caerse en la lectura acrítica de lo afirmado o relatado en los informes, los cuales pueden contener inexactitudes o falsedades como cualquier documento. Asimismo, si bien los documentos son esenciales para el trabajo del historiador, es evidente que por sí solos no constituyen historia. Como distintos exponentes de la escuela de los Annales nos han enseñado desde 1929, “… los textos, o los documentos arqueológicos, aun los más claros en apariencia y los más complacientes, no hablan sino cuando se sabe interrogarlos” (Bloch, 1952: 54). Por lo que, además de los recaudos, debemos tener claro qué es lo que queremos preguntarles a los documentos de la DIPPBA.
En torno a las potencialidades
… sería un error considerar los informes […] como datos sólidos […] pero sería un error mayor descartarlos por su subjetividad excesiva.
Darnton (2002: 149-150)
Como ha indicado Barreneche (2010b), el traspaso y la preservación del archivo de la DIPPBA es más una excepción que la regla o la norma en torno a los archivos policiales. Algunos trabajos lo han señalado incluso como un caso “paradigmático” en toda América Latina (Nazar y García Novarini, 2021). Creemos que esto influyó en sus inicios a generar mucha expectativa y, por ende, “urgencia” por hacer público su acceso. Como sostienen algunas autoras, esas expectativas deben entenderse en el marco de: la demanda histórica del movimiento de derechos humanos en torno a que se abran los archivos vinculados a la represión estatal en el marco de la última dictadura –pese a conocer el Decreto 2726/83 de Reynaldo Bignone que ordenaba la destrucción de la documentación relativa a detenciones–; la ausencia de políticas públicas en materia de archivos en la Argentina; y las por entonces vigentes “leyes de impunidad” (Sahade, Jaschek y Lanteri, 2021; Nazar y García Novarini, 2021). Sin embargo, es importante no sostener expectativas totalizantes de acercarse a “la verdad” a partir de sus documentos, y menos aún de encontrar respuestas concretas sobre el destino de personas detenidas-desaparecidas o de bebés y niños apropiados durante la última dictadura. No obstante, es claro que, desde el punto de vista de la investigación en ciencias sociales, existe una serie de ventajas con respecto a otros fondos documentales, gracias a que está prácticamente completo, fue desclasificado y abierto a la consulta pública hace veinte años. Debe señalarse además que, contar con estos documentos, no sería posible sin la política de conservación y difusión que ha tenido desde sus inicios la CPM y sin el compromiso de quienes la integran y la han integrado.
Aclarado que sostenemos que no deben sobredimensionarse sus potencialidades, creemos que, en principio, estos documentos sirven para reconstruir y pensar experiencias locales. Por su despliegue territorial, a partir de sus delegaciones, este archivo policial permite reconstruir y analizar distintos problemas desde una perspectiva local. Por el tipo de registro que realiza la DIPPBA (cuándo, dónde, quiénes, cómo) y por la incorporación de documentos de diversa procedencia (los propios actores vigilados, los agentes policiales, la prensa, etcétera), estas fuentes ofrecen una perspectiva del tiempo y del lugar, de las disputas por el espacio y por los significados de un mismo proceso o acontecimiento. En su rol de agentes policiales, trabajaban bajo la premisa de que la batalla se daba en el interior del territorio y, por lo tanto, bajo una lógica de clasificación territorial de la información y de vigilancia del espacio para controlar la acción social. Por consiguiente, tienen ciertos conocimientos –y prejuicios– de “lo local”, que no se encuentran en otras fuentes. Así, a partir de esas fuentes, se pueden poner en relieve dimensiones de la acción colectiva que no fueron advertidas por la mirada “clásica” que presentó a la experiencia porteña del movimiento de derechos humanos como representativa de lo sucedido “en Argentina”. Sobre el potencial explicativo de hacer foco en lo local en los estudios de historia reciente ya hemos realizado algunas reflexiones, por lo que no profundizaremos en ello aquí (Zubillaga, 2019a, 2019b, 2023). Pero cabe señalar que, para el análisis del movimiento de derechos humanos desde una escala local, a veces no son suficientes las fuentes elaboradas y guardadas por las propias organizaciones. Además, en distintas localidades, se perdieron documentos por el accionar represivo durante la dictadura y en el contexto de los atentados sufridos en la inmediata postdictadura. En estos casos, los informes policiales juegan un rol importante al contener extractos o recortes de documentos elaborados por las organizaciones vigiladas. Así, su carácter polifónico es una gran potencialidad. Al quedar distintas voces registradas, a partir de la incorporación de documentos producidos por las víctimas del espionaje, se encuentran informes que contienen materiales que las organizaciones no guardaron o fueron arrebatados, por ejemplo, folletos para acciones puntuales. En algunas ciudades, los inicios más “caóticos” y en algunos casos con poca o nula experiencia previa de movilización, hizo que algunas organizaciones de derechos humanos no guardaran o no produjeran documentos escritos sobre su accionar, por lo que cruzar estos documentos de la inteligencia policial con otro tipo de fuentes, por ejemplo, con testimonios orales, permite acercarse a una parte importante de la historia del movimiento de derechos humanos, en especial de las agrupaciones que actuaron en la provincia de Buenos Aires. No es ningún secreto que en algunas localidades de la provincia los archivos no cumplen las expectativas de los investigadores, porque las colecciones están incompletas, por la fragmentación o la destrucción de la documentación de algunas organizaciones, entre otras situaciones.
Sumado a eso, estos documentos permiten ver y pensar la lógica del victimario, quién es el que constituye a la víctima, quien elige a la víctima a investigar. Permite pensar las tramas, las relaciones, entre política, fuerzas de seguridad y represión a escala provincial y local en distintos períodos. A partir del conocimiento de las prácticas y lógicas de la institución, su análisis puede permitir entender un poco más cómo se constituye un victimario, dado que las prácticas condicionan la subjetividad de los agentes que las realizan.
Como ya han sostenido otros autores, estos documentos permiten comprender el carácter, la magnitud y la dinámica de la inteligencia y la persecución a militantes políticos y sociales (Kahan, 2008) y, en el caso que nos interesa aquí, permite reconstruir la visión que del movimiento de derechos humanos construyeron los agentes policiales, dar cuenta de la persecución a familiares y organizaciones y reconstruir parte de sus acciones colectivas. Así, por ejemplo, ya se ha analizado la vigilancia y control de las organizaciones frente a la llegada de la CIDH de la OEA en 1979 (D’Antonio, 2017; Lenci y Sorgentini, 2009) y de una serie de episodios de acción colectiva en la zona sur del Gran Buenos Aires entre 1974-1989, entre los que se encuentran el conocido ayuno de Madres de Plaza de Mayo en la Catedral de Quilmes en 1981 (Pinedo, 2018).
Como el archivo posee registros de otras dependencias, como las Fuerzas Armadas, la SIDE y la Prefectura, estos documentos permiten a su vez analizar la “comunidad informativa”. Se puede reconstruir cómo circulaba la información, determinar las instituciones que conformaban dicha comunidad en cada época y qué le importaba dejar registrado a cada una del movimiento de derechos humanos.
Por último, algo que no queremos dejar de destacar es que, a partir de los propios formularios de consulta del archivo, se está generando una nueva documentación por parte de quienes lo gestionan, que se puede analizar y que permitiría dar cuenta de los intereses actuales de los investigadores de las ciencias sociales y las aéreas de vacancia en los estudios vinculados al pasado reciente argentino. Un avance en esa línea se encuentra en Jaschek et al. (2017).
La Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Mar del Plata bajo la lupa
En este apartado nos centraremos en las potencialidades y algunos límites de estos documentos para analizar al movimiento de derechos humanos, en particular a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, a través de una de sus filiales, la marplatense.
Como dimos cuenta en otros trabajos, la primera organización de familiares en la ciudad, Madres, Abuelas y Familiares de detenidos-desaparecidos de Mar del Plata, conformada entre 1976-1977, atravesó un proceso de institucionalización y, simultánea y posteriormente, un proceso de división interna en la década del ochenta que originó diversas agrupaciones de derechos humanos en la ciudad (Zubillaga, 2019b). La filial marplatense de Madres de Plaza de Mayo nació en 1984, producto de la división de esa primera organización, y en un contexto en que la asociación atravesaba un proceso de expansión territorial (2021).
La DIPPBA poseía una delegación en Mar del Plata que elevaba información sobre estas y otras agrupaciones del movimiento de derechos humanos local. Así, de acuerdo con los años de actuación, dicha delegación registró también acciones de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, así como de las organizaciones sociales, políticas y sindicales con las que el movimiento tenía vínculos.
En los documentos de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con los que hemos trabajado no hay fichas personales. Las mismas constituyen, en verdad, un porcentaje bajo en relación con la documentación total del archivo, el cual no está organizado según legajos personales o prontuarios, sino que lo que predomina y articula su organización es el registro a partir de organizaciones, lo que permite suponer que, más que individuos, lo que le importaba registrar a la DIPPBA eran colectivos sociales (Lenci y Raggio, 2011).12
En estos documentos se puede observar el registro de todo tipo de acciones realizadas por el movimiento de derechos humanos en general y la filial de Madres en particular. En este sentido, la lectura de los informes da un panorama sobre la variedad de acciones colectivas realizadas a lo largo de los años: marchas por el centro cívico-comercial de la ciudad, solicitadas en los diarios locales, misas por los detenidos-desaparecidos, exposiciones y jornadas sobre derechos humanos, charlas-debate, muestras fotográficas, festivales de música, conferencias de prensa, huelgas de hambre, confección de siluetas, pintadas de murales, recolección de firmas, volanteadas, conmemoraciones del 24 de marzo, marchas de los días jueves frente a la catedral y Marchas de la Resistencia, entre otras.13 También hay registros de la presencia de Madres provenientes de Tucumán, Capital Federal y La Plata, así como informes sobre atentados, robos y amenazas al movimiento de derechos humanos de Mar del Plata en general y a las integrantes de la filial en particular, sobre todo en los años ochenta posteriores a la dictadura. En este sentido, al pensar en las potencialidades de los documentos de este archivo, su análisis nos puede acercar a la forma de actuar de dicha asociación en la ciudad de Mar del Plata, su relación con otras organizaciones –no solo de derechos humanos– y el contexto en que se desarrollaban.
Cabe destacar que en los informes se registraba si había o no actividad, si la misma había tenido o no repercusión y si se había producido algún incidente. Tanto la “normalidad” como la “anormalidad” fueron consideradas importantes y merecedoras de ser registradas. Así, se repiten expresiones del tipo “no se detectaron alteraciones”, “sin repercusión”, “absoluta normalidad”, “no se produjeron disturbios de ninguna naturaleza” (DIPPBA, Mesa Ds, Entidades Varias, Legajo 541, Tomo I). Si una acción era considerada muy importante, se elevaba como “Urgente-Recomendado” durante su transcurso o a su término. Caso contrario, se enviaba para ser incorporada dentro del Resumen de Información Diaria (RID). La existencia del RID y que los agentes aclaren la “normalidad” en lo registrado, creemos que da una idea del trabajo rutinario y burocrático de seguimiento y clasificación que realizaban. A la vez, para el estudio del movimiento de derechos humanos, este tipo de registro permite dar cuenta de la cotidianeidad y de los ritmos del accionar en la ciudad, fechar las acciones, incorporarlas dentro de una periodización, ver cómo y por qué se movilizaron, la capacidad de convocatoria y el efecto en la sociedad.
En esa línea, uno de los aportes de este tipo de fuentes es que, a partir de la lectura y sistematización de la información de los legajos, puede observarse el impacto del accionar del movimiento de derechos humanos en la ciudad. La capacidad de convocatoria no es muy distinta a la registrada por la DIPPBA para otras localidades, aunque se notan diferencias según la fecha y el tipo de acción (DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo 20.228; Legajo 20.803, Tomo 1 al 10). Hemos observado que en los años ochenta postdictatoriales, los agentes policiales registraron un bajo nivel de influencia de los actos realizados por la filial de Madres en particular y el movimiento de derechos humanos en general, bajo expresiones tales como “no lograron la afluencia de público que aspiraban”, “el acto en sí no tuvo repercusión entre los ocasionales transeúntes”, “muy poca repercusión en el público en general y en los medios de comunicación”, “los transeúntes restaron importancia al suceso”, entre otras expresiones similares (DIPPBA, Mesa De, Carpeta Entidades Varias, Legajos 133 y 541; DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo 36.344). Para el caso que analizamos aquí, no obstante, la “mínima repercusión” no era algo que el movimiento intentara ocultar. En distintas oportunidades, las organizaciones dieron cuenta públicamente de cierta falta de interés de la sociedad marplatense respecto de la problemática de la desaparición forzada y las acciones del movimiento de derechos humanos en el territorio (Abuelas de Plaza de Mayo, 1988). Si bien se podría obtener este tipo de información realizando una lectura y sistematización de la prensa local –en el caso de Mar del Plata, tanto el diario La Capital como El Atlántico registraban sus acciones–, en localidades donde los medios gráficos no dieron espacio a sus actos, los documentos de la DIPPBA pueden aportar a completar esa vacancia. Asimismo, cuando se cuenta con ambas fuentes, el contraste entre una y otra puede acercarnos a un número más fehaciente de participantes, puesto que los datos aportados a veces son muy dispares. Así, por ejemplo, para una misma marcha realizada en 1983, mientras el agente registra en un informe la participación de 180 personas, una nota periodística indica, para esa misma marcha, una participación de más de 1.500 personas (DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo 20.228). De esta forma, resulta una obviedad que todo documento debe constatarse. En este caso, es evidente que tanto la Dirección de Inteligencia como los diarios constituyen actores políticos que representan determinados intereses y que sesgan la visión sobre la acción o grupo a investigar y el tipo de cobertura periodística a realizar.
Otra de las potencialidades de estos documentos es, como adelantamos, que pueden permitir conocer a quienes integraron la maquinaria de vigilancia y represión en cada localidad. Los documentos elevados a la central en La Plata por parte de la Delegación de Mar del Plata –pero no solo de esta– contienen las firmas de los jefes de dicha regional. Así, según los años, quedaron registrados los envíos realizados por Miguel Ángel Eduardo Fuster, tanto en dictadura como durante el proceso de democratización posterior, Miguel Omar Cerda y Adolfo Ernesto Peppe, en los años noventa. A través de los informes y con la mirada puesta en los agentes policiales, también se puede observar la mayor jerarquía de los mismos con el paso de los años. En el caso de Fuster, por ejemplo, firmó como oficial inspector, oficial principal, subcomisario y comisario –jerarquías dentro del subescalafón comando de la Policía bonaerense–, lo que da cuenta de una carrera de veinte años de servicio dentro de la delegación y, por ende, de la no renovación de agentes tras el fin de la dictadura.
Una potencialidad de estos documentos es que nos devuelve el imaginario del victimario, cómo ve y analiza al observado. En el caso de las Madres, son nombradas colectivamente como “movimiento”, “grupo”, “organización”, “agrupación”, “entidad” o “asociación”. Durante la dictadura se clasifica a las mujeres-madres del movimiento de derechos humanos como “de terroristas”, “de desaparecidos”, “de detenidos” o “de detenidos y desaparecidos”. Tras el fin de la dictadura se indica “de solidaridad” y eventualmente “subversiva” y en el caso específico de esta filial creada en 1984, son llamadas fundamentalmente por su nombre –“de Plaza de Mayo”– y se las logra diferenciar de “Madres, Abuelas y Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Mar del Plata”, agrupación de la que algunas de sus integrantes habían sido parte (DIPPBA, Mesa Ds, Factor Policial, Carpeta Varios, Legajo 25.443; Legajo 25.556; Legajo 27.542; Legajo 36.344). Esto muestra cierto conocimiento de los actores locales por parte de los agentes que, por ejemplo, no poseía la prensa de tirada nacional, que en ocasiones confundía a los grupos (Zubillaga, 2023).
Si bien tras la asunción del gobierno constitucional en 1983 se produjo un cambio en la forma de denominarlas –que no es absoluto–, sus actividades continúan siendo clasificadas en la Mesa Ds. Esto permite pensar que no existieron cambios o cortes abruptos en el interior de la dirección respecto a la forma de investigar y registrar, es decir, continúa la práctica burocrática y rutinaria, independientemente de quién gobierne en la provincia y la nación. Por supuesto la continuidad de lógicas, prácticas y actores tras el fin de la dictadura no es una excepción de la Policía bonaerense y pone en cuestión las interpretaciones del pasado reciente basadas en la lógica binaria del par dictadura-democracia.
Respecto de cómo se producía una investigación, debe señalarse que los medios de información de la inteligencia policial no siempre eran policías infiltrados en las acciones colectivas del movimiento. Si bien existía este tipo de informantes, que realizaban los informes basados en la observación y la escucha, había diversas categorías de fuentes caracterizadas por la propia DIPPBA según su confiabilidad, su consistencia y su relación con el organismo. Esto lo señalamos en especial porque, como mencionamos, consideramos que otra potencialidad es que, en cierto modo, estos documentos pueden devolver “fragmentos” de las voces de las víctimas del espionaje. De esta forma, en los registros sobre la filial de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, vemos que además de utilizar fuentes elaboradas a partir del espionaje realizado por agentes policiales –“medios propios”–, se utilizaban también, para elaborar los informes, documentos producidos por las propias observadas, como folletos convocando a marchas o comunicados (DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo 36.344; Legajo 20.661). Esto resulta interesante porque, si bien las organizaciones en algunas localidades fueron conformando pequeños archivos, en la actualidad, para su análisis, suelen estar dispersos, fragmentados o bajo la custodia de algún integrante específico de la agrupación en cuestión.
Otro recurso habitual en los informes era la incorporación de información proveniente de la prensa –en ocasiones copiada textualmente o directamente recortes–, tanto local como de alcance nacional. En el caso analizado aquí se trata, por ejemplo, de solicitadas o artículos de los diarios locales y de otros de mayor alcance en los que se registra alguna actividad o participación del grupo local (DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo 20.803, Tomo II). La cantidad de periódicos que registran información de la filial durante todo el período analizado darían cuenta de su conformación como un actor sociopolítico importante. La Capital de Mar del Plata, el diario comercial más antiguo de la ciudad, reprodujo periódicamente noticias, comunicados y solicitadas, lo cual permite pensar que en el nivel local eran un actor sociopolítico de importancia. En este sentido, los agentes policiales parecen considerarlo del mismo modo, ya que sus actividades a veces aparecen registradas bajo la consigna “Actividad política de mayor importancia del Partido de General Pueyrredón”, mientras que la primera organización, constituida durante la dictadura, fue considerada por los agentes como la comisión de familiares “de mayor relevancia del interior de la provincia” (DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo 20.803, Tomo I; Legajo 14.414). Así, que los agentes incorporen sistemáticamente artículos periodísticos, permite también tener una idea de la visibilidad del movimiento de derechos humanos en general y de Madres de Plaza de Mayo en particular.
Otra potencialidad es que, como a la DIPPBA le interesaba dejar registro de los actores con los que se vinculaba el movimiento de derechos humanos, la lectura atenta de estos documentos permite tener un panorama general, no solo de las relaciones internas del movimiento, sino de este con otras organizaciones políticas, sociales y sindicales, e incluso con la diócesis de Mar del Plata. En este sentido, tomando como ejemplo el registro del accionar en esta ciudad, en los años posteriores a la constitución de la filial en 1984, las visitas de Hebe Pastor de Bonafini fueron importantes de consignar para los agentes de la Policía bonaerense. Fundamentalmente, las relacionadas con las manifestaciones en contra de las exhumaciones de NN en el Cementerio Parque de la ciudad y su interrupción por parte de la filial y su presidenta en 1985. Esto se debe en parte a la gran repercusión mediática que tuvieron (DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo 22.954; Legajo 24.700; DIPPBA, Mesa Ds, Entidades Varias, Legajo 541, Tomo I). La orden judicial había sido dispuesta por el juez Pedro Hooft, a quien por entonces la asociación ya reconocía como cómplice de la dictadura. Esta actitud provocó disputas internas en el movimiento, dado que Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos-Desaparecidos, Madres, Abuelas y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, y los abogados miembros de la delegación Mar del Plata de la CONADEP, rechazaron la actitud de Madres de Plaza de Mayo de frenar la orden judicial. La misma había sido promovida por familiares de detenidos-desaparecidos de la ciudad, especialmente por Abuelas de Plaza de Mayo, en un intento por comprobar, a partir de las exhumaciones, el parto de una desaparecida que estaba embarazada al momento del secuestro (Zubillaga, 2017). Los registros de la DIPPBA sobre estos acontecimientos permiten ver así parte de los debates, las alianzas y las tensiones dentro del movimiento en la postdictadura –en torno a cómo tramitar el pasado, qué se entendía por verdad y qué por justicia– y cómo fueron interpretados por los agentes.
Otro uso posible de este tipo de documentos es para el análisis de trayectorias personales. En este sentido, si bien no contamos con fichas personales, una de las personas que fue objeto de atención por parte de los agentes fue la presidenta de la filial en sus primeros tiempos, Beatriz Serebrinsky de Rubinstein. Se observa un especial interés, en particular tras el envío a su domicilio en 1984 de una encomienda que contenía restos óseos, por parte de un grupo autoidentificado “Comando Legión Cóndor Escuadra 33 Mar del Plata”, junto a una nota que señalaba que eran los restos de su hija, detenida-desaparecida en 1977, aunque luego se determinó que no correspondían a ella. El hecho, ampliamente registrado por la DIPPBA, suscitó expresiones de repudio y solidaridad del resto del movimiento de derechos humanos con la presidenta local de Madres de Plaza de Mayo (DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo 22.871). El análisis de los documentos vinculados a este acontecimiento permite observar, por un lado, que, pese a las disputas y diferencias, cuando existió una amenaza externa, el movimiento se mostró unido. Y, por otro lado, que algunos agentes tuvieron la capacidad de previsión de esa unión, basada en el seguimiento sistemático de sus acciones y relaciones, y que quedó registrada en sus informes.
Cabe destacar que los agentes policiales registraron que ese mismo grupo de ultraderecha también realizó amenazas a integrantes de la APDH filial Mar del Plata, efectuó atentados en domicilios particulares y amenazas telefónicas a miembros de la delegación local de la CONADEP, y se adjudicó el secuestro del empresario Osvaldo Sivak, sosteniendo que estaba en Mar del Plata y que su vida dependía de lo que sucediera en el Juicio a las Juntas (DIPPBA, Mesa Ds, Entidades Varias, Legajo 541, Tomo I; CPM, Fondo DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo 25.443; Legajo 22.871). De esta forma, el análisis de estos documentos también permite acercarse al complejo contexto sociopolítico de la postdictadura en el nivel local, en el que los responsables de la represión convivían en la ciudad con sus víctimas y con los compañeros de militancia y familiares de las mismas.
Por otra parte, si bien Madres de Plaza de Mayo había hecho del apartidismo uno de los principios fundantes de la asociación (Gorini, 2006 y 2011), especial atención le dieron los agentes policiales al registro de otras agrupaciones o partidos políticos que acompañaron a la filial y al movimiento de derechos humanos en general. En este sentido, una lectura de los documentos en clave de participación nos permite acercarnos al clima político en esta ciudad turística, universitaria, portuaria y de rango medio, en distintos períodos. Así, podemos observar que intervinieron en diversas actividades, en los distintos períodos analizados, agrupaciones juveniles vinculadas a partidos de izquierda y peronistas, organizaciones universitarias, centros de estudiantes de escuelas de enseñanza media de la ciudad, organizaciones de trabajadores y partidos políticos (DIPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo 13.241; Legajo 20.803, Tomos 8, 9 y 10; Legajo 20.228; DIPBA, Mesa De, Carpeta Entidades Varias, 541, Tomo I). Este tipo de registros tiene gran potencial para el estudio del movimiento dado que, salvo que la prensa local lo haya registrado o se encuentre algún documento en algún archivo particular, en ocasiones es difícil encontrar este tipo de información a escala local sin apelar a la memoria de los actores, que, en ciertos casos, para el período dictatorial, silencian o niegan ese acompañamiento (Zubillaga, 2023). De esta forma, los documentos de la DIPPBA nos permiten aproximarnos a la participación de estudiantes, sindicatos y partidos políticos en acciones del movimiento en general y de la filial de Madres en particular.
Como también registraban a otras agrupaciones del movimiento de derechos humanos, nos permite ver cómo interpretaban los agentes policiales las relaciones y disputas internas del movimiento local. Por ejemplo, los agentes no se desentendieron de las tensiones que generó la división de Madres, Abuelas y Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Mar del Plata a partir de la cual surgió la filial marplatense de la Asociación Madres de Plaza de Mayo en 1984. Así, respecto a la filial, en un informe de 1986, por ejemplo, en el apartado de “apreciación”, el agente sostenía que la entidad actuaba “en forma sectaria” respecto de las otras organizaciones de derechos humanos locales y consideraba probable que se debiera a intentos de evitar “infiltraciones” (DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo 541). Por otra parte, puede verse la solidaridad y el trabajo coordinado en otros momentos, como recolección de firmas, participación de distintas organizaciones de derechos humanos en los festivales organizados por la agrupación original, actos y comunicados conjuntos en contra de la prisión preventiva a Hebe Pastor de Bonafini por trabar las exhumaciones de NN en el Cementerio Parque, etcétera. De esta forma, en el apartado “Apreciación de inteligencia” de otro informe, el agente sostiene “no obstante haber expresado en primera instancia diferencias y críticas […] en la actualidad y en razón de la evidente afinidad ideológica, han constituido un bloque uniforme que defiende y se solidariza con la postura de Hebe de Bonafini” (DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo 24.700). De esta forma, a partir del análisis de estos documentos, puede tenerse una aproximación a la relación entablada con y entre la APDH, Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, el MEDH, la LADH, el Movimiento Judío por los Derechos Humanos y el SERPAJ (DIPPBA, Mesa De, Carpeta Entidades Varias, Legajo 541, Tomo I; DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo 20.228).
Como mencionáramos, los agentes policiales también registraron los vínculos problemáticos entre la diócesis de Mar del Plata y el movimiento de derechos humanos. En algunas localidades –por ejemplo, Neuquén–, el rol institucional de la Iglesia católica fue fundamental para la articulación de organizaciones defensoras de los derechos humanos, en ese caso en particular por la figura del obispo monseñor Jaime de Nevares, quien promovió la organización de la APDH local y colaboró en el surgimiento y funcionamiento de organizaciones de derechos humanos, al ofrecer un marco para la acción, la provisión de recursos y legitimidad al reclamo. En otras localidades, la postura fue más ambigua (Kotler, 2014). En el caso de Mar del Plata, cabecera de obispado desde 1957, monseñor Eduardo Francisco Pironio, abandonó la feligresía en 1975 por las constantes amenazas de muerte, acusado de “cura montonero”. Pironio fue reemplazado por monseñor Rómulo García, cuya gestión del obispado transcurrió desde 1976 hasta 1991. A diferencia de cierto compromiso social que se le atribuye a Pironio, los familiares de detenidos-desaparecidos de la ciudad recuerdan la gestión del obispo Rómulo García como “no favorable” a la problemática que estaban viviendo. Durante la última dictadura se negaba a recibirlos; les contestaba que si era “militante de izquierda” no lo esperasen más y a las esposas de detenidos-desaparecidos les aconsejaba que “rehicieran sus vidas”; o sostenía que las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos eran “campañas improvisadas y organizadas por quienes niegan la libertad” (Zubillaga, 2019b y 2023). Si bien en los legajos de la DIPPBA se encuentran, por ejemplo, referencias a las misas a favor de los detenidos-desaparecidos, o se da cuenta de las parroquias por las que circularon los familiares, también en este caso debe recordarse que estamos leyendo un relato policial y que pueden cometer errores, como sostener en los informes que el obispo Rómulo García apoyaba los reclamos y acciones de los familiares en la ciudad, afirmación que se puede contraponer o matizar con otras fuentes (DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo 13.227; DIPBA, Mesa De, Factor Religioso, Entidades religiosas, Legajo 1.773).
Otra potencialidad es que estos legajos también permiten tener una idea aproximada de las luchas e incidentes del movimiento de derechos humanos local con sectores de la derecha, como la Unión del Centro Democrático (UCD). Esta fuerza política logró la intendencia de Mar del Plata en las elecciones de 1991 con su candidato Mario Russak, exintendente de facto durante la última dictadura. A partir de los documentos de la Policía, se observa que, al menos desde la campaña electoral de 1983, se produjeron disputas en torno a la interpretación del pasado reciente y por el uso del espacio público. En esa oportunidad, los candidatos acusaban a los integrantes del movimiento de ser quienes “hace diez años atentaban con bombas”, mientras que, en 1985, la UCD se sumó al debate por las exhumaciones y emitió un comunicado en el cual marcaba su postura en contra de la actitud de la filial de Madres en el Cementerio Parque (DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo 20.803, Tomo 9).
El análisis de estos documentos permite observar, además, que en la ciudad de Mar del Plata las estrategias, recursos y acciones colectivas desplegadas durante los años ochenta y noventa por la asociación fueron similares a las utilizadas en otras localidades donde también existían filiales de Madres (Kotler, 2014; Alonso, 2022). En este sentido, a partir de los informes policiales se pueden ir reconstruyendo distintas estrategias, como la utilización de siluetas desde 1983 para simbolizar los cuerpos ausentes; el uso de las fotografías de los detenidos-desaparecidos como denuncia del crimen cometido por el Estado; la realización de la marcha de los días jueves, que en el caso de Mar del Plata se realiza desde la constitución de la filial en 1984 frente a la Catedral, en pleno centro cívico y comercial; la utilización de pañuelos blancos desde el período dictatorial; la recolección de firmas para solicitadas; la confección de afiches; la venta de periódicos y libros de la organización para recaudar fondos, entre otras acciones de visibilización y denuncia (Zubillaga, 2023).
El análisis de los documentos, a su vez, permite observar los reclamos, posturas y consignas sostenidas en el ámbito local por el movimiento de derechos humanos en general y la filial de Madres en particular, desde la dictadura hasta finales de los noventa. Se observa así, según el contexto, la oposición a cualquier ley de amnistía; la oposición a las exhumaciones de cuerpos enterrados como NN; el sostenimiento de la consigna “aparición con vida” de los detenidos-desaparecidos –a diferencia del resto de las organizaciones que la abandonó paulatinamente–; el pedido de restitución de los niños secuestrados y nacidos en cautiverio; la libertad de los presos políticos; el juicio a los responsables por los crímenes cometidos durante la última dictadura; el desmantelamiento del aparato represivo del Estado; las críticas a los alcances de la CONADEP y al gobierno de Raúl Alfonsín; el repudio a las leyes conocidas como Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), y a los indultos presidenciales de Carlos S. Menem, entre otras (DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo 20.228; Legajo 20.803, Tomos 7 al 10).
Más allá de los límites y recaudos que ya hemos señalado para el uso de los documentos de la DIPPBA, para el estudio del movimiento de derechos humanos, un límite claro de estos documentos es que no presentan el universo completo de actores y acciones del movimiento, sino lo que los agentes decidieron y pudieron investigar, dejar registrado y resguardar. Esto queda evidenciado en parte cuando, ocasionalmente, los agentes aclaran en sus informes que no han podido obtener información suficiente o que “se ampliará”, lo cual parece indicar que la investigación no se hacía de manera muy sistemática para el caso que nos ocupa o bien que se realizaba de forma deficitaria. Así, puede leerse “llevo a su conocimiento que consultadas diversas fuentes y contactos no se ha tenido información suficiente que permita ratificar o rectificar lo expuesto”, en otros informes se utilizan expresiones como “de surgir novedades se ampliará” o “esta delegación no posee información acerca de esta organización”. Para el caso de la LADH, por ejemplo, en informes elaborados durante la última dictadura, los agentes indican que, realizadas las averiguaciones, “no se ha logrado establecer que tuvieran sede constituida ni comisión directiva” (DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo 16.669; Legajo 24.700; Legajo 25.443; DIPPBA, Mesa C, Carpeta 4, Legajo 104).
Claramente estos documentos no contienen el registro de todas las acciones emprendidas o información de todos los integrantes del movimiento, sino solo lo que a criterio de la dirección mereció y pudo ser investigado y registrado. Así, pese a la cantidad de registros sobre otras actividades y a que tomaron nota de la presencia de Madres de Plaza de Mayo provenientes de otras localidades en distintos años, no contamos por ejemplo con registros de la DIPPBA sobre el Encuentro Nacional de Madres de Plaza de Mayo realizada en Mar del Plata en 1985. Estos encuentros tenían una gran importancia para la asociación, en ellos cada filial presentaba una narración y evaluación de las actividades desarrolladas y al final producían un documento con posturas en común para difundir (Zubillaga, 2019b y 2021).
Un límite que por último queremos destacar es que, desde 1983, los informes basados en la prensa, tanto local como nacional, ocupan un espacio importante en los legajos analizados, en detrimento de otro tipo de fuente. Asimismo, los documentos sobre el movimiento de derechos humanos en la década del noventa son menos cuantiosos que en los ochenta. Esto último puede deberse a la falta de presupuesto o a que quizás la figura del “otro” a investigar haya estado en los últimos años de funcionamiento de la DIPPBA más difusa que en otras épocas, en un contexto de posguerra fría y de reajuste de los “enemigos” a vigilar.
Ahora bien, si lo que la DIPPBA registra de las organizaciones es en gran parte lo que estas hacen público de sí mismas o lo que de ellas se publica en medios públicos, ¿para qué sirven estos documentos? ¿Qué es lo secreto? Es evidente que lo “secreto” es el trabajo de inteligencia –aunque algunos actores tenían conciencia de este (Cionfrini de Hallgarten, 2005)– más que la información recaudada. Por otro lado, lo que nos muestra es la continuidad del espionaje y la persistencia de una forma de ver. Así, es necesario preguntarse, ¿por qué se las sigue clasificando dentro del factor subversivo después de 1983? ¿Bajo qué presupuesto se persigue e investiga al movimiento en democracia? ¿Cuál es la razón del espionaje? ¿Para qué le sirve a la Policía bonaerense espiar a las filiales de Madres de Plaza de Mayo? Creemos que los documentos de esta vigilancia dan cuenta de que, para ciertas dependencias y prácticas del Estado, no es útil pensar en la dicotomía dictadura-democracia para comprenderlas. El hecho de que el Estado continúe espiando y registrando el accionar del movimiento de derechos humanos durante los años ochenta posteriores a dictadura y hasta la desintegración de la DIPPBA muestra que se trata de una práctica burocrática y rutinaria que se realiza independientemente de quien gobierne. El análisis de estos documentos muestra entonces, más allá de las variaciones en los informes, la continuidad de la maquinaria de espionaje, de un aparato represivo no desmantelado tras el fin de la dictadura. Un claro ejemplo de que el Estado decidió continuar investigando a las organizaciones que conforman el movimiento de derechos humanos, es el seguimiento que la DIPPBA realizó entre 1995 y 1998 a H.I.J.O.S, es decir, a una agrupación nacida durante un gobierno elegido democráticamente (DIPBA, Mesa “Ds”, Carpeta Varios, Legajo 36.344; Legajo 36.612; Legajo 36.862).
De esta forma, se observa una lógica de funcionamiento estatal-burocrático que, más allá de gobiernos de facto o elegidos democráticamente, está atravesada por cierto autoritarismo, jerarquías y arbitrariedad, y por la preocupación por catalogar al mundo rutinariamente en Carpetas, Mesas y Factores, por lo que su utilización como fuente histórica necesariamente debe realizarse teniendo presente esta situación y los recaudos ya mencionados.
Los problemas y reflexiones en torno a los archivos y el trabajo con fuentes escritas provenientes del Estado son tan antiguos como nuestra disciplina. Así, las problemáticas que atraviesan los archivos, repositorios y bibliotecas en la Argentina, que han sido señaladas por diversos autores –falta de normativa, de profesionales especializados y de presupuesto, negligencias en las políticas de mantenimiento, drenaje de documentos, etcétera– (Caimari, 2017), recuerdan, por ejemplo, las señaladas por dos referentes de la escuela metódica francesa en el siglo XIX (documentos dispersos o en manos privadas, pérdida de documentos, falta de personal especializado, catálogos insuficientes, etcétera) (Langlois y Seignobos, 2003). Quizás, justamente, lo que hace tan interesante –y en cierta forma una “excepción”– al que gestiona la CPM, es que está prácticamente completo, desclasificado y abierto a la consulta pública y que, quienes trabajan o han trabajado en él, vienen realizando una tarea inmensa respecto a su conservación, difusión y análisis. La historia ha utilizado fuentes provenientes del Estado desde su mismo proceso de institucionalización y profesionalización en el siglo XIX, es decir, desde su constitución como disciplina académico-científica autónoma. Distintas corrientes, movimientos y escuelas historiográficas han reflexionado sobre la forma en que deben analizarse los sesgos, errores y silencios que presentan este tipo de fuentes, en especial cuando lo que se intenta es acercarse a sectores subalternos. Así, las propuestas han sido su lectura “a contrapelo”, su “contrautilización”, su “decodificación” o “deconstrucción”. Distintas formas de hacer historia post-1968, como estudios subalternos, microhistoria, perspectiva de género, entre otras, coinciden en que las fuentes (entre ellas las producidas por entidades estatales para el control social, como las policiales o de inteligencia) no son imágenes claras de “realidad”, sino que solo nos brindan algunas pistas. No obstante, aunque tengamos un acceso parcial y mediatizado a las prácticas y discursos de grupos subalternos, aunque los documentos estén sesgados y hayan sido generados por el poder, igual pueden –y deben– utilizarse. En este sentido, en este artículo hemos realizado algunas reflexiones a partir de la lectura atenta y contrastante de más de treinta legajos elaborados, en dictadura y democracia, por agentes de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en torno al movimiento de derechos humanos, haciendo foco en la vigilancia realizada por los mismos en un espacio específico.
Ciertamente, al iniciar una investigación en la que se utilizarán informes de inteligencia policial como fuentes primarias, surgen preguntas como, ¿qué es lo que los hace interesantes e importantes? ¿Por qué analizar documentos de la DIPPBA para el estudio del pasado reciente? ¿Qué nos aportan para estudiar el movimiento de derechos humanos en general y a la Asociación Madres de Plaza de Mayo en particular? ¿son “confiables”? ¿Nos permiten saber cuestiones que no están registradas en otros lugares? Es evidente que en los últimos años, por su interés jurídico, histórico y político, han adquirido notoriedad los archivos que contienen algún tipo de información sobre nuestra historia reciente, más específicamente, los llamados archivos “de derechos humanos”, “de la memoria”, “de la dictadura”, “de la represión” o “de control social”; denominaciones con la que se quiere aludir a aquellos que contienen documentos con información sobre los procesos represivos en la Argentina y la región.14 Por su historia de vigilancia y su relación con la sociedad, la Policía es una de las agencias del Estado con mayor y más temprano interés en la producción, sistematización y resguardo de archivos. El de la DIPPBA es quizás el más “famoso” de la Argentina.
Los archivos con documentación vinculada a nuestro pasado reciente llaman la atención, en principio, porque afectan a diversos actores de la sociedad (agentes del Estado, víctimas, familiares, amigos y compañeros de las víctimas), pero fundamentalmente porque parte de esos implicados están vivos, lo cual hace que el documento condense, como ha señalado Da Silva Catela (2002), un valor-memoria y un valor-identitario. A su vez, su interés se encuentra ligado a la impronta que supieron dar diversas organizaciones de derechos humanos en su lucha por establecer justicia y promover la memoria acerca de los crímenes cometidos durante la última dictadura. En esta línea, se puede pensar los archivos como atravesados por una multiplicidad de agentes (archivistas, historiadores, fiscales, abogados, familiares) e intereses (políticos, ideológicos, jurídicos, historiográficos), que llevan al límite las disputas por el uso, la propiedad, el significado y el acceso al archivo, como lugar de memoria y campo de batalla por el significado del pasado. En el caso del archivo de la DIPPBA, entendido como un archivo vivo (Da Silva Catela y Jelin, 2002), su importancia se debe, a su vez, a que es uno de los pocos abiertos a la consulta pública hasta el momento.
A su vez, aún existe un imaginario arraigado a la idea de los archivos –y del documento escrito– como contenedores de la “verdad”, por lo cual, los acervos de los períodos dictatoriales se buscan y resguardan bajo esa idea. La asignación de un valor de verdad lleva a la creencia de un poder de revelación extraordinario de esos documentos, como se observa en Vales (1999). Sin embargo, ¿qué hacer con aquello sobre lo que escriben los agentes cuando muchas veces ni siquiera parecen haber “estado ahí”, en el lugar y tiempo en que sucedió lo que detallan? No obstante, como hemos visto, si bien en general revelan pocos datos inéditos e incluso pueden contener errores, a partir de su análisis es factible avanzar en la identificación y comprensión de los cambios y continuidades en las tareas de inteligencia desarrolladas por el Estado y en el perfil y acciones de las víctimas del espionaje.
En el caso en particular que hemos analizado aquí, es posible reconstruir parte de la historia de observación y persecución a mujeres marplatenses que actuaron en la esfera pública y fueron vigiladas por agentes estatales de la Delegación de Mar del Plata de la DIPPBA, quienes documentaron parte de esa vigilancia, tanto en dictadura como en la postdictadura. Sin embargo, como hemos visto, la mayoría de lo registrado es de carácter público, por lo cual, en principio, lo que puede devolvernos el análisis de estos documentos es, sobre todo, la mirada, la forma de entender y clasificar de los agentes policiales bonaerenses. Es que el documento no es neutro o imparcial, sino que está íntimamente ligado a la persona que lo produjo, sus intereses y las disputas que lo mueven. Así, hemos visto algunas limitaciones y recaudos que deben tenerse en cuenta al trabajar con estos documentos, como el sesgo ideológico y los errores que pueden cometer, por la falta de información, por la necesidad de justificar su función y cumplir burocráticamente con una orden superior y por cómo operan como prejuicios las categorías adquiridas en su formación.
Creemos, no obstante, que a partir de un análisis crítico de estos documentos y cruzándolos con otras fuentes (testimonios orales, sentencias judiciales, prensa, etcétera), permiten acercarnos, como víctimas del espionaje, a un panorama general del perfil y la identidad política de las integrantes de la filial, y a las variaciones y persistencias de las acciones realizadas, las relaciones con otras organizaciones políticas, sindicales y sociales, las disputas con otros sectores movilizados, los vínculos problemáticos con la diócesis, sus reclamos, consignas y debates, las estrategias desplegadas y el impacto de sus intervenciones en el espacio público; además, conocer a los agentes policiales que realizaron las tareas de espionaje y registro, cómo fueron percibidas y clasificadas por ellos, y observar las continuidades de ciertas lógicas estatales en la postdictadura.
Abuelas de Plaza de Mayo (1988). Informaciones, n° 18, marzo-mayo.
Águila, G. (2013). “Las tramas represivas: continuidades y discontinuidades en un estudio de caso. La Dirección General de Informaciones de la provincia de Santa Fe, 1996-1991”. Sociohistórica, n° 31, pp. 1-26.
Alonso, L. (2022). “Que digan dónde están” Una historia de los derechos humanos en Argentina. Buenos Aires: Prometeo.
Barreneche, O. (2010a). “La historia de las instituciones de seguridad a través de las fuentes documentales y los archivos institucionales. El caso de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”. En Sirimarco, M. (comp.), Estudiar la policía. La mirada de las Ciencias Sociales sobre la institución policial. Buenos Aires: Teseo.
----- (2010b). “Manejo metodológico de las fuentes documentales y los archivos policiales. El caso de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”. Revista Electrónica de Fuentes y Archivos del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, n°1, pp.1-17.
----- (2011). “Construyendo la Casa de Piedra. La policía de la Provincia de Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XX”. En Galeano y Kaminsky (coords.), Mirada (de) uniforme. Historia y crítica de la razón policial. Buenos Aires: Teseo.
Bloch, M. (1952). Introducción a la historia. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Caimari, L. (2017). La vida en el archivo. Goces, tedios y desvíos en el oficio de la historia. Buenos Aires: Siglo XXI.
Castronuovo, S. y Marengo, M. E. (2015). “El archivo policial como espacio de memoria: un sondeo por el ex archivo de la DIPPBA”. Revista Electrónica de Fuentes y Archivos, a. 6, n° 6, pp.106-125.
Cionfrini de Hallgarten, P. (2005). “Testimonio”. Entrevista de Vera Carnovale, Archivo Oral Memoria Abierta, Mar del Plata.
D’Antonio, D. (2017). “Vigilancia, control social y agencia política del activismo por los derechos humanos ante la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Argentina, 1979)”. Izquierdas, n° 32, pp. 184-202.
Da Silva Catela, L. (2002). “El mundo de los archivos”. En Da Silva Catela, L. y Jelin (comps.), E. Los archivos de la represión: documentos, memoria, verdad. Madrid: Siglo XXI.
Da Silva Catela, L. y Jelin E. (comps.) (2002). Los archivos de la represión: documentos, memoria, verdad. Madrid: Siglo XXI.
Darnton, R. (2002 [1984]). “Un inspector de policía organiza su archivo: la anatomía de la república de las letras”. En La gran matanza de gatos y otros episodios de la historia de la cultura francesa, pp. 148-191. México: Fondo de Cultura Económica.
Funes, P. (2004). “Medio siglo de represión. El Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”. Revista Puentes, a.4, n°11.
----- (2005). “Botón de muestra”. Revista Puentes, a. 5, n° 14.
----- (2016). “El historiador, el archivo y el testigo”. En Cernadas y Lvovich (comps.). Historia, ¿para qué? Revisitas a una vieja pregunta. Los Polvorines: UNGS.
Funes, P. y Jaschek, I. (2005). “De lo secreto a lo público: La creación de la DIPBA”. Dossier Documentos. Revista Puentes, nº 16.
Ginzberg, V. (2003). “El archivo. Los papeles de la inteligencia policial”. Página 12, 5 de octubre.
----- (2006). “Los documentos de la Bonaerense sobre las Madres de Plaza de Mayo”. Página 12, 19 de agosto.
González Quintana, A. (2004). “Los archivos de la represión: balance y perspectivas”. Comma. Revista Internacional de Archivos, n° 2.
Gorini, U. (2006). La rebelión de las Madres. Historia de las Madres de Plaza de Mayo.1976-1983. Buenos Aires: Norma.
----- (2011). La otra lucha. Historia de las Madres de Plaza de Mayo. 1983-1986. Buenos Aires: Norma.
Guha, R. (2002). Las voces de la historia y otros estudios subalternos . Barcelona: Crítica.
Jaschek, I.; Lanteri, M.; Sahade, J. y Sampietro, V. (2017). “Diferentes usos de un archivo sensible en 14 años de gestión. La CPM y las consultas al fondo DIPPBA”. Ponencia presentada en XVI Jornadas Interescuelas, Departamentos de Historia. Mar del Plata.
Jelin, E. (2017). La lucha por el pasado. Cómo construimos la memoria social. Buenos Aires: Siglo XXI.
Kahan, E. (2007). “¿Qué represión, qué memoria? El archivo de la represión de la DIPBA: problemas y perspectivas”. Question, n° 16.
----- (2008). “¿Qué ves cuando me ves? Los judíos en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”. TZINTZUN, nº 47, pp. 221-248.
Karababikian, G. (2004). “Archivos y derechos humanos en la Argentina”. Boletín del Archivo General de la Nación, a. LXIX, vol. XXXIII, n° 119.
Kotler, R. (comp.) (2014). En el país del sí me acuerdo. Los orígenes nacionales e internacionales del movimiento de derechos humanos argentino: de la dictadura a la transición. Buenos Aires: Imago Mundi.
Langlois, C. y Seignobos, C. (2003 [1898]). Introducción a los estudios históricos. Salamanca: Universidad de Alicante.
Lanteri, M. y Nazar, M. (2014). “A 10 años de la apertura del Archivo de la DIPPBA”. Aletheia, vol. 5, n° 9.
Lenci, L. y Raggio, S. (2011). “Comisión Provincial por la Memoria, presentación de Actividades”. Aletheia, vol. 2, n° 3.
Lenci, L. y Sorgentini, H. (2009). “A treinta años de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Dossier Documentos. De lo secreto a lo público. Revista Puentes. n° 27.
Madres de Plaza de Mayo (2007). Luchar siempre. Las Marchas de la Resistencia. 1981-2006. Buenos Aires: Madres de Plaza de Mayo.
Marengo, M. E. (2011). “Los mecanismos del control social: el caso de la ex DIPBA”. Revista Derecho y Ciencias Sociales. n° 4, pp. 147-162.
----- (2012a). “Lo aparente como real: un análisis del sujeto ‘comunista’ en la creación y consolidación del servicio de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”. Tesis de maestría, Universidad Nacional de La Plata.
Marengo, M. E. (2012b). “La vida bajo sospecha”. Debates urgentes, a.1, n°1, pp.131-153.
Nazar, M. (2007). “Dictadura, archivos y accesibilidad documental. A modo de agenda”. Derechos Humanos en Argentina. Informe 2007, pp. 413-424. Buenos Aires: Siglo XXI.
----- (2018). “Secretos, reservados y confidenciales: la producción de información de las fuerzas armadas y de seguridad como fuentes para la historiografía”. Estudios Sociales del Estado, vol. 4, n° 7, pp. 243-264
Nazar, M. y C. García Novarini (2021). “Los archivos de inteligencia en Argentina”. Aletheia, vol. 11, n° 22.
Nieto, A. (2011). “Los archivos policiales y la historia de las clases subalternas. El movimiento sindical marplatense a los ojos de la bonaerense”. En CPM, Los trabajadores del mar. Movimiento obrero en Mar del Plata (1957-1996). La Plata: Comisión Provincial por la Memoria.
Pinedo, J. (2018). “¿Cómo atravesar los agujeros? Reflexiones a partir de una investigación sobre la acción colectiva popular con archivos de la policía bonaerense”. Ensambles, a. 4, n° 8, pp.115-131.
Sahade, J.; Jaschek, I. y Lanteri, M. (2021). “Archivos de inteligencia: imaginarios, saberes, sentidos. La experiencia de la CPM a 20 años de la cesión del archivo de la DIPPBA”. Aletheia, vol.11, n° 22.
Salvatori, S. M. (2014). “Entre voces y miradas: pasado y memorias sobre la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires”. En Flier, P. (comp.), Dilemas, apuestas y reflexiones teórico-metodológicas para los abordajes en Historia Reciente. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.
Spivak, G. C. (1998). “¿Puede hablar el sujeto subalterno?”. Orbis Tertius, a.3, n°6.
Vales, L. (1999). “Detrás de una puerta gris estaba la verdad. Por primera vez se ven los inmensos archivos de inteligencia bonaerense”. Página 12, 25 de noviembre.
Zubillaga, P. (2017). “Aquí no es cuestión de antropólogos sino de política. La Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Mar del Plata frente a las exhumaciones de NN en la ciudad en 1985”. Revista de Historia, n° 18, pp. 103-132.
----- (2019a). “Las escalas de análisis en los estudios del movimiento de derechos humanos. El potencial explicativo de hacer foco en lo local”. En Badano, R. (comp.), Educación Superior y Derechos Humanos. Reflexiones, apuestas y desafíos. Paraná: UADER-Red Interuniversitaria de Derechos Humanos/CIN.
----- (2019b). “Orígenes y consolidación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Mar del Plata. Estrategias locales y construcción política-identitaria (1976-1989)”. Tesis de maestría, Universidad Nacional de La Plata.
----- (2021). “La Asociación Madres de Plaza de Mayo y la constitución de filiales en los años ochenta”. Sociohistórica, n° 47.
----- (2023). “Madre no hay una sola. Una historia de la Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Mar del Plata”. Tesis de posgrado. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.2534/te.2534.pdf.
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CPM. Fondo DIPBA. Mesa “De”. Carpeta Entidades Varias. Legajo 133
CPM. Fondo DIPBA. Mesa “De”. Carpeta Entidades Varias. 541. Tomo 1
CPM. Fondo DIPBA. Mesa “De”. Carpeta Entidades Varias. Legajo 579
CPM. Fondo DIPBA. Mesa “De”. Carpeta Entidades Varias. Legajo 591
CPM. Fondo DIPBA. Mesa “De”. Factor Religioso. Entidades religiosas. Legajo 1.773
CPM. Fondo DIPBA. Mesa C. Colateral. Carpeta 4. Legajo 104
CPM. Fondo DIPBA. Mesa Referencia. Legajo 18.524 Tomo I
CPM. Fondo DIPBA. Mesa A. Factor Partidos Políticos. Carpeta 37. Legajo 334
1* Agradezco a todas las personas que trabajan o han trabajado en el fondo documental gestionado por la Comisión Provincial por la Memoria, especialmente a Julieta Sahade, Virginia Sampietro y Magdalena Lanteri. También agradezco a las personas que realizaron la evaluación externa de este artículo por sus sugerencias y a Daniel Lvovich, por los comentarios realizados a una primera versión de este trabajo.
2 La propia CPM ha realizado dossiers de distintos temas a partir del análisis de documentos de la DIPPBA, que se encuentran disponibles en su página web oficial: https://www.comisionporlamemoria.org/project/dossiers-revista-puentes/. Asimismo, quienes la integran realizan continuamente trabajos académicos de sistematización, como Jaschek et al. (2017), quienes muestran los cambios producidos a lo largo del tiempo en las solicitudes al archivo por parte de los investigadores respecto de actores, períodos y lugares.
3 Creado con el nombre de Central de Inteligencia, tuvo antecedentes en las secciones de Orden Social y Político, la oficina de Movimiento Político y la división y, luego, Dirección de Orden Público. En 1961 fue llamado Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en 1978, Dirección General de Inteligencia. En 1991 se le bajó el rango a Dirección de Inteligencia y en 1998 fue disuelto. Los cambios de rango de este organismo permiten pensar la burocracia policial y la importancia que el Estado le atribuyó en las distintas etapas al espionaje político-ideológico. Las dependencias que la antecedieron datan de la década de 1930 y la información obtenida formó parte de las readaptaciones y clasificaciones que el archivo fue adquiriendo. Más información en web oficial de la CPM: http://www.comisionporlamemoria.org/archivo/?page_id=82.
4 Por supuesto no se trata de una práctica exclusiva de nuestro continente ni del siglo XX, por lo que distintos autores han recurrido al trabajo con fuentes de este tipo a partir de una lectura crítica, al menos, en los últimos cuarenta años. En un libro ya clásico para la historiografía, Darnton analizó, en el capítulo cuatro, el archivo de un oficial de la policía de Paris en el siglo XVIII, el inspector del comercio de libros Joseph D’Hemery, cuya tarea consistía en espiar las actividades (personales y literarias) de los escritores franceses, lo que ofrece una idea de cómo el Antiguo Régimen intentaba comprender a una nueva y “peligrosa” generación, los intelectuales independientes. Los informes permiten acercarse al contexto cultural, al perfil de intelectual en el apogeo de la ilustración y revelan la manera en que un funcionario intentó entender y clasificarlos (Darnton, 2002).
5 La DIPPBA tenía su sede central en La Plata, pero tuvo delegaciones en Morón, Lanús, San Martín, San Nicolás, Junín, Mar del Plata, Azul, Bahía Blanca, Quilmes, Castelar, Pehuajó, Mercedes, Chascomús, Tigre, La Matanza y Capital Federal (esta última creada en 1976).
6 Los sucesivos cambios en el marco normativo y las funciones y estructuras de los aparatos de seguridad revelan que los distintos organismos de inteligencia colaboraban entre sí, conformando la llamada “comunidad informativa” para el intercambio de información. En el ámbito nacional estuvo integrada, además de por la DIPPBA, por la Secretaría de Inteligencia del Estado, la Jefatura II de Inteligencia y Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, el Servicio de Inteligencia Naval, la Dirección de Inteligencia de Gendarmería Nacional, el Servicio de Inteligencia de Prefectura Naval Argentina, el Servicio de Inteligencia Aeronáutica y la Superintendencia de Seguridad Federal (Marengo, 2011; Sahade, Jaschek y Lanteri, 2021; Nazar y García Novarini, 2021).
7 Más información en web oficial de la CPM: http://www.comisionporlamemoria.org/cuadroclasificacion/.
8 La CPM entregó dichos legajos hace varios años a integrantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (Ginzberg, 2006). En el acto de apertura pública del archivo, ya se les había entregado copias de documentación elaborada y archivada por la DIPPBA a distintas organizaciones de derechos humanos (2003).
9 Que al archivo de la DIPPBA le falten algunos legajos no debe sorprendemos. Como ya ha explicado Nazar (2018), ninguna institución conserva la totalidad de la documentación que produce a lo largo de su existencia.
10 Otros estudios han señalado, para el caso del seguimiento a la comunidad judía, que un límite para la vigilancia e investigación fue que no había agentes especializados en ídish (Kahan, 2008). Otras limitaciones se han encontrado, por ejemplo, para investigar a las mujeres comunistas organizadas en la Unión de Mujeres Argentina, puesto que los agentes eran varones y debían hacer vigilancia “externa” en aquellos actos en los que se controlaba el ingreso de las militantes (Castronuovo y Marengo, 2015). Para el estudio de movimientos indígenas, se ha señalado las dificultades de la DIPPBA para discernir matices, modalidades y reconocer referentes, en el contexto de un imaginario que los daba por extintos o de una identidad en disolución (Lenton y Nagy, 2021). Entre los errores que cometen, el de las pertenencias políticas parece ser habitual. Así, se han advertido casos de obispos clasificados como integrantes del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, incluso cuando ese agrupamiento había dejado de existir (Pinedo, 2018).
11 Por supuesto estas características no son exclusivas de los documentos de la DIPPBA. No pretendemos presentarlos aquí como una excepción. Diversos historiadores han trabajado con archivos semejantes en otros países, para otros períodos, como Darnton (2002). Para interesantes reflexiones en torno al uso de fuentes provenientes del Estado o grupos hegemónicos, sus sesgos e insuficiencia, puede consultarse, entre otros, Guha (2002). Para pensar sobre las posibilidades de hablar de y por los sujetos subalternos, en especial las mujeres, entendiendo que “subalternidad” es una categoría situacional, también puede consultarse el texto clásico de la autora feminista y poscolonialista Gayatri Chakravorty Spivak (1998).
12 Nieto (2011) ha puntualizado que las fichas de sujetos individuales no deben hacernos caer en la descomposición de lo colectivo, es decir, considerar lo colectivo como una simple suma de individuos, y recordar que el objeto de tal utilización de los datos era el control, la prevención y la persecución.
13 La Marcha de la Resistencia es una marcha anual de veinticuatro horas que realiza la Asociación Madres de Plaza de Mayo desde 1981. Fueron suspendidas por decisión de la Asociación durante el gobierno de Néstor C. Kirchner y retomadas en el año 2015 bajo el gobierno de la Alianza Cambiemos. Fueron veinticinco marchas ininterrumpidas, la de 2006 fue la última de esa serie (Madres de Plaza de Mayo, 2007).
14 El concepto “archivos de la represión” comprende a los producidos con el fin de la persecución política y la represión y se vincula a la definición de “institución represiva”, dado que son parte de los archivos de seguridad del Estado. Otros prefieren “de control social”, porque es una categoría más amplia que sirve para comprender que las tareas de espionaje y archivo fueron producidas tanto durante gobiernos civiles como militares (Karababikián, 2004; González Quintana, 2004).