Dossier: “Gobernar el sufrimiento”
¿Qué Estado para las víctimas?: dispositivos, saberes y rutinas burocráticas en el gobierno del sufrimiento*1
What State for the victims? devices, knowledge, and bureaucratic routines in the government of suffering
Carolina Schillagi
Área de Sociología, Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento (ICI-UNGS), Argentina. ORCID: 0000-0003-1662-1648. Contacto: cschillagi@gmail.com
Resumen
La gestión del sufrimiento a través de dispositivos que atienden a víctimas de delitos y distintas formas de violencia, forma parte, desde hace varias décadas, de los instrumentos de gobierno con que cuentan los Estados a nivel global. Este artículo presenta un análisis del funcionamiento de esos dispositivos en distintos niveles estatales de una provincia argentina. En particular, se centra en dos dimensiones: la materialidad de las rutinas burocráticas (registros de casos, lugares físicos, documentos) y los usos, saberes y lenguajes profesionales que configuran formas específicas de práctica estatal.
Para abordar estas cuestiones llevamos a cabo un análisis cualitativo de diversos materiales de campo con el fin de comprender el sentido que los distintos agentes otorgan a dichas prácticas y los modos de interacción que les dan sustento.
Palabras claves: víctimas, saberes profesionales, gobierno del sufrimiento, rutinas burocráticas, Estado.
Abstract
The government of suffering through mechanisms that deal with victims of crime and different forms of violence has been part, for several decades, of the governmental instruments available to States at the global level. This article presents an analysis of the functioning of these mechanisms at different state levels in an Argentinian province. It focuses on two dimensions: the materiality of bureaucratic routines (case records, physical places, documents) and the uses, knowledge and professional languages that configure specific forms of state practice. To address these issues, we conducted a qualitative analysis of various field materials to understand the meaning that different agents give to these practices and the modes of interaction that support them.
Keywords: victims, professional knowledge, devices, bureaucratic routines, State.
La gestión del sufrimiento de personas o poblaciones se fue convirtiendo, a lo largo de décadas, en parte de lo que algunos autores denominan “el gobierno de las víctimas” (Das, 2008; Irazusta y Gatti, 2017; Estévez, 2018) que abarca, no solamente al Estado sino también a organizaciones humanitarias internacionales y locales. Las ciencias sociales pusieron de relieve los procesos sociohistóricos en el marco de los cuales se fueron configurando estas transformaciones en las sensibilidades morales y en las distintas formas de institucionalización que emergieron a raíz de ellos (Martucelli, 2017; Fassin y Rechtman, 2010). La cuestión del lugar del Estado y de las organizaciones humanitarias tiene, además, un largo recorrido histórico que da cuenta de la emergencia de las víctimas como objetivo de las políticas públicas y de entramados institucionales destinados a atenderlas (Wieviorka, 2003; Manikis, 2019).
En las últimas décadas, se ha constituido un campo de estudios centrado en la “producción social de víctimas” (Lefranc y Mathieu, 2009), proceso por el cual ciertas personas que han sufrido un daño o una violencia se consideran víctimas y son así consideradas (o impugnadas) por otras. Distintos actores sociales despliegan procedimientos de categorización y jerarquización que operan sobre las víctimas, configurándolas como tales. Profesionales, académicxs, periodistas, asociaciones y familiares de víctimas, así como agencias del Estado y funcionarixs que se desempeñan en ellas son, entre otros, agentes “victimizadores” (Barthe, 2017).
Por otra parte, en nuestro país los estudios sobre los reclamos de justicia y las formas de activismo y compromiso político que las víctimas emprenden de cara al Estado han aportado conocimiento sobre esos procesos de movilización centrándose en las acciones colectivas y las demandas en distintos períodos históricos (Jelin, 2007; Vecchioli, 2005; Pita y Pereyra, 2020). Este artículo se sitúa en el campo de la sociología de las víctimas, en diálogo con todos estos aportes previos, pero en un cruce con algunos trabajos que aportan una mirada sobre las burocracias estatales más cercana a los usos, los lenguajes y las rutinas diarias de esos dispositivos (Dubois, 2010).
El argumento central es que sin aproximarnos a los “detalles” del funcionamiento cotidiano del accionar estatal, no podemos sino tener una visión monolítica del Estado como uno más del conjunto de actores que participan del proceso de producción social de víctimas realizando clasificaciones y jerarquizaciones de personas y colectivos dolientes. Eso hace que se pierda de vista el papel que cumplen los márgenes de maniobra que existen en determinados momentos entre la normativa, por un lado, y los modos de interacción entre profesionales y funcionarixs y las víctimas o sus asociaciones, por otro. Estos márgenes de maniobra tienen efectos (en distinta medida) sobre políticas públicas que se caracterizan por un contacto directo entre quienes sufren violencias o delitos y quienes están a cargo de asistirles y acompañarles.
El artículo está dividido en dos partes. En la primera, describo y analizo las características de las prácticas rutinarias de funcionamiento de los dispositivos de atención a víctimas en agencias estatales municipales y provinciales (Rosario, Santa Fe), para ello me centro en los lugares físicos, el modo de registro de casos y las formas en que funcionarixs describen (y otorgan sentidos a) su trabajo cotidiano. En la segunda, abordo la cuestión de los saberes profesionales, las tensiones que se generan entre y al interior de los campos disciplinarios y las prácticas que lxs profesionales ponen en juego para desempeñar su labor diaria en el Estado2.
Mundos enredados: rutinas burocráticas y dispositivos estatales
De lugares, espacios y recursos
“El que ya le pasó, te va diciendo dónde tenés que ir” dice Paula, cuyo hermano fue apuñalado en la puerta de su casa en 2014 en uno de los múltiples hechos de violencia que son catalogados en el lenguaje común como hechos de “inseguridad”3. Esta imagen del lugar se repite una y otra vez en las entrevistas con familiares de víctimas. El acceso a alguna ventanilla del Estado es un dato que pasa de boca en boca en los barrios o entre familiares y agrupaciones de víctimas.
La Dirección en la que realicé el trabajo de campo es la única agencia que tiene la función específica de la atención a víctimas de delitos a nivel municipal. Entre sus incumbencias están las víctimas de homicidios dolosos, lesiones graves, femicidios y usurpaciones, fijadas en su ordenanza de creación. Es necesario tener en cuenta el contexto en el que llevan adelante su trabajo estas agencias, dado que la provincia de Santa Fe se destaca desde hace varias décadas por el aumento de las violencias que se fueron colocando en términos cuantitativos muy por encima de la media nacional, así como el fenómeno del aumento sostenido de los homicidios dolosos en la ciudad de Rosario.4 De modo que el escenario de violencia creciente, en el que las muertes y los heridos por armas de fuego se convirtieron en una de las preocupaciones sociales y políticas más acuciantes a nivel local y también, con fluctuaciones, a nivel nacional, ubican la labor de lxs funcionarios y profesionales que atienden a víctimas en una situación compleja respecto de la capacidad de respuesta y los límites de un “sistema finito” frente a una “demanda infinita” (Dubois, 2010: 16).
La dependencia interviene a requerimiento de las víctimas, sus familiares o por derivación de otras instituciones y ofrece asistencia psicológica, jurídica y social en el marco de un protocolo de actuación5. Sin embargo, al consultar a miembros del equipo profesional o a funcionarixs a cargo, refieren que prácticamente no existen casos de personas que se presenten de manera espontánea. Tienen claro que estas agencias, comparadas con otras de mayor nivel de exposición y de reconocimiento social, no son conocidas para la mayoría de la población. En el caso de la Dirección de asistencia a víctimas de nivel provincial, se puede comprobar que, hasta la fecha, la dependencia no aparece en el organigrama del Ministerio de Seguridad en el que funciona, ni es mencionada en noticias recientes de la prensa local.6 Una ex funcionaria de esa dependencia, decía:
“Cuando me convocan a la entrevista y yo googleo, claro…nada de nada, era una política pública escondida, sólo para apagar fuegos.” (Entrevista a exfuncionaria 2, 16/06/23)
La (in)visibilidad pública de las agencias estatales de atención a víctimas de delitos no se expresa solamente en la falta de información accesible sobre la ubicación institucional o las funciones en archivos de prensa o documentos oficiales. Tiene su correlato en algunas dimensiones materiales muy concretas. Las oficinas donde funcionan las dependencias municipales de atención a víctimas están ubicadas en pleno centro de la ciudad, en un edificio adyacente al Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (CEMAR)7. Sin embargo, la entrada a las oficinas se realiza por puertas laterales al edificio, una de las cuales da a un estacionamiento y otra a una calle interna que separa el edificio de una plaza, sin que ningún cartel o señalización visible desde el exterior anuncie la ubicación y oriente a quien pretenda dirigirse al área de atención a víctimas. De manera casi simétrica con relación a la dificultad de acceso, las oficinas de atención a víctimas del nivel provincial están ubicadas en uno de los pisos del imponente palacio que es sede de la gobernación en Rosario, espacio que ocupa una manzana entera. Identificar y encontrar el acceso a esas oficinas es prácticamente imposible para alguien que no conozca muy bien el edificio, con sus escaleras, entrepisos y recovecos laberínticos.8 En ambos casos entonces, una notable dificultad de acceso a la información sobre dónde acudir y cómo localizar a las oficinas (realmente “escondidas” en edificios sin señalización) puede tomarse como un indicio de las limitaciones prácticas y simbólicas de estas políticas públicas.
¿Qué se opone a la centralidad? la territorialidad! con todo lo que un municipio tiene, es decir, 5 centros distritales, o sea, poder utilizar los centros municipales de distrito como lugares de referencia” (…) empezar a pensar cómo el municipio piensa una política pública de cercanía, como primer nivel, es decir, si no lo hacemos nosotros no lo hace nadie a eso (Entrevista a funcionario 1, 19/08/22)
Funcionarixs y profesionales destacaron reiteradamente en las entrevistas la cuestión de “la territorialidad” como un valor de la gestión que llevan adelante y una forma de diferenciación respecto de gestiones políticas anteriores. Si bien ello da cuenta de una parte del trabajo que realizan, las narraciones deben ser consideradas, siguiendo a Shore (2010), como “puntos de vista nativos” si queremos captar la construcción de sentidos inherente a esos relatos de lxs formuladorxs de políticas. Aunque en las entrevistas las personas hacen referencia una y otra vez a su política de proximidad, eso no revela de manera transparente las formas de funcionamiento del dispositivo estatal en su cotidianeidad (algo que puede ser contrastado incluso con otras fuentes, como los registros escritos de los casos atendidos). No se trata de medir la distancia entre lo que debería pasar y lo que pasa en la realidad, sino de comprender la forma en que los propios actores hablan de sus prácticas y los valores y sentidos que le asignan.
Teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que decíamos más arriba con relación a la falta de información pública o la dificultad de acceso físico a las oficinas de atención a víctimas, podemos plantear algunos argumentos. Por un lado, el desplazamiento de lxs agentes estatales hacia las periferias de la ciudad (los “territorios”) para implementar políticas de proximidad no necesariamente implica una eficacia de tal política o un valor positivo per se. A veces, el hecho de no disponer de recursos (o de no haber asignado los suficientes) puede ser un motivo del desplazamiento hacia los barrios de la periferia, e incluso puede obedecer a lógicas más estratégicas, como reducir los costos políticos de la repercusión pública de los casos o de las movilizaciones y reclamos que puedan tener lugar en el espacio público del centro de la ciudad.
La gestualidad o la declaración de intenciones no hace a la performatividad de una política, a intervenir de manera de provocar movimientos o transformar un estado de cosas existente. Ahmed (2022) utiliza el concepto de “no performatividad”, es decir, “actos de habla institucionales que no hacen efectivo eso que nombran” (2022: 66). Es interesante esta idea como perspectiva, en la medida en que la no performatividad habla de una paradoja: hay políticas que producen evidencia sobre el fracaso institucional y no sobre su efectividad o sobre los objetivos que se supone vienen a cumplir. Y esto no proviene exclusivamente de los documentos o las estadísticas oficiales o aun de las declaraciones de funcionarixs y profesionales, sino que es necesario incorporar también otras dimensiones.
De documentos, normativas y registros escritos
El trabajo cotidiano de las agencias estatales que se ocupan específicamente de la atención y el acompañamiento a víctimas se apoya en la información proveniente de distintas fuentes: principalmente se trata de los partes de los hospitales públicos, los partes policiales y las noticias periodísticas. Existen también contactos por derivaciones institucionales de distintas áreas de gobierno. Sobre la priorización de la atención de algunos casos, decía un funcionario:
“en primer lugar…los homicidios, porque los heridos armas de fuego que nos ingresaron al HECA, bueno, hay un dispositivo que se llama de intervención sobre situaciones de violencia armada, DISVA, entonces yo sé que esos compañeros y compañeras van, y aparte…es un dispositivo transversal municipal (Gobierno, Salud, Desarrollo humano y hábitat) que incluso tiene una historia de asistencia a víctimas con otra perspectiva anterior a la sanción de esta ordenanza específica” (Entrevista a funcionario 1, trabajador social, 19/08/22).9
El circuito que describen lxs entrevistadxs cuando hablan del “dispositivo” (integrantes de los equipos y funcionarixs provinciales y municipales) tiene un denominador común: una vez que toman contacto con lxs familiares de las víctimas o con las “víctimas directas”, llega entonces el primer encuentro que por lo general es cara a cara o también telefónico. A partir de esa reunión se inicia un recorrido que puede tener distinta duración en el tiempo, discontinuidades, o bien, limitarse a ese único contacto. Las intervenciones se materializan en una ficha/planilla que completan lxs integrantes del equipo cada vez que existe una acción relativa a un “caso” y que constituye un archivo digitalizado.
Esta es una herramienta clave de la gestión, que da cuenta de una serie de cuestiones formales asentadas allí y que permite asomarse a la trayectoria sinuosa que caracteriza a estas intervenciones estatales. Como práctica escrita inherente a las burocracias estatales (Muzzopappa y Villalta, 2011) este registro, que funcionarixs y profesionales llaman “el registro de casos”, cumple con el propósito formal de recabar y clasificar información y datos que se consideran necesarios para que cada intervención pueda tener un seguimiento10.
Por otro lado, el registro es parte de un engranaje implícito sobre el que se montan supuestos, sentidos e interacciones con otros actores. Se trata de un dispositivo polifónico: cada movimiento respecto del caso en cuestión es una voz que narra, a modo de un diario. Todas las voces relatan las intervenciones utilizando la tercera persona del plural, sin distinguir su profesión o su jerarquía dentro del equipo (funcionarixs a cargo o miembrxs del staff). El registro certifica que allí existe una práctica sistemática que legitima la labor y la responsabilidad de los agentes que la producen.
Tal como sostiene Barrera (2022) refiriéndose al expediente judicial, “allí confluyen producción de conocimiento, expertise, relaciones de poder y construcción de subjetividad” (2022: 52). En el caso de esta tecnología de registro, las voces se superponen para delinear la figura de las víctimas en el sentido de constituirlas en torno a determinados núcleos de intervención profesional. Luego de escuchar los relatos de familiares de un joven asesinado, se deja asentado, por ejemplo: “Proponemos realizar un acompañamiento económico” o “Ponemos a disposición el espacio de psicología” y más adelante: “nos reunimos con L., cuenta que nunca ha asistido a terapia”. Y también: “11 hs: enviamos mensaje a R. para consultar cómo estaban (...), y que estamos a la espera de que nos avisen si desean que consultemos por la causa”.11
El dispositivo, más que ser un carril por donde transitan las personas atendidas, es el instrumento que indica y dispone, desde algunas agencias del Estado, cuáles son los contornos de “una víctima”: un sujeto de sectores sociales vulnerables, sufriente en términos psíquicos y alguien que puede tener un reclamo judicial que sostener. El registro puede ser analizado a fin de desnaturalizar los sentidos de los términos y reconstruir un campo semántico desde la propia investigación. Por ejemplo, expresiones como “terapia” o “psicología” dan cuenta de determinados campos sub-disciplinarios en lugar de otros enfoques posibles (psicoanálisis, psicología social, salud mental, psiquiatría, etc.).
Así como las tecnologías de registro escrito “hablan” pero no las considero de manera transparente, la observación de rutinas y los relatos informales de lxs funcionarios dan algunas claves adicionales que complementan la forma en que se dan las interacciones. “Escuchá el audio que me manda la mamá de O. para invitarnos a la reunión de fin de año” o “me fui a la casa de M. y estuve tres horas tomando mate con ella, la escuché llorar…”. De ese modo, a lo largo de meses de entrevistas y charlas, algunos de lxs funcionarios fueron relatando las vías informales que suelen habilitar para interactuar con algunos de los familiares de víctimas. Esas cuestiones quedan por fuera de la planilla de registro, pero son cruciales para comprender algunos sentidos que se juegan en el modo de llevar adelante las intervenciones diarias en los distintos casos y enmarcarlas en lo que Perelmiter (2016) llama una “burocracia plebeya”.12
Si bien no todos lxs funcionarixs con quienes mantuve entrevistas y reuniones lo hacían, varios de ellos trataban de demostrar “familiaridad” y cercanía afectiva respecto de las personas que atendían. A veces las soluciones a situaciones complejas, como que se acercara el final de una medida de protección y la persona tuviera ataques de pánico porque el móvil policial ya no iba a estar en la puerta de su casa, llegaban de la mano de una idea concreta como darle un subsidio para que colocara rejas en la puerta y las ventanas de su casa. Pero eso se lograba luego de horas de conversar personalmente con la familiar de la víctima y convencerla “en su casa”, de que eso podía traerle cierta tranquilidad. Esa modificación de la secuencia formal del protocolo de actuación (ese “margen de maniobra”) no altera la relación jerárquica entre funcionarixs estatales y quienes son sujetos de la intervención (en este caso, las víctimas) sino que, más bien la supone. Es decir, es la existencia de esa relación jerárquica lo que hace que llamar a una persona por teléfono, o ir a tomar mate y ser testigo silencioso de su llanto, produzca “no sólo apego, sino también honor en el gesto” (Perelmiter, 2016: 19). Al mismo tiempo, podemos pensar, con Dubois, que ese margen de maniobra “no es ni bueno ni malo; es una realidad que hay que constatar y analizar mediante la observación empírica” (Dubois, 2010: 12).
Precisamente, estas cuestiones no son comunes a todxs lxs funcionarixs. Los modos de gestionar el sufrimiento que encarnan en las prácticas diarias de los agentes estatales son heterogéneos y atraviesan las distintas jerarquías administrativas y políticas. Hay estilos de gestión más distanciados y fundados en el objetivo prioritario de articular con entramados institucionales disponibles en otras áreas de gobierno, como los gabinetes socioeducativos del Ministerio de Educación de Santa Fe, o la red de efectores en salud de la provincia y menos centrados en el armado de relaciones interpersonales con las víctimas y/o sus familiares que se prolonguen demasiado en el tiempo y terminen cristalizando la “condición de vulnerabilidad”13. Esto nos lleva a la siguiente dimensión de análisis, en tanto también plantea la cuestión de los saberes en juego y las tensiones entre y al interior de campos profesionales.
Saberes y lenguajes híbridos en las rutinas de atención a víctimas
Como muestran los trabajos de Fassin (2006) y Fassin y Rechtman (2020) sobre la noción de “trauma” en las sociedades europeas y como también fue estudiado en el escenario local (Lastra, 2019, Zenobi, 2023), las disciplinas del llamado “campo psi” y lxs profesionales que se inscriben en él, han tenido un rol crecientemente importante en proveer categorías, lenguajes y herramientas de intervención que contribuyen en moldear las transformaciones contemporáneas de la categoría de víctima14. En el caso de Argentina, la transformación del campo psi en los años previos a la dictadura cívico-militar del 76, permitió recuperar el lugar de las condiciones políticas y sociales como explicativas de los daños psíquicos a través de la noción de “trauma social” (Lastra, 2019). La idea de que, a mayor imposibilidad de dar con los responsables y de garantizar un acceso a la justicia que repare el daño o la violencia cometida, mayor profundización del sufrimiento o prolongación del duelo no es fruto del azar, sino de un largo recorrido respecto del lugar que ocupan desde hace décadas nociones y marcos asociados a los saberes psi y que en cada contexto sociohistórico adquiere sus ribetes particulares (Schillagi, 2018). Junto con la relevancia adquirida por esos saberes y profesionales, la abogacía, el trabajo social y otras profesiones también integran las estructuras estatales vinculadas al cuidado y la atención a víctimas y suelen ser un denominador común en los equipos institucionales no sólo en la Argentina, sino también en otros países (Gatti, 2017).
La figura de lxs profesionales en tanto agentes expertos, puede ser pensada según la distinción que aporta Dodier (2009), a partir del posicionamiento frente a la víctima, como experto o como profesional.15 Ese enfoque ofrece una herramienta para pensar la dinámica de los posicionamientos, dado que éstos forman parte de interacciones sociales que se despliegan entre e involucran a, distintos actores (profesionales, funcionarixs, políticxs, medios de comunicación, víctimas y sus agrupaciones) y que tienen efectos para todos y cada uno de ellos.
En las agencias estatales estudiadas, las interacciones están mediadas por lo que podríamos llamar una figura híbrida, que forma parte de los elencos que intervienen en la materia. Se trata de profesionales (que actúan en base a saberes, supuestos y marcos teóricos disciplinarios, pertenencias a instituciones colegiadas, que manejan un lenguaje técnico, etc.) y que son, a su vez, personas que se desempeñan como funcionarias públicas y a veces también políticas (lo que conlleva responsabilidades institucionales, producción de resultados, obligaciones inherentes a la carrera en el Estado, disputas políticas, etc.). Ese doble posicionamiento tiene su propia dinámica y genera tensiones específicas que, de diferentes modos, se traducen en las prácticas cotidianas. Un funcionario expresaba, por ejemplo:
(…) lo que a uno le permite su profesión es también el perfil que va a tener la política pública, porque hay una trayectoria de formación, sobre cómo acompañar a un grupo, y cómo determinadas cuestiones de la violencia…porque aceptamos el homicidio, claro, pero no aceptamos que una grupalidad se desarme porque hubo un homicidio porque, ahí sí, termina de ganar la violencia (Entrevista a funcionario 1, trabajador social, 19/08/22, énfasis propio)
Yo no estaba en la entrevista, pero sabía absolutamente todo. Me interesa aparte, tengo la facilidad para acordarme porque trabajo de eso, de escuchar relatos. Entonces, o sea, yo estaba al tanto de todo y hacía eso, hacía una supervisión (Entrevista a exfuncionaria 2, psicóloga, 16/06/23, énfasis propio)
Lxs profesionales y funcionarixs hablan de la “entrevista” como un componente central del primer contacto entre las víctimas y el dispositivo estatal. La describen como un espacio para hablar sobre lo sucedido y conocer las necesidades de aquellas personas que sufrieron un daño físico y/o psicológico o sus familiares y la dejan registrada y archivada en planillas, tal como vimos en la primera parte del artículo.
Vinciane Despret (2022) plantea que la forma que adoptan los dispositivos (de cuidado) está presidida por una estrategia a la que llama “creación de la interioridad”. Se trata de un conjunto de prácticas que están para proteger la autonomía profesional, en el sentido de un “control legítimo sobre el trabajo que se realiza” (2022: 25), en este caso en las agencias estatales y también en relación con otros profesionales. Las unidades de atención a víctimas crean espacios de intimidad para tratar con las víctimas o sus familiares, pero eso tiene a la vez un efecto de resguardo de la autonomía profesional, de ahí la centralidad que adquieren “la escucha” y “la entrevista” (que requieren de espacios físicos y simbólicos alejados de intromisiones externas). Si ambas forman parte del primer contacto con las víctimas, hay un supuesto de partida que está en el corazón del dispositivo: la necesidad de que las personas pongan en palabras “lo que les sucedió”. Una psicóloga relataba:
Me cuesta cuando vienen y no tienen mucho para decir ¿viste? me pasó uno de los primeros casos que tomé que no lo marqué y bueno, me pasó esto de “bueno, una sesión”. No es una sesión. (…) yo trataba de sacar el tema del fallecimiento del familiar y “no, no, yo eso lo voy a superar solo” y me hablaba de problemas, que quizás le aquejan más que el fallecimiento del familiar, eso puede ser, es válido, pero yo me encontré ahí como… que me parecía a mí que él tenía que llevar este tema puntual en otro ámbito, en una terapia de consultorio o en un centro de salud (Entrevista a psicóloga, 21/09/22)
Esto coloca de algún modo en el centro al acontecimiento, pero no necesariamente a las personas. La escucha profesional aquí tiene parámetros singulares, casi preestablecidos, no es una escucha que se inscriba dentro de lo que las disciplinas del campo psi comparten como el dispositivo clásico que tienen en común. En ese sentido se trata de una práctica específica cuyos contornos se ven moldeados a raíz del trabajo con víctimas, más que una práctica profesional tradicional extrapolada al trabajo en el Estado.
Por otra parte, no es llevada a cabo siempre ni exclusivamente por psicólogxs sino también por otrxs profesionales de los equipos. En los últimos años hubo una expansión de las profesiones ligadas al cuidado que se abocaron al mismo tipo de tareas (Despret, 2022). Así, trabajadorxs sociales, acompañantxs terapéuticos, terapistas ocupacionales, técnicxs en niñez y adolescencia, con sus respectivas diferenciaciones internas, integran los equipos de atención y acompañamiento de personas que han sufrido daños o violencias de distinto tipo. El argumento desarrollado por la autora belga es interesante, entre otras cosas, porque pone de relieve la cuestión de las fronteras profesionales: la dificultad para mantener la especificidad de un saber y unas prácticas cuyos contornos se confunden cada vez más con los de otros saberes disciplinarios y, al mismo tiempo, son necesarios para atender las complejidades de la “gestión del sufrimiento”.
En efecto, el trabajo profesional en las agencias estatales de atención a víctimas tiene un denominador común, plasmado en documentos y mencionado por distintxs entrevistadxs: la intervención interdisciplinaria.16
a mí no me interesa la mejor intervención individual, sino la mejor construcción en equipo, acá se trabaja en equipo, no hay otra. Por la disciplina…o sea, es interdisciplinario, pero por las miradas que tenía que tener en forma permanente para un caso (cómo lo ves, cómo lo observás) la mejor intervención va a ser en equipo, nunca individual (entrevista a funcionaria 4, 27/10/22)
Lo que hallamos en las rutinas cotidianas más que un trabajo interdisciplinario en sentido estricto, son prácticas y lenguajes en uso que se entrecruzan e hibridan y que empiezan a generar una especificidad, es decir, una suerte de disciplina otra apoyada en saberes que se configuran en el trabajo cotidiano.17 Algunas situaciones relatadas por distintxs agentes estatales permiten asomarse a estas cuestiones.
Hacían admisión, como si fuera una especie de clínica privada una vez por semana, tres años, cinco años… yo llegué y los llamaban pacientes, a mí me impactó porque estábamos en Seguridad viste, yo soy psicóloga, del palo de la salud, pero ¿“paciente”? en condición de víctima, cinco años…no! ¡Algo está funcionando mal! (entrevista a exfuncionaria 2, 16/06/23)
La autora de estas palabras señalaba al menos dos situaciones controvertidas. Por un lado, que la atención pública funcionara en los hechos como un espacio privado en el que las personas podían permanecer varios años, algo que consideró como una forma involuntaria de convalidar, desde el Estado, una “situación de arrasamiento subjetivo”. Por otro lado, las resistencias internas que se planteaban al enunciar la necesidad de que el dispositivo modificara esa forma de funcionamiento, es decir, dejara de tratarles (y nombrarles) como “pacientes” y pusiera en marcha otras formas de intervenir más ajustadas a una perspectiva pública e integral. Según lo relatado, algunas psicólogas consideraban que eso les recortaba la especificidad de su práctica profesional, las herramientas propias de su campo: “ellas sentían que perdían su particularidad con relación a la disciplina, o sea, perdían su lugar de psicólogas”.18
Por otro lado, lxs abogadxs entrevistadxs también planteaban, de manera más o menos explícita que, si bien ponían en práctica sus saberes específicos, la rutina del trabajo con víctimas les demandaba, al mismo tiempo, otras competencias y usos que no provenían de sus disciplinas de base y que eran “aprendidas” en el quehacer cotidiano. Por ejemplo, las áreas en las que realicé el trabajo de campo no tienen entre sus competencias las de querellar o litigar en la justicia.19 De allí que el trabajo de lxs profesionales del derecho adquiera determinados contornos, más vinculados a un papel de asesoramiento y acompañamiento (incluso, como lo relataron algunxs, de “escucha”, haciendo uso de un lenguaje propio del campo psi) o de facilitar el acceso a la justicia, haciendo más entendibles para las personas con las que interactúan, términos y procedimientos técnicos.
“Tenemos un lenguaje propio y los fiscales no lo hacen accesible”20, relataba una abogada. “Nosotras hacemos de nexo con la fiscalía”, explicaba otra colega del mismo equipo. A estas prácticas cotidianas las llaman “traducción”, pero no se trata sólo de transparentar un vocabulario como “audiencia imputativa”, “legajo fiscal” o “medida de protección”.21 Hacer entendible una jerga técnica, implica también producir los parámetros dentro de los cuales las personas o los colectivos se mueven y se comportan “como víctimas”. Acompañar a las oficinas y edificios judiciales, asistir a las audiencias y leer los legajos junto a los familiares y pensar con ellos si es posible presentar más pruebas o recoger rumores en el barrio, trasciende la figura del especialista distanciado. Las abogadas relatan sus dificultades para presenciar situaciones dolorosas desde su propia preparación profesional:
(…) me ha sucedido de tener algunas entrevistas puntuales donde bueno…súper fuerte estar ahí, además, yo…soy abogada, tal vez otro profesional de salud mental es más fácil, porque son situaciones algunas muy, muy fuertes (entrevista a abogada 2, 05/09/22)
Hay además otro tipo de cuestiones que, de algún modo, ponen a prueba los límites disciplinarios. Los equipos hacen un seguimiento cotidiano de las necesidades prácticas de las víctimas y/o sus familiares sin distinción de las profesiones: tramitan turnos para centros de salud, inician trámites para el documento de identidad, o hacen derivaciones a agencias del estado que pueden resolver cuestiones habitacionales22. Podríamos decir, siguiendo a Fassin (2006) que, desde el momento en que el sufrimiento se convirtió en una cuestión social que hay que abordar como tal desde las políticas públicas, los psicólogos de las agencias estatales desempeñan tipos de actividades en las que está en juego más el saber-hacer del que interviene en el dispositivo que el saber-hacer del psicólogo (2006: 156).
El registro escrito de los pasos dados en cada caso no sólo muestra formas de gestión estatal, sino formas de vinculación que movilizan afectos y emociones, que se genera en el “cuerpo a cuerpo” y que, por eso mismo, traen aparejadas ambigüedades y dificultades para marcar límites entre las partes. Así lo expresaban, además, algunas profesionales consultadas:
[…] trabajar en contacto directo llega un punto que uno no…más allá de que nosotros explicamos cómo es el acompañamiento y eso, la gente dice ‘vos sos mi abogada y sos del Estado y es gratis’. Entonces no hay un límite horario, o sea te llaman a la hora que quieren, cuando quieren, fines de semana… (Entrevista a abogada 1, 23/08/22)
Las tensiones que emergen no sólo tienen que ver con el tipo y el alcance de la intervención que se pretende, frente a las víctimas o sus familiares. También están relacionados con cuestiones que aparecen al interior mismo de las prácticas de esxs profesionales con respecto a algunos de los supuestos o de las categorías básicas de su campo disciplinario. En este sentido, como relata un abogado y exfuncionario, la categoría de víctima en uso en el marco de la política pública, lxs obliga a tomar distancia de su definición jurídica. Para que el dispositivo pueda ponerse en marcha y “hacer lugar” a una persona que sufrió una violencia o un daño, es necesario considerar víctima a alguien antes de que haya un proceso judicial que establezca una condena respecto de un victimario. De lo contrario, dice, “ya se llega tarde” con la intervención estatal.23 Es entonces el dispositivo el que necesita de la clasificación (no jurídica) para activarse y ese proceso complejo ocurre en el seno de una trama que se conjuga en las rutinas burocráticas con saberes, prácticas profesionales y lenguajes en movimiento.
Además de esos procesos al interior de las agencias estatales que tratan con víctimas, hay otros factores que resultan claves para entender cómo se configura la selectividad de la gestión del sufrimiento a través de estas agencias. Se trata del impacto público y político que alcanzan algunos casos.
Antes que yo llegara tomaban sólo los casos rimbombantes, que son los que asumen conocimiento mediático, las víctimas entre comillas, de clase media, o algunas situaciones puntuales que adquieren otro belicismo, digamos, de parte de los familiares y entonces van y patean puertas, hacen lío, pero la verdad que, si eso no tiene alcance mediático, tampoco. La mirada [de lxs funcionarios de primera línea] la tenés en esas situaciones (Entrevista a exfuncionaria 2, 16/06/23)
La visibilidad mediática parece ser además un punto de especial controversia entre lxs funcionarixs y sus equipos: cuando un hecho de violencia sale en los medios de manera prolongada o cuando hay acciones directas en el espacio público (por ejemplo, acampes de familiares frente a la municipalidad o la gobernación) se produce un efecto inmediato en las máximas autoridades. La atención de estos casos se vuelve prioritaria en la agenda política y acelera los tiempos del contacto y el ingreso de las personas o los grupos en los dispositivos. Esto genera tensiones para lxs funcionarixs de menor rango, debido a las dificultades para trabajar con los familiares de las víctimas una vez que estas ya tuvieron contacto directo con las máximas autoridades, ya que luego se resisten a ser atendidas por los equipos técnicos o lxs funcionarios de menor jerarquía.
[…] ocurre un hecho en la ciudad y un familiar de la víctima, el mismo el día, se entrevista con el presidente, con el gobernador y con el intendente, una secuencia así...entonces, cuando lo llama el director... claro, "te agradezco mucho, pero yo quiero hablar con el presidente", ahí nosotros no pudimos trabajar con ese grupo (entrevista a funcionario 1, 19/08/22)
Esta selectividad que opera con base en la repercusión pública o la priorización política de los casos, se vuelven obstáculos para el trabajo profesional y evidencia malestares en las rutinas diarias que no son abiertamente reveladas por las personas consultadas, sino que aparecen en comentarios o en conversaciones informales sobre su trabajo cotidiano. Muchos de esos malestares al interior de los equipos técnicos no sólo generan desacuerdos con relación al tipo de casos (“los de clase media”) que a veces predominan sobre otros con los que ellxs quisieran continuar el trabajo que venían sosteniendo. También traen algunos conflictos entre equipos de distinto nivel estatal. Una exfuncionaria relató cómo se había planteado un “tironeo” para ver cuál de los dos niveles (provincia y municipio) atendía a los familiares de un joven asesinado en un hecho que adquirió gran relevancia pública, siendo que hasta ese momento habían estado trabajando articuladamente y en colaboración, y ambos equipos mantenían reuniones frecuentes. 24
La diversidad y particularidad de agentes involucradxs en imputar la categoría de víctima a determinadas personas y grupos es amplia, así como complejo el tipo de interacciones que establecen. En este sentido, las disputas políticas que se juegan en torno a la gestión del sufrimiento constituyen indicadores claves de las características que tendrá el acceso al estatuto de victima en cada escenario histórico y social. Esas actividades de imputación de la condición de víctima están invariablemente situadas en un campo de luchas por el reconocimiento social, formas específicas de vinculación entre distintxs agentes que encarnan la actividad política de gestionar el sufrimiento de otros (en el rol de funcionarixs y de técnicxs), e interacciones entre los campos disciplinarios y lxs profesionales que ejercen en los dispositivos estatales.
Un mundo de interacciones sociales se conforma en torno a la atención y el acompañamiento estatal a personas y grupos que sufrieron daños o violencias. El acercamiento analítico a esa trama revela que considerarla desde un punto de vista binario (agentes estatales-víctimas o, más aún, Estado- víctimas) no resulta un modo apropiado para asir las zonas grises y el intenso tránsito que las habita. Es necesario partir de una idea de “mundos enredados” para empezar a comprender cuáles son los modos en que ese conjunto de interacciones excede a funcionarixs, expertxs, operadorxs judiciales y demás actores que conforman la trama de lo público-estatal. Creo que algo de lo que señalan Das y Poole (2008) con relación a los “márgenes del Estado” ayuda a pensar esto último. Las autoras marcan una distancia necesaria respecto a la oposición binaria entre Estado y mundos locales si se quiere comprender que, aunque las relaciones entre ambos sean asimétricas, son campos que “están enredados” (2008: 37).
La investigación permitió captar algunas de las formas en que los dispositivos (encarnados en protocolos, registros y lugares físicos, pero también en prácticas profesionales específicas) se entretejen con mundos locales que suelen empujar los límites de la intervención estatal y desafiar sus lenguajes y sus sentidos. Esos “mundos locales” no son sólo las trayectorias biográficas de las víctimas (en las que las agencias estatales se basan para atenderlas y delinear las intervenciones, es decir, para gobernarlas) sino también los mundos fabricados en la intersección entre disciplinas y saberes profesionales que forman parte de lo que llamamos aparato estatal. Así pensados, de manera no normativa, se pudieron empezar a develar algunos de los interrogantes planteados en la introducción de este artículo, sobre cómo dar cuenta de prácticas en uso, disimuladas entre las rutinas burocráticas y el lenguaje en apariencia uniforme y técnico de la gestión pública.
Vimos que lo que lxs ejecutorxs de políticas dicen que hacen, tiene que ser interpretado a la luz de las relaciones sociales y las condiciones de posibilidad (materiales, simbólicas) que las circundan para comprender de qué modo funciona la intervención cotidiana del Estado en las vidas de las personas. Si una política de atención a víctimas presenta el acercamiento “al territorio” como un logro de la gestión, sólo la presencia en los lugares y la observación de las rutinas nos deja entrever otras posibles lecturas. El carácter móvil del dispositivo de atención a determinadas víctimas puede ser indicativo de otras cosas, sin dejar de ser, al mismo tiempo, lo que enuncian lxs funcionarixs y establecen los documentos y normativas. Puede ser, además, un déficit para alojar la demanda o las necesidades de las víctimas y sus familiares en las oficinas del Estado (que, como se mostró en el caso aquí abordado, son físicamente invisibles para la población) o una forma de limitar en el centro (político) de la ciudad, la visibilidad de lo que claramente es una paradoja. Al mismo tiempo que busca acompañar y contener a las víctimas de delitos o sus familiares, estos dispositivos estatales no dejan de ser un indicador del límite que encuentra el Estado para el gobierno (político) del delito o las dificultades de prevención de las violencias.
Por otro lado, se ha visto cómo lxs profesionales, a la par que cumplen su papel de certificar y validar la condición de víctima de las personas o los grupos que atienden o cuyos derechos colaboran en garantizar, participan de tensiones internas que son inherentes al campo de relaciones sociales en el que están inmersxs. Detrás del seguimiento de los protocolos y el registro, debajo del archivo minucioso y las observaciones técnicas, se cuelan evaluaciones morales, competencia por los (escasos) recursos disponibles, rivalidades o tensiones derivadas de distintas filiaciones profesionales, lealtades políticas y discrepancias (no manifiestas) con las jerarquías superiores. Su labor cotidiana se desplaza, además, entre una investidura profesional que exige prudente distancia afectiva para poder trabajar con el sufrimiento de individuos y grupos y las exigencias de empatía y disponibilidad para atender la urgencia de las situaciones. Ese vaivén o esa doble exigencia hace que sea dificultoso poner en práctica la intersección entre disciplinas (la interdisciplina) en sentido estricto y determina un saber hacer híbrido, no exento de dificultades de distinta índole. La atención puesta en lxs actores, los usos y las prácticas, ofrece evidencias para continuar investigando sobre los mundos enredados del accionar estatal y los dispositivos en la gestión del sufrimiento.
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1* Agradezco a todas las personas que facilitaron mi trabajo de campo, concediendo entrevistas, acceso a archivos y permitiendo la asistencia a reuniones y la observación de rutinas diarias.
2 El trabajo de campo fue realizado entre los años 2021 y 2024 y forma parte de una investigación más amplia en el marco de dos proyectos (PICT 2019/00446 “El estado frente a las víctimas: saberes profesionales y políticas públicas” y Proyecto de Cátedra “Dispositivos estatales de atención a víctimas de delitos y de violencia de género en Rosario y Santa Fe. Un estudio exploratorio”, Universidad del Gran Rosario). Se desarrolló en la Dirección de Asistencia y Empoderamiento de las Víctimas (DAEV) dependiente de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario y una parte de ese material de campo es utilizado como base de este artículo. Realicé entrevistas en profundidad a funcionarixs (directorxs y coordinador) y a miembros de los equipos técnicos (dos psicólogas, dos abogadas y una trabajadora social), observación de reuniones de trabajo, análisis de registros de casos y protocolos de actuación. Asimismo, realicé dos entrevistas a ex directorxs de la Dirección de Atención a Víctimas de Delitos y Violencia que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe.
3 Entrevista a una familiar de víctima, 17/11/23. El nombre de la entrevistada ha sido cambiado, énfasis propio.
4 Si la ciudad de Santa Fe fue históricamente la que tuvo la tasa más elevada de homicidios respecto de la media nacional, es a partir del año 2012 en adelante, que en Rosario esa tasa experimentó un significativo aumento hasta llegar a su récord en 2013, para luego sostenerse en los años siguientes (Cozzi, 2022: 62). En Rosario se destacan los máximos alcanzados en años como 2013 y 2022 en la tasa de homicidios, así como un descenso pronunciado a partir de 2023. Las economías ilegales o las organizaciones criminales explican, por su parte, el tipo de contexto en el que se inscriben las violencias. El uso de armas de fuego, así como las variables de género, edad y distribución territorial son, asimismo, cruciales para entender el fenómeno. En el año 2022, Rosario tuvo 287 homicidios dolosos (22 muertes cada 100.000 habitantes), seis veces más que la media nacional (4,6 muertes cada 100.000 habitantes), ubicándose por décimo año consecutivo entre las ciudades más violentas del país.
5 Ordenanzas municipales Nro. 9615, Boletín Oficial Electrónico Nro. 683, publicado el 25/10/2016 y Nro. 10.057/21 que incluye a las víctimas de usurpaciones dentro de las competencias del área de atención a víctimas en la Municipalidad de Rosario.
6 En la provincia de Santa Fe la Dirección de Atención a Víctimas de Delitos y Violencia está en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad. Hasta 2019 se encontraba fusionada con el área municipal en un Centro Único de Atención a Víctimas, pero a partir de ese año, funciona de manera separada dentro de la Secretaría de Género y Derechos Humanos del municipio. La última búsqueda realizada a través de Google, con fecha 15/07/24, sólo muestra una mención explícita de la dependencia en una publicación del Boletín Oficial que reglamentó, en 2023, la ley provincial 14.181 de derechos y garantías de las víctimas de delitos en la provincia. Existen también cinco Centros de Asistencia a la Víctima (CAJ) creados en 2008 en el ámbito del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y distribuidos en toda la provincia (Decreto 1326) con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia y el Centro de Asistencia a la Víctima y el Testigo del Delito en el ámbito de la Defensoría del Pueblo.
7 El Cemar fue fundado en 1999 por el exgobernador e intendente Hermes Binner y es un lugar emblemático del modelo sanitario santafesino. El edificio ocupa media manzana y se conservan algunas partes del antiguo edificio donde funcionaba la llamada “Maternidad Martin”, siendo el lugar donde actualmente tienen sus oficinas varias dependencias municipales, entre las cuales se encuentra la de asistencia a víctimas.
8 En ocasión de mis primeras entrevistas en ambos lugares para dar inicio al trabajo de campo, me llevó un buen tiempo previo, varias consultas a personal del lugar y explicaciones equívocas que me condujeron a otras oficinas, hasta dar con las dependencias en las que tenía pautado el encuentro con lxs funcionarixs.
9 El HECA es el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, institución referente en Rosario y la región para la atención de “trauma y emergencias clínico-quirúrgicas”. https://www.fundacionheca.org.ar/hospital/quienes-somos/. El funcionario se refiere a la ordenanza de creación de la DAEV, citada en nota al pie número 4.
10 Aunque pude acceder a la lectura del archivo de casos luego de varios meses de trabajo de campo, por razones de confidencialidad me limitaré aquí a transcribir sólo algunas expresiones significativas y que den cuenta de la práctica escrita y el modo de registro, pero resguardando la ubicación institucional precisa, y el tipo de datos e información que allí se consigna.
11 Archivo de registro de casos de dependencia pública de atención a víctimas, énfasis propio.
12 “Una burocracia plebeya se caracteriza por estar orientada a la producción de vínculos de apego, a salvar distancias. Para hacerlo, subvierte jerarquías de estatus. Sus prácticas habituales asignan valor positivo a objetos, personas o actividades no valorados socialmente, y lo hacen, precisamente, por eso. De allí que las jerarquías sean solo contextualmente negadas, que permanezcan tácitas. Es precisamente la persistencia de la jerarquía, a la vez negada y afirmada en la práctica, la que le confiere a la acción propia de la burocracia plebeya su especificidad”. (Perelmiter, 2016: 19)
13 Entrevista de la autora a exfuncionaria 2, 16/06/23.
14 Fassin (2006) sostiene que durante los años noventa, se configuró en Francia una “semántica compasional” para designar y dar cuenta de problemas sociales ligados a la exclusión y la vulnerabilidad, que fueron traducidos en términos de “sufrimiento” y disciplinas como la psiquiatría y la psicología aportaron un vocabulario técnico cuyo uso se fue expandiendo en el mundo social.
15 En un nivel el especialista se posiciona como profesional y despliega las herramientas propias de su campo disciplinario para contribuir a mejorar la situación de aquellas personas que atiende (actuar como experto sería así actuar como profesional). En otro nivel, el experto es aquel que brinda, frente a la víctima, opiniones objetivas o “neutras” para responder a determinados requerimientos de un tercero (un tribunal, una compañía de seguros, etc.). En este sentido, actuar como experto es más restrictivo que actuar como profesional (Dodier, 2009)
16 Por ejemplo, el proyecto de protocolo de actuación al que tuvimos acceso de manera informal establece que las tres formas de intervención para atender a las víctimas son: “la presencial, la interdisciplinaria y la interinstitucional”.
17 En este punto, me parece interesante seguir lo que plantea Franco Ingrassia (2024): la formación interdisciplinaria supone el desafío de mantener una “ausencia de especificidad”, dado que no se trata de una “transmisión de saberes ni de modos de hacer ‘específicos’, ya que ello implicaría una disciplina (o, peor aún, una metadisciplina)” (2024: 93)
18 Entrevista a exfuncionaria 2, 16/06/23
19 Como sí lo tienen los Centros de Asistencia Judicial (CAJ) en la provincia de Santa Fe
20 Entrevista a abogada 2, 05/09/22
21 Entrevista abogada 1, 23/08/22
22 Entrevistas con abogadas 1 y 2 y con ex funcionaria 2, 16/06/23 y con ex funcionario 3, 09/05/23 (psicóloga y abogado respectivamente)
23 Entrevista a ex funcionario 3, 09/05/23
24 Entrevista a ex funcionaria 2, 16/06/23