Dossier: “Gobernar el sufrimiento”

La comisión parlamentaria investigadora del ARA San Juan: intersecciones entre familiares, funcionarios y expertos frente a un evento crítico

The Parliamentary Investigative Commission on the ARA San Juan: Intersections between Families, Officials and Experts in Response to a Critical Event

Luciano del Hoyo

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Sitio web ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6271-4434.
Contacto: luciano.delhoyo@gmail.com

Resumen

El presente artículo propone analizar la centralidad que adquirieron los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, en la constitución y el desarrollo de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del navío. Específicamente, nos interesa examinar la conformación de la comisión parlamentaria como un dispositivo de asistencia y reparación por parte del Estado para con las víctimas, destacando las relaciones que las familias han establecido con diversos funcionarios públicos tanto del Poder Legislativo como Ejecutivo y Judicial, y con los miembros de las Fuerzas Armadas. En este sentido, el trabajo profundiza sobre el carácter activo de las víctimas en la Argentina contemporánea y pretende contribuir a su campo de estudios, así como a las prácticas estatales de la gestión de la vulnerabilidad y el sufrimiento.

Palabras clave: incertidumbre, víctimas, asistencia, familiares de víctimas, submarino ARA San Juan.

Abstract

This article aims to analyze the central role acquired by the families of the victims of the sinking of the ARA San Juan submarine, which occurred in November 2017, in the establishment and development of the Bicameral Special Investigative Commission on the Disappearance, Search and Rescue Operations of the vessel. We are particularly interested in examining the formation of the parliamentary commission as a state device for assistance and reparation for the victims, highlighting the relationships that the families have established with various public officials from the Legislative, Executive, and Judicial branches, as well as with members of the Armed Forces. In this sense, the work delves into the active role of victims in contemporary Argentina and aims to contribute to its field of study, as well as to the state practices of managing vulnerability and suffering.

Keywords: uncertainty, victims, assistance, relatives of victims, ARA San Juan submarine.

Introducción

Ante la desaparición del submarino ARA San Juan, ocurrida el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo, el Poder Legislativo ejerció sus facultades constitucionales para la creación de una comisión especial investigadora con un plazo de duración determinable (Congreso de la Nación Argentina, 2017). Estas comisiones pueden ser creadas por resolución de una o ambas Cámaras, conforme a lo previsto en sus reglamentos, los cuales permiten además la conformación de comités de asesoramiento. Ellas se dedican a investigar una materia, hecho o actividad específica y, al concluir su labor, elevan un informe final al pleno de la cámara correspondiente, el cual puede contener recomendaciones y conclusiones sobre las responsabilidades políticas y operativas implicadas en el hecho investigado.1

Nuestro objetivo es analizar la centralidad que adquirieron los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan en la constitución y el desarrollo de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del navío. Específicamente, nos interesa examinar el modo en que la conformación de la comisión, a partir de sus tareas y propósitos de indagación, constituyó un tipo particular de asistencia y reparación por parte del Estado para con las víctimas. Para registrar esas características, resulta fundamental explorar las relaciones que las familias han establecido con diversos funcionarios públicos, tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo y Judicial, así como con expertos, profesionales y miembros de las Fuerzas Armadas en general, y la Armada en particular.

El artículo se divide en cuatro apartados. En el primero, se plantea el problema conceptual del trabajo, el cual surge de la intersección de dos campos de estudio de las ciencias sociales: por un lado, los estudios sobre víctimas y, por otro, el análisis del funcionamiento de comisiones de investigación parlamentarias. El segundo apartado presenta la composición, metodología, hitos y competencias de la Bicameral Especial Investigadora sobre el caso, y se sugiere cómo lo sucedido se produce y configura socialmente como un evento crítico que requiere de un tratamiento excepcional por parte de los legisladores. Luego, el tercer apartado describe el tratamiento político de la tragedia a partir de las principales particularidades y controversias que surgieron durante el desarrollo de las sesiones y la elaboración del informe, y destaca el impacto del hallazgo del naufragio, así como las mediaciones y valoraciones de los expertos y profesionales de la comisión. Por último, el cuarto apartado analiza la importancia de la comisión en relación con el movimiento de víctimas, incluidas algunas evaluaciones de los familiares sobre la labor parlamentaria. En síntesis, consideramos que una de las claves del funcionamiento de la Comisión Bicameral fue la relación de proximidad, asistencia y acompañamiento que los legisladores establecieron con los familiares de las víctimas. Esta dinámica constituye una novedad respecto de las funciones y los objetivos habituales de este tipo de dispositivos. A nuestro juicio, dicha innovación destaca la centralidad que tienen las víctimas en el modo en que el Estado responde ante tragedias de estas características.

Planteo del problema y metodología

Tanto a nivel internacional como local, numerosos trabajos han destacado la creciente centralidad que las víctimas han adquirido en las sociedades contemporáneas (Gatti, 2017; Martuccelli, 2017; Pita y Pereyra, 2020; Zenobi, 2023). Según Zenobi (ídem) –siguiendo a Barthe y Fassin y Rechtman– este cambio corresponde a la revelación de una “memoria dolorosa” en relación con el pasado que hoy se ha vuelto dominante y constituye un “hecho antropológico mayor, lo que implica una profunda conversión moral: el paso de la sospecha al reconocimiento de las víctimas de catástrofes y/o riesgos colectivos” (ibídem: 303). Desde las ciencias sociales, los estudios sobre víctimas y procesos de victimización han prestado especial atención a las acciones y respuestas del Estado en relación con las víctimas. Existen estudios diversos sobre dispositivos de evaluación y acreditación del estatus de la condición de víctima, así como sobre la asistencia y el acompañamiento en temas y problemas de los más diversos.2 Esas acciones y dispositivos han sido desarrollados tradicionalmente por los poderes ejecutivos y, eventualmente, judiciales. Mucho menos habitual es el análisis de respuestas legislativas que, además, no se orientan a la producción de leyes, sino que –en este caso– se enfocan en tareas de investigación y en el reconocimiento de las víctimas.

Por otra parte, los estudios sobre comisiones de investigación parlamentarias destacan el rol fundamental que estos organismos tienen en el sostenimiento de la democracia, ya que invisten al Poder Legislativo de la capacidad y responsabilidad de supervisar las acciones de gobierno del Ejecutivo y las burocracias estatales (Bieda, 2015; Gude Fernández, 2018). Sin embargo, no contemplan el impacto que pueden tener en tragedias o catástrofes específicas, ni sobre los actores movilizados en tales contextos.

En el caso que analizamos, el funcionamiento de la comisión legislativa tuvo a su vez características particulares. La investigación parlamentaria y la judicial sobre los mismos hechos se desarrollaron en paralelo, lo que introduce una dimensión política a la valoración del rol del Estado ante las víctimas. Así, la responsabilidad política de la actuación del gobierno y su administración no se fiscaliza únicamente en términos de legalidad o de adecuación de su comportamiento a las prescripciones de una norma jurídica, sino a partir de la valoración de la oportunidad de las acciones, su conveniencia y la eficacia de las medidas adoptadas (Gude Fernández, 2018: 305).

En ese marco, el presente escrito se interroga sobre las consecuencias que tiene la intervención activa de las víctimas en este tipo de dispositivos y pretende contribuir a ambos campos de estudios, así como a reflexionar sobre las prácticas estatales de gestión de la vulnerabilidad y el sufrimiento. Particularmente, nos interesa aprehender los nuevos roles sociales y políticos que se le atribuyen a la “condición de víctima” (Zenobi, 2023).

La metodología adoptada en esta investigación se fundamenta en un análisis documental que integra tanto fuentes escritas como audiovisuales. Estas incluyen debates parlamentarios, leyes, decretos, así como registros periodísticos y testimonios de familiares, autoridades políticas y militares en el contexto del funcionamiento de la comisión. El corpus documental abarca la Ley 27.443, decretos gubernamentales y documentos producidos por dicho dispositivo, además de una amplia gama de material legislativo y periodístico extraído de medios como Clarín, La Nación y C5N. El análisis se complementa con el uso de fuentes audiovisuales que incluyen más de 113 horas de sesiones accesibles en YouTube a través del canal oficial del Senado argentino.3

Un aspecto central del diseño metodológico es su delimitación temporal, que abarca desde la desaparición del submarino el 15 de noviembre de 2017 hasta la presentación del informe final de la comisión el 18 de julio de 2019. Este período incluye tanto las etapas iniciales de búsqueda como la investigación sobre las causas del naufragio y la atribución de responsabilidades.

La conformación y la dinámica de la comisión

“Creo que tenemos que acostumbrarnos a este tipo de ejercicio democrático, a la participación directa de aquellos que son víctimas o damnificados, a su posibilidad de expresarse sin ningún tipo de filtro. […] Toda la sociedad pudo contemplar los gestos de los testigos y evaluar inmediatamente sus manifestaciones”.
José Ojeda, presidente de la Comisión Especial Investigadora

En un contexto marcado por movilizaciones, hipótesis controvertidas y desconcierto sobre lo ocurrido con la embarcación y los 44 tripulantes desaparecidos en tiempos de paz, y paralelamente al desarrollo del proceso penal, el 20 de marzo de 2018 se constituyó la primera reunión de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del submarino ARA San Juan.4 Esta, coordinada por senadores y diputados de distintos partidos políticos, tanto oficialistas como opositores,5 tuvo por objeto el análisis, la evaluación y el esclarecimiento de las causas y circunstancias del siniestro de la embarcación, el desarrollo de las acciones desplegadas por el Estado argentino para su hallazgo y el desempeño de la cooperación internacional recibida para su localización y rescate (Senado Argentina, 2018). Entre sus puntos se destaca la conformación de un cuerpo de expertos para asesoramiento ad honorem integrado por cinco miembros retirados de la Armada Argentina, con rango no menor a contraalmirante, sin procesamientos ni condenas por delitos de lesa humanidad, y civiles con trayectoria y experiencia en defensa nacional.

En principio, los legisladores tuvieron que conciliar comunes acuerdos, metodologías y formas de llevar adelante la organización y el cronograma de los encuentros a los efectos de concluir su labor parlamentaria mediante la producción de un informe final público (ídem). A través de su presidente, además de ordenar la toma de declaraciones testimoniales de autoridades políticas y militares, se solicitaron informes, documentos y antecedentes a organismos públicos y a personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas; requirieron información o documentación a dependencias del Sistema de Inteligencia Nacional; realizaron reuniones secretas y reservadas a pedido de la mayoría de sus representantes; pidieron a entidades públicas nacionales y provinciales, universidades e instituciones científicas la realización de peritajes y estudios técnicos relacionados con el objeto de investigación; precisaron asesoramiento a agencias regionales e internacionales especializadas en la materia, priorizando la cooperación con los países que integran el Consejo de Defensa Suramericano; y emitieron dictámenes con recomendaciones al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación.6

No obstante, las investigaciones que se abrieron en función del caso bajo análisis, primero sobre la búsqueda de la embarcación y sus tripulantes y luego para determinar las razones del naufragio, advirtieron la imposibilidad de realizar pericias sobre la nave debido a los impedimentos técnicos, físicos y económicos para su reflotamiento.7 Tal como consta en el informe final:

La apreciación de la prueba, nucleada en los testimonios, informes y opiniones de especialistas, se encuentra con un obstáculo insalvable en su valoración: el no contar con la nave para satisfacer necesidades periciales específicas debido a su hallazgo a una profundidad y en condiciones que no aseguran su integridad en caso de rescate. Ello impide esbozar una única teoría concreta sobre la mecánica de los hechos que ocasionaron la pérdida de contacto y su posterior naufragio (Informe Final, 2019: 9).

Estas particularidades, tanto técnicas como coyunturales, fueron determinantes en la estructuración, el funcionamiento y la reglamentación de la comisión investigadora. Al respecto, Cardona comentó:

El criterio de la preclusión aplicado a una comisión investigadora de naturaleza legislativa me parece que nos pone en la situación de perder la posibilidad de valorar documentos que aparezcan oportunamente, que hoy no sean conocidos y que puedan ser determinantes. […] Esto tiene que ver con la transparencia del accionar de esta comisión (Senado Argentina, 2018; 34:50).

En un primer momento, la falta de información precisa sobre el paradero y la localización del submarino dificultó la posibilidad de realizar un análisis certero. En este marco, la bicameral procuró prestar especial atención a “las solicitudes y requerimientos que los parientes de los submarinistas hicieron en relación con la investigación, estudio y análisis de la desaparición, búsqueda y acciones de rescate de la embarcación” (Informe Final, 2019: 169). Los representantes de la comisión, asesorados por profesionales especializados en la materia, así como también los familiares de las víctimas, pudieron interrogar a altos mandos de la Armada y autoridades políticas como plausibles responsables de la tragedia.8 Lo que los miembros de la comisión llamaban trabajar por la “verdad” y la “transparencia” para el esclarecimiento de los hechos implicó, en principio, el acceso unánime de los familiares de los desaparecidos a los expedientes, así como a los hitos propuestos en el contexto de su funcionamiento (Senado Argentina, 2018; 29:20). Tal como consta en el Informe final:

Resultó sumamente activa la participación de los familiares de la tripulación del submarino desaparecido, entendiendo que se ha cumplido con holgura y de manera inédita para la actividad habitual del Poder Legislativo, con el artículo 7mo de la Ley 27.433. Por primera vez, este Congreso ha puesto en contacto directo a las autoridades partícipes de los hechos investigados con aquellos que tienen pertenencia al grupo de familiares, sean estos deudos o no, quienes tuvieron la libertad de interrogarlos (Informe Final, 2019: 5).

En cada reunión oficial, los legisladores solicitaron a través de la secretaría las preguntas que las familias de los tripulantes creían pertinentes para cada citación (Informe Final, 2019). Esto se garantizó mediante una lista de oradores, en la que se incluían los nombres de aquellos interesados en hacer uso de la palabra antes de cada encuentro, así como en representación de qué submarinista participaban (Senado Argentina, 2018; 2:05). Por ejemplo, Daniel, primo de Luis Leiva, declaró:

Lo que queremos nosotros es venir a buscar acá una decisión política de buscar, de encontrar, de saber qué pasó y que después la justicia se expida. Si hubo empresas de corrupción o personas que pudieron estar vinculadas a este nefasto desenvolvimiento de lo sucedido. […] En lo particular, estoy convencido de que al submarino lo hundimos entre 44 millones de habitantes durante 40 años de desidia, de estar viviendo de espaldas al mar, de espaldas a los intereses de cada uno de nosotros. […] Hagan todo lo que tengan que hacer y pongan todo lo que tengan que poner para tratar de que el ARA San Juan sea una bisagra en la historia de Argentina; que esto no sea más un Cromañón, una AMIA, un desastre de Once, que no sea más un caso Nisman; que esto sea una bisagra para catapultarnos los argentinos con la verdad y que podamos crecer como sociedad (Senado Argentina, 2018; 46:17).

La caracterización de lo acontecido con el ARA San Juan como un caso comparable a otras tragedias nacionales, más allá de sus particularidades, permite considerar cómo lo ocurrido es reconocido y disputado por diferentes actores y organismos en el interior del campo estatal como una situación problemática (Gayol y Kessler, 2018). Según Zenobi y Marentes (2020) y Zenobi (2023), estas situaciones críticas suelen designarse como “tragedias”, “catástrofes”, “desastres” o, en algunos contextos, como “masacres”. Quienes atraviesan estas circunstancias, marcados por el sufrimiento, buscan reconocimiento identificándose como “afectados”, “lesionados”, “sobrevivientes” o víctimas en distintos niveles: “potenciales”, “directas” e “indirectas”.

Luego de dieciséis meses de trabajo, la comisión presentó su informe final el 18 de julio de 2019 en el Congreso de la Nación. En términos generales, podemos sostener que la comisión siguió un modelo de investigación judicial y su labor dio lugar a la conformación de un expediente que recopila todas las actuaciones realizadas, junto con las conclusiones y evaluaciones correspondientes. El trabajo implicó cincuenta y cinco reuniones oficiales y buscó integrar la dimensión técnico-operativa del siniestro con la responsabilidad política, mediante la recolección de cuarenta y siete testimonios clave, el análisis documental y la revisión de los procedimientos y protocolos institucionales. El informe final consta de más de 170 páginas y resume los 36 cuerpos de un documento con numerosas pruebas, muchas de ellas reservadas. El expediente incluye más de 6.900 fojas, divididas en más de 15 cuerpos y 21 anexos confidenciales y secretos que contienen más de 76 medidas probatorias, 53 oficios, 22 requerimientos y 4 solicitudes al juzgado. Respecto de las causas del siniestro, este concluyó que un incendio eléctrico en la batería número tres desencadenó otros incidentes que llevaron al colapso del casco resistente, lo que produjo finalmente una implosión (Informe Final, 2019: 41).9

Sin embargo, el documento final resultante no tiene el mismo valor ni función que una sentencia judicial. Si bien el expediente que produjo la comisión no es vinculante con la instancia judicial llevada adelante en Caleta Olivia, la construcción de un relato plural y oficial para investigar qué pasó con el submarino y dónde están sus tripulantes demostró ser parte de un trabajo procesual y colectivo por parte de los distintos actores intervinientes, en el que la legitimación y el reconocimiento de los familiares de las víctimas en cuanto afectados adquirió especial relevancia. Esto fue considerado por los legisladores como un ejercicio democrático necesario para este tipo de episodios. La “necesidad” de los legisladores de “dar lugar” a los familiares de los submarinistas no solo sugiere cómo lo sucedido requirió de un tratamiento excepcional por parte del dispositivo bajo análisis, sino que además su tarea fue importante para producir y configurar socialmente el evento crítico (Das, 1995). En este sentido, el presidente de la bicameral, Ojeda, destacó el lugar de las familias en la labor parlamentaria:

Hemos efectuado un trabajo que entendemos es inédito en el Congreso Nacional y lo hicimos contra quejas y opiniones en contrario. Le dimos la posibilidad a los familiares de los tripulantes de preguntar, reclamar y disentir con las autoridades nacionales y de la Armada por todos los hechos que rodearon a este trágico episodio de la historia argentina. La comisión ha priorizado y tenido en cuenta en todo momento su situación: hemos enviado notas pidiendo que continue la búsqueda, hablando con gente del Ejecutivo para que se aceleren las contrataciones. Hemos puesto cara a cara a los familiares con las máximas autoridades y los vimos como prioridad ante cualquier decisión (Senado Argentina, 2019; 8:36).

Gobernar la incertidumbre

El desarrollo de un caso con estas características estuvo marcado por un alto nivel de incertidumbre para todos los actores involucrados, especialmente para las familias de los submarinistas. El prolongado proceso de búsqueda y las múltiples hipótesis sobre lo ocurrido constituyeron algunos de los vectores más importantes. La comisión desempeñó un papel crucial al limitar los márgenes de incertidumbre en al menos cuatro aspectos principales: primero, como alternativa frente a la falta de información de la causa penal; segundo, al reducir la cantidad de hipótesis factibles sobre lo acontecido; tercero, al mediar en las interacciones entre los familiares y las autoridades del Ejecutivo y la Armada; y cuarto, a través del monitoreo y control de las actividades de búsqueda.

Como hemos señalado, en los inicios de su labor, la comisión parlamentaria se centró en atender las demandas urgentes de los familiares de los desaparecidos y la evaluación de los operativos de rescate. Tras el hallazgo del submarino, ocurrido un año y dos días después de la pérdida de contacto con la nave, el foco de la comisión se desplazó hacia el análisis de las causas del hundimiento, la atribución de responsabilidades políticas y las medidas adoptadas en relación con los familiares. Es importante subrayar que este cambio no fue lineal ni exento de tensiones y dificultades. Respecto a las vicisitudes que atravesó la comisión, el presidente Ojeda expresó:

Hemos tenido muchas dificultades que a la luz del resultado de hoy parece que no hubieran existido, pero las tuvimos y de diverso origen. […] Basta con decir que no fuimos recibidos por la presidenta del Senado ni por el presidente de la Cámara de Diputados. Creo, y esto es a título personal, que, si no hubiera sido por la pasión y el esfuerzo del personal administrativo al que le encomendamos la tarea, la persistencia y el tesón de los familiares, y nuestra dedicación para superar los obstáculos que se nos presentaban todavía estaríamos tratando de recabar información (Senado Argentina, 2019; 05:55).

Desde el comienzo del caso, la falta de acceso a la investigación del Poder Judicial y la ausencia de contacto con algunas autoridades políticas por parte del dispositivo analizado, junto con el secreto de sumario y la difusión de diversas hipótesis controvertidas sobre lo ocurrido con la embarcación, como la posible colisión con una mina antisubmarina o un ataque de un submarino extranjero, generaron un clima de incertidumbre (Senado Argentina, 2018).10 Esto contribuyó a que las víctimas fueran identificadas no solo por su relación con los tripulantes, sino también por el carácter sospechoso que adquirieron las circunstancias del siniestro. En el informe final se destaca:

… esta Comisión no tuvo posibilidad de consultar ambos expedientes judiciales por haber sido negado el envío de las copias requeridas. Solamente fueron remitidas desde el mismo algunas declaraciones testimoniales. La Comisión participó en la exhibición de las fotos y videos obtenidos por el Buque Seabed Constructor, una vez hallada la nave, conjuntamente con sus especialistas, lo que fue de inestimable ayuda para confirmar las apreciaciones volcadas en el presente informe. Sin embargo, no cuenta con copia de las imágenes y videos igualmente requeridos ante dicha negativa (Informe Final, 2019: 6).

Las hipótesis iniciales sobre lo ocurrido con el ARA San Juan incluían un posible ataque de una nave o aeronave extranjera, la colisión con una mina antisubmarina, un abordaje con buques pesqueros o el seguimiento por un submarino extranjero. Sin embargo, todas estas teorías fueron desestimadas al comprobarse que el navío sufrió una implosión y no una explosión, ya que no se encontraron rastros del submarino, balsas, ni sobrevivientes en la superficie (Informe Final, 2019: 40). En este punto, los expertos y profesionales de la comisión tuvieron un rol destacado en la mediación y valoración técnica de lo sucedido, así como en la interpretación y validación de las pruebas disponibles, además de formular teorías plausibles sobre la tragedia. Este comité se distinguió por sus antecedentes en operaciones y estrategias de defensa marítima, planificación y ejecución de misiones, logística y administración naval, tecnología y sistemas de armas, y comunicaciones y coordinación de operativos de rescate, con experiencia destacada en la Guerra de las Malvinas y roles importantes en la Dirección General de Material de la Armada.11 Asimismo, la colaboración interdisciplinaria con expertos en oceanografía, ingeniería naval y monitoreo acústico, y las observaciones realizadas por estaciones internacionales de monitoreo hidroacústico, como las del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBTO, 2017), proporcionaron información clave para determinar el momento exacto de la implosión.

En este contexto, para los legisladores esto implicó, por un lado, mediar en las tensiones y los conflictos entre los familiares y las autoridades políticas y militares, y por otro, gestionar la aparición de nuevos hechos y pruebas a lo largo del desarrollo del caso, tales como documentos, solicitadas y, finalmente, las imágenes del naufragio obtenidas en noviembre de 2018. Al respecto, Ojeda comentó:

Yo hablé mucho con los familiares porque entendía su bronca, entendía sus ganas de agarrar a alguien de los pelos, y sin embargo, pudimos lograr que pregunten, que saquen sus dudas en un marco de respeto mutuo, más allá de alguna puteada por algunas respuestas (2024; 15:35).

En este punto, cabe destacar que antes de cada declaración testimonial la secretaría leyó las consecuencias del falso testimonio previstas en el art. 249 del Código Penal (Ley 23.984), como ocurre en un juicio procesal (Informe Final, 2019). Este procedimiento fue objeto de debate entre legisladores y algunos dirigentes políticos y castrenses, ya que lo consideraban ajeno a las facultades que el Poder Legislativo otorga a este tipo de dispositivos, dado su carácter consultivo y la incapacidad para imponer sanciones. El ministro de Defensa, Aguad, declaró al respecto:

Hay una desvirtuación de lo que es una comisión del Congreso. […] No es una asamblea abierta donde los representados asumen el carácter de representantes. Jamás en la historia del Congreso se ha visto algo igual, y yo lo acepto por consideración a los familiares, a quienes puedo recibir en mi despacho o en el ministerio las veces que quieran, como ya lo hemos hecho. Y la Marina ha estado con ellos permanentemente, contestando todas las preguntas que hayan tenido. Pero me parece que ese es el espíritu que debiéramos mantener (Senado Argentina, 2018; 10:34).

En este proceso, los legisladores gestionaron y mantuvieron contacto con autoridades políticas y militares para abordar la “urgencia” planteada por los familiares en la evaluación de los medios disponibles para retomar los operativos de búsqueda. Además, se encargaron de atender demandas específicas de las personas afectadas, como por ejemplo, en lo que refiere a sus condiciones de alimentación y habitabilidad en la Base Naval de Mar del Plata durante las vigilias efectuadas. Al respecto, el diputado Montenegro comentó:

Yo también hablé con varios de los familiares. Hay un grupo, sobre todo de madres, que quiere quedarse en la base, y me parece que es una decisión que tenemos que respetar, a pesar de que hay dos hoteles. Incluso hay muchos del interior que están desde el inicio; llegó a haber más de ciento cuarenta y siete personas, y hoy permanecen alrededor de veintidós. […] Yo me ocupo y después hago un informe para aportarlo acá, e incluso hablaré con las autoridades para ver de qué manera podemos ayudar (Senado Argentina, 2018; 45:23).

A diferencia de lo que ocurrió con la causa judicial, el funcionamiento de la comisión resultó también un modo indirecto de monitorear el proceso de búsqueda. Aun cuando la contratación de la compañía Kongsberg no prosperó debido a la adjudicación de la licitación a la empresa española Igeotest Geosciences S. L. por parte del Poder Ejecutivo, la falta de congruencia entre la identificación numérica y el nombre de la firma seleccionada, así como las sospechas sobre la manipulación de los documentos que certificaban su selección propiciaron una nueva pesquisa e impidieron que se retomaran los operativos con la urgencia requerida. De esta manera, la búsqueda se extendió siete meses más sin la tecnología adecuada para su localización, pese a los intentos del gobierno de subsanar estas deficiencias mediante la oferta de una recompensa (Ministerio de Defensa, 2018). Durante este período, se llevaron a cabo múltiples operaciones con diferentes niveles de éxito, pero sin lograr resultados concluyentes hasta la contratación de Ocean Infinity (Informe Final, 2019). Las evaluaciones sobre la eficacia de los operativos de rescate también generaron debate. Mientras algunos subrayaron la complejidad inherente a encontrar una nave de guerra diseñada para evitar ser detectada, con escasos antecedentes exitosos en misiones similares en la historia naval, otros sectores criticaron la falta de eficacia de la Armada y de los equipos internacionales involucrados que, según argumentaron, no contaban con la tecnología adecuada para la operación (Senado Argentina, 2018). Este retraso puso en evidencia la falta de preparación y los recursos tecnológicos del país para enfrentar situaciones de emergencia de esta magnitud.

De todos modos, la comisión logró arribar a un consenso sobre varios aspectos de la tragedia. Estos se reflejan en el informe final y representan un resultado importante del trabajo realizado ya que, como dijimos, se trató de un caso altamente controvertido, a punto tal que dicho documento fue firmado en disidencia por representantes del oficialismo, particularmente en lo referente a la interpretación de las responsabilidades y las condiciones de navegabilidad y mantenimiento del buque, entre otros aspectos clave (Informe Final, 2019: 119). Mientras que la mayoría de la comisión subrayó graves fallas en la gestión de la “crisis” por parte de la Armada y el Ministerio de Defensa, los representantes oficialistas consideraron que no debía personalizarse la responsabilidad en el entonces ministro de Defensa ni atribuirle de manera directa el hundimiento o las deficiencias en las operaciones de búsqueda. Otro punto crucial de disenso fue la evaluación de los problemas técnicos que afectaron al submarino. La mayoría de la comisión destacó la falta de mantenimiento y las condiciones estructurales deficientes del ARA San Juan como factores determinantes en el hundimiento. Sin embargo, informes contradictorios, como el Índice de Clasificación del Estado del Material (ICEM) del 5 de septiembre de 2017, calificaban al submarino con una puntuación de 4,25 sobre 5, lo que habilitaba su operación con una limitación de inmersión de hasta 100 metros (Informe Final, 2019: 139). A pesar de esta evaluación favorable, la prolongada demora en las reparaciones y la falta de mantenimiento adecuado fueron elementos clave en el debate y generaron discrepancias sobre la seguridad operativa de la nave al momento del accidente.

Un canal para la expresión de los familiares

Como vimos, los familiares de las víctimas del ARA San Juan tuvieron un rol protagónico en el funcionamiento de la comisión. Hermanos/as, padres y madres, primos/as, esposos/as y novios/as, hijos/as y suegros/as asistieron a las sesiones con prendas y fotos de sus seres queridos, banderas argentinas, rosarios e incluso pines con el logo del submarino, donde se leía: “ARA San Juan, presente” (figura 1). Cada quien pudo intervenir y hacer uso de la palabra con micrófono: primero brindaron testimonios sobre los submarinistas y compartieron sus historias; después de cada intervención, se escucharon aplausos y se observaban lágrimas y palabras de aliento para los submarinistas, presumiblemente fallecidos.

Figura 1. Familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan reunidos con la Comisión Bicameral

Fuente: Clarín, por Thieberger (2018).

También pudieron expresar sus demandas, especialmente en lo relacionado con la búsqueda del submarino. Tuvieron la oportunidad de preguntar, repreguntar, interrogar, interpelar, reclamar, exigir e incluso cuestionar los testimonios e informes de las autoridades nacionales y militares, haciendo eco de la condición de desaparecidos de sus seres queridos ante la falta de pruebas certeras –fundamentalmente, la ausencia de los cuerpos– que demostraran que estaban muertos. Por ejemplo, María Victoria, madre de Luis García, expresó:

Hasta que no tengan la certeza [de que están muertos], no lo están. Yo lo sigo esperando […]. Quiero la certeza, quiero la prueba. […] Ayer se cumplieron cinco meses y seguimos acá, sufriendo. […] ¿Por qué mandaron un submarino si no tenían los medios para buscarlo? ¿Por qué, hasta el día de hoy, no tenemos un ROV? En este tiempo aprendí mucho. ¿Por qué no se consiguió comprar, alquilar o tener algo para buscar? ¿Por qué llegamos a esta instancia de seguir pidiendo, reclamando, implorando por algo que nos corresponde? (Senado Argentina, 2018; 1:39:34).

La esperanza de encontrar a los desaparecidos se mantuvo como prioridad de la acción de los familiares, expresando la urgencia de llegar a la verdad y de saber qué había ocurrido, así como el anhelo de recuperar a las víctimas (o sus cuerpos), sobre todo durante el operativo de Búsqueda y Rescate. La comisión funcionó como un espacio en el que los familiares pudieron enunciar una y otra vez la importancia atribuida al proceso de búsqueda. Cabe destacar lo dicho por Jacqueline, hermana de Jorge Monzón:

Les quiero agradecer por la invitación que nos hicieron, es fuerte estar acá. […] Hoy mi foco es que se encuentre el submarino, a mí no me sirve de nada que hoy nos traigan el culpable y yo seguir con la incertidumbre de dónde está mi hermano. […] Y como decimos todos: que los traigan en las condiciones que estén. […] Si tienen el compromiso de querer ayudarnos, la forma es lograr traer el equipamiento que necesitamos para poder encontrarlos. Y después, de ahí en adelante, va a haber tiempo para encontrar un culpable (Senado Argentina, 2018; 1:02:55).

También la comisión fue un lugar para que los familiares expresaran una voz crítica sobre el accionar del Estado. En varias oportunidades, los familiares de las víctimas denunciaron irregularidades por parte del Poder Ejecutivo y la Armada, como no haber sido informados de los hechos de manera inmediata ni con la certeza y claridad necesarias. Respecto al “problema de comunicación” con la nave reportado por dicha fuerza, Claudio, hermano de Ramón Rodríguez, declaró frente al ministro de Defensa: “A los dos días, nosotros sabíamos que había un principio de incendio porque los muchachos lo filtraron dentro de la Armada, porque estaban sus camaradas” (Senado Argentina, 2018; 3:27:24). Tal como consta en el documento oficial:

Algunos familiares manifestaron su disconformidad en relación con la falta de información adecuada desde el inicio de los hechos, ya que oficialmente se comunicó la pérdida de contacto con el submarino el día 17 de noviembre de 2017. Nótese que desde un primer momento no le fue notificada la producción de un principio de incendio a bordo; […] no fue sino hasta el 6 de diciembre de 2017, puesto en conocimiento de los familiares el principio de incendio acaecido en el buque (Informe Final: 91).

De igual manera, en diversas ocasiones, los familiares de los tripulantes expresaron su descontento debido al “trato inapropiado” que recibieron, tanto por parte de personal de la Armada como del Ministerio de Defensa (Informe Final, 2019: 67). En particular, señalaron a varias autoridades que testificaron, acusándolos de actuar con “arrogancia y de mostrar una completa falta de empatía frente a la gravedad de la situación” (Informe Final, 2019: 68). Al respecto, el expediente detalló:

Luego de su comparecencia para prestar declaración testimonial ante esta Comisión el día 16/04/2018, el ministro informó que se iniciaría un procedimiento de contratación directa que “debía estar listo” en diez días. Lamentablemente, lo que fue tomado como una promesa por quienes participaron en dicha reunión se demoró varios meses, culminando con la contratación de una empresa que posteriormente fue impugnada en sede judicial. […] En medio de esta disputa, y durante seis meses, es importante destacar la lucha y la falta de contención que enfrentaron los familiares de los tripulantes, al punto de que, para obtener visibilidad ante los medios y el resto de las autoridades, se encadenaron en la Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, en un acampe que se prolongó por más de cincuenta días, acompañados de desgarradores testimonios (Informe Final, 2019: 67).

De este modo, los familiares de las víctimas pudieron disentir cara a cara con las autoridades, al mismo tiempo que exigían explicaciones sobre sus decisiones, maniobras y acciones desplegadas, tanto en mar como en tierra, para la búsqueda y el rescate de la embarcación. Proporcionaron información a la comisión, como la carta náutica del ejercicio enmendado por el submarino, y señalaron fallas o contradicciones en las fechas explicitadas por la Armada. Distribuyeron a los legisladores copias impresas de las solicitudes realizadas como colectivo al Poder Ejecutivo, particularmente aquellas dirigidas al ministro de Defensa Aguad y al presidente Macri (2015-2019), así como también al buque Yantar ruso en relación con las zonas requeridas para su exploración (Senado Argentina, 2018). Miraron a los ojos a quienes presumiblemente podrían ser considerados por la justicia penal como responsables directos de la tragedia y contrastaron los testimonios de los acusados en la causa judicial con las evaluaciones de peritos expertos de la comisión, entre otras actividades. Por ejemplo, surgieron discrepancias sobre la utilización de equipos alternativos para la medición de los niveles de hidrógeno, la adquisición de chalecos salvavidas vencidos y la demorada entrada del submarino a reparaciones en dique seco (ídem).

La comisión fue escenario también para desplegar una crítica compartida por parte de los familiares sobre la capacidad e idoneidad de las Fuerzas Armadas y algunas autoridades políticas en la gestión material de la emergencia, debido a la falta de medios y recursos necesarios para continuar los operativos de búsqueda y rescate (ídem). Durante los primeros cuatro meses de búsqueda, las familias fueron testigos de cómo muchos de los buques de la Armada Argentina, que zarparon en la hazaña de encontrar al navío, regresaban rotos o en pésimo estado operativo a puerto. Mientras reclamaban al Ejecutivo que se acelerara la elección de la empresa privada bajo contratación directa, presentaban alternativas para retomar las operaciones. Tan es así que, a través de los funcionarios de la bicameral, lograron convocar a Hugo Marino, representante de la firma estadounidense Kongsberg, para que exponga su oferta y antecedentes en la localización de naufragios y catástrofes, como la del submarino ruso Kursk o el avión comercial A330 F-GZCP de Air France, ocurridos en 2000 y 2009, respectivamente (ídem).

En síntesis, la participación directa de las víctimas en la comisión les permitió testimoniar y recordar a sus seres queridos, canalizar y amplificar sus demandas, así como expresar críticas a lo largo de todo el proceso de búsqueda y, luego, en la determinación de responsabilidades. Este elemento fue una característica excepcional del proceso de imputación y atribución de responsabilidades que atravesó el caso. En este sentido, Isabel, hermana de Daniel Polo, reflexionó sobre la labor parlamentaria en el canal de noticias C5N:

Para nosotros fue importante que el Congreso acompañe. Como decía la senadora [Fernández Sagasti], nunca pasó en el país, es algo sin precedentes y ellos también se topaban con algo de lo que no había una experiencia previa; luchando contra algo tan gigante como el Ejecutivo. Somos simples ciudadanos que tenemos apoyo de algunos legisladores, no de todos. Y tenemos una jueza que tampoco hace mucho por la causa; de hecho, hasta con la comisión se negó a colaborar abiertamente, lo que te da una pauta de que todo va encaminado a que el ARA San Juan se olvide (C5N, 2019; 7:55).

Al respecto, Luis, padre de Alejandro Tagliapietra, comentó en el canal informativo LN+:

La disidencia queda para la anécdota, es claramente una bajada de línea del Ejecutivo, pero no tiene nada que ver con la prueba que está en el expediente. [...] Creo que hoy es un día histórico, que una comisión legislativa sea tan expedita respecto de una investigación, casualmente a 25 años del atentado de la AMIA, con el cual me solidarizo absolutamente con las familias de las víctimas. Ellos, por un lado, con tanta falta de justicia, y nosotros con esto, que, si bien no es vinculante con la justicia federal, es muy importante. Es un gran paso y estoy absolutamente agradecido con todos los legisladores (LN+, 2019; 1:01).

La comisión facilitó un espacio en el que las voces de los afectados fueran escuchadas y consideradas desde una perspectiva más amplia, más allá de su vinculación con acciones de protesta y denuncia pública. En esta reconstrucción, hemos observado cómo los familiares de los tripulantes se integraron activamente al funcionamiento del dispositivo, desempeñando un papel central en su desarrollo como en los resultados alcanzados.

Reflexiones finales

En este trabajo nos hemos interrogado por el funcionamiento de dispositivos públicos diseñados para hacer frente a una catástrofe. A diferencia de los análisis más usuales, nos concentramos en un tipo de dispositivo singular como es una comisión de investigación parlamentaria. El estudio de la creación y funcionamiento de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del submarino ARA San Juan en el ámbito del Poder Legislativo nos permitió identificar algunos elementos importantes que aportan a nuestro interrogante.

En primer lugar, el trabajo reconstruye el modo en que se constituyó la comisión, cuál fue su dinámica de funcionamiento y las principales conclusiones a las que arribó la investigación. La integración de los familiares en el dispositivo, una novedad institucional sin precedentes, fue destacada por los legisladores como un logro y un requisito difícilmente eludible para un caso de esta naturaleza. La comisión adoptó un enfoque similar al de una investigación penal, aunque sin la mediación de operadores judiciales. Su efectividad se atribuyó a la rapidez y agilidad en comparación con la vía judicial.

En segundo lugar, pudimos ver que el funcionamiento de la comisión fue eficaz en gestionar la incertidumbre que caracterizó el caso. Esto implicó al menos cuatro elementos principales: primero, como alternativa ante la falta de información en la causa penal; segundo, al limitar las hipótesis sobre lo ocurrido; tercero, como mediadora entre los familiares, el Poder Ejecutivo y la Armada; y cuarto, mediante el monitoreo y control de las actividades de búsqueda. En estos aspectos, los familiares adquirieron un estatuto de reconocimiento que difícilmente hubieran podido lograr de otro modo. Así, la comisión ordenó la secuencia en que el caso se fue desarrollando y posibilitó un espacio de proximidad con efectos concretos sobre la situación de las familias.

En tercer lugar, el carácter activo de la movilización de los familiares de las víctimas implicó, como vimos, que la comisión se transformara en un mecanismo de respaldo a las denuncias y reclamos. Darles voz, ubicarlos en un lugar privilegiado en relación con los funcionarios públicos y oficiales de las Fuerzas Armadas generó un ámbito para que las víctimas pudieran testimoniar, expresar sus demandas y manifestar sus críticas respecto a cada momento del desarrollo del caso. Allí evocaron a sus seres queridos, reafirmaron el reclamo por la búsqueda del submarino y denunciaron la acción del Ejecutivo y la Armada en varios aspectos.

A nuestro juicio, uno de los aspectos más significativos de la comisión parlamentaria de investigación no radica en las conclusiones alcanzadas, sino en su dinámica de funcionamiento. Aunque su función no implicaba la potestad para condenar, creemos que su éxito dependió del modo en que produjo narrativas sobre el caso y el involucramiento que en ellas tuvo el punto de vista de los familiares.

Nuestro análisis da cuenta de cómo este dispositivo público relacionado con la tragedia desempeñó un papel relevante en la gestión del sufrimiento de las víctimas. La proximidad e integración de los familiares en su funcionamiento fueron claves para su éxito.

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Fuentes

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  1. 1 Lo expuesto está regulado por los art. 104 y 105 del Reglamento de la Cámara de Diputados y los art. 85, 86 y 87 del Reglamento de la Cámara de Senadores, respectivamente.

  2. 2 Entre la amplia bibliografía existente sobre el tema, mencionamos aquí solo algunos textos de síntesis y referencia: Gatti (2017) y Zenobi (2023).

  3. 3 Senado Argentina (2019). Bicameral ARA San Juan [Lista de reproducción]. YouTube. Disponible en: https://www.youtube.com/playlist?list=PLlXaxWqGy4-qoaafpHGODZtNe_zzU2Zpe.

  4. 4 El incidente tuvo una gran repercusión en la opinión pública. Para más información, véase Del Hoyo (2023).

  5. 5 Entre los oficialistas, Esteban Bullrich, Guillermo Montenegro, Luis Petri, Pedro Miranda, Magdalena Odarda, e Inés Brizuela y Doria; y entre los opositores, José Ojeda, Guillermo Carmona, Nilda Garré, Anabel Fernández Sagasti, Alejandro Grandinetti, y Alfredo Luenzo. Sus miembros eligieron a Ojeda y Montenegro como presidente y vicepresidente, respectivamente, y dispusieron del personal técnico y administrativo necesario, así como del presupuesto correspondiente para su normal funcionamiento y reglamentación.

  6. 6 Respecto a las solicitudes a organismos públicos, los funcionarios responsables debieron proporcionar la información dentro del plazo fijado por los legisladores, bajo apercibimiento de lo establecido en el cap. 11 de la Ley 25.188.

  7. 7 Lo acontecido dio lugar a la emisión de un dictamen por parte del Consejo de Guerra, dependiente del Ministerio de Defensa, y a la apertura de una causa judicial en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Caleta Olivia, así como en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que investigaron e inculparon a altos funcionarios de la Armada Argentina, entre otras causas judiciales.

  8. 8 Entre ellos caben destacar los testimonios e informes de Marcelo Srur, jefe de la Armada; Oscar Aguad, ministro de Defensa; Claudio Villamide, comandante de la Flota de Submarinos y superior inmediato del capitán del ARA San Juan; Luis López Mazzeo, comandante de Adiestramiento y Alistamiento; Enrique Balbi, vocero; Héctor Alonso, jefe de Estado Mayor del Comando de Flotas de Submarinos; Gabriel González, jefe de la Base Naval de Mar del Plata; Miguel Mascolo, vicealmirante al mando de la fuerza durante las primeras 48 horas tras la desaparición del navío; Ramón Polo, suboficial primero de comunicaciones; David Burden, director general de Material de la Armada; Horacio Chighizola, secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa; y José Luis López Varela, gerente de reparación de submarinos; entre otros.

  9. 9 El informe incluyó una evaluación detallada del estado del submarino, las condiciones de la tripulación y las decisiones tomadas por las autoridades antes y después de la desaparición del ARA San Juan. En lo que respecta a las acciones de búsqueda y rescate, se evaluaron tanto la respuesta inicial de la Armada como la colaboración internacional recibida (Informe Final, 2019: 92-107). En este sentido, se analizaron los momentos clave de la operación y las limitaciones tecnológicas y logísticas que afectaron la localización del submarino. Asimismo, se abordó la comunicación con los familiares de los tripulantes, identificando fallas en la transmisión de información y gestión de la emergencia (Informe Final, 2019: 87-92). En síntesis, señaló “responsabilidades compartidas” y “fallas en la cadena de mando de la Armada” (Senado Argentina, 2019; 8:22).

  10. 10 Senado de la Nación Argentina (2018, 10 de octubre). Senador Ojeda cuestión de privilegio, sesión 10-10-18 [Video]. YouTube. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=0s5seqOr1s0.

  11. 11 El comité de expertos estuvo compuesto por Pedro Bassi, Marcelo Covelli, Jorge González, Gustavo Krasser y Alejandro Maegli.

La comisión parlamentaria investigadora del ARA San Juan

Luciano del Hoyo