Texto

Denunciar las violencias por razones de género, de la emergencia a la accesibilidad en la provincia de Santa Fe

Denounce gender-based violence, from the emergency to accessibility in the province of Santa Fe

Eliana Desiré Stival

Universidad Nacional del Entre Ríos (UNER); Orcid: 000-001-6218-3066.
Contacto:
elianastival@gmail.com.

Valeria Roxana Venticinque

Universidad Nacional del Litoral (UNL); Orcid: 0000-0002-9894-8937.
Contacto:
valeriaventicinque@yahoo.com.ar

Resumen

El presente artículo examina las formas de abordar las violencias por razones de género a partir del análisis de una nueva política socio-urbana implementada en la provincia de Santa Fe. En este sentido, los Centros Territoriales de Denuncia (CTD) se presentan como una política innovadora que juega un papel crucial en la atención y apoyo a quienes sufren violencias por razones de género. La metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación en proceso incluye entrevistas semiestructuradas al funcionariado y un análisis de documentos secundarios, localizando nuestro análisis en el Barrio Yapeyú, situado en la periferia de la capital de la provincia litoraleña, durante el año 2019. En el presente estudio, se retoman diferentes nociones de ciudadanía provenientes de la teoría crítica y de los estudios de género y feministas resaltando la importancia de reconocer y valorar las diferencias. Las reflexiones finales subrayan la necesidad de articular institucionalidades centradas en la equidad de género construyendo una ciudadanía plural que pueda fortalecer la efectividad de los CTD.

Palabras claves: ciudadanías, 2019, violencias por razones de género, centros territoriales de denuncia, Santa Fe.

Abstract

This article examines the ways of addressing gender-based violence based on the analysis of a new socio-urban policy implemented in the province of Santa Fe. In this sense, the Territorial Complaint Centres (CTD) are presented as an innovative policy that plays a crucial role in the care and support of those who suffer gender-based violence. The methodology used for the development of this research in process, includes semi-structured interviews with civil servants and an analysis of secondary documents, locating our analysis in the Yapeyú Neighborhood, located on the periphery of the capital of the littoral province, during the year 2019. In this study, different notions of citizenship from critical theory and gender and feminist studies are taken up, highlighting the importance of recognizing and Value differences. The final reflections underscore the need to articulate institutions focused on gender equity, building a plural citizenship that can strengthen the effectiveness of CTD.

Keywords: citizenships, 2019, gender-based violence, territorial reporting centers, Santa Fe.

Introducción1

El presente escrito busca analizar los Centros Territoriales de Denuncias (CTD) como política socio-urbana puesta en marcha a partir del año 2017 en la provincia de Santa Fe. De esta manera, nos preguntamos acerca de las posibilidades de aproximación ciudadana presentes en los CTD como dispositivos orientados a resguardar, auxiliar y atender a quienes transitan violencias por razones de género. Nuestro trabajo se desarrolla en el Barrio Yapeyú de la ciudad de Santa Fe y hemos observado el impacto del cambio de gestión política provincial en el año 2019. En este sentido, este trabajo presupone, junto a Vera y Gravano (2019), que las transformaciones materiales que son visibles en la superficie solo pueden comprenderse si nos sumergimos hacia las profundidades estructurales y simbólicas que las sustentan y las cotidianidades en las cuales emergen y se reconstruyen. Por ello, nos propusimos recorrer este camino para comprender la lógica de ciertos entramados institucionales y la modalidad adoptada para concretar los derechos de las mujeres y disidencias que sufren violencias por razones de género en la provincia de Santa Fe. En esta línea, presentamos algunas aproximaciones de nuestra investigación en proceso organizadas en cuatro apartados y las conclusiones. En el primer apartado exponemos algunas decisiones metodológicas. En el segundo desarrollamos los debates en torno a un conjunto de nociones seleccionadas para el desarrollo de este escrito. En el tercer apartado, trabajamos el nacimiento de la violencia por razones de género como un problema público con la normativa 26.485 y relatamos la construcción de las primeras formas de construir las denuncias en la provincia de Santa Fe. Seguimos con el desarrollo que implicó el surgimiento de los CTD como nuevos espacios de denuncias, sus características y funciones. Al cierre brindamos algunas reflexiones para seguir pensando las violencias de género en contextos vulnerables.

Metodología, algunas decisiones

Este trabajo se encontró con distintos desafíos, entre ellos, como señalan Vera, Gravano y Aliaga (2019), es importante tener presente que, para estudiar imaginarios urbanos –y en nuestro caso, ampliar la idea a las ciudades en toda su complejidad– es necesario componer corpus heterogéneos. De esta manera, podemos permitirnos multiplicar las asociaciones para reconstruir los trayectos de institucionalización de ciertos sentidos y de emergencia de nuevas significaciones. Las fuentes de indagación suelen ser variadas y dependientes del objeto y del recorte propuesto en cada investigación, pero podemos trazar algunos rasgos generales. En este caso, las que seleccionamos son primarias y secundarias, que fueron combinadas para buscar un análisis. Hasta el momento realizamos cuatro entrevistas semiestructuradas, dos a funcionarios/as de la gestión que dieron origen a los CTD y las otras dos entrevistas pertenecen a la actual administración santafesina. Las fuentes secundarias están compuestas por información elaborada por organismos públicos y privados: Subsecretaría de Comunicación de la Provincia de Santa Fe, Informes de la coordinación de los CTD y del Ministerio de Seguridad, e información obtenida de medios masivos. Con estas fuentes se logró obtener un caudal de información considerable para lograr explorar el período seleccionado. Aún queda abierto nuestro grabador para más registros, pero en esta instancia nos encontramos trabajando en paralelo con un corpus documental de información secundaria obtenida de diversas fuentes, investigaciones realizadas e informes de gestión, en particular.

La heterogeneidad social del territorio de Santa Fe capital nos demandó realizar un necesario recorte que posibilitara la exploración y análisis en los tiempos que el proceso de investigación requiere. El arco temporal se ajustó, con la intención de lograr una descripción de la primera década transitada por los CTD, posicionándonos en un momento de quiebre en el color político de la gestión provincial. En el año 2019, la coalición Frente Progresista liderada por el Partido Socialista fue derrotada en las urnas por el justicialismo y sus aliados territoriales, por lo que debió dejar el gobierno después de doce años de gestión. De esta manera, esta caja de herramientas viene a ofrecer una serie de elementos que serán de suma riqueza a la hora de buscar una síntesis en nuestra investigación. Nuestro recorrido nos conduce a interrogarnos analíticamente sobre qué nombres aprendemos a pronunciar, qué muertes son lloradas y recordadas y qué violencias se denuncian y cuáles no.

Nociones para un análisis

En principio debemos pensar que la ciudadanía vive la trama urbana como un hecho “natural”, y en situaciones críticas, como cruzar una vía rápida con riesgo, expresa su opinión mediante el uso de los espacios urbanos. Cada individuo percibe la ciudad según sus trayectos cotidianos (Borja y Muxí, 2000). En este sentido, repensamos las ciudadanías desde diferentes miradas; Pateman (1988), por su parte, aporta una crítica feminista diferente de la noción de ciudadanía, es más refinada y portadora de las huellas del feminismo radical, el acento está puesto en el antagonismo varón-mujer. La ciudadanía es, según esta autora, una categoría patriarcal: quién es “ciudadano”, qué es lo que hace un ciudadano y cuál es el terreno dentro del cual actúa son hechos construidos a partir de la imagen del varón. A pesar de que las mujeres ya somos ciudadanas en las democracias liberales, la ciudadanía formal ha sido ganada dentro de una estructura de poder patriarcal en la que las tareas y las cualidades de las mujeres todavía están devaluadas, exigir igualdad es aceptar la concepción patriarcal de ciudadanía, la cual implica que las mujeres deben parecerse a los hombres, mientras que insistir en que a los atributos, las capacidades y actividades distintivos de las mujeres se les dé expresión y sean valorados como forjadores de la ciudadanía es pedir lo imposible, puesto que tal diferencia es precisamente lo que la ciudadanía patriarcal excluye. Pateman cree que la solución de este dilema es la elaboración de una concepción “sexualmente diferenciada” de la ciudadanía, que reconocería a las mujeres como mujeres, con sus cuerpos y todo lo que ellos simbolizan. Considera que el modo patriarcal tradicional de plantear una alternativa, que valoriza tanto la separación como la igualdad de los sexos, tiene que ser superado por un nuevo modo de plantear el problema de las mujeres, esto se puede hacer mediante una concepción de la ciudadanía que reconozca tanto la especificidad de la condición femenina como la humanidad común de varones y mujeres.

Sintetizando, el liberalismo ha contribuido a la formulación de la ciudadanía universal, con base en la afirmación de que todos los individuos nacen libres e iguales; pero, también, ha reducido la ciudadanía a un estatus meramente legal, e indica los derechos que los individuos sostienen en contra del Estado. La manera en que esos derechos sean ejercidos es irrelevante mientras que quienes los ejercen no quebranten la ley ni interfieran con los derechos de los demás. Nociones como las de responsabilidad pública, actividad cívica y participación política en una comunidad de iguales son extrañas para la mayoría de los pensadores liberales. Además, el ámbito público de la ciudadanía moderna fue construido de una manera universal y racionalista que impidió el reconocimiento de la división y el antagonismo, y que relegó a lo privado toda particularidad y diferencia. La distinción entre pública y privada, central como lo ha sido para la afirmación de la libertad individual, actuó por consiguiente como un poderoso principio de exclusión. Mediante la identificación entre lo privado y lo doméstico, desempeñó por cierto un importante papel en la subordinación de las mujeres. La visión de una democracia radical y plural propone entender la ciudadanía como una forma de identidad política que consiste en la identificación con los principios políticos de la democracia moderna pluralista, es decir, en la afirmación de la libertad y la igualdad para todos. Tendría que ser una identidad política común entre personas comprometidas en muy diversas empresas y con diferentes concepciones del bien, pero vinculadas las unas a las otras por su común identificación con una interpretación dada de un conjunto de valores ético-políticos.

Evidenciada la discusión acordaremos con Andrenacci (2003) que la ciudadanía es un haz de derechos resaltando su aspecto universal e igualitario, y la situación de desigualdad, los procesos discriminatorios y excluyentes de los sistemas sociales reales aparecen como fallas, rémoras o perversiones que obstaculizan el pleno desarrollo de un igualitarismo y un universalismo que serían inherentes a la ciudadanía.

Di Marco (2016) destaca que el análisis feminista de la ciudadanía pone su foco en los cuerpos físicos, en la sexualidad, la reproducción y la producción. De esta manera, la autora señala que cuerpo y voz son las dos notas sobre las cuales se puede pensar la ciudadanía. Así, bajo estas perspectivas, para las mujeres y las diversidades es indispensable la participación política. La no ciudadanía implica, según estas miradas, la incapacidad de decidir sobre los propios cuerpos y las violencias sufridas. Estas violencias pueden manifestarse de diversas formas, desde la violencia en la vida privada y social hasta la ejercida por los aparatos de represión, que operan para desanimar a las mujeres de ejercer sus derechos.

Por último, señala la autora, para ejercer la ciudadanía se requiere hablar desde la propia voz, para enunciar un discurso de derechos. En esta línea de debates, resulta imprescindible considerar la noción de ciudadanía sexual propuesta por Monte (2010), así como las reflexiones de Pecheny y Petracci (2006), quienes destacan que las ciudadanías plurales son producto del entendimiento y construcción de lo político. Estos enfoques cuestionan la idea de una ciudadanía universal que invisibiliza las diferencias y proponen situar el plano político sexual de la subjetividad como un eje central. Desde una perspectiva de género estas conceptualizaciones exigen un reconocimiento radical de las diferencias, garantizando que ninguna especificidad o pluralidad quede excluida.

Entendemos de suma importancia comprender que las políticas públicas, en casi todos los casos, fueron históricamente construidas desde el binomio mujer-madre. Así comprendemos desde las reflexiones de Vacarezza y Chaneton (2011) que los procesos como el gestar, parir y maternar funcionaron, en cierta forma, como imposición por la fuerza a una persona, y entienden al sujeto como un medio, es decir, una cosa que puede servir para determinado fin.

Como señala Barrancos (2023), podemos decir que, como consecuencia de los cambios sociales y culturales de la última década del siglo XX, la Argentina avanzó en materia legislativa en el ámbito latinoamericano con la sanción de leyes que han redistribuido los derechos civiles.

Violencias de género: historia de Santa Fe

Las violencias de género, según Femenías (2013), son producidas mediante complejos mecanismos, en los que la brutalidad cotidiana que sufren muchas personas es solo un ejemplo de una trama sofisticada y difícil de desmoronar. Estas violencias se presentan como una de las problemáticas más complejas de abordar en las sociedades actuales. De esta manera, las violencias por razones de género representan un problema complejo, histórico y cultural que, de acuerdo con Sagot (2000), requiere para su solución políticas y acciones coordinadas e intersectoriales con la participación del Estado y la sociedad civil.

Arendt (2005) afirma que la violencia siempre es instrumental y necesita herramientas; la verdadera sustancia de la acción violenta está regida por la categoría medios-fines. La violencia es muda, su lenguaje no crea un mundo común, sino que lo destruye. El dominio de la pura violencia, agrega la autora, entra en juego allí donde se está perdiendo poder, y confiada a su propio impulso, acaba por hacer desaparecer al poder. La violencia por razones de género es una forma de discriminación y una violación de los derechos humanos. Aunque en los últimos años se han generado grandes avances en materia de leyes y creación de organismos y aumento de recursos humanos especializados en abordar la problemática, aún así las mujeres y disidencias para intentar salir de las situaciones de violencia en las que se encuentran trazan un camino denominado “la ruta crítica”.

En esta ruta crítica muchos de los organismos que forman parte de ella son las comisarías, los CTD, fiscalías y organismos especializados en la atención. El concepto de ruta crítica en violencia fue desarrollado para estudiar la secuencia de decisiones tomadas y acciones ejecutadas por mujeres para enfrentar la situación de violencia y las respuestas institucionales encontradas en sus trayectorias (Baca Cabrejo, 1998; Sagot, 2000).

Pensar las violencias y su tratamiento público nos convoca a remontarnos a la restauración democrática argentina. El primer gobierno de la democracia adhirió a las convenciones internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). De esta manera, se buscó democratizar la legislación civil y se crearon organismos específicos para las mujeres, entre otras políticas. Paralelamente, se fue construyendo una modalidad de organización y acción de las mujeres de tipo transversal. Vargas (2008) destaca que, para la Conferencia de Beijing, las latinoamericanas llegaron movilizadas e impuestas por ellas mismas, por lo que lograron una conexión mayor con los gobiernos.

En los años noventa, nació el Consejo Nacional de Mujeres (CNM), y su función en el nivel nacional era ocuparse de los asuntos de las mujeres. En su segunda gestión, a cargo del radicalismo, se instaló la problemática de las violencias contra las mujeres como un tema prioritario para el desarrollo de las políticas públicas del área. Existía la Ley 24417/1994 de Protección contra la Violencia Familiar, reglamentada por el Decreto 235/96. La Red de Defensorías del Pueblo desarrolló juntamente con el CNM las Jornadas de Sensibilización en la Problemática de Género y Violencia y se articularon espacios de prevención y asistencia técnica entre este organismo y la red existente.

El CNM surgió con una enorme legitimidad entre las mujeres, pero tenía escaso reconocimiento público. Desde su inicio, desarrolló distintas estrategias con el apoyo financiero y técnico del programa Estado y Mujer, entre las que se destacan: redes de expertas que realizaron diagnósticos y propuestas sobre problemáticas prioritarias, políticas públicas sectoriales en el nivel de los ministros, programas de igualdad de oportunidades, programas de fortalecimiento institucional para provincias y municipios y convocatorias a consejos asesores (Franganillo, 2015).

Contexto provincial y creación de centros de denuncias

En la provincia de Santa Fe, llegando el siglo XXI, se debatían y trataban de solucionar las inequidades cotidianas que sufrían las mujeres. Desde la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria se diseñaron e implementaron las políticas públicas que en el período 1995-2007 se denominaban “del menor, la mujer y la familia”, más precisamente en la Dirección Provincial del Menor, la Mujer y la Familia. Aunque con retraso, en el año 2006 esa Dirección pasó bajo la órbita de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y la Familia, creada mediante un decreto del Ejecutivo. Es destacable que no figura la denominación mujer en el nombre de esta oficina, esta invisivilización tiene pocas interpretaciones, la más clara y simple es que no existían para las mujeres, en su condición de ciudadanas, un lugar relevante en el organismo. Así, podemos señalar, que no nombrar dialoga con el no reconocer, y esto implica no comprender que hay una porción importante de la ciudadanía que necesita presencia estatal, y representa, como recita Fraser y Ruiz (1993) un claro ejemplo de injusticia simbólica.

En esta línea, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe creó en 1995 el centro de mediación Dr. Pablo Benetti Aprosio, para abordar conflictos de diversa índole mediante procedimientos no adversariales. Ese mismo año, nació el Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) y al Testigo del Delito, pionero en el ámbito provincial, creado por la Ley provincial 11202 de 1995 para intervenir integral e interdisciplinariamente ante situaciones de violencia, vulnerabilidad, delitos y abusos de poder. Estas instancias fueron fundamentales para prevenir, combatir y erradicar la violencia de género, y se fortalecieron luego de 2013 con la implementación de la normativa nacional.

Hasta 2012, el único espacio exclusivo para realizar denuncias por violencias de género en Santa Fe eran las comisarías, y se aconsejaba dirigirse a las denominadas “de la mujer”. Esta recomendación se debía a la falta de capacitación necesaria para abordar estas problemáticas en la mayoría de los destacamentos policiales. Debido a esto, entendemos que incorporar la perspectiva de género en la gestión pública significó tener en cuenta las necesidades de mujeres y varones en cada fase del desarrollo de las políticas, con la intención de identificar las relaciones asimétricas que dan origen a un acceso y ejercicio equitativo en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales (Fraser, 2015).

CTD, construyendo la seguridad como un lugar

Wacquant (2007) diferencia espacio de lugar, en tanto que el primero es precario y provisorio, en cambio, el lugar es una instancia fija y plena, los CTD fueron pensados como instancias de sustanciación de denuncias, como sitios permanentes que incorporaran otras formas de entender ciertos conflictos. El gobierno de Santa Fe en el año 2013, durante la gestión del Dr. Lamberto en el Ministerio de Seguridad, dispuso la creación de los CTD en la provincia, destinados a establecer una relación más directa con la comunidad para garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos y facilitar el acceso de la ciudadanía a los organismos públicos pertinentes. La medida fue dispuesta por Decreto 1595/13, en el marco de la Ley 13297 de Emergencia en Materia de Seguridad Pública. El objetivo de esta nueva institucionalidad fue descomprimir las tareas administrativas de las comisarías, priorizando las funciones policiales de prevención del delito y preservación del orden público. Esta iniciativa se sumó a la adoptada anteriormente cuando se trasladó de la órbita de la policía provincial hacia otras reparticiones como las oficinas de los gobiernos locales y el Registro Civil, la emisión de los certificados de domicilio y supervivencia. Los centros que se conformaron, dependientes del Ministerio de Seguridad, buscan atender a la ciudadanía bajo criterios de proximidad, transparencia y accesibilidad, expectativas que se basan en tipos de valores independientes del mercado. Estos espacios se van gestando desde la productividad analítica que produce el conflicto (Di Virgilio y Perelman, 2014).

Es importante partir de comprender que los centros nacen como espacios de “reciudadanización”, en este sentido, señalamos junto a Procacci (1999) que los servicios de bienestar social basados en la ciudadanía aseguran la existencia de niveles de vida garantizados por toda la comunidad. Estos, además de ser universales, evitan la estigmatización, la súplica y no se está expuesto con ellos a la discrecionalidad.

En palabras de una de las entrevistadas:

… para mí el CTD, yo lo veo como una materialización del acceso a la justicia, digamos muchas veces las personas vienen acá y (…) digamos después tienen que hacer una seguidilla de trámites muchas veces esas personas no pueden afrontar el pago de un abogado entonces lo que está bueno es que puedan saber que en algunos casos pueden ir a defensorías civiles que son los que patrocinan determinados trámites, que en otros casos pueden ir al Centro de Asistencia Judicial que ofrece el patrocinio a víctimas, sobre todo en procesos penales, entonces digo, la idea es esa, poder acercar al ciudadano y a la ciudadana a la justicia (entrevista a abogada, directora provincial de los CTD, período 2022-2023).

Así, podemos decir, que los CTD son instancias de la administración pública de la provincia de Santa Fe que nacieron con el objetivo de recepcionar, orientar y dar curso a denuncias por ilícitos, y otros trámites, como certificaciones de domicilio, supervivencia, extravíos de documentación. Por lo tanto, estas oficinas fueron creadas para disminuir el trabajo administrativo de las tradicionales comisarías y consecuentemente el de la policía. En el mismo sentido establecen vínculos con distintas instituciones del sector público, con el propio distrito en el que se encuentran, la Fiscalía, el consultorio médico forense de tribunales provinciales, los centros de Orientación a Víctimas de Delitos Sexuales y Violencia Familiar o el Colegio de Abogados, para nombrar algunas oficinas de relevancia para esta indagación.

Los centros desarrollan sus tareas de manera coordinada con los Centros de Orientación para víctimas de delitos y otras organizaciones relacionadas con la temática. De esta manera, se busca optar por la mediación como metodología para resolver las situaciones conflictivas, orientando a los ciudadanos para acercarse a los centros de asistencia judicial. La creación de los centros tuvo como principal objetivo aportar una nueva herramienta a la comunidad, más próxima y con atención profesional que permita un abordaje integral a la problemática del binomio seguridad-inseguridad. Fraser (2015) señala que estos dispositivos operan como formas de aclarar las perspectivas de cambio social democrático e igualitario diferenciando.

En el año 2015, el Ministerio de Seguridad elabora un convenio con el Colegio de Abogados, de esta manera, los profesionales de la ley que se desempeñaran en los CTD, deberían poder brindar una atención transparente, eficaz y de contención a aquellas personas que vayan a denunciar y que, por lo general, se encuentran en una situación de shock. Además, se le solicitó a los letrados precisión en la toma de denuncias porque los datos que puedan proveer son fundamentales para la investigación de los distintos ilícitos. Por eso es importante que el perfil esté dentro de la vocación al derecho penal y en el derecho administrativo. En este sentido, uno de los rasgos diferenciales de los centros es la posibilidad de que la escucha sea brindada por un abogado con herramientas necesarias para vehiculizar la demanda que se presente. Así la realización de los acuerdos con los colegios de abogados de cada una de las regiones en las que comenzarán a funcionar los CTD es parte del proceso de implementación previsto. A quienes se interesaron en este espacio de trabajo se les otorgó una capacitación a cargo del ministerio y del colegio, una vez incorporados tienen una jornada mínima de seis horas de trabajo. Si pensamos los centros como respuesta a la estigmatización territorial y a la búsqueda de respuestas más rápidas, también podemos entender que todo lo que sucede en esos espacios y lo que no sucede es consecuencia de la configuración de zonas de no derecho.

Estas instituciones construyen nuevos postulados sociales y formas de pensar las relaciones con la ciudadanía. Las políticas sociales expresan los principios y postulados que organizan la vida social, y la medida en que una sociedad reconoce y protege las necesidades de todos sus miembros (Grassi, 2000). En suma, podemos establecer que los cambios en estilos de gestión implican abordar la influencia de los factores sociales, culturales y biológicos en la satisfacción de las necesidades básicas. Y, de esta manera, se puede mejorar la eficiencia, cobertura y equidad de las prácticas de gestión –de acuerdo con Fraser (2015)– en las injusticias materiales y también en las simbólicas. Digamos, cambiar los estilos de la administración tomando decisiones que incomoden los antagonismos implica transformar el paquete técnico con el cual influenciar a la sociedad política, esto se traduce en pensar en la construcción democrática de todos los espacios como engranajes de una misma maquinaria, en esta dirección se encaminó el proyecto de los CTD.

Luego de este camino recorrido en la investigación, podemos arribar a algunas reflexiones acerca del acceso de la ciudadanía a los CTD. Nos centramos en los márgenes del entramado socio-urbano, y allí pudimos observar que las diferentes instituciones gubernamentales, no gubernamentales y la ciudadanía que componen el territorio desconocen la presencia de los CTD en el barrio. Esto muestra una desconexión significativa entre las políticas implementadas y su efectividad en el territorio.

En este sentido, una de nuestras informantes claves señalaba:

… yo creo que a las buenas políticas hay que darle continuidad, y mejorar en la atención y en la proyección de la institución y el vínculo con la comunidad, hay lugares donde todavía falta que se conozca qué es un Centro Territorial de Denuncias, hoy en día hay gente que pasa por acá, por la puerta, y nos pregunta: “¿Qué hacen acá?” (entrevista a abogada, directora provincial de los CTD período 2022-2023).

Finalmente, el gran desafío que se les presenta a las instituciones estatales santafesinas es articular políticas centradas en los seres humanos como sujetos de derechos, dirigidas a disminuir los riesgos y las inequidades del contexto económico, político y cultural. Se trata de crear marcos que promuevan la equidad de género y construyan la dimensión ciudadana en su condición de espacio de conflicto, dinámico y con relatos controvertidos entre sí, pero no absolutamente irreconciliables. Debe imperar la necesidad de generar herramientas técnico-analíticas, y esto implica que no se diseñen políticas marginales o “para mujeres”, sino que deben atravesar todas las esferas institucionales del Estado. Los actores de la sociedad civil poseen un rol fundamental en esta instancia que implica la concreción de una ciudadanía que lleve implícito el reconocimiento de la diferencia y redistribuya material y simbólicamente, es decir que sea transformadora en el marco de una agenda pública “ampliada”. Solo de esta forma, señala Monte (2010), se lograría visibilizar la construcción de un ser ciudadano y, por lo tanto, el reconocimiento y el goce de los derechos.

Reflexiones provisorias

La historia y una vasta bibliografía relatan la inmensidad de oportunidades políticas que los feminismos supieron aprovechar para lograr la consagración de derechos para las mujeres y disidencias. Junto a Fraser (2005), sostenemos que es imposible pensar la neutralidad en las instituciones, especialmente en aquellas que deben regular y aplicar la norma. Fraser argumenta que todos los seres humanos, cuya vida está sujeta o estructurada por reglas, deben ser escuchados y que esta normatividad de gobernación debe ser democratizada y rendir cuentas.

Podemos entender la creación de los CTD como una forma de abordar una problemática que nos reclama soluciones urgentes, aunque aún no conocemos de manera exhaustiva la efectividad de esta política (esperamos tener respuestas al final de la investigación). Hay algunas certezas: las ciudadanías están sitiadas ante respuestas limitadas que en pocos casos escuchan sus voces y observan sus cuerpos. Hoy nos enfrentamos a más obstáculos que respuestas, y algunos de ellos se relacionan con la necesaria voz de las menos escuchadas: las personas que sufrieron violencias por razones de género y, con mucha valentía, denunciaron. Es esa la mirada que nos interpela desde sus hogares con sus agresores, con quienes tienen hijos/as sin protección frente a las violencias, con todas las necesidades, pero particularmente con mucho miedo. Además, es relevante considerar los aportes de Rita Segato sobre la violencia de género y la justicia. Segato (2018) argumenta que la violencia de género debe ser entendida no solo como una agresión individual, sino como una manifestación de estructuras patriarcales profundas que buscan mantener el control sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Esta pensadora destaca la importancia de una justicia que sea capaz de escuchar y comprender las experiencias de las víctimas, una justicia que vaya más allá de la mera aplicación de la ley y se enfoque en reparar el daño y transformar las relaciones sociales, y en ese camino se encuentra la provincia de Santa Fe.

La creación de los CTD puede verse como un intento de acercarse a esta visión de justicia transformadora, al proporcionar espacios en los que las denuncias de violencia de género pueden ser escuchadas y tratadas en los marcos que estas situaciones demandan. Sin embargo, la efectividad de estos centros depende en gran medida de su accesibilidad y de la capacidad de las instituciones para responder de manera adecuada y sensible a las necesidades de las víctimas. La creación de los centros representa un esfuerzo por construir una nueva institucionalidad que reconozca y aborde las prácticas ciudadanas en cuestiones de género. Esta nueva política busca no solo ofrecer un espacio para la denuncia, sino también promover una cultura de respeto y equidad de género, en la cual las voces de las mujeres y las diversidades sean escuchadas y valoradas.

En este sentido, los CTD tienen el potencial de convertirse en lugares de construcción de autonomía para las personas que sufren violencias por razones de género, y brindarles apoyo legal y psicológico y también herramientas para participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y libre. La institucionalización de estas prácticas ciudadanas es crucial para garantizar que las políticas con perspectiva de género no se queden en el papel, sino que se traduzcan en acciones concretas y efectivas. Asimismo, es fundamental que los CTD trabajen de manera articulada con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil para crear una red de apoyo sólida y accesible. La colaboración interinstitucional y la participación comunitaria son esenciales para construir el entramado de políticas y prácticas públicas que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía y que fomenten una cultura de derechos humanos y equidad de género.

En síntesis, entendemos que esta investigación posee un interés mayor, ya que se entrecruzan las experiencias particulares de las personas denunciantes con el lugar político y académico que ocupamos, que habilitan un trabajo con cierta complejidad analítica. Aún debemos continuar la traza para canalizar nuestros interrogantes sobre el entramado de la ciudadanía y el acceso a los CTD. La construcción de una nueva institucionalidad en prácticas ciudadanas sobre cuestiones de género es un paso crucial en el acceso a derechos.

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  1. 1 Este escrito tiene su origen en una serie de objetivos planteados en el proyecto de investigación “Ciudadanía, territorio y subjetividad en las periferias de ciudades intermedias”. Ciudad de Santa Fe (2001-2019).

Denunciar las violencias por razones de género

Eliana Desiré Stival y Valeria Roxana Venticinque