CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO: Flury, J.; Dziencielsky, V.; Rogatti, M.E. y Cascardo, M.F. (2024). El cooperativismo de trabajo como estrategia de inclusión sociolaboral de personas que estuvieron privadas de la libertad en el AMBA. Otra Economía, 17(32), 119-140.
El cooperativismo de trabajo como estrategia de inclusión sociolaboral de personas que estuvieron privadas de la libertad en el AMBA1
Jorgelina Flury1
jflury@untref.edu.ar
Centro de Estudios de la Economía Social - Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Ciudad de Buenos Aires, Argentina - ORCID: https://orcid.org/0009-0000-5555-7437
Verónica Dziencielsky
vdziencielsky@untref.edu.ar
Centro de Estudios de la Economía Social - Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Ciudad de Buenos Aires, Argentina - ORCID: https://orcid.org/0009-0008-4009-7421
María Eugenia Rogatti
eugeniarogatti@gmail.com
Maestría en economía social, comunitaria y solidaria - Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Ciudad de Buenos Aires, Argentina - ORCID: https://orcid.org/0009-0007-4268-5529
María Florencia Cascardo
fcascardo@untref.edu.ar
Centro de Estudios de la Economía Social - Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Ciudad de Buenos Aires, Argentina - ORCID: https://orcid.org/0009-0003-3305-139X
Recibido: 30/09/2024 - Aceptado: 12/11/2024
Resumen: Las cooperativas de personas que recuperan su libertad son un tipo particular de cooperativas sociales que se propone la reintegración socio-laboral de sectores que padecen la exclusión estructural del trabajo asalariado, la criminalización selectiva del sistema penal y una condena estigmatizante que profundiza las dificultades para la reproducción de la vida cuando salen al medio libre. Este trabajo es una sistematización sobre este sector en el AMBA que triangula el avance parcial de un relevamiento a través de encuestas junto a otros hallazgos derivados de entrevistas y observación participante y una indagación documental. Se enmarca en el proyecto “Cooperativas de personas que recuperan su libertad: un análisis desde la perspectiva de la economía social, popular y solidaria” (UNTREF, Flury 2023-2025) cuyo objetivo es describir y analizar las cooperativas de trabajo formadas por personas que atravesaron la experiencia del encierro, incluyendo quienes estuvieron privadas de la libertad, con arresto domiciliario y familiares. La investigación se llevó a cabo desde un abordaje sustantivista de la economía que permitió poner en valor no solamente las actividades mercantiles sino también la generación de valores de uso que se distribuyen con otras formas de regulación económica, contribuyendo a su sostenibilidad multidimensional y multiescalar.
Palabras clave: cooperativas sociales, personas liberadas, sostenibilidad
Resumo: Cooperativas de pessoas recuperando sua liberdade são um tipo específico de cooperativa social que visa a reintegração socioeconômica de grupos que enfrentam a exclusão estrutural do trabalho assalariado, a criminalização seletiva pelo sistema penal e uma condenação estigmatizante que aprofunda as dificuldades de reprodução da vida ao serem liberados. Este trabalho é uma sistematização sobre esse setor na AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) que triangula o progresso parcial de um levantamento por meio de questionários, juntamente com outras descobertas derivadas de entrevistas, observação participante e pesquisa documental. Ele faz parte do projeto “Cooperativas de Pessoas Recuperando Sua Liberdade: Uma Análise sob a Perspectiva da Economia Social, Popular e Solidária” (UNTREF, Flury 2023-2025), cujo objetivo é descrever e analisar cooperativas de trabalho formadas por pessoas que passaram pela experiência do encarceramento, incluindo aqueles que estiveram privados de liberdade, sob prisão domiciliar e seus familiares. A pesquisa foi realizada a partir de uma abordagem substantivista da economia que permitiu valorizar não apenas as atividades mercantis, mas também a geração de valores de uso que são distribuídos com outras formas de regulação econômica, contribuindo para sua sustentabilidade multidimensional e multiescalar.
Palavras-chave: cooperativas sociais, pessoas libertadas, sustentabilidade
Abstract: Cooperatives of individuals regaining their freedom are a specific type of social cooperative aimed at the socio-labor reintegration of groups facing structural exclusion from wage labor, selective criminalization by the penal system, and a stigmatizing conviction that deepens the difficulties of life reproduction upon their release. This work is a systematization of this sector in the AMBA (Buenos Aires Metropolitan Area) that triangulates the partial progress of a survey along with other findings derived from interviews, participant observation, and documentary research. It is part of the project “Cooperatives of Individuals Regaining Their Freedom: An Analysis from the Perspective of Social, Popular, and Solidarity Economy” (UNTREF, Flury 2023-2025), which aims to describe and analyze worker cooperatives formed by individuals who have experienced incarceration, including those who were imprisoned, under house arrest, and their family members. The research was conducted from a substantive approach to the economy that allowed for the appreciation of not only mercantile activities but also the generation of use values that are distributed alongside other forms of economic regulation, contributing to their multidimensional and multiscalar sustainability.
Keywords: social cooperatives, liberated people, sustainability
Desde el año 2008 surgieron en Argentina gran cantidad de cooperativas y espacios pre cooperativos de trabajo formados por personas atravesadas por la problemática del encierro. Ante la falta o insuficiencia de programas estatales de inserción social y laboral las personas excluidas generaron dispositivos de trabajo y contención basados en la autogestión que actualmente se pueden estudiar desde una perspectiva de economía popular. Se estima que hoy operan más de 100 cooperativas de trabajo con esta matriz de surgimiento, la mayoría de las cuales han sido inspiradas o traccionadas por las experiencias de organizaciones pioneras surgidas en establecimientos penales o en el medio libre, y que las mismas constituyen una estrategia efectiva para reducir los índices de reincidencia (Dziencielsky, Flury y Rogatti, 2023). Sin embargo, es escasa la información que se tiene de estas experiencias.
El informe 2022 Reincidencia en Argentina publicado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la UNTREF señala que uno de los factores críticos para evitar la reincidencia es la obtención de empleo. A la vulnerabilidad socioeconómica (desempleo, baja escolarización, falta de formación en oficios) que enfrentan las personas privadas de la libertad se suma la dificultad de conseguir empleo al salir debido a sus antecedentes penales y el estigma social de haber pasado por la cárcel. El informe también advierte sobre la cantidad de recursos destinados a financiar las instituciones carcelarias que no se condicen con la insuficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas liberadas, que requieren de acompañamientos frente a las múltiples dificultades que atraviesan una vez en el medio libre. Según dicho trabajo, prácticamente los únicos actores estatales que acompañan la etapa post penitenciaria son los Patronatos de Liberados—organismos públicos encargados de promover la revinculación a la trama comunitaria de las personas liberadas— que cuentan con escasos recursos y no tienen la estructura necesaria para brindar soluciones a mediano y largo plazo.
Ante esta falta de respuestas estatales, el cooperativismo de trabajo constituye una herramienta jurídica y socio-económica que brinda la oportunidad de obtener un trabajo con derechos a personas que fueron previamente marginalizadas del empleo asalariado y en ocasiones afectadas en forma selectiva por el sistema penal. La reforma de la ley 24.660 sobre ejecución de la pena a través de la Ley 27.375 (conocida como “Ley Petri”) y la modificación de la Ley de flagrancia, ambas en 2017, agregan más situaciones en las cuales la persona detenida no puede acceder al beneficio de la libertad anticipada. Esto incidió en el aumento de personas detenidas por delitos menores no violentos, por infracciones a la Ley de estupefacientes. En el caso de las mujeres, existen estudios que evidencian la falta de oportunidades como factor determinante de su encierro, dado que uno de los delitos más habituales de la población carcelaria femenina es la venta de drogas al menudeo, actividad que permite conciliar el ingreso económico con las tareas de cuidado que pesan mayormente sobre ellas (Colanzi, 2018).
En el marco de dicha problemática, el objetivo de esta investigación es contribuir al conocimiento de las cooperativas de trabajo conformadas por personas que atravesaron la experiencia del encierro (ex-privadas de la libertad, personas con arresto domiciliario y familiares) en la región metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se trabajará sobre tres objetivos específicos: dimensionar y caracterizar su composición sociodemográfica, identificar su configuración material y económica y reconocer las estrategias para la generación de valores no mercantiles para el bien común de sus integrantes y otros actores del sector. Adicionalmente, se mencionan algunos puntos críticos de la recepción de esta problemática por parte del Estado, en tanto se espera que la investigación que sigue adelante con la segunda etapa del relevamiento, sea un insumo tanto para el fortalecimiento de las cooperativas y sus entramados como para el diseño de políticas públicas adecuadas en la inserción sociolaboral de las personas que recuperan su libertad.
1. Enfoque teórico de la investigación
Como se puede apreciar, el abordaje de las cooperativas de trabajo formadas por personas que han recuperado su libertad revela una serie de problemáticas sociales complejas y requiere de un marco conceptual que dé cuenta de esa complejidad. En los últimos 15 años, estas empresas autogestionadas han experimentado un notable crecimiento dentro y fuera de los penales, lo cual lleva a preguntarse cómo fue posible este proceso de expansión. Partiendo de este último interrogante, resulta pertinente situar estas estrategias asociativas de la población estudiada en una perspectiva de economía popular que da cuenta de las prácticas de reproducción ampliada de la vida de actores no asalariados que dependen de su trabajo para vivir y no de rentas por activos acumulados o de la explotación del trabajo ajeno (Coraggio, 2004).
La emergencia y mayor desarrollo de la economía popular como ámbito de estudio se debe a la estrategia reivindicativa que adoptó este actor ante las condiciones de deterioro del trabajo en el capitalismo financiero globalizado, caracterizado por la acumulación por desposesión, los cambios en el eje de la actividad económica y la condición periférica en el sur global.2 En términos más productivos, puede comprenderse al sector como un emergente ante el derrumbe del trabajo asalariado como mecanismo de integración de toda la población trabajadora, que en los últimos años se fue constituyendo como categoría política como consecuencia de su creciente visibilidad (Gago, 2018).
Es decir, si bien la precariedad no es una novedad, sino una experiencia que se ha prolongado en el tiempo y por varias generaciones para amplios sectores empobrecidos (Fernández, M.I., 2018) como es el caso de la mayor parte de la población carcelaria, la lógica acumulativa del capital en las últimas décadas ha hallado formas de apropiación y extracción del valor del trabajo que tienden a ocultar a los responsables y pretenden neutralizar el tradicional conflicto capital-trabajo. Asumiendo este contexto histórico, una parte de la economía popular se ha organizado colectivamente para disputar el valor de su trabajo; en este movimiento reivindica un tipo de trabajo históricamente invisibilizado como es el de cuidado, y construye políticamente a través de estrategias gremiales, cooperativistas y comunitarias3.
Este proceso explica parcialmente cómo se fue dando la expansión de las cooperativas integradas por personas que estuvieron privadas de la libertad. Se trata de sectores marginados estructuralmente del trabajo con derechos y castigados selectivamente por el sistema penal que adoptan el dispositivo cooperativo en un escenario de mayor visibilidad de la economía popular originado en la crisis de la sociedad salarial. Pero aquel interrogante precisa ser abordado de manera más operativa y concreta, lo que supone preguntarse ¿mediante qué estrategias se hizo posible dicha expansión? Una de las hipótesis de las que partió esta investigación es que la multiplicación de este tipo de organizaciones fue posible gracias al despliegue, por parte de las propias cooperativas, de diversos andamiajes para el desarrollo de actividades productivas y reproductivas, los cuales resultan vitales para la sostenibilidad integral de las mismas Se utiliza el concepto andamiajes, haciendo una analogía con el que ha propuesto Lev Vigotsky desde una teoría sociocultural del aprendizaje para referirnos a las mediaciones, apoyos y acciones tutoriales que las cooperativas, sus organizaciones de segundo grado y otros actores entramados despliegan mediante sendas prácticas de cuidado, contención, formación, capacitación, incubación, apoyo productivo y restauración de trayectorias de vida interrumpidas dramáticamente por el encierro.
De acuerdo con Díaz Maggioli (2023) la metáfora del andamiaje ha sido objeto de múltiples apreciaciones y dentro de las teorías del aprendizaje se puede entender como una forma eficaz de mediación con el objetivo de promover aprendizajes que habiliten espacios para el desarrollo. Si bien Vigotzky se focalizó principalmente en la psicología del desarrollo y en la filosofía educativa, la analogía resulta pertinente en tanto le aporta al aprendizaje una explicación de índole social y permite entender junto con Tiriba (2004) la existencia de una pedagogía de la producción asociada en la cotidianeidad de las iniciativas de la economía popular organizada. En este caso se verá que las relaciones tutoriales, así como los apoyos y mediaciones sobre los cuales se van reconstruyendo las trayectorias laborales de las personas que atravesaron el encierro se regulan fundamentalmente por una relación entre pares: cooperativistas con mayor experiencia, formación o permanencia en el medio libre y quienes se están iniciando en la dinámica de trabajo cooperativo o han salido recientemente en libertad o aún permanecen en contextos de encierro.
Estos andamiajes serían las estrategias que en el caso del sector estudiado se ponen en juego para lograr una sostenibilidad plural y colectiva (Vázquez, 2014) la cual abarca un “conjunto complejo de políticas, instituciones y recursos” que colaboran para garantizar la reproducción de estas iniciativas y sus integrantes. Se puede apreciar así, como la sostenibilidad es una perspectiva mucho más amplia que el análisis de factibilidad microeconómica de cada organización (Cascardo, 2019), porque apela a un análisis multidimensional y multiescalar (Vázquez, 2010). La multidimensionalidad implica considerar el impacto de las cooperativas en la vida de sus integrantes, el cual tiene alcances sociales, políticos y culturales además de económicos. De este modo, se observan elementos como la inclusión social que se genera a partir del trabajo y los vínculos que se establecen entre sus integrantes, el carácter democrático y solidario, las transformaciones subjetivas, los cuidados integrales, entre otros aspectos que crean valores no mercantiles para el bien común o para otras organizaciones cercanas. La multiescalaridad se refiere a los distintos niveles que inciden en la sostenibilidad de una cooperativa, no solamente las estrategias micro-organizativas de cada empresa autogestionada sino también y quizá con mayor incidencia en su perdurabilidad, la importancia del nivel meso y macro en los cuales se desenvuelve (Coraggio, 2007).
Por último, este trabajo busca contribuir con algún aporte a la literatura sobre la cooperación social en nuestro país entendiéndolo como un fenómeno emergente que responde a necesidades insatisfechas, principalmente en los campos de la provisión de servicios sociales y de la integración laboral. Si bien en Argentina las cooperativas sociales se constituyen jurídicamente como cualquier cooperativa de trabajo, bajo la Resolución Nº 1/20194 el INAES reconoció y reguló su funcionamiento en enero de 2019, estando pendientes ciertos aspectos de su implementación. Asimismo, han sido reconocidas en su particularidad por CICOPA - Organización internacional de las cooperativas de producción, industrial, artesanal y de servicios en los “Estándares Mundiales de las Cooperativas Sociales” como cooperativas recientemente emergentes. Por otra parte, quienes integran la Red de cooperativas sociales en Argentina (Bejarano, et. al, 2018) las han definido como organizaciones que dan respuesta a la necesidad de integración socio-laboral de personas con discapacidad psicosocial y de consumos problemáticos, de quienes se encuentran en situación de calle, tienen una discapacidad psicofísica, o son migrantes, de aquellas que están (o han estado) en contextos de encierro y de los diversos sectores de nuestra comunidad que son discriminados por razones de etnia o género, así como aquellas que atienden la agenda del cuidado de las personas. Por último, Flury y Laborda (2018) distinguen este tipo de cooperativas como iniciativas organizadas por el factor trabajo, que producen una utilidad social o colectiva, e identifican 2 tipologías tomando como referencia algunas normativas internacionales y en función de su objetivo prioritario: a) aquellas que brindan servicios a personas con un fuerte contenido relacional o de proximidad y b) aquellas que brindan oportunidades de acceso al trabajo a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad o exclusión social.
Este trabajo se enmarca en el proyecto “Cooperativas de personas que recuperan su libertad: un análisis desde la perspectiva de la economía social, popular y solidaria” (UNTREF, Flury, 2023-2025) y se propone una sistematización sobre este sector en el AMBA. Metodológicamente se aborda a partir de técnicas cualitativas y cuantitativas.
El proyecto inició en julio del 2023 con la realización de cuatro entrevistas semiestructuradas a referentes de cooperativas, reuniones con integrantes del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la UNTREF y del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT). Estas entrevistas fueron complementadas con la indagación documental y la observación participante; una de las integrantes del equipo trabaja en una cooperativa con esta matriz de surgimiento y otra colabora con la producción de un programa de radio gestado desde un colectivo de personas liberadas para difundir el cooperativismo como forma de reducir la reincidencia. Asimismo, también se ha asistido a eventos culturales organizados por algunas cooperativas atravesadas por la problemática de la privación de libertad.
Esta aproximación junto al análisis y discusión de bibliografía permitió enriquecer el encuadre teórico-metodológico. En esta etapa también se identificaron las dimensiones de análisis que ofrecía el campo de estudio y las principales problemáticas del sector. Uno de los hallazgos es que no existían listados o bases de datos de las organizaciones intermedias (federaciones, redes, organizaciones sociales) ni de organismos públicos, herramienta que se presuponía que se podría disponer. En consecuencia, las entrevistas ayudaron a valorar la necesidad de llevar adelante un relevamiento detallado de este tipo de cooperativas de trabajo cuyo abordaje debía hacerse desde una perspectiva socioeconómica pero también de derechos humanos.
Para llevarlo a cabo, se convocó a dos mujeres cooperativistas del sector para que participen como encuestadoras, se realizó una capacitación y prueba piloto en la cual se afinó el instrumento de relevamiento con los aportes de las encuestadoras. La implementación del cuestionario comenzó en abril del 2024 dirigido en principio a cooperativas integradas por personas que atravesaron la experiencia del encierro carcelario y se encuentran en el medio libre. En esta instancia se presenta el procesamiento de las primeras 23 encuestas realizadas; sin embargo, el relevamiento continúa y se expande a cooperativas que funcionan en contexto de encierro.
A continuación, se comparten los hallazgos de este trabajo de campo a partir de la triangulación de las técnicas cualitativas y cuantitativas con énfasis en los resultados de las 23 encuestas implementadas. En primer lugar, se realiza una breve descripción de su composición sociodemográfica y en segundo lugar se analiza la generación de ingresos y la sostenibilidad desde un punto de vista multiescalar. En un tercer momento se profundiza en la trama de andamiajes para la creación de valores mercantiles y no mercantiles desde una perspectiva multidimensional y plural de la sostenibilidad. Por último, ampliando los hallazgos de las encuestas con una exploración documental se reflexiona acerca del rol que efectivamente toma el Estado en relación a la reintegración laboral y a otras necesidades vinculadas a la reproducción de la vida en la etapa post-penitenciaria.
3. Caracterización e información sociodemográfica del sector
El recorte geográfico del relevamiento se vincula con el espacio de emplazamiento de la Universidad Nacional de Tres de Febrero pero lo excede en la búsqueda de analizar problemáticas socio-económicas de la región metropolitana de Buenos Aires. El AMBA reúne aproximadamente un tercio de la población total del país, tratándose de una región con grandes niveles de desigualdad: mientras la población en situación de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires es del 21,4%, en los partidos del Gran Buenos Aires asciende al 45,5% (INDEC, 2024a), presentando esta región la paradoja de ser una de las que poseen más altas tasas de actividad (48,5%) al mismo tiempo que mayores niveles de desempleo (9%) (INDEC, 2024b). Es posible inferir a partir de estos datos la alta presencia de personas que trabajan con ingresos insuficientes, poniendo de este modo en cuestión la centralidad del trabajo remunerado como medio para garantizar la reproducción de la vida. Por el contrario, una gran parte de la población en nuestra región se encuentra estructuralmente excluida del empleo asalariado y esta exclusión se profundiza aún más cuando una persona sale en libertad después de cumplir una condena penal.
En esta primera etapa del relevamiento se ha llegado a recopilar información de 23 cooperativas de trabajo distribuidas en la región metropolitana de Buenos Aires; 13 de ellas ubicadas en el Gran Buenos Aires y 10 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mediana de trabajadores que conforman los grupos de trabajo es de 12 integrantes. Las mismas se dedican a una diversidad de rubros intensivos en trabajo con bajo nivel de conocimiento y productividad: son 7 las cooperativas de reciclado, 4 las que se dedican al rubro textil, 3 a la construcción y 2 a la gráfica. Luego aparecen rubros como gastronomía, metalúrgica, logística, deporte, turismo y herrería.
En términos sociodemográficos, se observa que están conformadas en un 39% por personas que estuvieron privadas de su libertad, 37% por sus familiares y un 3% por personas que aún están en contexto de encierro. La inclusión de familiares se origina en algunos casos en una limitación legal presente en el artículo 64 de la Ley de Cooperativas nro. 20.337 a las personas que han cumplido determinadas condenas penales para asumir cargos en el consejo directivo, pese a los intentos de derogación que se vienen llevando a cabo5. Sin embargo, en otros casos su incorporación se debe a que esta forma de organización les ofrece una flexibilidad que les permite mantener el contacto familiar con la persona detenida, a diferencia de otras formas de empleo. Un porcentaje menor de integrantes no tienen directa vinculación con la problemática del encierro pero sí experimentan la exclusión del mercado de trabajo asalariado o bien se incorporan por razones de proximidad territorial o subjetiva6. El 56% son hombres, un 43% mujeres y un 1% (5 personas) de otros géneros. En términos de formación, un 31% tienen estudios primarios completos o incompletos, otro 30% secundario incompleto y otro 30% secundario completo. Un 8% de sus integrantes han tenido acceso a estudios universitarios (completos o incompletos). En relación a la edad, el 63% tienen entre 31 y 50 años, un 26% hasta 30 y un 11% más de 50 años.
4. Estrategias para la sostenibilidad económica
Una de las inquietudes que atraviesa la investigación es la posibilidad de generación de ingresos monetarios para quienes trabajan en estas experiencias cooperativas. Como en otros casos de organizaciones de la economía popular, es común que exista una hibridación de recursos (Laville, 2004) tanto a nivel individual como de la organización. Por este motivo se procedió a indagar sobre la conformación de los ingresos en 2023 y 2024 de quienes trabajan en estas organizaciones.
Durante el 2023, se identificó que en el 87% de las cooperativas sus integrantes generaron ingresos provenientes de las ventas de bienes o servicios en el marco de la organización, seguido por ingresos por transferencias o subsidios estatales en un 57% de los casos y, finalmente, también en un 39% de las cooperativas los ingresos de sus integrantes provenían del trabajo en otros ámbitos. Para obtener mayor especificidad, se preguntó cuál de estas fuentes fue la principal y se obtuvo que en el 74% de los casos se daba por la venta de bienes o servicios que hacían a través de la cooperativa, en un 22% por el trabajo personal en otros ámbitos y solamente en un 4% (un solo caso) el ingreso a partir de programas o transferencia estatales era el prevaleciente.
Para el año 2024 hay modificaciones sustanciales en estas fuentes de ingresos. Si bien las ventas a través de la cooperativa siguen estando presentes en un 83% de los casos, ha descendido su participación como ingreso principal, siendo en el 2024 solo para el 55% (a diferencia del 74% del 2023). De esta manera, las fuentes de ingresos a partir del trabajo personal en otros ámbitos y por transferencias del Estado pasan a tener mayor relevancia como fuente principal comparados con el año anterior, representando ahora un 27% y un 18% respectivamente. Esto evidencia una mayor dependencia de los programas sociales, respecto del año anterior, a pesar de que aquellos sufrieron un desmembramiento y fuerte devaluación en los primeros meses de este año7 que se explica por la drástica reducción de las ventas después de la política de ajuste aplicada por el gobierno nacional entrante.
Para continuar con el conocimiento de su actividad económica, se preguntó por las ventas más importantes del 2023 procurando identificar los principales clientes. Lo que se identificó es que predominan las ventas a diferentes organismos del Estado (Ejecutivo Nacional, CABA, PBA, municipios de PBA y Poder Judicial) que representan el 54% de estos clientes mencionados. Vale la pena señalar que aunque éstas tienen un peso considerable, y un gran potencial debido al poder de compra, suelen ser discrecionales y no forman parte de un programa formalizado de compra estatal para el sector. Una política de este tipo podría contribuir a lo que Singer (2004), entre otros autores, ha llamado bases de sustentación de la economía social y solidaria8. Por otro lado, el 42% de los principales clientes pertenecen al sector privado (empresas y consumidores finales). Llama la atención que las cooperativas son clientas en un 60% de las organizaciones encuestadas pero solo en uno de los casos representa una parte significativa de las compras; esto se debe principalmente a los bajos volúmenes de actividad económica que desarrollan la mayor parte de las unidades.
Otra parte relevante del cuestionario indaga sobre las dificultades para la sostenibilidad económica y se hizo a partir de una pregunta abierta. Recuperando la noción de multiescalaridad de la sostenibilidad y en función de las respuestas se puede afirmar que las principales dificultades se sitúan en el nivel macroeconómico: un 87% de las organizaciones indicó ese nivel a partir de remarcar aspectos como el aumento de las tarifas, el impacto de la devaluación en insumos importados, la inflación, la caída de las ventas producto de la recesión económica y la apertura de importaciones que compiten con la producción nacional. Cobran relevancia aspectos también macro pero con un carácter más sociopolítico, como el recorte en obras públicas y en programas sociales. En el nivel microeconómico de la sostenibilidad se pueden ubicar un 35% de las respuestas que señalan principalmente las dificultades vinculadas al trabajo (como falta de conocimientos en gestión y administración o constancia en la asistencia al trabajo) y a la escasez de medios materiales como maquinaria o materias primas.
Ante estas dificultades, principalmente macroeconómicas, se buscó poner en valor y reconocer las estrategias desplegadas por las organizaciones a nivel mesoeconómico, entendido como la disposición de las unidades microeconómicas a articular y cooperar entre ellas (Coraggio, 2007). Una aproximación a este nivel se realiza a partir de la observación de la intercooperación, reconocida como una estrategia de consolidación ya que fortalece la organización solidaria (Sosa, 2018) y permite ganar en escala y poder en el mercado (Vuotto, 2011). Por esta razón se procedió a indagar en qué medida esta forma de reciprocidad entre organizaciones se encuentra presente en las experiencias relevadas: se identificó que el 60% de las encuestadas tienen como clientas a otras cooperativas, de las cuales la mitad pertenecen al sector de personas liberadas, lo que demuestra una fuerte articulación interna y una perspectiva de considerarse como proveedores y clientes. En cuanto a sus proveedores, el 52% de las organizaciones encuestadas indicaron que compran a otras cooperativas, con una notable presencia de aquellas vinculadas a la problemática del encierro (40%).
Al realizar un cruce entre todas estas preguntas (fuentes de ingresos, principales clientes y dificultades para la sostenibilidad) se pudo identificar que el impacto macroeconómico es señalado tanto por cooperativas cuyas actividades más importantes se realizaron con el sector público como por aquellas que hicieron referencia al sector privado y también en aquellas que los ingresos de sus integrantes provenían de las ventas de las cooperativas como de las que dependían de otras fuentes de ingresos.
5. La sostenibilidad desde una perspectiva multidimensional
En este apartado se describe el entramado de apoyos, mediaciones y acciones tutoriales, que construyen un andamiaje imprescindible para la expansión y sostenibilidad integral de las cooperativas, una sostenibilidad que comprende dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales. Se consideran todas estas dimensiones dado que este trabajo parte de una comprensión de economía sustantiva (Polanyi, 2021: 196) que “está integrada y sumergida en instituciones de tipo económico y extraeconómico”. Esta perspectiva sustantivista permite reconocer las expresiones heterogéneas de la economía real, que van más allá del intercambio mercantil porque incluye no solamente la producción de bienes y servicios para ser cambiados en el mercado sino también la generación de valores de uso que se distribuyen con otras dinámicas, como la reciprocidad y la redistribución.
5.1 Dimensión social: el cuidado de sí y el abordaje de la violencia de género
Las encuestas buscaban identificar en forma diferenciada si las cooperativas contaban con espacios o estrategias para el cuidado de infancias, otras para el abordaje de la salud mental y adicciones y dispositivos para el abordaje de las violencias por razones de género. Sin embargo, los resultados evidenciaron que en este ámbito del cooperativismo el cuidado se interpreta como prácticas integrales de cuidado de sí,9 con especial atención en las cuestiones vinculadas a la salud de las personas. En este sentido, un 91% de las cooperativas encuestadas dieron cuenta de prácticas habituales en alguna de las áreas de cuidado integral y un 65% en todas las áreas a la vez.
Entre las modalidades con las que se desarrollan estas prácticas se mencionan estrategias individuales de acompañamiento que son autodenominadas segundeo,10 en referencia a la disposición de acompañar adoptando un rol tutorial a la par, con la escucha atenta para contener y ayudar frente a situaciones de necesidad o vulnerabilidad. Son las más utilizadas con quienes han salido recientemente en libertad y de alguna manera buscan amortiguar el contacto con el entorno de hostilidad que les espera extramuros y la necesidad de reconfigurar sus vidas de forma autónoma.
Otra modalidad consiste en un claro rol de mediación, una suerte de trabajo social que se realiza desde las cooperativas mapeando y administrando los pocos recursos públicos existentes para atender situaciones de salud mental y consumo problemático de sustancias en instituciones como Sedronar, Hospital Bonaparte, Institución Fernando Ullóa, y en casos de violencia de género con la Comisaría de la Mujer o a través de programas específicos cuando existía el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Por último, se destaca una modalidad más institucionalizada consistente en la conformación de asesorías a nivel de las propias cooperativas (de infancias, de salud mental y adicciones, de género) con compañeras formadas11 y participación de profesionales externas o articulando con dispositivos de federaciones u organizaciones sociales intermedias.
En algunos casos, las cooperativas, contemplan en sus normas internas que si alguien, por ejemplo, debe asistir a un tratamiento ambulatorio por adicciones, se le reconozca como trabajada la jornada. Asimismo, se identifica que estas organizaciones no sólo receptan y acompañan de manera artesanal o institucionalizada este tipo de problemáticas sino que, en muchas ocasiones, priorizan la incorporación de personas que están atravesando consumos problemáticos o violencias post-encierro, brindándoles la oportunidad de abordar estas experiencias traumáticas en una red colectiva y comunitaria.
Por último, se observa que las cooperativas llevan adelante acciones que dan respuesta a necesidades básicas como la asistencia alimentaria y habitacional, de las cuales el 61% refieren haber suministrado alimentos mediante sus propios recursos, a través de convenios para la entrega de bolsones, donaciones y comedores comunitarios. Con respecto a la cuestión de la vivienda, han facilitado la gestión de subsidios habitacionales y en varios casos vivienda transitoria, ofrecida por miembros de la cooperativa o en la sede de la organización, hasta que se resolviese la situación.
5.2 Dimensión política: estrategias defensivas frente a la violencia institucional
Para analizar las estrategias cooperativas frente a la violencia institucional se considera el informe elaborado por Perelman y Tufró (2017) del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) quienes refieren a ésta como una categoría que agrupa problemáticas de la violencia policial y penitenciaria, la cual que en los últimos años es utilizada también para abarcar una diversidad de problemáticas cuyos responsables no necesariamente son “los uniformados”. “Tradicionalmente hubo un marcado énfasis en la acción de los agentes policiales y penitenciarios que luego se extendió, por un lado, a otro tipo de funcionarios estatales y, por otro, a prácticas de particulares o civiles” (Perelman y Tufró, 2017: 2).
La violencia institucional lesiona de manera sistemática la integridad y dignidad de las personas privadas de su libertad y de sus familias, y cuando aquellas salen en libertad, habiendo cumplido su pena, continúa presentándose de múltiples formas que afectan el desafío de formarse o reintegrarse a la sociedad como personas trabajadoras. Según el Informe anteriormente mencionado, son comúnmente consideradas formas de violencia institucional, entre otras, la discriminación por parte de la policía, las detenciones arbitrarias, la extorsión a quienes usan el espacio público para trabajar; situaciones que suelen suceder con mayor frecuencia a quienes han pasado por experiencias de encierro. En este sentido, los resultados de la encuesta muestran que un 78% de las cooperativas acompañan a sus integrantes para hacer frente a diversas situaciones de esas formas de violencia. En cuanto a las modalidades con las que desarrollan estas prácticas defensivas se encuentran acciones más informales de la cooperativa como el asesoramiento interno, con acciones de segundeo, ayuda en la redacción de documentos procesales (un trabajo que algunas personas en situación de encierro aprenden y suelen realizar para otras que están en la misma situación debido a la carencia de atención por parte de defensores/as públicos/as) o tomando la voz por quienes fueron afectados ante terceras personas. En otras ocasiones es la cooperativa como organización la que denuncia o afronta acciones de hostigamiento como suele suceder por ejemplo con la persecución de la policía a personas que trabajan en el reciclaje urbano en el espacio público. Pocas organizaciones han conseguido armar un equipo interdisciplinario o asesorías especializadas, la mayor parte de las veces acuden a las federaciones o a la Mutual de Liberados, Liberadas y Familiares "Mario Cafiero”12 que suelen tener abogados. Otras veces acuden a organismos de derechos humanos o del Sistema nacional de prevención de la tortura13 para hacer denuncias y recibir asesoramiento.
Más allá de estas estrategias de carácter defensivo, se indaga en otro tipo de prácticas de las cooperativas de personas liberadas que constituyen formas de prevención de la violencia institucional, en tanto dotan de recursos a las personas para convertirse en trabajadoras y formar parte de un colectivo que las ampara de arbitrariedades y persecuciones. Se trata de acciones orientadas no sólo al bien común de sus integrantes, sino que construyen puentes con la comunidad, con otras personas que están recuperando su libertad, con quienes se encuentran en contextos de encierro y en situaciones de arresto domiciliario que se comentan a continuación.
5.3 Dimensión económica y cultural: incubación de proyectos, apoyo productivo, capacitación
Si bien de acuerdo con la Ley 24.660 de Ejecución de la pena, “el trabajo es un deber y un derecho del interno. Es una de las bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación” (art.106), el acceso efectivo se ve gravemente vulnerado, en parte por el aumento de la población carcelaria, que genera que los lugares destinados a talleres productivos hayan sido ocupados para funcionar como sectores habitacionales y que pone en segundo plano el derecho al trabajo y la educación (Lamas & Pedocchi Weisser, Dir. 2021). Varias personas entrevistadas han señalado la enorme brecha entre la realidad y lo que dice la propia Ley de ejecución de la pena, al haber cárceles que ni siquiera tienen oportunidades de trabajo o educación y otras en donde esta posibilidad existe para minorías y acceder a una vacante termina siendo una cuestión de administración de privilegios, de cómo se las ingenie cada persona para hacer cumplir su derecho o cómo se lleve con el sistema penitenciario.14 Buscando revertir en alguna medida esta enorme problemática, un 87% de las cooperativas encuestadas manifestaron colaborar para la reinserción económica y social de las personas que van recuperando su libertad y un 65% informaron diversas actividades para la formación y el sostenimiento de cooperativas en contextos de encierro, así como el apoyo a personas con arresto en domicilio.
Este tipo de andamiajes se pueden entender como preventivos de la violencia institucional que las personas que salen en libertad sufrirían con mayor peso en caso de no contar con ningún dispositivo de contención y los mismos se desarrollan con diversas modalidades. Por una parte, se identifica el dictado de talleres en oficios y en cooperativismo en las unidades penitenciarias y en espacios de formación de las cooperativas, el apoyo en el armado de proyectos, provisión de materia prima y medios materiales a cooperativas en contexto carcelario y a personas con arresto domiciliario, préstamos financieros e incubación de nuevas cooperativas o precooperativas. Aquí se observa cómo las personas que atravesaron experiencias de privación de la libertad reiteran que “a la cárcel no volvemos más” y que si vuelven a la cárcel, lo hacen sólo para capacitar en cooperativismo, para fortalecer e incubar nuevas cooperativas y también señalan que “todos merecemos segundas oportunidades”.15 El relevamiento da cuenta de dispositivos de capacitación, apoyo productivo e incubación en la unidad 58 de Lomas de Zamora, en la unidad 43 de González Catán, en las unidades 23 y 31 de Florencio Varela y en la unidad 46 de mujeres, entre otras. Esta tarea la llevan a cabo sistemáticamente algunas cooperativas pioneras integradas por personas liberadas16 junto a federaciones, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la mutual de liberados mencionada anteriormente, entre otros. Los actores del sector público con quienes articulan para esta tarea son los patronatos de liberados, el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y, en algunos casos con los gobiernos locales como se da en el caso del Polo productivo de Parque Industrial Don Orione, de Almirante Brown, en donde funcionan varias cooperativas pertenecientes a una federación que recibe personas liberadas con frecuencia y las ayudan a formarse en un oficio y en el cooperativismo. Más allá de que después la persona continúe trabajando o no, las cooperativas ofrecen un primer ámbito de contención, de capacitación laboral y de revinculación con un espacio productivo.
Por otra parte, se relevó que un 70% de las cooperativas integradas por personas liberadas manifiestan realizar actividades educativas o culturales. La mayoría se orientan a fortalecer la integración barrial o comunitaria: festejos de día del niño, ferias culturales, eventos deportivos, charlas con jóvenes, cine para las infancias, sensibilizaciones sobre medio ambiente. Pero tres organizaciones radicadas en la Ciudad de Buenos Aires han diseñado propuestas culturales que buscan poner en agenda la problemática del encierro y la alternativa autogestiva, es decir que se orientan a fortalecer la concientización política cultural invitando a otras cooperativas a participar de las mismas. Uno es el caso del programa de radio “Alerta: Una cooperativa es más eficiente que un patrullero” realizado por integrantes de varias cooperativas en la radio comunitaria de una asociación mutual, otra organización (asociación y cooperativa) tienen un espacio de formación en artes, oficios y experimentación política. Una tercera cooperativa realiza periódicamente la feria el “Coope cultural” evento artístico multidisciplinario con radio abierta y debate; y ha creado una comisión de cultura como estrategia para desarrollar esta área como una posible fuente de inserción socio-laboral para sus integrantes.
5.4 Dimensión social y económica: acompañamiento a personas con arresto domiciliario
Las personas que se encuentran bajo la modalidad de arresto domiciliario padecen el vacío total de políticas de acompañamiento que les garanticen un ingreso —sumamente necesario ante la imposibilidad de trabajar por fuera del domicilio—, les faciliten atención a la salud, así como cuestiones básicas de la reproducción de la vida cotidiana. Por tal motivo, necesitan de soporte para poder sostener esta particular situación de encierro, fundamentalmente de apoyo económico por parte de sus entornos afectivos que, en muchos casos, no pueden configurarse como sostén económico al provenir de sectores empobrecidos.
En este sentido, se observa que un 65% de las cooperativas entrevistadas refirieron realizar algún tipo de acompañamiento a las personas con arresto domiciliario. Frente a las deficiencias señaladas, se ofrecen diversos recursos como: la posibilidad de incorporarse a trabajar, proporcionando en el domicilio los insumos y herramientas para la tarea asignada; la gestión del permiso para la salida laboral a la cooperativa; capacitaciones; y asistencia para el armado de proyectos. Asimismo, se identifican prácticas de cuidado y de acompañamiento en torno a la asistencia alimentaria; asesoramiento legal; cuestiones vinculadas a la salud (asistencia de una persona que se encontraba a punto de parir e incorporación en grupos terapeúticos); y tramitación de documentación.
Es importante destacar que una de las cooperativas refiere que el patronato solicita, en ocasiones, —paradójicamente— la asistencia por parte de la entidad a personas con arresto domiciliario.
En suma, se observa que no sólo se aborda desde el cooperativismo la cuestión laboral de las personas en esta modalidad de detención, también se realizan acompañamientos en diversos aspectos de acuerdo a las particulares necesidades que se presentan en este caso.
6. El rol del Estado y las políticas post penitenciarias
Los resultados del relevamiento, revisión documental y consultas a informantes clave dan cuenta, en coincidencia con el Informe Reincidencia en Argentina (CELIV, 2022) de una insuficiencia en el abordaje de la inserción socio-laboral de las 20.000 personas que salen en libertad anualmente, teniendo en cuenta sus mayores dificultades para encontrar un trabajo.
Tal como se ha ido mencionando, las únicas instituciones estatales que abordan la etapa post penitenciaria en las provincias son los Patronatos de Liberados17 y, en CABA y para los delitos federales la Dirección de Control y Asistencia de la Ejecución de la Pena (DCAEP). Esta situación es confirmada por las cooperativas encuestadas, puesto que el 65% mantienen o han mantenido vínculo con dichos organismos de manera directa o a través del Ministerio de Justicia de la Nación, mediante la Dirección de Readaptación Social; esta ha cambiado su denominación por Reinserción Social y migrado recientemente hacia el Ministerio de Seguridad a raíz del cambio de gestión, con el ascenso de Javier Milei como presidente de la Nación.
La DCAEP18 no desarrolla su rol de asistencia de manera directa sino a través del trabajo en red, con los recursos disponibles de otras dependencias estatales o de las organizaciones de la sociedad civil ya que no cuenta con recursos propios, a diferencia del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires, que tiene una serie de programas y líneas propias destinadas a las personas liberadas. Dentro de éstos, se destaca el programa “Más Trabajo Menos Reincidencia” (RESO-2020-621-GDEBA-MJYDHGP), que busca reducir la reincidencia mediante un abordaje integral que comprende “acceso a la salud, derecho a la identidad, acceso a derechos y herramientas de inclusión social, formación para el trabajo y terminalidad educativa, identificación de las necesidades productivas de cada territorio, vinculación socio afectiva y establecimiento de redes de contención en el afuera” (anexo IF-2020- 16580312-GDEBA). De lo que se ha logrado indagar, la ejecución del programa ha puesto el foco en la formación cooperativa y educación dentro de las cárceles, para lo cual se articuló con la “Mutual de Liberados, liberadas y familiares Mario Cafiero” de la que participan federaciones de liberados y organizaciones sociales. En lo que es específicamente acompañamiento para acceder al trabajo, desde dicho programa se buscó conveniar con municipios y federaciones como la Federación de Cooperativas Libres y la FUNCAT para el apoyo mediante el fortalecimiento de polos productivos.19 Adicionalmente, en el marco de esta política se creó el Programa “FormAR” (RESO-2022-1027-GDEBA-MJYDHGP), una herramienta para ser administrada directamente por el Patronato de la Provincia de Buenos Aires, que comprende la provisión de kits de recursos materiales, compuestos de maquinarias y herramientas y el acompañamiento en la gestión de recursos técnicos vinculados a procesos de formalización de grupo, gestión y comercialización, constitución de marcas e identidad de unidades productivas y/o de servicios. Al momento de cierre de este artículo no se cuenta con Informes de gestión integrales del Programa “Más trabajo menos Reincidencia” pero según el Informe de gestión 2023 del “FormAR”, en los 4 años transcurridos se presentaron 166 proyectos con gestión de recursos en el medio libre, cuya población destinataria asciende a 1388 personas.20 Sin embargo, quizá por la amplitud de la población a la que el Patronato de Liberados de la Pcia. de Buenos Aires21 (debe brindar acompañamiento a más de 40.000 tutelados y cuenta con 1000 empleados) los recursos continúan siendo insuficientes y por esto mismo se sigue solicitando a las cooperativas la inclusión de personas que salen en libertad.
Una noticia auspiciosa es la reciente creación bajo el Decreto 204/2024 el 1ero de marzo de 2024 de la Subsecretaría de Inclusión Laboral y Comunitaria de Personas en Conflicto con la Ley Penal, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de la Pcia. de Buenos Aires. Aunque los resultados de este relevamiento no llegan a capturar los alcances de la creación de esta nueva institucionalidad.
En lo que respecta a las acciones para el acceso al trabajo a nivel nacional, se identifica que funciona en la Secretaría de Trabajo de la Nación un área de políticas de empleo para personas en conflicto con la ley penal. Desde dicha área se articula con el Servicio Penitenciario Federal, la Dirección de Reinserción Social y los patronatos de liberados. Actualmente, se encuentran brindando capacitaciones en las unidades penitenciarias y en el medio libre sobre formación profesional y orientación laboral. Sin embargo, no cuentan con ningún tipo de apoyo económico y, por tal motivo, articulan con dos programas de la misma Secretaría: a) con el Fomentar Empleo que ofrece una serie de cursos para la formación profesional y permite realizar prácticas profesionales en empresas, otorgando un módico monto mensual que apenas alcanza para cubrir viáticos; y b) con Volver al Trabajo (VAT - Ex Potenciar) que al día de hoy no admite nuevos ingresos y cuyos montos se encuentran fuertemente devaluados.22
También se observa que las acciones, programas y líneas que ofrecen estas instituciones se encuentran destinadas principalmente a individuos, sin embargo, no existe ningún tipo de fortalecimiento institucional a las cooperativas de personas liberadas, es decir, a nivel sujeto colectivo. En este sentido, las cooperativas de personas liberadas y de personas en contextos de encierro acuden a los programas destinados al cooperativismo en general ya que no hay líneas específicas destinadas al sector, aunque es de destacar que el INAES ha contribuido durante la gestión que finalizó en 2023 a la visibilización de esta problemática mediante la creación de la Comisión de Asociativismo en Cárceles y Liberados y Liberadas (Resolución Inaes 3/2020), que logró reunir a los principales actores hasta ese momento activos en este tema y articular recursos del Programa Más Trabajo Menos Reincidencia. Sin embargo, si bien excede a los términos de este trabajo, cabe destacar también que el sector cooperativo y de la economía popular sufrió recortes y transformaciones,23 por lo que los programas a los que pueden acceder las cooperativas aquí estudiadas se encuentran limitados.
Por último, se ha identificado la falta de información y conocimiento en materia post penitenciaria, la carencia de datos sobre reincidencia y reiteración delictiva que dé cuenta de las causas y los factores de riesgo; la falta de atención a las trayectorias de las personas liberadas; la ausencia de datos acerca de la cantidad de personas próximas a egresar para la implementación de estrategias que aborden el momento previo a la excarcelación; y la falta de información sobre la gestión de programas post-penitenciarios efectivamente existentes.
Las cooperativas integradas en su mayor parte por personas que estuvieron privadas de la libertad como otros actores de la economía popular, tienen el desafío de insertarse en un mercado con condiciones y posiciones muy desiguales y despliegan su principal actividad en sectores de baja productividad económica, aunque en muchos casos de gran relevancia social, como es el caso de los servicios ambientales y de reciclado.
En el caso particular de esta población hay que contemplar que, una vez en el medio libre, las personas liberadas deben afrontar simultáneamente múltiples desafíos: entre ellos, la búsqueda de vivienda y trabajo, el cumplimiento de las prácticas legales y burocráticas que exigen las instituciones penales (como por ejemplo los juzgados y los patronatos), la revinculación con sus entornos afectivos y la trama comunitaria, y la atención a su salud (que comprende el tratamiento de vivencias traumáticas, producto de las experiencias de violencias institucionales sistemáticas que atraviesan).
Se ha verificado que tanto el surgimiento o incubación de estas empresas autogestionadas como su perdurabilidad en el tiempo se apoya en un conjunto de andamiajes desplegados por iniciativa de sus protagonistas, los cuales adquieren diversos grados de institucionalización. Los mismos procuran acompañar, sostener y mediar frente a dichas necesidades; se desarrollan tanto hacia dentro del colectivo de trabajo, para el bien común de sus integrantes, como para el bien general de una comunidad más amplia atravesada por la problemática de la privación de la libertad que comprende a familiares, personas con arresto domiciliario, quienes están próximos a salir en libertad y otras cooperativas en contextos de encierro. Dichos apoyos, acompañamientos y mediaciones además, contribuyen a evitar que las personas reproduzcan trayectorias delictivas, por eso se pueden entender como formas de subjetivación, o en términos de Cabrera (2017: 27) maneras de hacer es decir, aquello “que hacen los sujetos con lo que son, con lo que tienen y con lo que pueden” a partir de su identificación con quienes han vivido experiencias similares.
Por otra parte, se ha relevado que el vínculo con las agencias estatales aparece dentro de las interacciones en las encuestas en tercer lugar, y salvo excepciones como los patronatos y algunos programas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, su rol es de control, lo que acentúa la situación de precariedad desde la cual estas personas buscan revincularse al trabajo. En la mayoría de los casos las cooperativas de personas atravesadas por los contextos de encierro se constituyen como espacios que articulan, eso sí, con distintas instituciones públicas y administran sus limitados recursos, posicionándose como puente y enlace para que las personas asociadas y sus entornos afectivos puedan acceder a los mismos. Sin embargo también ocurre una situación a la inversa que resulta paradójica, según información relevada en las entrevistas, muchas de las cooperativas refieren recibir solicitudes por parte de los Patronatos de Liberados, principalmente para la incorporación de personas ex detenidas en las cooperativas o para que las asistan en diversos aspectos e intervengan en casos de arresto domiciliario; y, al mismo tiempo, informantes claves de los organismos mencionados, abocados a la etapa post penitenciaria, han confirmado que recurren a las cooperativas para que incorporen en sus talleres o áreas productivas a las personas que acompañan. Esta suerte de intermediación que hacen las cooperativas, aún sin contar con los adecuados y suficientes recursos puede ser entendida como preventiva de situaciones de violencia institucional —frente al estigma y la discriminación que se genera alrededor de las personas que pasan por centros de detención.
Poniendo en funcionamiento aquellos andamiajes es como estas cooperativas procuran la sostenibilidad desde una perspectiva multidimensional dado que ellas mismas en alianza con actores de la economía social y popular, organizaciones no gubernamentales y algunas organizaciones de derechos humanos proveen de los cuidados, formación y estrategias de reparación de derechos sociales, políticos y culturales que en teoría no deberían haber sido afectados con la privación de la libertad, pero que en los hechos forman parte de la condena efectiva24. Tal como comenta una entrevistada “al salir de la cárcel, la demanda que se da de reconstruir la identidad es en todos los niveles, familiar, social, laboral, habitacional, dado que adentro todo está ordenado pero no por una misma. Entonces construir cooperativismo es un tremendo salto, y su posibilidad depende también de las estructuras de cada sujeto.”25
Con respecto a la sostenibilidad en términos de ingresos económicos, se identificó que la mayoría de las cooperativas intentan vivir de su trabajo y de la venta de bienes y servicios que realizan en forma autónoma, pero aquí la mayor obstaculización es consecuencia de las políticas macroeconómicas. Si bien en el 2023 el Estado ha sido de los principales clientes, no se advierte la presencia de alguna política deliberada de compra estatal dirigida a este sector a nivel nacional. Desde el nivel meso de la sostenibilidad se observa que estas organizaciones se vinculan tejiendo redes de comercialización (actuando como clientes y como proveedores de otras cooperativas), aunque el nivel de operaciones económicas resulte insuficiente por los factores más arriba mencionados.
Por último, estas cooperativas y sus organizaciones intermedias asumen un rol de inclusión de personas en situación de vulnerabilidad que son precarizadas en sus derechos económicos, sociales y culturales26 antes y después de su paso por la cárcel, por lo cual se pone en juego una tarea de interés público que tiene consecuencias no sólo en las vidas de sus protagonistas sino en la prevención y en la seguridad integral del conjunto de la ciudadanía. Así, se reafirma la misión de utilidad social o colectiva propia de las cooperativas sociales y se conjugan en las mismas organizaciones el objetivo de inclusión laboral para poblaciones en situación de vulnerabilidad con el objetivo de prestar atención a los cuidados integrales de sus integrantes. Dicho de una forma más sencilla, la observación empírica de este sector ha conseguido visibilizar la imprescindible articulación y necesaria valorización del trabajo productivo y de cuidados para la reproducción ampliada de la vida.
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1 AMBA: Área Metropolitana de Buenos Aires – Argentina.
2 Según Zibechi & Michael Hardt (2013), el patrón de acumulación que prevalece en América Latina es de acumulación por desposesión, donde los países se someten voluntariamente y renuncian a sus bienes que permitirían bienestar general, a cambio de pocas ganancias en el corto plazo.
3 En el artículo de divulgación “El valor de los desencajados” publicado por Alex Roig en el sitio “Emergentes” el autor destaca la potencia rearticuladora de la economía popular haciendo referencia al encuentro con el movimiento sindical, con el movimiento cooperativo y con los movimientos feministas y los patrones ocultos.
4 La Resolución señala en su artículo 3° que las cooperativas sociales son aquellas “integradas por personas humanas con discapacidad psicosocial (salud mental), que han estado o están en un contexto de encierro y de personas con consumos problemáticos (sustancias psicoactivas) en situación de vulnerabilidad social”.
5 Según el inciso 2º no pueden ser consejeros “Los condenados con accesoria de inhabilitación de ejercer cargos públicos; los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos, delitos contra la fe pública; los condenados por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades. En todos los casos hasta diez años después de cumplida la condena.”
6 Quienes se incorporan por proximidad subjetiva son aquellas personas que apoyan este tipo de iniciativas por afinidad ideológica o política, generalmente profesionales o docentes que trabajan en los contextos de encierro y entienden que las cooperativas de trabajo constituyen dispositivos transformadores.
7 El programa Potenciar Trabajo al que accedían algunos de los integrantes fue modificado por la actual gestión de Javier Milei. Las personas destinatarias fueron trasladadas a otros dos programas denominados “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”. Un cambio sustancial que ha tenido es que dejó de estar vinculado al Salario Mínimo Vital y Móvil y se estableció un monto fijo para todo el 2024 lo que genera pérdida del poder adquisitivo.
8 La misma requiere que los Estados garanticen ciertas condiciones, como financiamiento, redes de comercialización, asesoramiento científico-técnico, formación continua de los trabajadores y normativa legal adecuada, para equilibrar el aislamiento que las cooperativas tienen en mercados dominados por empresas capitalistas con prácticas monopólicas.
9 En la primera lección del libro Hermenéutica del sujeto (1984) Foucault subraya que, si bien, en la modernidad lo fundamental es conocer al sujeto pensante, en la cultura grecorromana el conocimiento de sí se presentaba como consecuencia de la preocupación de si. Posiblemente, afirma el autor, el “conócete a ti mismo” ha oscurecido al “cuídate a ti mismo” porque nuestra moralidad rechaza el preocuparnos por nosotros/as mismos/as.
10 Expresión utilizada por integrante de la cooperativa Yo no fui en el programa de radio “Una cooperativa es más eficiente que un patrullero” en Radio FM Libre 99.3 Programa emitido el 18 de octubre de 2023.
11 Se trata de integrantes con una formación comunitaria, no profesional. Por ejemplo, en el caso de las "promotoras/referentes" de género y de salud adquieren herramientas para el acompañamiento comunitario a través de talleres, capacitaciones, transmisión de conocimiento entre compañeras y compañeros. Generalmente desde estrategias de aprendizaje de la educación popular.
12 La entidad fue conformada en el marco del programa "Más Trabajo, Menos Reincidencia" del Ministerio de Justicia y DDHH de la Provincia de Buenos Aires y la articulación de la Comisión de Asociativismo en Cárceles y Liberados/as del INAES.
13 El Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue creado por Ley 26827 en 2012.
14 Entrevistas realizadas el 5 de octubre y el 9 de octubre de 2023
15 Reiterados testimonios en el programa de radio mencionado y en las entrevistas.
16 Entre ellas se cuentan las cooperativas de trabajo: Kbrones, Hombres y Mujeres Libres, Esquina Libertad y Yo no fuí.
17 La ley de ejecución de la pena 24.660 en su artículo 172 establece que “Los egresados y liberados gozarán de protección y asistencia social, moral y material pospenitenciaria a cargo de un patronato de liberados o de una institución de asistencia pospenitenciaria con fines específicos y personería jurídica, procurando que no sufra menoscabo su dignidad, ni se ponga de manifiesto su condición. Se atenderá a su ubicación social y a su alojamiento, a la obtención de trabajo, a la provisión de vestimenta adecuada y de recursos suficientes, si no los tuviere, para solventar la crisis del egreso y de pasaje para trasladarse al lugar de la República donde fije su residencia”.
18 Interviene en la supervisión de libertad condicional, libertad asistida, pensa de ejecución condicional, suspensión a juicio de prueba, detención o pena con la modalidad de alojamiento domiciliario, ejecución de todo sistema sustitutivo de la pena que se cumpla en libertad, y excarcelación.
19 Este equipo de investigación visitó el Parque Don Orione de Alte. Brown en donde funciona una cooperativa textil, una de reciclado y producción de bolsas, una bloquera, una cooperativa de armado de ferias, entre otras impulsadas y nucleadas en la Federación Funcat.
20 Informe de gestión 2020-2023 del Programa FormAR
21 Hay que tener en cuenta que según el Informe del SNEEP 2022, la Provincia de Buenos Aires concentra 65 del total de 324 unidades penitenciarias argentinas y el 46 % de la población penitenciaria del país.
22 El Decreto 198/2024 del PEN elimina el PotenciAR Trabajo reemplazándolo por dos programas a los que migraron sus destinatarios: Volver al Trabajo, bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo y Acompañamiento Social, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ambos del Ministerio de Capital Humano. Entre otras transformaciones, se desindexa la contraprestación: de equivaler a medio salario mínimo vital y móvil se pasa a un esquema de suma fija de $78.000 desde enero de 2024, en un contexto donde la inflación acumulada en los 10 primeros meses del año es de 107% y el salario mínimo, vital y móvil para el mes de octubre es de $ 271.571,22.
23 A la eliminación y modificación del PotenciAR Trabajo anteriormente señalada se pueden agregar el fin de la gratuidad del Monotributo social para personas destinatarias del programa, la eliminación de las unidades de gestión, la degradación de la Secretaría de Economía Social del MDS a una Subsecretaría, entre otros. A su vez, se encuentra en una situación de subejecución: de los 3.815 millones de pesos presupuestados para 2024 para el programa de promoción a la Economía Social (ejecutado por la Secretaría de Economía Social del MDS y luego de la por la Subsecretaría de Innovación en Economía Solidaria del MCH), al mes de noviembre solamente se ejecutaron 114 (Fuente: Presupuesto abierto, Oficina Nacional de Presupuesto).
24 El sector de la economía social, popular y solidaria, junto a asociaciones de familiares y otras organizaciones no gubernamentales, representan el 55% de los vínculos en los que se entraman las cooperativas de personas liberadas. Diferentes actores y organismos de DDHH son mencionados en segundo lugar. Recién en tercer lugar aparecen las vinculaciones con organismos del sector público dependientes del poder ejecutivo.
25 Entrevista a presidenta de una cooperativa realizada el 9/10/23.
26 Los Derechos económicos, sociales y culturales (DESC) han sido proclamados como derechos humanos básicos e incluyen los derechos a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural, al agua y saneamiento, y al trabajo.