Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales UNGS-IDES

Consumo problemático de drogas y políticas públicas. Las experiencias en la gestión estatal de organizaciones sociales en el "retorno" del Estado en la provincia de Buenos Aires (2003-2008)

En esta tesis identificamos que, a partir del año 2003, comenzó una reforma de la política social de los modelos focalizados y compensatorios de los años noventa, los cuales fueron el medio y el resultado del doble proceso de territorialización y descentralización, para ser reemplazados por un modelo productivista, orientado a la recuperación del trabajo y, por ende, de cierta apelación a la “cultura del trabajo”. Esta reforma de la política social, en el marco de un discurso con evidentes rasgos nacionales y populares, generó un espacio estratégico organizativo que habilitó nuevas articulaciones entre organizaciones sociales de gramática movimentista y el Estado.

Nos propusimos analizar la trayectoria de las organizaciones de matriz nacional popular y su participación en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el período que va desde 2003 hasta 2008, a partir del caso de la Subsecretaría de Atención a las Adicciones, relevando las formas de institucionalización y atendiendo a la relación entre las distintas trayectorias de integración y articulación y las oportunidades estatales de intervención. En el trabajo de campo desplegado, los y las entrevistadas plantearon las modalidades de convocatoria, las formas de trabajo, las construcciones de expectativas y las posibilidades concretas de realización de una agenda que proponía fuertemente que el Estado tuviera presencia territorial y, con la mejor tradición peronista, resolviera los conflictos emanados de las consecuencias del neoliberalismo, los cuales también explicaban el consumo problemático de drogas. También nos propusimos indagar y describir las transformaciones en la gramática de la movilización y sus efectos sobre el Estado durante el período en estudio, especialmente en lo referente a las políticas sobre drogas.

Construimos una serie de capítulos en los que fuimos desarrollando diferentes aristas de la temática. Debíamos, primeramente, presentar y sistematizar los debates en torno a las drogas. Sin pretender desarrollar una historia de las drogas, nos concentramos en las lógicas que operaron en la construcción de un problema en un contexto internacional que encontró en estos temas las posibilidades de introducir lógicas de control, militarización y capitalismo (con el crecimiento de las drogas legales y elaboradas en laboratorios). Hicimos una construcción de los principales modelos de concepción e intervención sobre el consumo problemático, además de las distintas etapas presentes, no solo en la Argentina, sino también en la región, para ubicar las principales y hegemónicas concepciones y las problematizaciones que fueron surgiendo. Nos interesaron también las instituciones que fueron creándose y explicar cómo llegamos, en la actualidad, a contar con esquemas diversos de atención, de impronta estatal, privados o religiosos. Cuando pensamos este tema en los sectores populares no podemos desestimar la dimensión territorial, cuyo impacto se da en los vínculos e identidades, en los actores sociales y en qué respuestas preventivas y asistenciales se pueden construir. Justamente, por la complejidad del problema que se percibe en el territorio, en sus variadas dimensiones, se acrecienta nuestro interés por observar qué tipo de soluciones podía brindar la convocatoria a organizaciones sociales por parte del Estado años después de la explosión económica y social que significó el año 2001.

Posteriormente, nos adentramos en las respuestas estatales para el período estudiado, las cuales, sin sorprendernos, muestran el fortalecimiento de una estructura represiva y un aumento del punitivismo judicial, así como políticas de difusión que fortalecen la prohibición. Para el período que nos interesó analizar, encontramos una paradoja más que interesante: avanzando el consumo de todas las sustancias, creciendo en consecuencia una diversificación de la oferta en todos los sectores sociales, segmentados según características específicas, los niveles de violencia por la apropiación de dichos mercados también aumentaron, en concordancia con la llamada de un Estado presente, reconocedor de derechos, y la convocatoria a organizaciones sociales. Una de las respuestas que consolidaron el punitivismo fue la llamada “desfederalización” para poder “combatir” el tráfico de drogas en suelo bonaerense. Es decir que, en el mismo contexto desde el que se convocó a organizaciones y se promovieron estrategias comunitarias, por otro lado se apostó a un endurecimiento de la intervención judicial y punitivista. Según esta perspectiva, había que generar una menor disponibilidad de sustancias y un incremento de los precios. Esto implicaba dejar los epicentros de consumo y de lavado de dinero en un segundo plano, algo que no ha sucedido en ninguna parte del mundo. Nos interesa destacar esta paradoja, ya que marca el contexto en el cual se podía intervenir, siempre con el lema de la “guerra a las drogas” y fortaleciendo el punitivismo.

La accesibilidad a las políticas sociales en territorios de relegación, la preocupación compartida por la gestión política analizada, además de las organizaciones sociales, buscaron abordar el diseño y la implementación de nuevos dispositivos de prestación de políticas sociales basados en la escala barrial. Eso podría aumentar no solo el grado de eficacia en la implementación de políticas públicas, sino también su nivel de legitimidad, debido a su base relacional, comunitaria y de proximidad. Adherimos a la concepción de que el proyecto kirchnerista supo articular, en su lógica populista e institucional, un conjunto de movimientos, organizaciones, etcétera, que gravitaban por el espacio social y de allí extrajo parte de su potencia, inscribiéndose en la tradición plebeya del peronismo. Recuperamos líneas de políticas desarrolladas por la Subsecretaría de Atención a las Adicciones, en la que participaron organizaciones sociales, y de la que se desprenden espacios de coordinación para la realización de diagnósticos, como el Consejo Consultivo, políticas de financiamiento de trabajos territoriales y formación de promotores. El desarrollo y el fomento del trabajo comunitario encuentra sus límites en problemas estructurales sin resolver, así como también en la falta de presupuestos adecuados que fortalezcan la presencia del Estado en territorios relegados por fuera de las fuerzas policiales. Las organizaciones sociales, que han pasado por varias experiencias políticas, aún sostienen los principales lineamientos en torno a la temática, entre ellos rehuir a las políticas de reducción de daños y salir del prohibicionismo. El énfasis sigue siendo el trabajo en el territorio con jóvenes, construyendo proyectos de vida y fortaleciendo las instituciones comunitarias. Justamente, este consenso estricto entre diversos actores sociales, políticos y religiosos marca líneas interesantes de debates y problematización.