La política económica de Martínez de Hoz (1976-1981): estabilización, reforma estructural e impactos. Un balance actualizado a partir de la literatura heterodoxa

The Economic Policy of Martínez de Hoz (1976–1981): Stabilization, Structural Reform, and Impacts. An Updated Assessment Based on Heterodox Literature

Karina Forcinito

Instituto del Desarrollo Humano - Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina
https://orcid.org/0000-0002-9296-7336
kforcini@campus.ungs.edu.ar

Ignacio Andrés Rossi

Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires,
Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina
https://orcid.org/0000-0003-3870-1630
ignacio.a.rossi@outlook.com

Fecha de recepción: 20/02/2026
Fecha de aceptación: 08/04/2026

Resumen

Investigaciones especializadas en el campo de la economía política, así como otras vinculadas a otras ciencias sociales, abordaron la naturaleza disruptiva de la última dictadura cívico-militar, y particularmente, del Plan Martínez de Hoz (1976-1981) sobre la estructura y dinámica de la economía argentina. A medio siglo del golpe de Estado de 1976, el presente artículo proporciona, en un primer momento, un estado de la cuestión que jerarquiza las principales contribuciones filiadas al pensamiento económico heterodoxo hasta la actualidad. Y luego, en un segundo momento, caracteriza y analiza la política económica de Martínez de Hoz; sus componentes, tanto los asociados al programa de estabilización como a la reforma estructural, y algunos de sus principales impactos en la economía del país. Para ello, se proporciona evidencia empírica pertinente que incluye: información y datos de las estadísticas oficiales, de la prensa económica y provenientes de estudios actualizados. Se postula, en primer lugar, que el Plan Martínez de Hoz tuvo como condición de posibilidad la institucionalización clandestina de un plan represivo en gran escala, orientado al disciplinamiento social mediante el terror. Que dicho plan resultó exitoso en promover la atrofia del proceso de industrialización y la instauración de un nuevo patrón de acumulación inspirado en el ideario neoliberal, en segundo lugar. Y que, en tercer lugar, este nuevo patrón –indisociable de las transformaciones acaecidas en el funcionamiento del capitalismo mundial– produjo una reestructuración regresiva de la economía doméstica que logró arraigarse hasta nuestros días y se caracteriza por generar niveles crecientes de concentración económica, exclusión social y destrucción ambiental como tendencias predominantes en el largo plazo.

Palabras clave: Política económica de Martínez de Hoz, Reformas Estructurales, Deuda Externa, Neoliberalismo.

Abstract

Specialized research in the field of political economy, as well as research linked to other social sciences, has addressed the disruptive nature of the last civic-military dictatorship, and particularly the Martínez de Hoz Plan (1976-1981), on the structure and dynamics of the Argentine economy. Half a century after the 1976 coup, this article first provides an overview of the research, prioritizing the main contributions to heterodox economic thought up to the present day. Then, it characterizes and analyzes Martínez de Hoz’s economic policies; their components, both those associated with the stabilization program and those related to structural reform; and some of their main impacts on the country’s economy. To this end, relevant empirical evidence is provided, including information and data from official statistics, the economic press, and updated studies. First, it is argued that the Martínez de Hoz Plan was made possible by the clandestine institutionalization of a large-scale repressive plan aimed at social control through terror. Second, this plan succeeded in stifling the industrialization process and establishing a new accumulation pattern inspired by neoliberal ideology. Third, this new pattern –inseparable from the transformations in the functioning of global capitalism– produced a regressive restructuring of the domestic economy that has taken root to this day and is characterized by increasing levels of economic concentration, social exclusion, and environmental destruction as predominant long-term trends.

Keywords: Martínez de Hoz Plan, Structural Reforms, External Debt, Neoliberalism.

1. Aportes a la construcción de un estado de la cuestión centrado en las perspectivas heterodoxas de la economía política

Investigaciones especializadas en economía política, y también provenientes de otras ciencias sociales y humanas, abordaron la naturaleza disruptiva de la última dictadura cívico-militar (1976-1983), y particularmente, del Plan del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz (1976-1981) en la estructura y dinámica de la economía argentina. A medio siglo del golpe de Estado del 76’, el presente artículo se propone contribuir, en primer término, a la construcción de un estado de la cuestión respecto del Plan y sus impactos, centrado en las perspectivas heterodoxas de la economía.1 En segundo lugar, realizar un balance heterodoxo de los principales momentos y componentes de dicho Plan, así como de algunas de sus principales consecuencias sobre la base de la literatura especializada pionera y reciente, las estadísticas oficiales y la información proveniente de la prensa económica.

Los primeros estudios económicos heterodoxos que analizaron la política económica de la última dictadura, coincidieron en destacar que no se trató de un ajuste ortodoxo tradicional sino que la estrategia de Martínez de Hoz logró impulsar y arraigar un cambio estructural sustantivo que modificó la dinámica de la economía argentina en el largo plazo. Específicamente, sostuvieron la hipótesis de que los cambios institucionales y del sistema de incentivos económicos involucrados, tanto en la fijación de los precios relativos fundamentales como en la implementación de los procesos de apertura al resto del mundo y la desregulación pro-mercado, imprimieron una nueva lógica de acumulación a la economía en el marco de la cual la financierización y transnacionalización asumieron una creciente importancia (Canitrot, 1980; Ferrer, 1979). Asimismo, a mediados de los años ochenta, influyentes artículos y libros hipotetizaron, documentaron y aportaron evidencias significativas acerca del fuerte contenido disciplinador del plan hacia las clases subalternas, y, particularmente, hacia el movimiento obrero, así como del papel diferencial que desempeñaron las distintas fracciones de capital en dicha coyuntura. Tras el desplazamiento de la centralidad de las actividades industriales hacia las financieras y en virtud del nuevo esquema de incentivos macroeconómicos y de los diferenciales de apropiación del excedente económico derivados de la asignación de prebendas y privilegios recibidos por el capital privado a través de la política económica, dichos estudios aportaron evidencias que respaldaron la existencia y continuidad de diversos cambios significativos en el funcionamiento macroeconómico vigente hasta entonces y también en la composición y el comportamiento de la cúpula empresarial del país. Entre dichas transformaciones se destacan la dolarización de la economía, que pasó a operar de manera bimonetaria; el mayor grado de transnacionalización de la economía derivado de la apertura comercial y financiera automática y unilateral al resto del mundo, la liberalización de la tasa de interés –previamente regulada–, la tendencia al déficit externo y fiscal crónicos derivados del fuerte endeudamiento externo público y privado y la insuficiencia de la formación de capital que sustenta el crecimiento económico (Schvartzer, 1986; Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1986). Esta última insuficiencia afectó a la economía, en general, y a la industria de bienes finales, intermedios y de capital, en particular, con excepciones vinculadas al conjunto de privilegios que los mecanismos de promoción industrial y regional les proporcionaron a un conjunto acotado de grupos empresariales de actuación nacional (Azpiazu y Basualdo, 1989).

En relación con el conjunto de incentivos y medidas que afectaron diferencialmente a las diversas fracciones y sectores del capital de actuación doméstica, la literatura pionera develó el novedoso papel desempeñado por el endeudamiento externo, que operó como condición de posibilidad del predominio de los procesos de valorización financiera y formación de activos externos a partir de entonces. Dichos procesos actuaron como parte de una misma lógica que inhibió, a partir de entonces, la utilización de los fondos externos –aunque también el ahorro interno– para expandir las capacidades productivas nacionales, tal como había ocurrido durante el proceso de industrialización por sustitución de importaciones (Azpiazu y Basualdo, 1989; Azpiazu y Nochteff, 1989). Este proceso, a su vez, hizo posible un cambio estructural en la composición del poder económico en el país, que pasó a estar liderado por una fracción del capital concentrado interno que creció y se fortaleció al amparo de las políticas económicas de la dictadura y logró consolidarse con las experiencias de los gobiernos democráticos que se inician en 1983. A partir de la instauración de la democracia, dicha fracción entraría en disputa, asimismo, por los fondos fiscales con los acreedores externos poseedores de los títulos de la deuda externa (Azpiazu y Nochteff, 1994)2. Así, parte de la evidencia demuestra que el mayor peso del endeudamiento externo canalizado hacia la valorización financiera y, posteriormente, hacia la formación de activos externos, impactó negativamente en el sector externo deteriorando el proceso de acumulación y la generación de capacidades productivas de punta. Dado que el comportamiento especulativo se volvería un componente crónico en la economía, impactaría de modo altamente regresivo en términos sociales, involucrando pérdidas en la participación de las/os asalariadas/os en el ingreso e incrementando los niveles de pobreza y desigualdad social (Canitrot 1980; Schvarzer, 1986; Frenkel, Fanelli y Sommer, 1988; Sabato, 1991; Torrado, 1992).3

Estos primeros análisis se profundizaron posteriormente a través de numerosas investigaciones, tesis, artículos y libros focalizados en la comprensión crítica de las regularidades del nuevo “modelo/patrón de acumulación con eje en la financierización” y sus principales impactos sobre la economía y la sociedad (Schvarzer, 1986, Müller, 2001, Beccaria, Altimir y González Rozada, 2002; Rapoport y colaboradores, 2003; Basualdo, 2006; Aronskind, 2008; Azpiazu y Schorr, 2010; Schorr, 2021, Brenta, 2019; entre otras y otros autores). A su vez, estas contribuciones permitieron confirmar la hipótesis de que el Plan Martínez de Hoz constituyó la ingeniería económica fundamental mediante la cual una fracción de la clase dominante doméstica –con apoyo de una parte del poder militar que se vio representada a través del liderazgo de Rafael Videla (Zícari, 2025)– quebró la lógica del proceso de industrialización e instauró las bases de una nueva dinámica. Esta última, perpetúa la concentración del capital y los efectos sociales y ambientales regresivos agravando la subordinación de la economía nacional a los intereses de las economías centrales (Forcinito y Pedreira Campos 2023).4

Cabe agregar que tanto las investigaciones pioneras como las más recientes dentro de las aproximaciones económicas heterodoxas, destacan que el componente disruptivo del Plan Martínez de Hoz5 resulta indisociable de las transformaciones mundiales que afectaron la estructura y dinámica de capitalismo a mediados de los años setenta y que hicieron factible los cambios estructurales de larga duración a nivel nacional (Zack y Pryluka 2022). Asimismo, también consideran que la institucionalización clandestina del plan represivo en gran escala instrumentado por las Fuerzas Armadas, operó como condición de posibilidad del Plan económico de Martínez de Hoz.6 Desde la Sociología y la Ciencia Política, por su parte, se desarrollaron abordajes complementarios a los filiados a la Economía Política. Abordajes que interpretaron a la política económica bajo análisis como parte de la praxis de un bloque dominante de poder que operó no solo en relación con la economía y la estatalidad, sino también en el campo intelectual a partir del reposicionamiento ideológico en favor de las ideas liberales y conservadoras devenidas en neoliberales que fueron permeando progresivamente en la sociedad a través de los medios de comunicación (Beltrán 2005; Morresi 2011; Heredia 2015 y Vicente 2015; Blaum y Román, 2020, Cuesta y Trupkin 2022).

Si bien no constituyen objeto de análisis del presente artículo, resulta pertinente mencionar que los primeros estudios económicos ortodoxos del plan centraron la atención en los impactos diferenciales de cada una de las principales reformas estructurales que lo conformaron. Y que a diferencia de los enfoques heterodoxos, evaluaron positivamente al conjunto de iniciativas destinadas a revertir lo que consideraban una elevada intervención del Estado en la economía a favor de la iniciativa privada. También evaluaron positivamente la eliminación de las regulaciones que limitaban o distorsionaban –desde sus perspectivas teóricas ortodoxas– los equilibrios macroeconómicos. Un caso pionero, en este sentido, fue el abordaje contemporáneo de la reforma financiera de 1977,7 a la cual se sumaron recientes aportes de carácter heterodoxos que dan cuenta de cómo la desregulación de la cuenta de capital del balance de pagos, la liberalización de las tasas de interés, la reducción de periodos mínimos de permanencia de capitales y la facilidad para la creación de bancos y entidades, imprimieron una alta vulnerabilidad al sistema financiero (Lajer Baron, 2018; Zícari 2025). En relación con la reforma comercial, por caso, también se realizaron una serie de estudios ortodoxos que cuestionaban la gradualidad de la estrategia de apertura ante los intereses proteccionistas (Rodríguez, 1981; Fernández, Mondolfo y Rodríguez, 1985; Schenone, 1987), mientras se desestimó el aumento de las exportaciones industriales en un contexto de favorables condiciones externas que existía con anterioridad a la crisis de los años setenta (CEPAL, 1983).8 Por el lado de la heterodoxia, estudios más recientes confirmaron los impactos limitados de la apertura en los grandes sectores económicos concentrados como la producción de acero, celulosa, petróleo y químicos, debido a que mantuvieron un alto grado de protección preferencial, y destacaron el efecto gravoso en pequeñas y medianas industrias (Azpiazu y Schorr, 2010; Sanz Cerbino y Sartelli, 2018).9

En suma, recuperando parte de la vasta literatura heterodoxa crítica previamente mencionada, el artículo presenta a continuación una caracterización y análisis de la intervención del Estado en la economía a partir del Plan Martínez de Hoz, sus principales componentes e interacciones, así como algunos de sus impactos en el corto y largo plazo. Si bien el artículo se nutre de las interpretaciones críticas reseñadas sobre el periodo, aporta evidencia empírica adicional que contribuye a proporcionarle mayores niveles de confirmación a las hipótesis involucradas. Se postula, asimismo, que el Plan Martínez de Hoz constituye un momento de clivaje en la historia del capitalismo en la Argentina y que su comprensión resulta imprescindible para abordar los problemas económicos del presente.

En lo que sigue, el artículo se encuentra organizado en tres apartados. En el primero, se analizan las medidas macroeconómicas fundamentales del programa de ajuste de corto plazo y la reforma financiera que tienen lugar entre 1976 y 1977. En el segundo, se aborda la política económica a partir de 1978 y las reformas estructurales con particular atención en apertura comercial y a algunos de los primeros impactos hasta 1981. Por último, en un tercer apartado, el eje de análisis se centra en la distribución de las cargas y los beneficios del programa de política económica, se jerarquiza el rol del capital concentrado de actuación interna y los acreedores externos, se revisan algunas de sus fuentes de poder y se relevan algunos de los principales impactos socioeconómicos regresivos evidenciados en el periodo.

2. La lógica de la política económica: del plan de ajuste a la reforma financiera

En la Argentina, la expansión y el creciente predominio del capital financiero a escala internacional producidos a partir de la crisis económica mundial de los primeros años setenta, se articuló con el proyecto refundacional, políticamente represivo y socio-económicamente regresivo de la dictadura militar autodenominado “Proceso de reorganización nacional”. Como fue aludido en las referencias a las investigaciones heterodoxas, la dictadura tuvo un definido perfil neoliberal que involucró un fuerte quiebre en relación con la estrategia económica previa asociada a la industrialización por sustitución de importaciones, dando lugar a la construcción de una nueva trama corporativa empresarial que resultó beneficiaria de dicho proceso. El proceso de radicalización política previo, por su parte, actuó como un elemento central de las condiciones que incentivaron a un bloque relativamente homogéneo de poder cívico-militar para emprender el golpe (Águila, 2023; Lvovich y Patto Sá Motta, 2023). Dicho bloque, políticamente liderado por un sector de las Fuerzas Armadas, contó en materia económica con la dirección de intelectuales orgánicos ligados al gran empresariado de actuación doméstica.

Así, como se observa en el cuadro 1, intelectuales y expertos vinculados al poder económico nacional participaron de la gestión económica de la dictadura. En este sentido, se destaca el accionar de Martínez de Hoz, quien fuera hasta entonces el presidente del Consejo Empresario Argentino –entidad multisectorial que aglutinaba a grandes empresarios desde 1967–; miembro de una familia de poderosos estancieros pampeanos –fundadores y dirigentes de la Sociedad Rural Argentina– y presidente y miembro jerárquico de varias grandes empresas industriales y financieras argentinas. No menos importante fue el caso de Adolfo Diz, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) entre 1976 y 1981 que, aunque no estuvo vinculado directamente a grupos económicos locales directamente, sí fue un pionero de las ideas monetaristas de la Escuela de Chicago que aplicó con énfasis durante su gestión (Canitrot, 1980; Pucciarelli, 2004; Zícari, 2025).10

Cuadro 1: Funcionarios de la dictadura argentina provenientes del sector empresarial, 1976-1981

Nombre y apellido

Cargo público

Grupo económico de pertenencia

(abreviatura)

J. Martínez de Hoz

Ministro de Economía

Acindar, Roberts y Bracht

P. Terán Nougués

Vicepresidente del Banco Central

Garovaglio y Zorraquín

A. de Achával

Director del Banco Nación

Garovaglio y Zorraquín

F. Soldati

Director del Banco Central

Soldati

E. Oxenford

Director de YPF

Roberts

J. Gamboa

Vicepresidente del Banade

Roberts

M. Braun Lasala

Subsecretario de Cuestiones Institucionales

Braun Menéndez

G. Meoli

Administrador de Gas del Estado

Astra

A. Plunkett

Gerente general de Gas del Estado

Astra

F. Puca Prota

Secretario de Minería

National Lead

J. Nicholson

Subsecretario de Programación

Ledesma

R. Podestá

Subsecretario de Promoción Industrial

Firpo

E. Ianetta

Presidente del Banade

Banco Federal Argentino

G. Klein

Secretario de Programación Económica

Shaw y Renault

D. Brunella

Secretario de Energía

Renault y Ericsson

C. Etcheverrigaray

Vicepresidente del Banco Nación

Camea

Fuente: Schorr (2013) en base a Guía de Sociedades Anónimas (varios números) y Castellani (2009).

En materia económica, la estrategia se sostuvo en torno a la reestructuración regresiva de la economía impulsada a partir de tres momentos principales de intervención en materia de política pública. Un primer momento de carácter redistribucionista que se implementó mediante un plan de estabilización ortodoxo entre 1976 y 1977. Un segundo entre 1978 y 1981, más radical, en el cual la regulación macroeconómica preexistente, propia de una economía periférica en proceso de industrialización, se redefinió a partir de la implementación de un conjunto de reformas neoliberales. Estas medidas, conjuntamente consideradas, configuraron un cambio profundo en los imperativos e incentivos económicos que resultaron decisivos para promover el cambio estructural de la economía en un sentido regresivo. Finalmente, es posible reconocer un tercer momento en la política económica de la dictadura que tuvo lugar entre 1981 y 1983, cuando los crecientes desequilibrios producidos por las inconsistencias macroeconómicas impulsadas mediante el Plan de Martínez de Hoz se manifestaron en una profunda crisis que obligó a las Fuerzas Armadas a generar recambios en la conducción de la cartera económica y política, con el fin de reponer en algún grado la credibilidad negativamente afectada por la magnitud de los daños.

La política económica impulsada por Martínez de Hoz tuvo como objetivo explícito el control de la inflación, cuyas causas se vincularon de manera convencional al déficit fiscal y a la puja distributiva. El primer momento, 1976-1977, incluyó una devaluación de la moneda superior al 80 % y la reducción a la mitad del nivel previo de las retenciones a las exportaciones agropecuarias con el fin de favorecer a los sectores exportadores. También se redujeron los reintegros a las exportaciones industriales y los aranceles a las importaciones, conllevando una merma en la protección de la industria nacional de 40 puntos en promedio. Sin embargo, como señaló parte de la literatura, la política arancelaria fue heterogénea sectorialmente, siendo el atraso del tipo de cambio el factor más regresivo para el conjunto de las actividades manufactureras, especialmente para las de menor tamaño (Müller, 2001; Peralta Ramos, 2007 y Sanz Cerbino y Sartelli, 2016). El giro a la ortodoxia fue acompañado por créditos externos provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la banca privada. Asimismo, la cartera económica impulsó la liberalización de los precios, el aumento de las tarifas de los servicios públicos y de la presión tributaria y, asimétricamente, el congelamiento temporario de los salarios y de las jubilaciones en un contexto inflacionario, de represión laboral y de supresión de los derechos de las/os trabajadoras/es, incluidas las negociaciones paritarias.

La forma de resolución que tendría el conflicto económico y social en Argentina repitió, más allá de sus especificidades, un modelo difundido a lo largo del Cono Sur y en toda América Latina para el período: el disciplinamiento de las clases populares, en general, y de los trabajadores, en particular, a través del terrorismo de Estado impuesto por dictaduras cívico-militares (Ansaldi, 2004). Las atroces violaciones a los derechos humanos, llevadas a cabo mediante una estructura represiva burocratizada, controlada y articulada por el Estado en 610 centros clandestinos de detención –que llegaron a incluir la responsabilidad empresarial en diversos casos–11 dejaron el saldo de numerosos crímenes cuya impunidad persiste hasta nuestros días por el carácter inconcluso del proceso judicial.

Estas medidas condujeron a una fuerte caída del salario real, de la participación de los asalariados en el ingreso y al consecuente incremento de la tasa de ganancia de la clase capitalista. Los asalariados perdieron el equivalente a 14 y 16 puntos porcentuales del PBI durante 1976, según las estimaciones mínimas y las máximas existentes, respectivamente, y el equivalente a 1 y 1.15 puntos en 1977. Ello resultó particularmente grave en el contexto de ausencia de crecimiento y elevadísima inflación del primer año de gobierno y, más excepcional aún, de la elevada tasa de crecimiento con persistencia de alta inflación –aunque en disminución– durante el segundo año, tal como se evidencia en los gráficos 1 y 2.

Gráfico 1. Evolución del PIB y del PIB per cápita, 1976-1983

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del INDEC y CEPAL.

Gráfico 2. Evolución de la tasa de inflación (tasa de variación del IPC), 1975-1983.

Fuente: Forcinito y Pedreira Campos (2023) sobre la base de información del INDEC y de CEPAL.

La caída en el salario real medio de la economía, la variable más afectada durante esta primera etapa, alcanzó un 33 % (gráfico 3) y la participación de los asalariados en el producto cayó de un 40 % a un 24 %, según las estimaciones mínimas de dicho indicador, y de un 45 % a un 27 % según las estimaciones máximas existentes para el período que va desde 1975 hasta 1977 (Forcinito y Pedreira Campos, 2023). Por su parte, si se consideran el resto de los años, la participación de los asalariados en el producto quedó muy por debajo de sus mayores niveles en el punto de partida, en alrededor del 30 % en 1983. En el mismo periodo, creció la tasa de pobreza en los hogares que pasó del alrededor del 5 % al 20 %, y la distribución del ingreso en las capas más altas creció mientras se estancó en las capas medias y cayó en las bajas (Altimir, Beccaria y Rosada, 2002; Zícari, 2025).La evolución de la participación de los asalariados en el producto en el largo plazo permite visualizar que la dictadura inaugura un largo período de tendencia decreciente en la que los guarismos asociados a la etapa de predominio de la industrialización no volvieron a recuperarse hasta la actualidad.

Gráfico 3. Evolución del salario real promedio, 1975=100 (1975-1983).

Fuente: Forcinito y Pedreira Campos (2023) sobre la base de información del INDEC.

En materia de incentivos a la formación de capital, se establecieron nuevas reglas de juego que favorecían a la inversión extranjera directa y que involucraron una desregulación generalizada del accionar del capital extranjero, previamente regulado y orientado a actividades específicas, así como igualdad de derechos con el capital nacional, que se encontraba en clara y evidente desventaja. También se otorgó a las casas matrices de las empresas transnacionales la garantía legal de que la operatoria de sus sucursales en el país sería considerada como proveniente de entes independientes, y se incluyó a las empresas de capital extranjero como potenciales beneficiarios de los incentivos asociados a la promoción industrial financiados mediante fondos públicos –originariamente pensados para la promoción de la industria naciente de procedencia nacional–. Las medidas tendían a transformar la estructura de precios relativos de la economía, cargando el peso del plan de ajuste sobre los asalariados y jubilados, en un intento por reducir el déficit fiscal e incentivar el ingreso de mercancías y capitales del exterior (Schorr, 2013).

A mediados de 1977 y ante la persistencia de los elevados niveles de inflación, la cartera económica inició el segundo momento de la política económica con una radical reforma financiera que ubicaría al sector financiero privado en una posición central en lo atinente a la asignación de recursos de la economía, desdibujando la presencia estatal que había sido fundamental en la etapa de la industrialización. Simultáneamente, la reforma promovió la integración del circuito financiero doméstico al internacional mediante la reducción o eliminación de las restricciones para la entrada y salida de capitales externos (incluyendo las transferencias al exterior); la promoción del endeudamiento externo por parte del Estado, las empresas y los bancos argentinos, y la flexibilización paralela del mercado cambiario a través de menores controles sobre las operaciones en divisas, la expansión de los depósitos y los préstamos en dólares, impulsando de ese modo la dolarización financiera del sistema. También promovió la radicación de bancos internacionales en el país y del financiamiento interbancario global. Ello integró la economía local al mercado internacional de créditos, dolarizó el sistema financiero local e incrementó su dependencia del crédito internacional. El BCRA entonces perdió control sobre la creación y asignación del crédito en pesos y en dólares, es decir la creación secundaria de dinero y la administración de las divisas en la economía, y sobre la fijación directa de la tasa de interés, sacrificando importantes grados de libertad en la determinación de la política monetaria. Sin embargo y este contexto de pérdida de soberanía financiera, pasó a actuar como garante del sistema en un contexto radicalmente más complejo, volátil y riesgoso que el previo.

Más específicamente, el nuevo “Régimen de Entidades Financieras” impulsó la liberalización del mercado interno y la apertura al externo mediante dos conjuntos de medidas “desregulatorias” principales. Las primeras fueron la creación de un sistema de reservas fraccionarias descentralizado –que reemplazó la centralización de los depósitos previamente existente con encajes del 100 %– y la liberalización de la tasa de interés, que pasó de ser negativa a fuertemente positiva en términos reales tal como evidencia el gráfico 4 –alimentada por una política monetaria altamente restrictiva– y que se mantuvo muy por encima de la internacional en un contexto de liquidez mundial.

Gráfico 4. Evolución de la tasa de interés promedio de plazos fijos y el IPC, 1976=100 (enero de 1976-septiembre de 1983).

Fuente: Rossi (2025) sobre la base de Memorias del BCRA

La administración pública del sistema de encajes fraccionarios derivó, mediante la creación de la Cuenta de Regulación Monetaria (CRM, en adelante) que remuneraba los encajes obligatorios, en un nivel de subsidios al sector financiero que alcanzaron al 5 % del PBI entre junio de 1977 y mayo de 1982. Este sistema, que inmovilizaba una parte importante de los depósitos bajo la forma de encajes, involucraba elevados costos financieros que encarecían el crédito interno e incentivaban el endeudamiento externo. Con el fin de minimizar este efecto, el gobierno creó un impuesto sobre la masa prestable de dinero que en teoría reduciría el costo de la intermediación y disminuiría el déficit cuasi-fiscal, pero el saldo de la cuenta se volvió fuertemente deficitario y repercutió negativamente en términos macroeconómicos. La conducción del BCRA entendía que la CRM arrojaría un déficit inicial, que luego desaparecería a medida crecieran los depósitos y que el crédito fluyera a las actividades productivas rentables (BCRA, 1977, pp. 27-33), algo que en los hechos no sucedió.

El segundo conjunto de medidas de la reforma financiera fue la flexibilización de los requisitos de radicación y creación de entidades, que dio lugar a la instauración de 1.197 sucursales financieras entre 1978 y 1979; y la institucionalización de la garantía oficial del BCRA a los depósitos, que habilitó comportamientos empresariales irresponsables en virtud de la posibilidad de transferir parte del riesgo empresarial privado al fisco (Rapoport y Colaboradores, 2003).

En suma, con la reforma financiera el BCRA pasó de administrar la liquidez en un sistema públicamente regulado, cerrado y centralizado con bajas tasas de interés en términos reales; a sostener y absorber los costos de la administración de un sistema descentralizado basado en las decisiones privadas de las firmas, liberalizado y abierto al movimiento internacional de capitales y con elevadas tasas reales. El sistema financiero reformado se fue sobredimensionando a la par de la expansión del endeudamiento y la especulación financiera. Asimismo, la propia reforma habilitó el comportamiento oportunista de las firmas en la medida en que el BCRA asumió los costos de la estabilización del sistema en un contexto de elevados riesgos y creciente volatilidad macroeconómica generada por las condiciones internacionales imperantes desde mediados de los años setenta y agravadas por las propias medidas de política económica12.

3. De la reforma comercial a la consolidación de la lógica económica especulativa

En 1978, la cartera económica sumó un nuevo conjunto de innovaciones asociadas al enfoque monetario del balance de pagos como parte de la política antiinflacionaria.13 Se trató de la adopción de un esquema monetario-cambiario (conocido popularmente como “tablita”) que permitía conocer por anticipado el nivel que asumirían las minidevaluaciones cambiarias programadas cuya tasa de indexación era decreciente en el tiempo, hasta establecer un tipo de cambio fijo a principios de 1981. Se trataba de un sistema cambiario de flotación sucia que convergía a uno de tipo de cambio fijo mediante un proceso en el que anticipaba las cotizaciones, como modo de estabilizar las expectativas, y que requería complementarse con la apertura comercial y financiera externa como modo de hacer converger forzosamente los precios domésticos con los internacionales, incluyendo la tasa de interés (Rapoport y Colaboradores, 2003).

La apertura comercial avanzó de modo asimétrico planteando, con el llamado Programa de Reforma Arancelaria, una reducción escalonada, que produjo una fuerte reducción de los aranceles promedio a las importaciones desde un 29 % en un principio hasta un 15 % en 1984. Si bien la estrategia era gradual en un principio, la persistencia de la inflación hacia fines de 1979, impulsó a la gestión económica a aplicarla de modo abrupto. El esquema anti-inflacionario funcionó en relación con los precios de los bienes transables más no en relación con los no transables, que no se vieron afectados por la competencia internacional y experimentaron un fuerte incremento que condujo a la revaluación del peso en términos reales y, por lo tanto, hizo más aguda la pérdida de competitividad de la producción doméstica, especialmente la industrial (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1986, Azpiazu y Schorr, 2010). El PBI industrial cayó un 9 % en términos reales entre 1976 y 1983, con una fuerte incidencia de las ramas Madera y Muebles; Textiles, confecciones y cueros y Maquinarias y equipo (Rapoport y Colaboradores, 2003). Como puede verse en el gráfico 5, aunque prácticamente todos los sectores cayeron durante la gestión de Martínez de Hoz entre 1976 y 1981 –con excepción del sector financiero–, la industria, la construcción y el comercio, actividades ligadas al mercado interno, sufrieron los peores impactos quedando por debajo del total del producto hacia el final del periodo.

Gráfico 5. Evolución del PIB por sectores a precios constantes de 1970, 1976-1983 (variación porcentual anual)

Fuente: Rossi (2025) sobre la base de información consultada en (BCRA, 1977 y 1983).

La ocupación industrial, así, se redujo en una tercera parte, involucrando la destrucción de más de 400 mil puestos de trabajo, y el componente importado pasó del 21 % al 44 % entre 1976 y 1982 (Azpiazu y Schorr, 2010; Vitelli, 1999; Belini y Korol, 2020).

El carácter fuertemente positivo en términos reales de la tasa de interés interna, alimentado por el riesgo cambiario que crecía a medida que se profundizaba el retraso, contribuía a alimentar el proceso inflacionario y desalentaba, por sí mismo, la actividad productiva (Schvarzer, 1986). Además, en un contexto de libre compra-venta de dólares y de anticipación del valor de la divisa, el elevado rendimiento de las colocaciones financieras se convirtió en un fuerte incentivo al endeudamiento externo, a la valorización financiera doméstica y la fuga posterior de capitales. El encadenamiento secuencial de estos procesos de carácter rentístico y especulativo resultaba la opción económicamente más racional para todos aquellos agentes que estaban en condiciones patrimoniales de hacerlo y era alentado tanto por el elevado diferencial existente entre las tasas de interés interna y la internacional como por el carácter parcialmente trasladable del riesgo devaluatorio al Estado en virtud de la garantía a los depósitos privados instaurada por el Banco Central (BCRA, 1976, p. 16). Estos elementos promovieron un comportamiento oportunista por parte de las entidades financieras y el endeudamiento externo se quintuplicó en el período, pasando de 8.085 millones de dólares, equivalentes a un 34 % del PBI en 1975, a 45.087 millones de dólares, equivalentes a un 72 % del PBI en 1983, tal como se evidencia en el gráfico 6. Esta situación, a su vez, agravó el saldo de los servicios financieros provocando un déficit de más de 5.000 millones de dólares anuales en 1983 (BCRA, 1983, p. 115).

Gráfico 6. Deuda externa total argentina, pública y privada, 1975-1983 (en millones de dólares)

Fuente: Forcinito y Pedreira Campos (2023) sobre la base de BCRA y CALCAGNO y CALCAGNO (1999).

También aumentó en gran medida el peso del endeudamiento sobre las exportaciones, que pasó de 2,7 veces a 5,9 veces (CIFRA, 2010). La fuga de capitales o formación de activos externos asumió niveles equivalentes y correlacionados positivamente con dicho endeudamiento en el período (Basualdo, 2006; Rapoport y Colaboradores, 2003). El sector público, en la medida en que absorbió parte significativa del endeudamiento privado, mediante los seguros de cambio, fue teniendo un creciente peso en el endeudamiento que pasó del 56 % del endeudamiento total en 1981 al 70 % en 1983 hasta alcanzar el 92 % durante la década del ochenta dado que dichos seguros continuaron implementándose con posterioridad a la dictadura (CIFRA, 2010).

Además de los efectos en la economía real, las políticas que incentivaron la especulación produjeron escándalos financieros de fusiones de cooperativas en bancos y de operatoria irregular de entidades en perjuicio de los ahorristas y el erario público desde 1978. Primero, se intervino la financiera no autorizada Sajonia S.A. por operar irregularmente con un monto de 10 millones de dólares. Luego, se conocieron los casos de la Cooperativa Sáenz y General Belgrano que, en un intento por fusionarse como banco cometieron maniobras fraudulentas como cesión de crédito a socios fallecidos para aumentar el volumen de las operaciones requeridas. El fraude se contabilizó en 100 millones de dólares y perjudicó a unos 20.000 ahorristas. Poco después trascendieron los casos del Banco Cooperativo Agrario, el Banco de Hurlingham, el Banco de Río Negro, el de Neuquén y la cooperativa Notarial de Rosario, que operaban irregularmente con el efectivo mínimo obligatorio y, a la vez, percibían las compensaciones del BCRA. El perjuicio, en cada caso, involucró entre 10 y 15 millones de dólares.14 La excesiva expansión del sector financiero en el producto, que pasó de niveles cercanos del 9 % del PIB al 17 % en este periodo, derivó en una importante vulnerabilidad de la economía nacional cuando sucediera la crisis bancaria de 1980.15 En ese entonces, la quiebra del Banco Interamericano de Desarrollo (BIR), uno de los mayores del sistema financiero y que con las quiebras posteriores de los bancos Los Andes, Internacional y Oddone, que representaban más del ١١ ٪ de los depósitos bancarios,16 espiralizó una crisis que hizo evidente el problema de los “bancos agrandados” por la excesiva especulación que, paradójica y cínicamente, reconoció con posterioridad Martínez de Hoz (Martínez de Hoz, 1991, pp. 157-159).17

4. Los beneficiarios del programa económico y financiero de la dictadura

El programa económico de la dictadura tuvo escasos pero grandes beneficiarios que internalizaron múltiples ganancias, rentas y transferencias en detrimento de la situación económica del erario público y de la mayoría de la población. Se trató, principalmente, de empresas conglomeradas, integradas y diversificadas de origen nacional y extranjero que tuvieron una mayor capacidad de endeudarse en dólares, valorizar financieramente dichos fondos convertidos a pesos y retirarlos luego de dolarizarlos del circuito financiero doméstico (Azpiazu y Basualdo, 1989; Basualdo, 2006). También, en virtud de su morfología multi-implantada en diversos sectores, que involucraban 6 o más mercados de actuación incluyendo en muchos casos la actividad financiera, pudieron minimizar riesgos y captar la multiplicidad de rentas, intereses, subsidios y transferencias provenientes de las diferentes iniciativas de política pública que impulsó la gestión económica y también el propio poder militar a través del control de las empresas del estado y de la administración de múltiples privilegios (Azpiazu y Basualdo, ١٩٨٩). Finalmente, dichas firmas conglomeradas, pudieron trasladar parte significativa de dicho endeudamiento externo al Estado mediando los seguros de cambio implementados por el BCRA luego de la crisis cambiaria de 1981, cuando se produjeron sucesivas maxidevaluaciones de la moneda doméstica y se abandonó la “tablita”. Arceo y Basualdo (2002) estiman que alrededor del 70 % de la deuda externa privada correspondía a 30 grupos económicos y a poco más de 100 conglomerados extranjeros y empresas transnacionales hacia 1983. Entre ellos se destacaban conglomerados nacionales con fuerte peso en la propiedad terrateniente y en la producción primaria, y en orden de importancia por participación en las ventas totales de las mayores 200 empresas del país hacia 1983: Acindar, Bunge y Born, Alpargatas, Garovaglio y Zorroaquín, Celulosa Argentina, Astra, Pérez Companc, Bagley, Bridas, Ingenio Ledesma, Loma Negra, entre otras. También empresas que habían surgido al calor de las políticas mercado internistas del peronismo como Fate/Aluar, Arcor, Agea-Clarín, Massuh, Aceros Bragado, Canale, Wherthein, GBH, entre otras. Mientras entre los conglomerados extranjeros y asociaciones se destacaban: Techint, Macri, Soldati y Atanor (Basualdo, 2006). Las empresas pertenecientes a los grupos económicos de capital nacional y extranjero incrementaron su participación relativa en las ventas totales de la cúpula industrial del país. Mientras que en 1976 dieron cuenta, en conjunto, del 40,6 %, en 1983 explicaron el 57,9 % de la facturación total de las 100 principales empresas de operatoria nacional en términos de facturación (Schorr, 2013).

La injerencia de estos conglomerados nacionales y extranjeros se volvió determinante en la vida económica, social y política de la Argentina a partir de entonces, habida cuenta del poder de veto que se agenciaron a través del control de facto sobre el aparato productivo nacional según Schorr (2013). Iniciando una tendencia que se consolidaría en las décadas subsiguientes, estos conglomerados concentraron su radio de acción en aquellos sectores cuya competitividad se asentaba sobre ventajas naturales, como los que integran la cadena agroindustrial, o construidas a costa del ahorro nacional durante la industrialización por sustitución de importaciones, como el acero y la petroquímica así como otros insumos clave demandados, en una primera instancia, por las empresas estatales o por sectores fuertemente protegidos como el automotriz. Este proceso de concentración y centralización del capital, redujo la participación productiva del Estado en términos relativos. En los rankings dados a conocer en aquellos años sobre las principales 100 empresas según ventas y cotización bursátil, se evidencia que el peso de las empresas del Estado medido en ventas de las 200 mayores firmas que llegó a representar en 1975 casi un 50 % del total, en 1982 se redujo al 37 %.18

Asimismo, tal como destaca Schorr (2013), es necesario considerar que los cambios trascendentales no sólo se dieron a nivel empresas, sino de grupos económicos controlantes de empresas. Así, hubo grupos económicos que lograron una expansión considerable de sus negocios conquistando posiciones, de forma multi-implantada, a partir del alcance de mayores niveles de concentración en cada uno o en algunos de sus mercados de actuación. En el cuadro 2 se observa el crecimiento en la cantidad de empresas controladas y vinculadas a algunos de dichos actores económicos con dominancia en diferentes mercados de la economía argentina entre 1973 y 1983 sobre la base del trabajo realizado por Schorr (2013).

Cuadro 2. Cantidad de empresas controladas y vinculadas por los principales grupos económicos nacionales y conglomerados extranjeros de actuación doméstica entre 1973 y 1983 (valores absolutos)

1973

1983

Bunge y Born

60

63

Pérez Companc

10

54

Techint

30

46

Bridas

4

43

Macri (ex Fiat)

7

47

Garovaglio y Zorraquín

12

41

Arcor

5

20

Soldati (ex Brown Boveri)

15

35

Corcemar

23

30

Werthein

20

29

Celulosa Argentina

14

23

Astra

18

21

Deutsch

8

13

Alpargatas

9

24

FV-Canteras Cerro Negro

4

19

Madanes (Fate/Aluar)

8

15

Huancayo/Constantini

2

18

Loma Negra (Fortabat)

16

16

Massuh

1

10

Ledesma

14

15

Nougués Hermanos

8

13

Intermendoza/Taurales

0

6

Laboratorios Bagó

2

14

Bagley

6

14

San Martín del Tabacal

4

14

Bonafide

11

13

Clarín

1

12

BGH

6

14

Grafex

8

14

Indupa (ex Rhodia Richard)

1

9

Herman Zupan

3

9

Aceros Bragado

3

9

Astilleros Alianza

0

9

Canale

4

11

Noel

0

7

Atanor

4

8

Schcolnik

3

8

Total

344

766

Fuente: Schorr (2013) sobre la base de Acevedo, Basualdo y Khavisse (1990).

Otro factor no menos relevante a considerar de los principales grupos económicos que se concentraron en la dictadura, muy particularmente nacionales, fue su participación en la deuda externa privada, tal como señala Schorr (2013). Los grupos económicos nacionales sumaron un total de 6.000 millones de dólares, sin contar los beneficios recibidos tras la estatización del endeudamiento desde 1982. Un puñado de diez firmas explicaba más del 80 % de esa cifra que se distribuía en virtud de lo que expresa el gráfico 7. Tal como sostiene Schorr (2013), ello pone de manifiesto el enorme poder sectorial que habían adquirido a partir del endeudamiento externo.

Gráfico 7. Endeudamiento externo de los principales grupos económicos nacionales y trasnacionales, diciembre de 1983 (millones de dólares corrientes)

Fuente: Elaboración propia en base a (Acevedo, Basualdo y Khavisse, 1989: 143-147).

Por su parte, los grupos transnacionales acumularon más de 1.483 millones de dólares de endeudamiento externo, de los cuales los diez principales explicaban 1.200 millones (un 80 %), como puede verse en el gráfico 7.

Tal como sostienen Basualdo (2006) y Schorr (2013), los grupos económicos tuvieron un rol relevante en la captación de los mencionados seguros de cambio. Las comunicaciones A 31 (5/08/81) y la A 186 (05/05/82) diseñaron la arquitectura financiera destinada a pesificar las deudas externas de las principales empresas controladas por grandes grupos económicos. Sin embargo, durante la gestión de Domingo Cavallo en el BCRA se dispuso la extensión del plazo por cinco años para suscribir a la pesificación de las deudas, que luego se generalizó a una amplia gama de deudas comerciales y financieras, lo que terminó de consolidar una limitante estructural para las finanzas públicas. La Comunicación A 251 del 17 de noviembre de 1982 convirtió la deuda privada en deuda pública entregando un Bono (Promissory Notes) a una tasa análoga al tipo de cambio comercial, siempre por debajo del financiero, ajustada de forma diaria y asegurando una alta rentabilidad de esos títulos en poder del sector privado. Por ejemplo, gracias a estos instrumentos, muchos grupos redujeron sus pasivos privados: Acindar lo hizo por unos 300 millones de dólares, Alpargatas en unos 100 y Dálmine en 80.19 Como estimó Basualdo (2006), para el total de empresas que adhirieron a los seguros de cambio las transferencias estatales superaron los 8.000 millones de dólares.

Como contrapartida, las empresas de propiedad estatal resultaron grandes perdedoras del “experimento Martínez de Hoz” tras la promoción activa de procesos de descapitalización que se instrumentaron mediante la privatización periférica de sus diversas funciones, el pago de sobreprecios por el suministro de insumos para su operatoria y el endeudamiento externo sin contrapartida en la formación de capital.20 Como muestran Rougier e Iramain (2023), los pasivos externos de las empresas públicas aumentaron de forma considerable durante la dictadura. Por caso, en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) aumentaron un 236 % entre 1978 y 1983 acumulando 4.000 millones de dólares anuales entre 1981 y 1983. En el mismo periodo Gas del Estado aumentó sus pasivos externos en un 450 %, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), en un 360 %, Ferrocarriles Argentinos en un 268 % y Agua y Energía Eléctrica en un 168 % acumulando entre todas más de 10.000 millones de dólares. Estas políticas resultaron fundamentales para desacreditar posteriormente el funcionamiento de dichas empresas y legitimar los procesos de privatización posteriores21.

En suma, con esta orientación, la política económica y represiva de la dictadura promovió, en primer lugar, la profundización del proceso de concentración y centralización del capital sobre la base –fundamentalmente– de una transferencia de ingresos desde el sector asalariado al capital a través del aumento de la regresividad en la distribución del ingreso tal como se evidencia en los gráficos 3 y 4. En segundo lugar, la estanflación y la desindustrialización de la economía, constituyó la contracara de la financierización e internacionalización de una porción significativa del excedente controlado por la fracción dominante local. Y, en tercer lugar, el agravamiento de los desequilibrios macroeconómicos en el orden externo y fiscal derivados de la creciente carga asumida por el endeudamiento externo derivaron en un aumento del peso cuantitativo de los gastos gubernamentales tal como evidencia el gráfico 8. Cabe mencionar que también se redujo la inversión pública a favor de gastos faraónicos, e incluso irregulares, como los vinculados a la organización del campeonato mundial de futbol y a la adquisición de armamento militar. Y la presión impositiva, por su parte, se duplicó sobre la base de una reforma regresiva basada en el incremento del peso de los impuestos indirectos (Calcagno y Calcagno, 1999).

Gráfico 8. Indicadores del sector público consolidado, 1975-1983 (en % del PIB)

Fuente: Forcinito y Pedreira Campos (2023) sobre la base de datos de FIDE en Rapoport y Colaboradores (2003).

El sector externo de la economía, que experimentó un agravamiento de todos los indicadores de solvencia, pasó a sufrir déficits crónicos por el creciente peso de las amortizaciones e intereses externos que rondaron entre los 4.000 y 5.000 millones de dólares anuales y pasaron a representar el 11 % de las exportaciones en 1976 a un 63,6 % en 1983 (Rozenwurcel y Sánchez, 1994). En síntesis, en virtud de las transformaciones estructurales y en la dinámica macroeconómica reseñada, el bloque conformado por la banca acreedora externa y los conglomerados económicos nacionales y extranjeros de actuación nacional que resultaron beneficiarios de la política económica de Martínez de Hoz pasó a ejercer una decisiva influencia en la economía nacional y condicionó el proceso de transición democrática posterior.

Como consecuencia de la “reorganización nacional”, la dictadura argentina agravó los niveles de desigualdad en la distribución del ingreso en la medida en que, si se toma una base de largo plazo, el 10 % más rico de la población pasó de concentrar del 37 % al 44 % de los ingresos totales entre 1953 y 1980, mientras el 40 % más pobre de la población pasó a concentrar del 18 % al 15 %, en el mismo lapso tal como se evidencia en el Gráfico 9. También se acentuó la cantidad de población en situación de pobreza crítica determinada por la inserción en trabajo precario, la deficiente oferta de la infraestructura pública y condiciones materiales mínimas de vivienda, el bajo acceso a la educación formal y la salud en diferentes áreas geográficas (INDEC, 1989). Hacia 1982, la pobreza crítica alcanzaba al 28 % de la población del Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras en 1974 era del 3,2 %, poniendo de manifiesto la pauperización absoluta de segmentos de la clases obrera y relativa de vastos segmentos de la clase media (Altimir, 1979; INDEC, 1989 y Torrado, 1992).

Gráfico 9. Participación de la población argentina en el ingreso nacional (en porcentajes), 1953, 1960 y 1980

Fuente: Forcinito y Pedreira Campos (2023) sobre la base de TORRADO (1992).

5. Reflexiones finales

La literatura sobre la política económica de la dictadura, y particularmente el Plan Martínez de Hoz y sus impactos, es vasta. El conjunto de estudios económicos heterodoxos, así como provenientes de otras ciencias sociales, que se han generado desde su instrumentación a la actualidad aporta evidencia que respalda su fuerte carácter disruptivo en lo que hace a la estructura productiva y el patrón de acumulación de la economía argentina, así como la influencia intelectual del neoliberalismo. El artículo resume los diferentes aportes analíticos que abordan la experiencia, jerarquizando las interpretaciones heterodoxas de la historia económica reciente y aportando elementos adicionales que permiten dar cuenta de las especificidades que asumió el Plan Martínez de Hoz en sus diferentes etapas así como sus principales impactos: el quiebre del proceso de industrialización dirigido por el Estado; el inicio de una etapa de estanflación caracterizada por un déficit crónico de las finanzas públicas en virtud del peso del endeudamiento externo asumido, el aumento de la gravitación de la valorización financiera y la formación de activos externos a la economía así como el incremento en la desigualdad distributiva en términos funcionales y personales.

Adicionalmente, el artículo hace énfasis en la existencia de un conjunto acotado de poderosos beneficiarios de la política económica de Martínez de Hoz, que forman parte de importantes conglomerados integrados y diversificados de capitales nacionales y extranjeros de actuación nacional. También destaca la participación de intelectuales orgánicos provenientes de varios de esos grupos económicos en el diseño e implementación del Programa de política económica bajo análisis22.

El artículo también destaca el rol fundamental que asumieron los acreedores de la deuda externa en el condicionamiento de la direccionalidad de las políticas económicas llevadas a cabo por el Estado nacional a partir de entonces, fundamentalmente a través de la representación ejercida posteriormente a la crisis de la deuda externa latinoamericana por el Fondo Monetario Internacional y a partir de mediados de los años ochenta por el Banco Mundial (Basualdo, 2006, Brenta, 2019). En suma, el artículo proporciona elementos analíticos y evidencia empírica que permiten sostener que el Plan Martínez de Hoz, como componente central de la política de la última dictadura, generó una reestructuración radical del capitalismo argentino en clave regresiva que limitó de forma aguda y persistente la soberanía de la política sobre la economía desde el comienzo de la democracia hasta nuestros días.

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1 Se entienden por heterodoxos al conjunto de enfoques teóricos críticos del campo intelectual de la economía que postulan supuestos axiomáticos de comportamiento diferenciales de los postulados por la perspectiva ortodoxa o dominante en dicho campo desde fines del siglo XIX: la neoclásica y sus derivas intelectuales. Algunos de dichos enfoques han dado lugar a áreas de especialización nuevas dentro de la disciplina, tales como: las teorías de la competencia imperfecta, la teorías del desarrollo, etc. Entre los enfoques o escuelas de pensamiento con mayor influencia se destacan el keynesianismo y poskeynesianismo, el estructuralismo latinoamericano, los enfoques de la dependencia, la escuela regulacionista, entre otros. Para mayores detalles, véase Forcinito (2018).

2 Como evaluaron trabajos más recientes, la cuestión del endeudamiento involucró tanto el peso de los intereses políticos al interior de los gobiernos, como de los intereses comerciales de los acreedores dando cuenta de que existieron tensiones y capacidad de agencia de ambos lados (Altamura y Flores Zendejas, 2021).

3 Cabe agregar que dichos procesos económicos estuvieron posibilitados por la instrumentación de maniobras ilegales ampliamente documentadas y comprobadas, mucho tiempo después, por el Poder Judicial Argentino, aunque no penalizadas en función de la magnitud de los delitos cometidos (Calcagno y Calcagno, 1999; Olmos, 2006).

4 Los estudios de perspectiva neoclásica identifican, en cambio, un punto de quiebre en la dinámica de la economía argentina desde los años treinta y, especialmente, a partir de la experiencia de los gobiernos peronistas de la posguerra (1945-1955). Esta línea interpretativa destaca el papel negativo de las políticas proteccionistas y autarquizantes sobre el desempeño de las tres brechas macroeconómicas, y especialmente, sobre la inserción internacional de la economía. Así, las investigaciones que adhieren a estas posturas entienden a la política económica de Martínez de Hoz como un intento fallido por revertir el “modelo populista fiscalmente insostenible” que requería reformas estructurales orientadas a la reintegración internacional y de desregulación del Estado para propiciar su reducción y eficiencia en favor de la iniciativa privada (Díaz Alejandro, 1975; Lewis, 1993; Cortés Conde, 2005; Gerchunoff y Llach, 2018). En clave de controversias, también es posible identificar al interior de las interpretaciones marxistas a quienes problematizan el componente neoliberal del Plan de Martínez de Hoz, por ejemplo, resaltando que mantuvo políticas proteccionistas en ciertas ramas industriales (Sanz Cerbino y Sartelli, 2018).

5 La caracterización del Plan como de orientación neoliberal no significa que se ignore la existencia de medidas específicas que en teoría contradigan dicho ideario y sus recomendaciones de política, sino que se privilegia la direccionalidad predominante del cambio promovido y se postula el carácter pragmático con el cual este tipo de planes se implementan a niveles nacionales guiados por los intereses específicos del bloque en el poder en cada coyuntura histórica.

6 El plan represivo involucró la “detención y desaparición” permanente o temporaria de alrededor de 30 mil víctimas, entre quienes fueron detenidos y liberados y quienes continúan desaparecidos hasta la fecha. A ello, deben sumarse la apropiación ilegal de bebés, niñas y niños y el robo de propiedades (Crenzel, 2025).

7 Por ejemplo, los cuales jerarquizaron la necesidad que existía de sanear el sistema con quiebras bancarias, el desequilibrio del mercado de dinero ante una excesiva intervención del BCRA (Rodríguez y Sjaastad 1980; Gaba, 1981; Cottely 1983) o el impacto monetario de la Cuenta de Regulación Monetaria (CRM, en adelante), instrumentada para compensar a las entidades financieras por la inmovilización del efectivo mínimo, en materia de inflación y déficit fiscal (López Murphy 1984; Piekarz 1984).

8 A su vez, se hizo énfasis en el error de combinar el plan de apertura comercial y reducción arancelaria asimétrica con la política de atraso cambiario (Media, 1980) así como los impactos negativos en sectores como construcción, transporte e industria (Sjaastad, 1981).

9 Pese a la evidencia disponible sobre el retroceso significativo en materia de desarrollo industrial, la descapitalización y los regresivos efectos en diversas variables evidenciados en el periodo (Schorr, 2012), algunos trabajos recientes retoman la discusión acerca de la intencionalidad de la política de apertura comercial planteando la hipótesis de que estuvo destinada a promover una nueva inserción internacional (Terranova, 2023; Zícari, 2025).

10 La cual, en el ámbito del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, EE. UU, un grupo de economistas liderados por la figura central de Milton Friedman, entre otros, ganó enorme influencia desde mediados del siglo XX. Sus aportes al conocimiento económico estuvieron vertebrados por la defensa de la libertad económica, la estabilidad monetaria y el Estado mínimo adquiriendo un rol central en las políticas de estabilización (Heredia, 2015).

11 Actualmente, y desde hace más de tres lustros, se encuentran en proceso judicial causas vinculadas a violaciones de derechos humanos cometidos por parte de directivos y miembros jerárquicos de empresas que en la generalidad de los casos poseían un peso económico de relevancia, cuando no dominante, en la rama productiva en la que operaban durante la dictadura (Centro de Estudios Legales y Sociales, 2015).

12 Adicionalmente, en este segundo momento de la política económica la gestión implementó un conjunto de medidas tendientes a promover el deterioro funcional y patrimonial de las empresas de propiedad estatal, como a transferir recursos fiscales a grupos de empresas privadas, seleccionadas discrecionalmente. Sus impactos dentro de la lógica de plan de ajuste en el largo plazo, como se analiza luego, fueron significativos (Rougier e Iramain, 2023).

13 El enfoque monetario del balance de pagos constituyó un instrumento propuesto en la coyuntura por el Fondo Monetario Internacional para lograr la convergencia entre la inflación doméstica y la internacional, es decir, la estabilización de los precios domésticos en economías periféricas (Frenkel y Johnson, 1975).

14 Somos, 3 de marzo de 1978, 46 y Ámbito Financiero, 15 de junio de 1978, 10.

15 Prensa Económica, mayo de 1979, 22.

16 Jaime F. Céspedes, “Barrido y limpieza”, Ámbito Financiero, 14 de junio de 1982, 70 y Somos, 2 de junio de 1980, 56.

17 Los escándalos financieros siguieron siendo frecuentes en el gobierno democrático involucrando la presentación de balances falsos, la falta de respaldo contable y la desaparición de millones de dólares de las cuentas de diferentes bancos como la desaparición de documentación respaldatoria en el BCRA. Ver Clarín, 15 de octubre de 1986, “La denuncia contra ex funcionario del BCRA y del Banco del Buen Ayre”, pp. 24-25.

18 Mercado, 18 de agosto de 1983, “Empresas: las que más venden en Argentina”, p. 28.

19 Mercado, 26 de mayo de 1983, “Empresas: los seguros de la deuda externa”, p. 35.

20 Si bien en materia de privatizaciones no se lograron significativos cambios por la resistencia de la fracción militar de perfil industrialista en el gobierno (Canelo, 2008; Rougier e Iramain, 2023), los procesos de privatización periférica resultaron relevantes en la pérdida de instrumentos clave de política industrial en manos del Estado (Basualdo, 2006, Schorr, 2021).

21 Sin embargo, también se practicaron políticas que contrastaron con la filosofía neoliberal promulgada, como fue el caso de la estatización de empresa de electricidad Ítalo que involucró múltiples irregularidades administrativas y legales, siniestros y un perjuicio al Estado estimado de 300 millones de dólares para beneficiar a empresarios extranjeros (Congreso de la Nación, 1985).

22 Cabe agregar, adicionalmente, que varios de los directivos y personal jerárquico proveniente de dichos grupos y/o empresas asociadas están siendo investigados judicialmente por haber tenido participación directa o indirecta en la política represiva y de violación a los derechos humanos de las y los trabajadores durante la última dictadura militar (Basualdo, 2022). Entre ellas se destacan Ford Motor Argentina (Planta de Pacheco); Acindar (Villa Constitución), Ledesma; Mercedez Benz Argentina, Astilleros Artarsa (Tigre); Dálmine Siderca (Campana); Techint y Astilleros Río Santiago. Dichas participaciones se encuentran mayoritariamente en proceso de investigación judicial, con excepción del caso de Ford Motor Argentina en relación con el cual en 2018 se comprobaron los delitos y se establecieron condenas para un ex directivo de la firma y un ex jefe de seguridad.

https://doi.org/10.67215/practicasdeoficio.1482