Cárceles y seguridad nacional en tiempos de predictadura: las políticas penitenciarias en la provincia de Buenos Aires entre 1973 y 1976¹∗

Prisons and national security in predictatorship times: penitentiary policies in the province of Buenos Aires between 1973 and 1976

María Julia Giménez²∗∗

Resumen

Este artículo busca aportar elementos para comprender las transformaciones del Servicio Correccional de la Provincia de Buenos Aires y su participación en la avanzada represiva que se vivió en la Argentina entre los años 1973 y 1976. Se pretendió analizar la adaptación de los diseños programáticos de carácter nacional y provincial que reconfiguraron el funcionamiento de las instituciones tradicionales de seguridad pública, lo que las convirtió en escenarios de ejecución de políticas represivas (legales y/o clandestinas) que se sistematizaron tras el inicio de la última dictadura militar. A partir del análisis de documentos es posible verificar dos elementos centrales para comprender la adaptación de las cárceles bonaerenses al plan sistematizado durante la dictadura: la adopción de prácticas de disciplinamiento del personal penitenciario, la progresiva militarización de la institución penal provincial y la adaptación de objetivos institucionales a la Doctrina de Seguridad Nacional. El corpus documental de este artículo se compone de los órdenes del día y los boletines públicos del Servicio Correccional de la Provincia de Buenos Aires y de algunos registros en la prensa gráfica.

Palabras claves: cárceles, Buenos Aires, predictadura, seguridad nacional.

Abstract

This article seeks to provide elements to understand the transformations of the Correctional Service of the Province of Buenos Aires and its participation in the repressive advance that took place in Argentina between 1973 and 1976. The aim is to analyze the adaptation of national and provincial programmatic designs which reconfigured the functioning of traditional public security institutions, converting them into scenarios for the execution of repressive policies (legal and/or clandestine) which were systematized after the beginning of the last military dictatorship. From the analysis of the official documents it is possible to verify two central elements in order to understand the adaptation of Buenos Aires prisons to the plan systematized during the dictatorship: the adoption of practices of disciplining prison staff, the progressive militarization of the provincial penal institution and adapting institutional objectives to the National Security Doctrine. The documentary corpus of this article is composed of the orders of the day and public bulletins of the Correctional System of the Province of Buenos Aires and some records in the graphic press.

Keywords: prison, Buenos Aires, predictatorship, national security.

Introducción

El sábado 21 de julio de 1973, alrededor de las 16:30 horas, la unidad 4 del Servicio Correccional de la Provincia de Buenos Aires (U4), situada en Bahía Blanca, fue escenario de un nuevo motín que se sumaba a los que se estaban desarrollando en otras cárceles del país. Según registró el diario local La Nueva Provincia (LNP),3 203 hombres privados de su libertad, en lo que se conoce como la cárcel de Villa Floresta (nombre derivado del barrio donde se encuentra emplazada la unidad desde 1910), ocuparon los pabellones internos, las oficinas de control y el taller, y retuvieron a diez efectivos penitenciarios. Tal como hicieron saber a la prensa situada en las inmediaciones de aquel penal, los amotinados solicitaron la presencia del entonces jefe del Servicio Correccional, Roberto Pettinato, y de algún representante del Poder Judicial para reclamar mejoras en la alimentación, la recreación, la vestimenta y las posibilidades de trabajo, y para dar a conocer la “anormalidad” que se vivía en lo referente a las gestiones judiciales que permitieran la reducción de las penas y las excarcelaciones, de acuerdo con los indultos para presos políticos tras la apertura democrática (LNP, 1973a: 8).

Con banderas hechas con sábanas que exhibían inscripciones como “Los presos con Perón”, “Libertad” y “Esperamos a Pettinato”, las azoteas del penal se poblaron de presos. Desde la red altoparlante de la penitenciaría se difundieron música y las consignas de los amotinados. La red alcanzaba varias cuadras a la redonda, en las que se encontraban algunos familiares de los detenidos aguardando noticias y velando por la seguridad de los suyos, según relató el diario bahiense. Por la tarde del domingo 22, los presos permitieron el acceso de la prensa para dar a conocer los motivos de su acción colectiva y ofrecer un recorrido por el edificio penitenciario. Según la nota publicada por LNP, en el manifiesto colectivo, junto con el petitorio, las personas privadas de su libertad señalaban falencias en “el sistema sanitario, el régimen de castigos y el trato que se dispensaba a los enfermos”, y agregaban que “de ningún modo el amotinamiento está dirigido contra la autoridad del penal, sino todo lo contrario” (LNP, 1973b: 10).

Tras el arribo del director del Servicio Correccional bonaerense, los presos entregaron un petitorio con 26 puntos, que fue aprobado por el ministro de Gabinete provincial, Ricardo Mariátegui. Luego iniciaron el proceso de “normalización” de la institución penitenciaria, liberaron al personal que había estado retenido, entregaron las armas e iniciaron la limpieza del penal, al tiempo que solicitaron al director, el perfecto mayor Horacio Villarino, “que no ingresara a los pabellones el personal que es considerado no grato, a fin de evitar posibles fricciones” (LNP, 1973b: 10). El conflicto había sido resuelto y las promesas de mejoras aliviaron momentáneamente los ánimos.

Pero pasados menos de tres años de aquel episodio, un nuevo motín volvió a colocar fuera de los muros la problemática interna. El 11 de enero de 1976, Héctor Luis Selaya –condenado en 2012 a 17 años de prisión por violaciones de los derechos humanos por su participación en el plan represivo implementado durante la última dictadura– asumió su función como nuevo jefe de la U4. Para entonces, el número de personas privadas de su libertad en aquella repartición era de 385, casi el doble que los 206 que había en 1973 (entre hombres y mujeres). Ese mismo día, en horas de la tarde, presos comunes de Villa Floresta ocuparon varias dependencias de la unidad y tomaron como rehenes a doce guardiacárceles, en un nuevo episodio de amotinamiento en esa repartición penitenciaria provincial. Según la reconstrucción realizada por LNP, el director de la U4, el prefecto Juan Natividad Seijas, llamó por las radios locales al personal penitenciario que se encontraba de franco, al tiempo que tomaron posición en los alrededores de la cárcel efectivos del Ejército, la policía provincial, la Policía Federal y la Guardia de Seguridad de Infantería (LNP, 1976a: 4). Por la mañana del 12 de enero, tras tomar conocimiento de lo que estaba sucediendo en la U4, el director del Servicio Correccional, el inspector general Mario Oscar García, viajó a Bahía Blanca para iniciar las negociaciones con los amotinados. Según manifestó el diario bahiense, tras el encuentro que mantuvo con los presos, intentó imponer algunos puntos del petitorio tras un diálogo con el juez a cargo de la causa. En declaraciones a la prensa, el inspector general García expresó:

Había varios puntos del petitorio acordado que no podrían reconocerse en virtud de que estaban fuera del reglamento. Entendiendo que el señor juez actuó atento a las circunstancias y por la existencia de rehenes, se adoptaron de inmediato las medidas del caso como la reubicación de los internos en sus celdas y las requisas que siempre se efectúan. En estas circunstancias, los internos se desacataron desoyendo las órdenes y, utilizando todo tipo de armas caseras, púas y también armas de fuego, comenzó la refriega. Hubo que responder con los mismos medios con que contaban los internos, y al reprimir se registraron heridos (LNP, 1976b: 5).

La “Cruenta refriega al retomarse el penal de Villa Floresta”, como fue titulada la nota de tapa que anunciaba el violento punto final del motín, cerró con un saldo de numerosos heridos y dos presos muertos por heridas de bala (LNP, 1976c: 1). Pocas horas después de aquel enfrentamiento, en el marco de una ceremonia privada, Selaya finalmente asumió sus funciones como nuevo jefe de la U4, y pocos meses después pasaría a ocupar un lugar destacado en las lógicas de represión clandestina sistematizadas durante la última dictadura cívico-militar.4

Si bien los motivos del motín en Villa Floresta en enero de 1976 no presentaban divergencias profundas con los esgrimidos por los presos en julio de 1973 –mejoras en la alimentación, el estado de celdas y baños, modificaciones en el régimen de visitas y agilización de los procesos judiciales–, resultan evidentes los cambios en las formas de responder a esos conflictos. Sin omitir responsabilidades individuales, creemos que las formas divergentes de proceder ante esos episodios no derivan únicamente de las decisiones particulares asumidas, en este caso, por los jefes penitenciarios de la cárcel bahiense, sino que pone en evidencia transformaciones a partir de las cuales las cárceles de la provincia de Buenos Aires se fueron adaptando a las nuevas y más agresivas modalidades represivas que caracterizaron la segunda mitad de los años setenta. Este artículo se inscribe en el campo de los estudios del pasado reciente, que buscan comprender el proceso de reconfiguración del funcionamiento de las instituciones de seguridad tradicionales del Estado hacia los marcos de ejecución de políticas represivas que se sistematizaron tras el inicio de la última dictadura cívico-militar (Pittaluga, 2008; Franco, 2012; Barreneche, 2019). A lo largo de este trabajo buscamos aportar elementos que permitan historizar y comprender las formas en que el Servicio Correccional de la Provincia de Buenos Aires fue adaptándose, no sin conflictos internos, a los nuevos diseños programáticos de carácter nacional y provincial durante los años que antecedieron al golpe, más específicamente entre 1973 y 1976.

Para ello, el artículo fue organizado en tres partes. En la primera se buscó contextualizar la conflictividad social y política a nivel nacional tomando como centro de la exposición las disputas tras el retorno del peronismo a la presidencia de la nación. En la segunda se buscó historizar los procesos que atravesaron las cárceles provinciales a partir de la transición a la democracia en 1973, además de los impactos y las limitaciones del discurso de la justicia social en el sistema penitenciario bonaerense con el retorno de Roberto Pettinato a la jefatura provincial. Por último, reconstruimos las nuevas disposiciones que, desde 1974, trazaron los caminos del Servicio Correccional, a partir de lo cual comenzó lo que entendemos como una articulación con el circuito represivo sistematizado durante la última dictadura cívico-militar. El corpus documental principal de este trabajo se compone de los órdenes del día y los boletines públicos del Servicio Correccional de la Provincia de Buenos Aires, consultados en el Archivo de Historia y Memoria del Sistema Penitenciario Bonaerense (AHyM del SPB), y de algunos registros de la prensa gráfica.

El regreso del peronismo al poder (1973-1976): violencia y “depuración”

Los años finales de la autodenominada “Revolución Argentina” fueron testigos del aumento de una movilización social y política de masas apoyada en enormes expectativas de transformación. Estas se habían ido construyendo junto con los procesos de radicalización de sectores juveniles, obreros y de clase media que venían creciendo desde mediados de los años sesenta en el marco de la lucha antidictatorial (Ollier, 1986; Terán, 2006; Tortti, 1999). Esos años se habían caracterizado por la conformación y el fortalecimiento de organizaciones político-partidarias, estudiantiles y sindicales, portadoras de consignas contra la dictadura, antiimperialistas y revolucionarias. Y fue en ese contexto que nacieron organizaciones armadas que desde 1970 comenzaron a registrar altos e impactantes niveles de actividad (Pozzi y Schneider, 2001; Tortti, 1999). La actuación de estas organizaciones de izquierda revolucionaria y del peronismo combativo que optaron por la vía armada como una de las formas de lucha contra el orden capitalista se centró en la toma de fábricas y transportes públicos con el fin de realizar propaganda armada, así como en el copamiento de unidades militares, asaltos a bancos, secuestros y/o asesinatos (“ajusticiamientos”) de militares, policías, empresarios y sindicalistas considerados “burocratizados”. Ese clima general de movilización popular y el aumento de las acciones armadas aceleraron la decisión militar de abrir paso a un nuevo período constitucional en 1973, en un intento de armar una red institucional que contuviera la conflictividad social y política y restituyera la legitimidad gubernamental (De Amézola, 1999).

El 25 de mayo de 1973, tras siete años de dictadura y dieciocho de proscripción del peronismo, la Argentina retornó a la vida democrática con la victoria electoral de Héctor Cámpora, del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), como apoderado de las voluntades peronistas. Durante este breve paréntesis democrático, la compleja trama del gabinete nacional y los gobiernos provinciales intentó incluir, no sin dificultades, a las diversas tendencias que albergaba por entonces el peronismo, incluyendo a ministros cercanos a la Juventud Peronista –el ala juvenil y más radicalizada hacia la izquierda del peronismo–, a representantes del sindicalismo “ortodoxo” y a otras figuras del peronismo “histórico” (De Riz, 2000; Franco, 2011; Pozzoni, 2009). Hasta entonces, la amplitud del movimiento peronista y las necesidades de resistencia frente a la proscripción iniciada en 1955 habían permitido la convivencia de numerosos sectores internos con concepciones diversas e incluso irreconciliables. Este tenso mapa del armado político se reprodujo en algunas provincias. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la fórmula compuesta por Oscar Bidegain y Victorio Calabró fue un intento de aunar a sectores de la Juventud Peronista, identificados con el gobernador, y de la burocracia sindical, afines a la figura del vicegobernador. Fue bajo este paraguas que se conformó un gabinete que no demoró en evidenciar que las diversas formas de entender el programa peronista no podrían convivir pacíficamente en un mismo bloque (Pozzoni, 2009). Y, en ese contexto, las distintas instituciones que integraban la provincia no fueron ajenas al conflicto.

A poco menos de dos meses de la victoria electoral que dio por tierra con la proscripción del peronismo y parte de la legislación represiva implementada por el gobierno dictatorial, Cámpora y su vicepresidente renunciaron bajo la presión del aparato partidario peronista. Ello permitió, tras un breve interinato presidencial a cargo de Raúl Lastiri, la convocatoria a nuevas elecciones que fueron ganadas por el propio Perón con el 62% de los votos en septiembre de 1973. Perón gobernó hasta su muerte, el 1º de julio de 1974, y a partir de allí lo sucedió su vicepresidenta y esposa, María Estela Martínez.

A comienzos de agosto de 1973, tras las elecciones que lo consagraron como presidente, Perón se reunió en la casa de Olivos con los gobernadores electos. Allí condenó severamente a la guerrilla, a la vez que puso en tela de juicio el accionar de la Juventud Peronista, lo que marcó los primeros pasos de un gobierno que no dio lugar a ambigüedades discursivas, puesto que fue inclinándose cada vez más hacia el ala derecha del movimiento (Pozzoni 2009). El presidente Perón inició un proceso que Marina Franco denominó de “depuración”: este proceso comenzó al interior del gobierno y del movimiento peronista y se extendió sistemáticamente a las escenas provinciales y nacionales (2009: 870). A lo largo de este período aumentaron los enfrentamientos entre los sectores que se identificaban con el movimiento peronista y también entre las “patotas” sindicales y los militantes del sindicalismo de base, y la violencia se intensificó en los barrios donde existía militancia territorial, en las universidades y en los gremios.

En ese marco, el 21 de diciembre de 1973, Perón, los ministros del Poder Ejecutivo y los gobernadores firmaron un “Acta de compromiso de la seguridad nacional”, mediante la cual se creaba el Consejo de Seguridad Nacional y se centralizaban nuevos mecanismos gubernamentales para coordinar la acción policial y de las fuerzas de seguridad nacional y provinciales para la intervención en caso de actos que atentaran contra “el orden público”, con el objetivo de la “erradicación en forma definitiva de la República Argentina de todo tipo de acción delictual organizada” (ibídem: 867). Tras el intento de copamiento del Comando de Sanidad del Ejército ubicado en la Capital Federal el 6 de septiembre de 1973, comenzaron a diseñarse nuevas medidas legales para sistematizar la persecución y la represión de los sectores considerados opositores al “orden nacional”. Además de la declaración de ilegalidad del PRT-ERP a través del Decreto 1454 del 23 de septiembre de ese mismo año, la Ley de Asociaciones (20615) y la Ley de Prescindibilidad (20713 y su prórroga, 20549)5 terminaron de fortalecer los mecanismos de la intervención de los sindicatos, de los ámbitos universitarios, de las normativas de recorte de las libertades de expresión e información (Decreto 340/74) y del progresivo y legitimado protagonismo que comenzaron a tener las Fuerzas Armadas en el desarrollo de la “lucha antisubversiva” (principalmente, en el norte del país). Todo ello puso en evidencia el avance de las políticas represivas dentro de los marcos legales, las cuales se consagrarían luego de la muerte de Perón. Tras la asunción de María Estela Martínez de Perón como presidenta, las medidas represivas tuvieron un salto cualitativo con la promulgación de la Ley de Seguridad (20840), en septiembre de 1974, y con ello se aceitaron los mecanismos para perseguir, encarcelar y exterminar a aquel enemigo interno considerado “subversivo”. Pocos meses después, el 6 de noviembre de 1974, el Decreto 1368 declaró el estado de sitio “contra el terrorismo para garantizar el estilo de vida nacional y la familia”. El estado de sitio no se levantó sino hasta la restitución del régimen democrático a finales de 1983. De esta manera, como argumenta Marina Franco (ibídem), discursos y prácticas “antisubversivas” se expandieron y retroalimentaron entre los actores políticos institucionales y sectores dominantes tradicionales a partir de 1973, lo que contribuyó a generar amplios consensos sociales cuyo alcance solo se vio más tarde, con el golpe de Estado de 1976. Ahora bien, ¿de qué manera esta avanzada represiva de carácter nacional atravesó las instituciones tradicionales de seguridad en la provincia de Buenos Aires?

Cámpora al gobierno, Pettinato a las cárceles. Las ilusiones del retorno de la “justicia social” a las celdas bonaerenses

Luego de la llegada de Héctor Cámpora a la presidencia, una medida política puso en el centro de atención a las cárceles del país: la firma del indulto presidencial y posterior Ley de Amnistía para todos los presos políticos.6 A partir de entonces, las cárceles ocuparon la primera plana de los diarios, aunque no solo por la liberación masiva de personas privadas de su libertad por la persecución política dictatorial. Junto con las salidas de presos y presas políticos comenzaron a sucederse una serie de motines en distintas cárceles del país que pusieron en evidencia la conflictividad interna y pusieron en alerta a las autoridades nacionales y provinciales sobre la necesidad de tomar medidas para hacer frente al “problema carcelario”.

Con el retorno del justicialismo a la gobernación de la provincia bajo la fórmula Oscar Bidegain y Victorio Calabró, la cuestión carcelaria intentó abordarse a partir de la apuesta por un retorno a los años “dorados” del primer peronismo con la designación del profesor Roberto Pettinato7 como jefe del Servicio Correccional de la Provincia de Buenos Aires. Su regreso a la actividad pública provincial se presentó como una posible respuesta a la crisis institucional que se vivía en las reparticiones carcelarias de la provincia. El 6 de junio de 1973, al comenzar un nuevo período de administración penitenciaria, Roberto Pettinato manifestó su propósito de “ejecutar los postulados en materia penológica que establece la Doctrina Nacional Justicialista del General Perón”, con el objetivo de renovar los métodos de trabajo, dinamizar las burocracias y agilizar la técnica para contribuir a la reconstrucción de “la Argentina liberada, justa, libre y soberana” (AHyM del SPB, 1973a). Y agregaba:

Aunar propósitos, dar normas, conceder elasticidad al conjunto de direcciones, pero en todo momento tener presente, en definitiva, que el organismo es en sí, conforme a la ley, un instrumento de conducción única. Que esta idea se haga carne en el personal y que el cumplimiento de esa idea evite la dispersión de esfuerzos inútiles en este momento, doblemente repudiable para el país. Ejercer con equidad y justicia, pero sin debilidades, la ya difícil tarea de reconstrucción moral y vigilancia física de las personas humanas encomendadas a nuestra conducción, dentro de las normas que un amplio espíritu cristiano y una compenetración con las ideas sociales hizo suyas la compañera Eva Perón, teniendo en cuenta que el período de su aislación no comporte para el Estado un saldo oneroso y una experiencia de odio. Que este propósito informe la labor de todos mis subordinados, sea cual sea la distancia de esta Jefatura o el lugar donde cumplan su alta función social y sin distinción de jerarquías. Que nuestra tarea en común repercuta sobre los internos, que mañana puedan reintegrarse a su condición común de hombres y que cuadre a todos bajo la égida de una justicia social que preconiza el conductor de la Nueva Argentina, con un futuro de tolerancia y de fe en los valores humanos (ídem).

Continuando con una práctica que había caracterizado su gestión durante los años del primer peronismo (Caimari, 2004: 253), el nuevo jefe del Servicio Correccional provincial no omitió el signo politizante que implicaba el retorno del peronismo a las prisiones. Cargado de un discurso partidario basado en los principios de unidad y justicia social, el mensaje de Pettinato pretendía dar un vuelco a las políticas penitenciarias y retomar el carácter regenerador del castigo como función social de la cárcel. Sin embargo, el motín en la unidad 1 (Olmos) que tuvo lugar los días 11 y 12 de junio de 1973, a menos de una semana del retorno de Pettinato a la administración penitenciaria, marcó un punto de inflexión entre los fines propuestos por el referente penitenciario justicialista y los efectos producidos. Centenares de hombres privados de su libertad iniciaron en el penal situado en la ciudad de La Plata un proceso de organización colectiva que, como fue relatado en la introducción de este trabajo, tuvo repercusiones en otras cárceles de la provincia, en las que los presos exigieron la reducción de sus penas, así como también mejoras edilicias y de las condiciones de vida. En el intento de retomar el orden en aquel penal y de contener sus réplicas en el resto de las dependencias, la dirección encabezada por Roberto Pettinato inició un proceso de negociación que contemplaba la satisfacción de algunas de las peticiones colectivas. Pero, en forma paralela, se pusieron en marcha medidas orientadas a intensificar progresivamente las medidas de seguridad y a mejorar las condiciones laborales del personal penitenciario. En un mensaje enviado días después del motín de Olmos al ministro de Gobierno provincial, Ricardo Mariátegui, el jefe del Servicio Correccional expresaba:

La imperiosa necesidad de reforzar la dotación de personal en la plana subalterna con la creación de 500 nuevos cargos de guardias del Escalafón de Seguridad para balancear, aunque en cierta medida y sin aproximarse a soluciones ideales, la desproporción que la creciente superpoblación de nuestras unidades penitenciarias crea entre los custodiados y los servicios de custodia de las mismas. […] El señor ministro ha sido testigo presencial y protagonista directo del peligroso desborde de la cadena de rebeliones registrada recientemente en establecimientos penitenciarios de nuestra provincia, fundadas en justicieros reclamos de la masa penitenciaria ante un sistema penitenciario antisocial y descuidado en el aspecto humano, cuyo peso debían soportar, además de los propios internos, el sacrificado personal de la Institución que con su acendrado sentido del cumplimiento del deber y esforzada dedicación debía cubrir las insuficiencias existentes y la falta de apoyo necesario por parte del Estado […]. Sin prejuicio de la preparación del plan urgente a aplicar para la transformación del sistema penitenciario que exige nuestro movimiento, es indudable que para un hombre que conoce en profundidad el manejo de estos servicios y la faena de riesgos y sacrificios que implican para el personal a cargo de los mismos, la medida primordial que esta situación demanda es retemplar el espíritu de esos servidores, aliviando la tensión, los nervios y el cansancio de sus organismos, exacerbados por estos últimos y desagradables acontecimientos (AHyM del SPB, 1973b).

Como se pone de manifiesto en el mensaje y como posteriormente se comunicó en el Orden del Día 12/73, los amotinamientos ocurridos en las cárceles provinciales pusieron en evidencia no solo la crítica situación en la que se encontraban los presos, sino también la compleja situación laboral del personal. ¿Cuán posible era reflotar el modelo carcelario del peronismo “clásico” de los años cuarenta cuando a inicios de los setenta las cárceles estaban abarrotadas de gente y los trabajadores penitenciarios penaban por sus magros salarios y extenuantes condiciones laborales? En este contexto, se pusieron en marcha un conjunto de medidas tendientes a mejorar los regímenes de vida de internos e internas y las condiciones laborales del personal, pero también a regimentar las prácticas de los penitenciarios bajo los principios de la disciplina y la subordinación. Entre estas acciones se declararon extinguidas las sanciones disciplinarias aplicadas a integrantes de la policía y del Servicio Correccional de la provincia por motivos políticos, sociales o gremiales entre el 16 de septiembre de 1955 y el 24 de mayo de 1973,8 al tiempo que se realizaron una serie de “recomendaciones” que vetaban la posibilidad de buscar patrocinio extrapenitenciario a través de “influencias de personal superior” para eludir el cumplimiento de las directivas, tareas y horarios (AHyM del SPB, 1973c).

Pero las medidas no fueron más que costuras en apuros. La necesidad de contener la conflictiva situación que atravesaba el Servicio Correccional de la Provincia de Buenos Aires marcó los primeros pasos del gobierno de Bidegain en la provincia y puso en evidencia que el modelo de cárcel anclado en los principios de justicia social que Pettinato intentaba reflotar era irreconciliable con la realidad carcelaria y con los fundamentos ideológicos que suponían que el personal penitenciario debía ser un eficaz colaborador en la lucha global contra el comunismo.

Ese proceso se encontró con otro de alcance nacional, que fue el creciente avance de la derecha peronista sobre sus competidores, a partir de agosto de 1973. Por entonces se hicieron públicas las diferencias entre las principales autoridades del Poder Ejecutivo bonaerense. Fue en ese contexto que tuvo lugar la remoción de varios funcionarios provinciales objetados por su presunta filiación izquierdista. El 20 de agosto de 1973, el ministro de Gobierno, Ricardo Mariátegui, y el de Bienestar Social, Floreal Ferrara, vinculados a la Tendencia, fueron reemplazados, al tiempo que fueron aceptadas las renuncias del subjefe de Policía, Julio Troxler –uno de los integrantes más viejos de la Resistencia–, del jefe de la Asesoría Provincial de Desarrollo, Rolando García, y del subsecretario de Justicia, Jorge Lamboglia, ligado a la Juventud Peronista (Pozzoni, 2009). En este marco, la Jefatura del Servicio Correccional de la Provincia de Buenos Aires inició un nuevo período tras la designación de un nuevo jefe el 27 de agosto, en reemplazo de Roberto Pettinato. A la corta jefatura del coronel (RE) Rodolfo Elizagaray, le sucedió la del coronel (RE) Norberto Ugolini. Ello marcó el inicio de una etapa en la que este cargo fue ocupado principalmente por miembros retirados de las Fuerzas Armadas. Durante la dirección del coronel Ugolini, no solo se profundizaron las tensiones por las condiciones en las que se encontraban alojadas las personas privadas de su libertad, sino que también se inició un proceso de lucha interna entre los agentes penitenciarios que puso en evidencia lo difícil que resultaba que los principios de subordinación y disciplina orientaran la acción del personal.

A los pocos días del comienzo de su gestión, Ugolini realizó una reestructuración orgánica del Servicio Correccional y suspendió la vigencia de los decretos 9962/54 y 1373/62, que establecían el Estatuto de la Carrera Penitenciaria. La modificación decía obedecer a un conjunto de objetivos:

Mejoramiento del servicio, reparación de injusticias (como ser la postergación de ascensos, el desconocimiento voluntario de la capacidad profesional, etcétera), aprovechamiento de los recursos sanitarios para lograr una verdadera obra social en beneficio del personal y sus familiares, organización de una mutual que agrupe y beneficie al personal de la Repartición, etcétera (AHyM del SPB, 1973d).

Esa medida, lejos de armonizar la convulsiva situación al interior de los penales, desembocó el 4 de diciembre de 1973 en un autoacuartelamiento de jefes, oficiales y personal subalterno que tuvo como bastiones del reclamo las unidades de Olmos, Sierra Chica, San Nicolás y Mercedes, esta última seguida por un motín. La conflictividad que generó la suspensión del estatuto (sancionado por el peronismo en 1954) puso en evidencia que la necesidad de controlar a la población privada de su libertad compelía a no desatender la tarea de restablecer la disciplina del personal.9 Tras estos episodios, el director Ugolini solicitó licencia por enfermedad y fue reemplazado por el nuevo subsecretario de Justicia, el Dr. Brusa. En su primer mensaje como jefe interino, producido en el contexto del autoacuartelamiento, Brusa manifestó:

Retorno, en consecuencia, en circunstancias muy particulares a esta repartición, en la que me desempeñara como subdirector y que, actualmente, ofrece un cuadro de situación determinado por la presencia, dentro de la misma, de un pequeño grupo de jefes insubordinados que se apoderaron de un establecimiento propiedad del Estado, y, por otra parte, de una población carcelaria en estado de difícil acatamiento, no obstante la política penitenciaria desarrollada por el jefe titular del Servicio en favor de la humanización de la pena y la dignificante del interno. En cuanto al primer aspecto, por conducta del ministro de Gobierno, se ha dado intervención a la autoridad judicial y estará solucionado en pocas horas. Con referencia a los internos, tengo plena confianza en la capacidad de nuestro personal para encauzar y mantener un correcto desenvolvimiento de la actividad específica de la repartición (AHyM del SPB, 1973e).

A partir de entonces tuvo lugar un cambio de rumbo en la vida institucional. La necesidad de depurar al personal indisciplinado –a través de su puesta en disponibilidad y de la sanción a los insubordinados–, de reprimir las acciones colectivas emprendidas por los presos y de aumentar las medidas de seguridad fue el eje sobre el que comenzaron a girar las políticas penitenciarias bonaerenses. Parece evidente el lazo con las políticas emprendidas por el propio Perón para lograr la depuración interna del peronismo, bajo el argumento de la infiltración marxista y de la persecución de los opositores al gobierno. La Resolución 554, divulgada el 20 de diciembre de 1973, ordenaba que:

Todo intento de alterar el orden en las unidades dependientes de la repartición será reprimido con el máximo de energía que autorice el marco de la ley, con la aplicación de las más severas sanciones reglamentarias, intervención de la justicia penal y pérdida total de los beneficios acordados. Determínase asimismo que el personal penitenciario procederá en los citados casos con toda la energía a que lo llevan las circunstancias especiales del caso, para lo cual –subyace– contará con el más amplio apoyo y respaldo de la autoridad penitenciaria (AHyM del SPB, 1973f).

El interinato de Brusa como jefe del Servicio Correccional se inauguró con una serie de resoluciones que marcaron un cambio en las formas de comprender la conflictividad intramuros y de intervenir en ella. Los fundamentos de la resolución anterior expresaban:

Que todas las sublevaciones han contado con la misma variante y que, en su transcurso, los internos han estado planificando operativos de fuga en masa, lo que configura un peligro latente para la población.
Que es misión del Gobierno y en especial de sus fuerzas de seguridad preservar la tranquilidad y el resguardo de la sociedad, que espera ansiosa el gran cambio nacional dentro de la paz y el orden.
Que pareciera que la población de internos habría interpretado equivocadamente las inquietudes de las autoridades en su favor, al instaurar medidas morigeradoras para la atenuación de la rigurosidad del régimen carcelario, ya que en el breve lapso que media entre el 11 de junio y el día de la fecha han promovido episodios inadmisibles que nunca intentaron en 18 años en que el “pueblo justicialista” estuvo ausente en el manejo de las instituciones argentinas, ya que destruyeron unidades con ingentes pérdidas para el Estado y dilapidaron el esfuerzo del pueblo todo.
Que a más de ello, incidieron en destemplar el ánimo del ya muy sacrificado personal penitenciario, que se enfrenta a una realidad de desorden colectivo que resiente el principio de autoridad y relaja la disciplina, que debe ser primordial base en el desenvolvimiento normal del Servicio Correccional.
Que se hace necesario adoptar medidas para conjurar rápidamente este tipo de peligrosa “estampida” contra el orden institucional de la repartición y la seguridad de los vecindarios aledaños a las unidades penitenciarias, a la vez que retemplar el espíritu del personal para el cumplimiento de su misión específica, ya que en estas condiciones las cárceles no son lo seguras que reza y ordena la Constitución Nacional (AHyM del SPB, 1973f).

El mensaje enviado por el subsecretario de Justicia y jefe interino del Servicio Correccional de la Provincia de Buenos Aires al culminar el año 1973 no puede desprenderse de una lógica que excede la situación penitenciaria.

Las cárceles provinciales y el armado de la nueva modalidad represiva

En enero de 1974, el gobernador Bidegain renunció a su cargo acosado por la denuncia de complicidad con el ERP en el frustrado asalto en Azul. En su reemplazo asumió el vicegobernador Victorio Calabró, en lo que significó una ampliación de los espacios ocupados por la derecha peronista (Antúnez, 2013). Para estos sectores, el problema del orden y de la posibilidad de lograr la paz social tenía como principales responsables a quienes no aceptaban el disciplinamiento. Las acciones de insubordinación eran señaladas como pérdidas de oportunidad o arrebato a las políticas de justicia propuestas por el nuevo orden. Las manifestaciones de oposición debían ser enfrentadas con la violencia legal que el sistema garantizaba a quien ocupaba las estructuras gubernamentales. En un contexto de público enfrentamiento entre los sectores que ocupaban los cargos gubernamentales de la provincia y tras la renuncia de Ugolini, el capitán de Fragata (RE) Jorge Alberto Sgavetti asumió la administración del Servicio Correccional de la Provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto 158 del 6 de febrero de 1974 (AHyM del SPB, 1974a). El primer mensaje emitido por Sgavetti no puede leerse sin tener en cuenta el escenario conflictivo de la gobernación:

Vengo sin ningún compromiso, sin ninguna idea preconcebida, sin ninguna intención de cambiar un grupo o idea por otro; soy un hombre, como muchos, que ha visto sufrir a muchos hombres de su patria, hayan pensado como hayan pensado. En el pasado ha quedado la lucha armada que tanto daño nos ha hecho; en el presente y en el futuro no concibo otra cosa que argentinos, nada más y nada menos, sin revanchismo y unidos en el trabajo fecundo y honesto, que es la única solución.
En lo que respecta a nuestra Institución, no creo necesario decirles que he captado en toda su magnitud la seria situación en que se encuentra, y cuyas causas están, no solo dentro de ella, sino que, en gran parte, han sido creadas por intereses ajenos a ustedes, los mismos intereses que siempre han tratado, y lo han conseguido bastante, impedir el progreso material y humano de nuestra patria, introduciendo motivos de confusión y enfrentamiento para llevarnos al caos.
Yo les digo a quienes aún están enfrentados, que si observaran con más calma y detenimiento a quienes se dicen sus amigos o consejeros, verían que los separa de ellos una distancia mucho mayor de lo que aparenta separarlos de esos otros argentinos que consideran sus rivales o enemigos (AHyM del SPB, 1974a).

Bajo la misión de consolidar la seguridad y la organización interior a la fuerza, el nuevo jefe emprendió la tarea de agilizar los ascensos y los retiros, de renegociar los sueldos y la jubilación del personal penitenciario, de reconsiderar los sumarios iniciados y de iniciar la reparación de las unidades dañadas. Durante el año en que transcurrió su jefatura, los episodios de rebelión emprendidos por personas privadas de su libertad en el régimen provincial no tuvieron la repercusión ni la gravedad de los ocurridos durante el año anterior. Ello puede deberse a una intensificación de las medidas de seguridad y de vigilancia. Como había expresado en su mensaje inicial, su administración se apoyó sobre el lema “progreso y desarrollo espiritual y moral”. Entre otras tareas, inició el fortalecimiento de la tecnificación y la instrucción del personal, la mejora de las condiciones laborales y la búsqueda de la unidad interna, principalmente a través de la reincorporación del personal suspendido por haber participado de los autoacuartelamientos. Asimismo, se propuso la restauración de las unidades 1 (Olmos), 9 (Mar del Plata) y 5 (Mercedes), y la construcción de nuevos establecimientos carcelarios (Junín, Mar del Plata y Valetudinario). Y en la búsqueda de una armonía regenteada por la vigilancia y la seguridad, comenzaron a tomarse una serie de medidas para aumentar el control durante el traslado de los presos, tecnificar el trámite de documentación de las personas encarceladas en la provincia e intensificar la seguridad interna y externa (AHyM del SPB, 1974b).

Todas estas medidas se pusieron en marcha al tiempo que se sumaron a un nuevo factor que modificó algunas prácticas al interior de los penales. Tras la sanción el 28 de septiembre de 1974 de la Ley 20840 (de Seguridad Nacional) y el posterior establecimiento del Estado de sitio, se incrementó el número de personas encarceladas consideradas peligrosas para el orden nacional por razones políticas. Si bien las especificidades de esta cuestión quedaron fuera de este artículo por cuestiones de espacio,10 cabe señalar que en ese contexto se iniciaron una serie de políticas dirigidas a distinguir a la población carcelaria entre los presos políticos, especiales o detenidos subversivos, y los presos comunes o sociales. Para ello se estableció un reglamento especial para los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo nacional que se hallaban en las unidades carcelarias bonaerenses y se intentó concentrar a esos presos y presas en unidades específicas –los hombres en la unidad 2 de Sierra Chica y las mujeres en la exunidad 8, Olmos– y se aumentaron las medidas de seguridad para custodiar el perímetro de las reparticiones frente a las posibles represalias o intentos de fuga apoyados desde el exterior (AHyM del SPB, 1975).

Las líneas de trabajo iniciadas por Ugolini fueron continuadas y profundizadas al iniciarse la jefatura del inspector general Andrés Guido Liberto Spícoli el 5 de junio de 1975. Durante su jefatura se nombraron en los cargos de alta jerarquía a hombres que continuaron sus funciones durante la última dictadura cívico-militar, como los ya mencionados Héctor Luis Selaya (jefe de la U4) y Andrés Reynaldo Miraglia (2º jefe de la unidad 1 de Olmos), quien sustituyó a Selaya en la U4 al finalizar el año 1976. Al aumento de las medidas de seguridad se interpuso en octubre de 1975 la Directiva 404/75 del comandante general del Ejército, que tenía como finalidad “poner en ejecución inmediata las medidas y las acciones previstas por el Consejo de Defensa en la Directiva 1/75 para la lucha contra la subversión”.11 Esa directiva estableció el control operacional que el Ejército tendría sobre la Policía Federal Argentina, el Servicio Penitenciario Nacional y los elementos de policías y penitenciarios provinciales en la ofensiva “contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella, con el apoyo de otras fuerzas armadas para detectar y aniquilar a las organizaciones subversivas”.12

Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la provincia fue intervenida y el Servicio Correccional de la Provincia de Buenos Aires cambió nuevamente de jefatura. Asumió como director el coronel (RE) Fernando Aníbal Guillén. La nueva institucionalidad implicó una reestructuración acorde con las finalidades que cumpliría en el marco del plan represivo que sistematizó el gobierno de facto. El Decreto 1209/76 explicitaba en su Anexo I las actividades que le correspondían al Servicio Correccional de la Provincia de Buenos Aires:

a) Afectará al sistema las unidades penitenciarias. b) Efectuará el desplazamiento de detenidos subversivos y comunes necesarios para adecuar el sistema. c) Fiscalizará en los institutos de su jurisdicción afectados al sistema el cumplimiento del régimen de alojamiento establecido. e) Adecuará las instalaciones de los institutos de su dependencia para ajustarse a las normas de seguridad establecidas (Decreto 1209/76).

Así, por ejemplo, en la exunidad 8 de mujeres de Olmos se creó un Cuerpo Femenino de Seguridad con el fin de “preparar y adaptar” a las agentes penitenciarias para la nueva situación, especialmente en lo concerniente al traslado de detenidas políticas. Ese proceso se realizó bajo la dependencia del Cuartel de Seguridad del Servicio, cuyos jefes y oficiales estuvieron vinculados a la represión en el Centro Clandestino de Detención y Exterminio “La Cacha” (situado en las proximidades de la U8) y a áreas de inteligencia de la fuerza. También se facultó al Poder Ejecutivo para dar de baja al personal sospechado de tener vínculos con actividades subversivas (AHyM del SPB, 1976a), y la Ley 9079/78 estableció una nueva estructura orgánico-funcional del Servicio Penitenciario que avanzó en la dirección iniciada hacia fines de 1973 bajo la bandera del orden, la disciplina y la subordinación de los penitenciarios y los penitenciados y el fortalecimiento material y espiritual de la institución penal provincial. Ello implicó una serie de prácticas y reconfiguraciones centradas en el orden, la disciplina y el aumento de la coerción estatal al ritmo de la militarización del conflicto social y político. En ese marco debe ser entendido el motín de enero de 1976 en la U4, relatado al inicio de este trabajo. Tras el cruento desenlace de aquel motín, el director de Seguridad provincial, inspector general Elbio Cosso, hizo llegar un comunicado al personal de la U4:

Frente a los hechos de amotinamiento y desmanes protagonizados por la población interna de la unidad 4 (Bahía Blanca) el día 11 del corriente, donde fue necesario apelar al procedimiento adecuado que tendiera a normalizar la situación, es un deber resaltar la actuación de todo el personal, sin distinción de jerarquía, que integrara el contingente que se trasladó con dicha consigna al mencionado establecimiento. Conductas así ponen de manifiesto una vez más el alto espíritu de cuerpo, la lealtad, el arrojo y el valor de todos esos esforzados servidores que no escatimaron alternativa alguna por riesgosa que fuera, en aras del sublime cumplimiento del deber. A todos ellos, el eterno reconocimiento por su loable proceder, conjuntamente con mis felicitaciones y mi afectuoso saludo (AHyM del SPB, 1976b).

En este sentido, es posible decir que las funciones y las modalidades que las cárceles bonaerenses desenvolvieron en el marco dictatorial no surgieron apenas el 24 de marzo de 1976, sino que se fueron encadenando a la par de la conflictividad intra y extramuros.

Comentarios finales

A lo largo de este trabajo se han intentado reconstruir algunos aspectos de la conflictiva situación que atravesó el Servicio Correccional de la Provincia de Buenos Aires en los años inmediatamente anteriores a la última dictadura cívico-militar en la Argentina, tomando como recorte temporal el período 1973-1976 con el fin de establecer diálogos entre la conflictividad intra y extramuros y la materialización institucional del aumento del carácter represivo del Estado en sus instituciones tradicionales/legales. Entendiendo que las cárceles nacionales y provinciales ocuparon un lugar destacado dentro del plan represivo sistematizado a partir del 24 de marzo de 1976, se buscó contribuir al campo de estudios apuntando algunos cambios y continuidades institucionales en vista de pensar los acomodamientos de las políticas penitenciarias como un proceso que antecede al golpe y que afectó el tratamiento no solo de los presos y las presas políticos, sino también el de los presos y las presas comunes y sociales, y las directivas que orientaron la acción y la disciplina del personal penitenciario.

A partir del análisis de los documentos oficiales del Servicio Correccional bonaerense es posible verificar dos elementos centrales para comprender la adaptación de las cárceles bonaerenses al plan sistematizado durante la dictadura: el largo y no lineal proceso de modernización institucional y disciplinamiento del cuerpo de agentes penitenciarios, la progresiva militarización de la institución penal provincial y la adopción de prácticas y discursos basados en la Doctrina de Seguridad Nacional.

Entendemos que fue a partir de estas transformaciones en un contexto democrático que fue delimitándose el carácter de escenario de ejecución de privaciones ilegítimas de la libertad que ocuparon las cárceles tras el golpe del 24 de marzo de 1976. En este sentido, las reconfiguraciones que abrieron paso a la incorporación de las prisiones bonaerenses al plan sistemático de persecución no pueden pensarse aisladamente del proceso de construcción de un otro desestabilizador, de un enemigo a perseguir, controlar y vigilar, sobre el que cayó la excepcionalidad jurídica que atravesó a las instituciones tradicionales y legales de encierro al transcurrir la década de 1970; pero tampoco pueden pensarse por fuera de una serie de conflictos internos, tensiones, depuraciones y reordenamientos que, acarreando las marcas de las décadas anteriores, fueron dando lugar al proceso de formación del cuerpo penitenciario provincial que tuvo actuación antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar.

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