Entre chorros, gorras y violines: moralidades, prácticas y discursos sociales sobre ofensores sexuales y agresores de género en una cárcel bonaerense1∗

Among chorros, gorras and violines: moralities, social practices and speeches about sex offenders and gender aggressors in a Buenos Aires prison

Andrea N. Lombraña2∗∗

Resumen

La experiencia de expansión y mayor visibilización de los derechos de las mujeres en América Latina en los últimos años ha incluido modificaciones normativas en el campo penal y, fundamentalmente, una actitud más activa de la agencia judicial en torno a la administración de penas para delitos vinculados a la violencia de género y las agresiones a la integridad sexual. Uno de los resultados más notorios en la Argentina es el incremento considerable, en un corto período, de detenidos en cárceles bonaerenses por este tipo de causas.

Este trabajo propone describir y analizar la producción de discursos moralizantes y el desarrollo de prácticas hacia el interior de la comunidad carcelaria en torno a esta nueva población, la cual, por un lado, es construida, mayormente por los agentes penitenciarios (gorras),3 como víctima de “la ideología de género” y, por el otro, produce mecanismos sociales de rechazo radical por parte del resto de los detenidos, que orientan su expulsión, con el mismo resultado: el establecimiento de distancias marcadas y el trazado de límites tajantes, incluso sostenidos a través de prácticas violentas, entre chorros4 y violines.5

Palabras claves: cárceles bonaerenses, moralidades, prácticas sociales y discursos, ofensores sexuales, agresores de género.

Abstract

The expansion experience and a greater visualization of Latin American women’s rights from the last years has included normative modifications in the penal camp and basically a more positive attitude from the judicial action towards the sentences administration to gender violence crimes and the sexual integrity aggression. One of the most remarkable results in our country is the considerable increase of arrested people in Buenos Aires prisons due to these kind of cases in a very short time.

This paper comes up with describing and analyzing moralizing speeches and the development of practices to the inner prison community around a new population; on one hand it is mainly set up by the prison officers (gorras) as gender ideology victims, and on the other hand, it generates social mechanisms of extreme rejection from the rest of the prisoners that direct their expulsion with the same result: the marked distance setting and the tracing of sharp limits even supported by violent practices between chorros and violines.

Keywords: Buenos Aires prisons, moralities, social practices and speeches, sex offenders, gender aggressors.

El campo de indagación

El escenario que presenta hoy el sistema penitenciario de todo el país, y en particular la situación de los establecimientos bonaerenses, es el resultado del rumbo específico de una política criminal que progresivamente ha venido instalándose durante los últimos años y se ha materializado, entre otros instrumentos normativos, en la reforma de la Ley de Ejecución Privativa de la Libertad 24660 (Ley Pietri). Esta situación ha dejado como secuela un masivo encarcelamiento y un método de prisionización en radical aumento que desembocó en la sobrepoblación y el hacinamiento que observamos hoy en las cárceles argentinas. En este contexto, la prisión, como institución, se ha puesto al servicio de los discursos del riesgo y la inseguridad, que demandan más severidad en los castigos penales y la profundización, en general, de las prácticas represivas y punitivistas.

La población carcelaria acusada por delitos vinculados a la violencia de género o las agresiones a la integridad sexual no ha sido la excepción en este contexto. Más bien al contrario, la cantidad de personas detenidas por causas de este tipo aumentó alrededor de un 70% en los últimos diez años en el territorio argentino; la presencia del delito de violación, por ejemplo, se triplicó durante ese tiempo, pasando de 3.252 en 2008 a 11.547 en 2018 según datos del SNEEP (Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución Penal). Parte de la explicación de este fenómeno se debe a una creciente demanda social de mayores y más gravosos castigos para estos casos, que en el marco de la experiencia de expansión y mayor visibilización de los derechos de las mujeres a nivel regional ha impulsado una serie de modificaciones normativas en el campo penal al tiempo que ha exigido una actitud más activa de la agencia judicial en torno a garantizar y administrar su cumplimiento efectivo.

Los datos etnográficos que sustentan las reflexiones –aun exploratorias y preliminares– de este artículo fueron construidos a partir de una serie de actividades de campo desarrolladas en una unidad penal del conurbano bonaerense destinada exclusivamente al alojamiento de varones, la cual integra un complejo penitenciario modelo dentro del sistema provincial. La mayoría de las personas allí detenidas provienen de los barrios populares aledaños al penal o de áreas cercanas. Lo mismo ocurre con los trabajadores que allí se desempeñan, lo que resulta en la paradoja de que algunos detenidos y penitenciarios se reencuentran en un espacio carcelario luego de haber sido vecinos. A comienzos del año 2020, el establecimiento presentaba una superpoblación del 100%. De las aproximadamente novecientas personas alojadas allí, más de la mitad (quinientas veintiséis, exactamente) se encontraban ocupando el sector de mediana seguridad del edificio, destinado para los agresores de género y para personas detenidas por delitos contra la integridad sexual (Ocampo et al., 2020).

La investigación realizada combinó la observación de tipo participante en distintos espacios del establecimiento penitenciario con la realización de entrevistas semiestructuradas a funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, a personal penitenciario, a personas privadas de su libertad, a profesionales y a voluntarios de la sociedad civil que ingresan a la unidad para desarrollar distintas actividades. El diseño metodológico general se concentró en el seguimiento de los actores, privilegiando el análisis del funcionamiento de las instituciones y las prácticas de los agentes e involucrados directos en el campo penitenciario. En este sentido, se adoptó la perspectiva antropológica, capaz de ofrecer conocimientos diferentes a los aportados por otras disciplinas que tradicionalmente lo han estudiado. Su particularidad radica en el desarrollo de etnografías concentradas en “localizaciones cambiantes” (Ferguson y Gupta, 1997), lo que resulta en una perspectiva multisituada que permite dar cuenta de los desplazamientos dentro del discurso y del espacio social (Clifford, 1999).

Es importante señalar que, teniendo en cuenta las características de este trabajo, se han considerado en particular las advertencias hechas por Robben (2011) con relación a la experiencia de campo con personas que experimentan, practican y dan sentido a sus vivencias vinculadas a la violencia. Según señala este autor, el investigador debe estar atento a los intentos desplegados por los actores para persuadirlo de que las versiones que le ofrecen son las verdaderas y/o moralmente superiores, y de ese modo influir en los resultados de su trabajo. Si bien no es posible una antropología que no tome en serio los puntos de vista de quienes son nuestros interlocutores en el campo, en algunos casos no resulta suficiente: no es posible producir conocimiento si no es reflexivo, si no implica alguna forma de autoexamen consciente de los presupuestos interpretativos –en este caso, a partir de mi condición de mujer e investigadora– ante estas circunstancias (Visacovsky, 2011).

Sobre moralidades, repertorios y configuraciones de valores

El estudio de las moralidades, sea cual sea el contexto en el que se analicen, debe advertir la pluralidad de esferas de valores presentes en el espacio social y, dentro de cada una de ellas, de valores disponibles para la elección del actor, reconociendo la inconsistencia, incoherencia y desarticulación inherentes a esta dimensión de la vida social.

Zigon entiende que existe una distancia entre la moral (entendida como un conjunto de disposiciones irreflexivas que orientan las acciones ligadas a la cotidianeidad) y las “tácticas éticas” (momentos de quiebre, de reflexión sobre la acción), y es justamente en ese espacio donde la mirada antropológica puede aportar un conocimiento significativo. Una antropología de la moralidad debe concentrar el análisis en los mecanismos de justificación que solo pueden estudiarse en los momentos de ruptura:

Debería estar limitada a esos momentos sociales o individuales en los que las personas o los grupos son forzados a dar un paso al costado de la irreflexibilidad cotidiana y repensar, imaginar o reflexionar sobre sus concepciones para responder a ciertos dilemas éticos, conflictos o problemas (2007: 140).6

Por otra parte, en el abordaje del campo de las moralidades pueden identificarse teóricamente al menos tres esferas diferenciadas: la institucional (entendida como repertorios morales aceptados como estándares de la corrección y sostenidos como tales por cierta autoridad), el discurso público (constituido por los repertorios morales que circulan socialmente) y las disposiciones incorporadas (hábitos adquiridos originalmente de forma reflexiva, pero que luego son actuados por repetición). Según se entiende a lo largo de este trabajo, resulta necesario trabajar estas esferas orgánicamente conectadas, lo cual solo es posible a través de la observación directa de los regímenes morales tal como funcionan en la vida real. En esta línea de pensamiento, Douglas describe el carácter clasificatorio de la moral y su relación con el ámbito de lo cognitivo:

La cultura, en el sentido de los valores públicos establecidos de una comunidad, mediatiza las experiencias de los individuos. Provee de antemano algunas categorías básicas y configuraciones positivas en que las ideas y los valores se hallan pulcramente ordenados. Y, por encima de todo, goza de autoridad, ya que induce a cada uno a consentir porque los demás también consienten (2007: 59).

En el pensamiento weberiano, la moral aparece ligada a la razón. A través del ejercicio de la razón, el individuo puede transformar los impulsos inconscientes y los hábitos semiconscientes en propósitos conscientes, integrarlos en un plan sistemático de vida y, en ese sentido, darle forma y crear conscientemente una personalidad que trascienda la contradicción de los impulsos (Brubaker, 1985). Sin embargo, no habría una manera racional de decidir basándose en la pluralidad de valores disponibles en una sociedad (muchas veces contradictorios y en franco conflicto), a partir de los cuales argumentar una acción, por lo que debería aceptarse que la elección de cada actor está basada, finalmente, en una decisión “no racional”. Así, el único criterio para definir un comportamiento como amoral sería la ausencia de reflexión del actor sobre la misma moral. De allí se desprende su idea de responsabilidad, ligada a la necesidad de tener en cuenta las consecuencias o efectos de la acción como un elemento ético clave (Weber, 1996).

Desde los abordajes pragmáticos, Boltanski y Thévenot (1996) señalan que la acción social es siempre una acción situacional que se inscribe en “regímenes de acción” específicos y diferenciables:

Cada régimen de acción intenta dar cuenta de la acción en ciertas situaciones a través del bagaje mental y gestual de las personas, en la dinámica de ajuste de las personas entre ellas mismas y con las cosas, recurriendo a apoyos preconstituidos a la vez internos y externos a las personas (Corcuff, 1998: 98).

Así, estos autores renuncian a buscar los fundamentos de la acción en cualquier característica de los sujetos previa a la situación en la que ponen en juego sus competencias (Marmissolle, 2011). Por el contrario, reconocen la capacidad de la variación de posiciones de los actores en espacios temporales que suelen ser de muy corta duración, y destacan la interdependencia de todos los actores. Esta postura reconoce la actividad dinámica y variable de los actores sociales según la situación a la cual se ven confrontados, y exige al investigador la tarea de evaluar los distanciamientos de sus prácticas respecto de un determinado conjunto de normas (Girola, 2005).

A lo largo de este trabajo se abordan las moralidades en términos de repertorios o configuraciones de valores que requieren para desplegarse, indefectiblemente, la activación y la movilización por parte de cierta agencia, ya sea de manera estratégica o irreflexiva (Noel, 2011). Todos los actores sociales están dotados de competencias cognitivas y morales esenciales para la evaluación y la crítica (Boltanski, 2000), dentro de las cuales se encuentra una capacidad flexible de estos para cambiar de códigos simbólicos de una situación a otra (Silber, 2003).

“El muchacho (…) es víctima de una época”: sobre los discursos y las prácticas penitenciarias en torno a los violines

Desde un análisis político funcional, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y sus agentes presentan un comportamiento que podría definirse, de modo provisorio, como inorgánico. Los actores penitenciarios no se inscriben en un marco referencial que debería funcionar en forma vertical de acuerdo con la reglamentación vigente. Esta situación también se expresa en un alto nivel de informalidad administrativa y burocrática para el abordaje de las cuestiones cotidianas. Por ejemplo, autoridades que se niegan a cumplir con normas básicas que rigen formalmente en la administración: contestar notas, notificar por escrito, recibir oficialmente pedidos de audiencia, cumplir con resoluciones de la jefatura del SPB y del Poder Judicial, redactar informes, efectivizar traslados de detenidos, emitir partes disciplinarios, etcétera (Lombraña et al., 2019). Y así es como cada penal tiene sus propias reglas. Por eso, cada jefe de penal, si bien se encuentra subordinado jerárquicamente al director, dicta su propia política para organizar la vida cotidiana de la prisión a su cargo. Por ejemplo, decide de forma independiente si sancionar o no a un detenido que comete una falta, si deja registro de ello –según lo indica el código de faltas disciplinarias de internos– o si aplica una sanción informal; decide también si su política es más bien dialoguista y de apertura o, por el contrario, si se define en el engome.7 Así, en una misma cárcel, hay jefes de penal que se muestran más abiertos a la posibilidad de otorgar espacios para la circulación interna de los detenidos o más tiempo para que desarrollen actividades educativas, recreativas o espirituales, o bien promueven visitas desde el exterior de instituciones que participan en estas tareas. Por el contrario, hay otros jefes de penal que optan por el engome como política generalizada para aquello que definen como “su cárcel”. El jefe de penal va manejando su relación con los detenidos, tejiendo alianzas o estableciendo conflictos según dicten sus intereses.

Debe considerarse además que la presencia cada vez mayor de ofensores sexuales y de agresores de género en la cárcel no ha sido acompañada por ninguna política pública y/o penitenciaria específica, más allá de aquellas ligadas a cuestiones securitarias. Si bien en el ámbito federal, en particular en la cárcel de Senillosa, ubicada en la provincia de Neuquén, existe el Programa para Ofensores Sexuales (POS), que busca emplear herramientas para disminuir los índices de violencia y de reincidencia criminal promoviendo el desistimiento del delito, en el ámbito bonaerense la única iniciativa de los últimos años ha sido la implementación del Registro Nacional de Datos Genéticos. Esta política está orientada exclusivamente a construir una base unificada de condenados para identificar coincidencias al entrecruzar los datos con las evidencias obtenidas en el lugar del hecho. Se alimenta también de la información provista por el Registro Nacional de Reincidencia (RNR), el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Los perfiles genéticos de los individuos y las evidencias biológicas obtenidos se almacenan durante 100 años, desde el inicio de la causa.

Para estos agentes penitenciarios, entonces, trabajar con esta “nueva” población supone la complejidad de custodiar y tratar a personas extrañas a su formación y su experiencia, y tampoco el régimen penitenciario fue diseñado originalmente para este tipo de internos. De modo que el personal a cargo de su tratamiento no sabe muy bien qué hacer con ellos ni muestra demasiado interés en producir propuestas novedosas. Algunos profesionales integrantes de la fuerza penitenciaria suelen expresar cierta resistencia ante la posibilidad de atenderlos; otros, en cambio, afirman que estos deben ser tratados como cualquier otro detenido, sin desventajas ni privilegios particulares. Pero, mayoritariamente, los agentes penitenciarios dedicados a la seguridad interna del penal suelen construir una clara empatía con estos detenidos, con quienes se predisponen a comprender la situación de encierro de un modo muy distinto al del resto de la población carcelaria: es común oírlos referirse a ellos como víctimas, como sujetos marcados por el daño (Vecchioli, 2013).

La construcción de la víctima, en estos discursos, se delinea como aquello que ha surgido de las experiencias traumáticas, lo que contiene un fuerte efecto homogeneizador sobre una población bastante diversa tanto en su conformación sociodemográfica como en el tipo de delito específico que determinó la situación de detención. Se trata de un proceso elaborado desde afuera por otros actores de la prisión (la gorra) a través de una actividad constante de negociación que deviene progresivamente en una identidad relativamente consensuada que los construye como un grupo específico a partir de la experiencia de prisionización: los violines.

En este sentido, Feldman (1991) entiende que la dinámica narrativa no puede ser separada de la dinámica social. En una cultura politizada, el self que narra habla desde una posición que fue previamente narrada y editada por otros (instituciones, conceptos de causalidad histórica, violencia, etcétera). Habla porque fue receptor de narrativas en las que él fue escrito y subjetivado. Evento, agencia y narración forman un bloque narrativo que se constituye como una organización flexible e involucran al lenguaje, a los artefactos materiales y a las relaciones.

El núcleo de articulación que resulta de esa elaboración supone la atribución de una serie de explicaciones sobre la situación actual de detención, que oscila entre identificar a los violines como víctimas “de la ideología de género” y de una política de Estado persecutoria en este sentido: “Este pibe en otro momento no estaba acá”; “Es que últimamente es todo lo mismo, si salís de caño toda tu vida o si tuviste un error aislado que te trajo acá”; o bien de situaciones desafortunadas en sus trayectos de vida: “El muchacho se enamoró, se equivocó, pero es víctima de una época”. Estas elaboraciones tienen dos implicancias principales: los aleja de la responsabilidad por el daño producido e instala una percepción de injusticia e insensatez por la situación de detención. Ambos elementos son los que permiten que los violines se reconozcan entre sí dentro de la cárcel por la experiencia común.

Estos argumentos están sostenidos sobre la idea general de que los ofensores sexuales y los agresores de género no se configuran como “personas peligrosas”; por ende, son percibidos por los agentes penitenciarios como menos amenazantes para la sociedad que el resto de los detenidos. En este sentido, Segato (2003) explica que la identificación de los crímenes de género como “delitos menores” se debe a que el bien jurídico amenazado, en estos casos, no es considerado de valor universal y de interés general (como la propiedad, por ejemplo); al ser lo “femenino” aquello agredido, se involucra un bien jurídico apreciado por estos como de valor particular e interés privado. 

Estas consideraciones animan además a que los agentes penitenciarios destaquen las distancias entre los violines y el resto de los internos. De modo regular suelen referirse a la limpieza y el orden de los espacios que habitan y/o la ausencia de conflictos en sus pabellones: “Es otra cosa, ¿vos viste? Hay cosas que no hace falta ni decirle a ellos”. Finalmente, la mayor parte de los puestos de trabajo medianamente calificados dentro del penal son ocupados por esta población: tareas administrativas, de asesoramiento y asistencia a las autoridades penitenciarias (incluso de consulta profesional) o bien buchones de la gorra.8 Así, suelen ocupar y transitar espacios privilegiados como la escuela, las oficinas de los jefes o los puestos de control.

A partir de la recuperación democrática, las modalidades para “lograr obediencia” dentro de las prisiones son sostenidas por un sistema complejo de intercambios que no siempre están regulados por el código legal. La amenaza latente de generar conflictos por parte de las personas detenidas introduce “balances de poder situacionalmente cambiantes” que imponen a los agentes encargados de la seguridad el despliegue de diversas estrategias de producción de orden: castigar a los delincuentes (imposición de violencia física), participar de la delincuencia (puesta en juego de códigos y valores consuetudinarios de la subcultura delictiva) o regular los conflictos (negociaciones a través de interlocutores específicos). Todo esto define vínculos lábiles, complejos y cambiantes que adquieren formas coyunturales en las que se dispone de influencias interpersonales y códigos de conducta signados por las condiciones en las que tienen lugar.

En particular, considerando lo dicho al inicio del apartado en relación con las características político-funcionales del SPB, el andamiaje que se estructura a partir de los vínculos con los violines resulta fundamental para el sostenimiento regular y cotidiano de las cárceles bonaerenses. Como señala Míguez (2007), la relación de extrema alteridad que suele atribuirse al vínculo entre penitenciarios e internos es solo una construcción analítica sin demasiado basamento empírico. Lo que se encuentra en su lugar es una variedad de mecanismos de reciprocidad que, en este caso, se establecen simbólicamente a través de los recursos de victimización antes mencionados y se materializan en la ampliación de los márgenes de agencia de este grupo de personas detenidas. Sin embargo, esta modalidad de gestión produce un estado de incertidumbre permanente y un clima de conflictividad latente bajo un aparente equilibrio en la cotidianeidad de la cárcel, como se verá a continuación.

“Con los violines nada”: posiciones jerárquicas, violencias y masculinidades

Ha sido extensamente investigado por la tradición de los estudios sociales de la prisión el modo en que ciertos hechos delictivos y acciones violentas dirimen posiciones jerárquicas dentro del contexto carcelario y de qué manera estas se traducen en la adquisición de beneficios y prestigios concretos: reputación entre los pares, acceso a beneficios, resguardo físico, entre otros (García, 2020). De modo que estas prácticas tienen finalidades expresivas específicas vinculadas a la construcción de una identidad propia –diferenciada y valorada– dentro de la prisión (Míguez, 2008) y, como efecto, expulsan y separan al chorro del violín:

Los procesos de constitución de esta subcultura no pueden comprenderse sin dar cuenta de las formas de articulación que esta posee con las estructuras y los procesos sociales más genéricos. No puede creerse que se trata de una trama de sociabilidad y representación aislada de su entorno o que puede comprenderse como un fenómeno independiente de las configuraciones y tramas de poder en las que se inscriben (ibídem: 24).

Es en este marco que debe comprenderse la significación de la realidad social en torno a los agresores sexuales y los ofensores de género en las cárceles bonaerenses, que se manifiesta en gestos de malhumor, malestar, segregación y mucha desconfianza: “Con los violines nada, no puedo. Son buchones que trabajan para la policía, son todos giles y no los podés tocar. En cambio, entre los chorros compartimos todo, aunque tengas que pelear no te vas a cagar de hambre, y si hay que hacer bondi lo hacemos todos juntos”.

Le Breton argumenta que “lo repugnante cubre lo que queda fuera de foco dentro de lo pensable” (2002: 315), y que su paradoja consiste en fundar lazos sociales sobre una separación radical. Así, cuando ciertos elementos sociales, como indica Douglas (2007), transgreden los límites de un determinado sistema clasificatorio, se convierten inmediatamente en impuros y constituyen un riesgo para su funcionamiento. Por eso también los mecanismos sociales que despierta la repugnancia hacia los violines por parte de los chorros están orientados a su expulsión fuera de la comunidad, al establecimiento de distancias marcadas y al trazado de límites tajantes.

Ante este dilema, algunos autores se han focalizado en explicar la relación antagónica entre ambos grupos a partir del posicionamiento frente al poder, que estaría signado por el tipo de delito cometido en cada caso: mientras los chorros se habrían comportado “contra el poder” en su accionar delictivo (contra la propiedad privada y los privilegios de clase), los violines lo habrían hecho “desde el poder” (desde el patriarcado y los privilegios de género). En medio de ambas agrupaciones existen presos por otro tipo de delitos, como narcotráfico, estafas, etcétera, que son asociados a cada uno de esos dos polos según algunos elementos específicos del caso.

Sin embargo, a partir de la experiencia en el campo, esta simplificación conceptual, si bien puede resultar útil operativamente para “moverse” en la cárcel, no permite abordar el problema en toda su dimensión, sino más bien al contrario: impide problematizar las relaciones desiguales que hacen posible que un grupo social (los chorros) estigmatice a otro (los violines) y comprender el modo en que se configura el tipo de ordenamiento social particular en el que se inscriben.

Norbert Elias y John Scotson, a partir de una investigación realizada en una comunidad urbana inglesa trastocada a mediados del siglo XX por el crecimiento de una zona de inmigrantes en su interior, dan cuenta de “los diferenciales de poder e integración social –construidos y mantenidos, en este caso, mediante la discriminación, el prejuicio y el chisme– que protegen el estatus dominante de los establecidos frente a la amenaza de los intrusos, condenados a la marginación como herencia social” (2016: 30). Se advierte, a lo largo del trabajo, que la única diferencia entre ambos grupos era la que los distinguía entre “viejos residentes” y “recién llegados”:

La exclusión y la estigmatización de los marginados a manos del grupo establecido fueron, por lo tanto, armas poderosas que este último utilizó para conservar su identidad, afirmar su superioridad y mantener a los otros firmemente en su lugar. […] En una inspección más cercana […], un grupo tiene un índice de cohesión más elevado que el otro, y este diferencial de integración contribuye sustancialmente al excedente de poder del primero. Este mayor grado de cohesión le permite a ese grupo reservar para sus miembros posiciones sociales con un potencial de poder elevado de un tipo diferente, con lo que refuerza su cohesión, y excluir de ellas a miembros de otros grupos, lo que, en esencia, es a lo que uno se refiere cuando habla de una configuración entre establecidos y marginados (ibídem: 31-32).

En nuestro caso, podemos dar cuenta del peso de las moralidades hacia el interior de la comunidad carcelaria que juzgan negativamente el tipo de delito por el que este nuevo grupo creciente se va conformando en un pequeño grupo social diferenciado y resistido. Como punto de partida, entonces, la separación radical entre chorros y violines no se debe a las distintas posiciones hacia el poder como regularmente se ha abordado, sino más bien a que esas distinciones se sustentan en un mismo discurso de desprecio (odio) y crueldad orientados a todos los significantes de la feminidad.

Como afirma Oleastro, en la reproducción de un orden en el que las relaciones de género se establecen mayoritariamente entre varones, deben considerarse los efectos de la dominación en la medida en que la masculinidad tiene rasgos específicos que no todos los varones expresan. En este marco, “los varones siempre deben ser activos, fuertes, duros y mostrar este tipo de características […] [al] ser sometidos a pruebas difíciles, que demuestren una gran exigencia” (2017: 32). De este modo adquieren un lugar preponderante tanto el uso del cuerpo como la expresión y el control de las emociones, características que son distribuidas de forma desigual entre la población penal.

Siguiendo a Segato, coincidimos en sugerir que la violación siempre apunta a una experiencia de “masculinidad fragilizada” (2003). La violación puede comprenderse como una forma de restaurar el estatus masculino dañado, como una demostración de fuerza y virilidad ante una comunidad de pares, con el objetivo de garantizar o preservar un lugar entre ellos. Los interlocutores son siempre masculinos y el acto de la violación (agresión de género) tendría cierta capacidad de otorgar estatus al perpetrador. Ahora bien, en el ámbito de la cárcel, donde los recursos son escasos y se disputan con el cuerpo, el violín emerge como el más débil en la escala de lo masculino; es aquel que tiene que probar regularmente su estatus de género.

De este modo, si bien están aparentemente sustentadas en valores opuestos y posiciones distintas en relación con el poder, en las figuras del chorro y el violín emerge la misma estructura de género y, con ella, el uso y el abuso del cuerpo de unos por otros:

El género, como producto del hacer social, implica tener en cuenta a partir de qué contexto socioeconómico, cultural e histórico se definen las distintas masculinidades que están presentes en la cárcel. Desde este lugar podemos pensar que los varones jóvenes de sectores populares, que se constituyen como la principal población de las cárceles en la provincia de Buenos Aires, tienen una concepción de su propio cuerpo como una herramienta de resistencia que debe soportar el dolor de distintas prácticas violentas. […] De ahí la importancia de exhibir las marcas de las peleas, las cicatrices y los tatuajes tumberos como sellos de orgullo y como muestra de virilidad, de un cuerpo que resiste y que aguanta el sufrimiento (García, 2020: 32).

Aquí se propone, como sugiere Elias (2016: 33), considerar el modo en que ambos grupos, el que estigmatiza y el estigmatizado, configuran un equilibrio desigual de poder, una interdependencia que resultará decisiva para cualquier estigmatización efectiva de un grupo marginado por parte de un grupo establecido. Resulta necesario, entonces, dejar de analizar el problema de la estigmatización social desde un nivel individual, como si se tratara solo de un prejuicio individual que luego se generaliza y, así, se hegemoniza un tipo de prejuicio social.

Reflexiones finales

Se ha intentado, a lo largo de este artículo, elaborar una aproximación reflexiva al problema del mandato de masculinidad hegemónico, de los valores patriarcales y de los discursos y prácticas sexistas sobre los que se estructura el sistema penal en general y la institución carcelaria en particular, los cuales, como se ha descripto, estructuran las relaciones entre chorros, violines y gorras en los establecimientos carcelarios bonaerenses. Ello, a fin de construir una comprensión crítica tanto de los discursos y las prácticas de todos los actores involucrados como de sus efectos sociales e institucionales.

Las definiciones conceptuales presentadas como políticas y sociológicas nos impiden avanzar en la comprensión de significaciones y conflictos hacia adentro de una comunidad muy particular, por su conformación y volatilidad, signada por el confinamiento. Aun compartiendo la idea de que la cárcel es la forma máxima y más drástica de confinamiento espacial, y que el encarcelamiento con diversos grados de severidad y rigidez siempre ha sido el principal método para “tratar con los sectores no asimilables de la población, difíciles de controlar y propensos a provocar problemas” (Bauman, 2013: 138), se destaca la permeabilidad del campo social para dar cuenta de las formas de socialización (en cuanto producción de sociedad) y de sociabilidad (en cuanto disposición de los actores a la interacción social), lo que permite vislumbrar entramados y estructuras sociales que profundizan la mirada sobre las singularidades de este tipo de experiencia social.

De este modo, los estudios sobre el encierro y el campo penitenciario no deberían divorciarse de la sociedad o de la realidad en la cual se inscriben. Muy por el contrario, la cárcel señala los márgenes estatales a través de la porosidad de sus límites e implica particularidades que necesariamente se articulan con la vida extramuros, expandiendo de este modo las posibilidades analíticas de quienes las estudiamos.

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